Partido Popular a la deriva
Análisis jurídico y crítico de la medida del sistema público de avales para inquilinos y propietarios; lo que vota también el bipartidismo.
1.
Contexto de la medida
El
Gobierno ha propuesto un sistema público de avales que garantizaría el pago a
propietarios en caso de impago por parte de los inquilinos. Esta medida busca
evitar desahucios y proporcionar estabilidad a los arrendadores. Sin embargo,
expertos del sector critican que esto supone trasladar el coste de los impagos
al contribuyente y fomentar un "riesgo moral" que desincentive la
selección rigurosa de inquilinos por parte de los arrendadores.
2.
Análisis conforme al régimen jurídico
Desde
una perspectiva legal, esta medida plantea varias problemáticas:
1. Distorsión del principio de autonomía
de la voluntad (artículo 1255 del Código Civil): Las partes deben negociar y
asumir los riesgos contractuales libremente. La intervención estatal altera
este equilibrio.
2. Alteración de la seguridad jurídica
(artículo 9.3 de la Constitución Española): Si el Estado interfiere en las
relaciones contractuales de forma recurrente, se genera incertidumbre sobre los
derechos de los propietarios.
3. Subsidio indirecto que contradice la
normativa de estabilidad presupuestaria: Al asumir el coste de los impagos con
dinero público, se desvirtúan las reglas fiscales y se aumenta el gasto
estructural del Estado sin una solución de fondo.
3.
Crítica a la medida
La
medida es tóxica y negativa por varias razones:
1. Fomenta el impago de rentas: Al saber
que el Estado cubrirá los impagos, algunos inquilinos podrían desincentivarse
de cumplir con sus obligaciones contractuales.
2. Desincentiva la inversión en vivienda
en alquiler: Los propietarios perderían confianza en el mercado, reduciendo la
oferta disponible.
3. Carga fiscal injusta sobre los
contribuyentes: Ciudadanos solventes terminarían financiando los impagos de
terceros, generando un subsidio regresivo.
4. No ataca el problema real: El problema
del mercado de alquiler en España es la falta de oferta y la inseguridad
jurídica. Sin cambios estructurales, la medida es solo un parche.
Peor Imposible
En
lugar de esta política de avales, el Gobierno debería centrarse en garantizar
seguridad jurídica para propietarios e incentivar la construcción de vivienda
asequible. Esta medida solo agrava la crisis del alquiler, beneficiando a unos
pocos a costa de la mayoría de contribuyentes.
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