El baile de los orgullos heridos y los decálogos
inofensivos
Hay momentos en la vida política española en que la
solemnidad se disfraza de decálogo y la desconfianza llega con membrete oficial
y todo. Estamos ante uno de esos instantes en que la coreografía del poder
amenaza con degenerar en vodevil de tres al cuarto, con actores que se
necesitan desesperadamente pero que no pueden evitar pisarse los talones en
cada paso.
El líder de Vox se declara “molesto” ~palabra suave
para lo que en realidad es un enfado de órdago~ porque el PP, con Feijóo al
frente, ha tenido la osadía de redactar un documento marco antes de sentarse a
negociar. Un decálogo con líneas rojas de manual: proporcionalidad en el
reparto, estabilidad presupuestaria, respeto institucional, aprobar
presupuestos toda la legislatura y demás obviedades que, según parece, ofenden
profundamente cuando vienen escritas por otros. Desde la otra orilla, el
secretario general popular insiste, con la frialdad del que ha leído demasiados
manuales de protocolo, en que no se trata de un dogma inamovible, sino de un “punto
de partida”. Claro, un punto de partida que ya marca el camino, el ritmo y
hasta el calzado obligatorio.
La política española, si la miramos con perspectiva
histórica, no es más que una larga cadena de pactos incómodos. Desde los apaños
de la Restauración hasta los equilibrios autonómicos de hoy, el poder rara vez
ha sido limpio y unívoco; casi siempre ha sido un regateo continuo. Lo novedoso
aquí no es la negociación en sí, sino la puesta en escena: una negociación que
arranca negando que sea negociación. Vox ve en el papelito del PP un intento de
domesticación, como si le pusieran bozal a un león; el PP ve imprescindible
poner normas para no salir escaldado ante su electorado moderado, ante Bruselas
y ante sus propios barones que ya empiezan a oler la libertad de improvisar en
sus feudos.
Desde la psicología social, el episodio es un manual
de conflicto de estatus. Ese documento no es solo programático: es un símbolo
de jerarquía. Quien escribe las reglas antes de la foto oficial se arroga el
centro de la mesa. Abascal, con su habitual puntería retórica, lo convierte en
“domar a Vox”, activando el clásico agravio que tan bien le funciona para
cohesionar a los suyos. El agravio es un combustible político excelente:
transforma un tira y afloja en resistencia moral. Mientras, el PP opera bajo la
lógica del que teme la contaminación. En su ADN reciente alternan el
pragmatismo absorbente y el cordón sanitario selectivo. El decálogo sirve para
las dos cosas: tranquiliza al votante de centro y a los socios europeos, y pone
en cintura a los presidentes autonómicos que podrían firmar cualquier cosa con
tal de no repetir elecciones.
Lo deliciosamente irónico es que ambos comparten el
mismo objetivo estratégico: desalojar a Sánchez del mapa. Pero la competición por
la hegemonía simbólica en el bloque de la derecha los obliga a escenificar
distancias siderales. Se necesitan como el aire, y al mismo tiempo compiten por
el mismo nicho electoral. Es la paradoja clásica del aliado-rival: cooperación
obligada bajo una desconfianza que parece estructural.
Desde la lógica fría de quien observa como un
directivo de multinacional, estas fricciones generan una mezcla de inquietud y
cálculo. La estabilidad presupuestaria, la previsibilidad regulatoria y los
presupuestos anuales no son eslóganes ideológicos; son variables que mueven
inversión. El decálogo del PP parece escrito pensando en esa audiencia: orden,
seguimiento, nada de sorpresas. Vox, al exigir primero programa y luego cargos,
intenta darle la vuelta a la secuencia clásica del reparto del pastel, pero no
escapa a la lógica institucional si realmente quiere gobernar y no solo
protestar desde la grada.
La historia española sugiere que tanto dramatismo
inicial suele acabar en acuerdo pragmático. La retórica se inflama antes de
enfriarse, porque el votante que ha dado mayorías combinadas en Aragón o
Extremadura no premia el bloqueo eterno. Ambos lo saben. Lo más probable es un
pacto con concesiones mutuas y una narrativa que permita salvar la cara a cada
uno: el PP dirá que ha garantizado estabilidad y respeto institucional; Vox
proclamará que ha impuesto agenda sustantiva y no se ha dejado domar.
El riesgo existe, claro. Si la cosa se enquista, el PP
podría coquetear ~aunque sea de lejos~ con la abstención socialista en algún
escenario, hipótesis que Abascal ya ha lanzado como amenaza velada. Sería un
costurón reputacional de los gordos. Y Vox, si se siente arrinconado, podría
abrazar la victimización permanente: rentable para la identidad, estéril para
el poder real.
La ironía suprema es que, mientras discuten quién pone
las condiciones previas, lo que realmente pelean es la primacía simbólica en el
espacio conservador. No discuten tanto sobre presupuestos como sobre quién
escribe el prólogo de la próxima etapa. Y en España, como saben bien los que
han leído los libros de historia, quien redacta el prólogo rara vez controla
del todo el epílogo.
Así, entre decálogos pomposos y susceptibilidades a
flor de piel, la política vuelve a mostrar su cara más humana: cálculo racional
mezclado con orgullo herido y necesidad mutua. Un baile de salón en el que
nadie quiere admitir que sigue el paso del otro, aunque los dos escuchen
exactamente la misma música.
En el umbral del 19 de
febrero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió a
Teherán un plazo efímero de "diez a quince días" para someterse a un
pacto que disipara las sombras de la tensión en Oriente Medio. De lo contrario,
vaticinó, sobrevendrían "cosas malas". Esta fórmula, velada en su
ambigüedad, evoca la virtud diplomática de lo indeterminado: cada actor, en su
solitud existencial, proyecta el abismo más profundo, reaccionando ante el
fantasma de lo posible. Sin embargo, desde una perspectiva filosófica, esta
vaguedad revela un defecto ontológico: los mercados, como extensiones del ser
humano en su afán por la certeza, exigen la especificidad que el lenguaje
político rehúye. En ausencia de claridad, la volatilidad irrumpe como un daimón
socrático, supliendo la carencia de logos con el caos del pathos.
El escenario delineado ~despliegues
aéreos de aviones cisterna y transportes pesados, preparativos del Pentágono,
especulaciones sobre asaltos limitados para "persuadir" a la República
Islámica, y ecos de un cambio de régimen~ nos remite a una fenomenología de la
presión: un crescendo de presencias que, en su acumulación, transmutan la
amenaza en una realidad inminente. Esta retórica, inevitablemente reminiscente
de los preludios a la invasión de Irak en 2003 ~como lo sugiere el Financial Times~, no se reduce a una
mera analogía histórica. Cualitativamente, encarna el uso maquiavélico de la
amenaza creíble como instrumento de poder: no tanto para conquistar, sino para
doblegar la voluntad del otro, recordándonos el príncipe de Maquiavelo, donde
la apariencia de fuerza suplanta a menudo su ejercicio.
Desde la lente de la
teoría de juegos, esta confrontación se asemeja a un dilema del prisionero
existencial, o más precisamente, a un "juego de gallina" con
audiencias múltiples, donde el ser-en-el-mundo heideggeriano de cada parte se
ve condicionado por el Dasein del adversario. Washington aspira a maximizar
concesiones en tres dominios: el desmantelamiento nuclear, la contención
balística y la limitación regional, buscando una racionalidad instrumental que
Kant criticaría como mera hipotética, carente de imperativo categórico.
Teherán, en su resistencia, preserva su capacidad de enriquecimiento uranio ~aun
bajo velos temporales~ y su arquitectura de influencia, afirmando una
autenticidad nietzscheana ante la imposición externa. El nudo gordiano radica
en la elevación pública del costo reputacional de la cesión: cuando la retórica
suplanta el silencio estratégico, el margen de la libertad se contrae, evocando
la alienación hegeliana donde el amo y el esclavo se enredan en una dialéctica
sin síntesis.
La dimensión económica
trasciende lo accesorio para convertirse en estructural, revelando una
metafísica del petróleo: Irán no es mero dossier nuclear, sino un nodo
onto-económico en la red global del ser. La mera posibilidad de minas en el
Golfo Pérsico o incidentes en el Estrecho de Ormuz despierta primas de riesgo,
ilustrando la inelasticidad del deseo humano ~baja en el corto plazo para el crudo~,
donde perturbaciones mínimas generan oscilaciones titánicas. En un mundo aún
frágil, la guerra se manifiesta como un impuesto inflacionario transnacional,
un tributo al caos que Marx interpretaría como la fetichización de la mercancía
energética, donde el valor de uso cede ante el valor de cambio, y la alienación
colectiva se profundiza.
Más profunda aún es la
arquitectura de alianzas emergente, que señala una transición ontológica del
orden internacional. Los ejercicios navales conjuntos entre Rusia, China e Irán
en el Estrecho de Ormuz, bajo el "Cinturón de Seguridad Marítima
2026", trascienden el simbolismo para convertirse en señales estratégicas
en un sistema que ya no es unipolar, sino multipolar y fragmentado. El acuerdo
reportado por el Financial Times para
adquirir sistemas portátiles de defensa aérea rusos, con entregas entre 2027 y
2029, indica que Teherán internaliza la posibilidad de un conflicto prolongado,
diversificando sus fuentes de resiliencia en una praxis foucaultiana de
contrapoder: cadenas logísticas paralelas que eluden sanciones, resistiendo la
biopolítica imperial.
Recordemos que el
colapso del régimen iraní en 1979 se ancló en una figura cohesionadora: el
ayatolá Ruhollah Jomeini, un arché platónico de unidad. Hoy, como apunta The Wall Street Journal, la oposición se
presenta fragmentada, desorganizada, recordándonos la advertencia arendtiana
sobre el vacío de autoridad: el "cambio de régimen" no es binario,
sino un proceso con varianza infinita, donde la destrucción de un equilibrio
autoritario ~como en Irak o Libia~ no garantiza la emergencia de un telos
democrático. La economía política, en su sabiduría hobbesiana, enseña que el
vacío institucional se llena, pero no necesariamente con las proyecciones de
arquitectos externos; el Leviatán caído puede dar paso a un estado de
naturaleza renovado.
El dilema estratégico
de Washington, descrito por Le Figaro como la elección entre un "acuerdo
barato" y la guerra, se revela más sofisticado en su esencia ética: un
pacto nuclear limitado, preservando lo balístico y regional, podría ser
victoria táctica pero capitulación estratégica, un compromiso utilitario que
Bentham aprobaría pero Rawls rechazaría por su injusticia distributiva. Una
operación militar a gran escala, en cambio, acarrearía costos fiscales, humanos
y reputacionales, más la asimetría iraní: ataques a bases, represalias contra
aliados, acciones mediante actores no estatales, evocando la guerra total de
Clausewitz, donde la fricción disuelve los planes.
En este tapiz, la
ironía se duplica en su socrática profundidad. La amenaza de un ataque
"limitado" se erige como medio para evitar una guerra mayor, cuando
la historia ~testigo hegeliano~ demuestra que los conflictos escapan a los
confines racionales. Al tiempo, la retórica maximalista coexiste con
negociaciones indirectas en Omán y consejos pragmáticos, oscilando la
diplomacia entre el ultimátum espectral y la conversación discreta, un dualismo
platónico entre la caverna de las sombras y la luz de la verdad.
Desde la perspectiva
económica, me inquieta menos la teatralidad política que la aritmética de sus
consecuencias: una conflagración alteraría flujos comerciales, encarecería el
crédito en economías emergentes, reforzando la fragmentación financiera. Las
cadenas de suministro, tensas por crisis previas, enfrentarían disrupciones,
elevando el costo del capital y retrayendo la inversión, en una dialéctica
marxiana donde el crecimiento potencial se aliena de su esencia.
Bajo el prisma
diplomático, contemplo la erosión de las normas: el recurso a la amenaza
preventiva corroe el principio de seguridad colectiva en la Carta de las
Naciones Unidas, un ideal kantiano de paz perpetua. Las misivas iraníes ante la
ONU, advirtiendo "consecuencias catastróficas", forman parte de una
lucha por la legitimidad, una hermenéutica gadameriana donde el horizonte de
comprensión se disputa.
¿Es inevitable la
guerra? La respuesta filosófica es negativa, pero no improbable; en sistemas de
desconfianza y comunicación estridente, el error de cálculo ~esa hybris
aristotélica~ eclipsa la racionalidad. La prudencia estratégica puede sucumbir
ante la política doméstica, donde el ser-para-los de Sartre se impone.
La lección más
incómoda, donde la ironía cede a la phronesis aristotélica, reside en que las
amenazas en la economía internacional imponen costos incluso inmaterializadas:
la incertidumbre es un impuesto ontológico que gravita sobre empresas,
consumidores y Estados. En la contienda entre Washington y Teherán, el rehén
verdadero no es solo el programa nuclear, sino la estabilidad de un sistema
global que, mediante ultimátums, olvida que la disuasión es un arte delicado,
no un espectáculo eterno.
En suma, el conflicto
con Irán trasciende el episodio regional para encarnar un síntoma de transición
sistémica: del orden liberal con reglas imperfectas pero compartidas ~un
cosmopolitismo kantiano~, hacia una competencia de potencias donde economía y
fuerza se entrelazan sin pudor, recordando la voluntad de poder nietzscheana.
En esta metamorfosis, como en tantas epopeyas históricas, la retórica promete
dominio mientras la realidad acumula abismos.
Esta fotografía,
capturada por Ronald Peña R. para EFE, muestra a Delcy Rodríguez, presidenta
encargada de Venezuela, sosteniendo un documento rojo con el escudo nacional,
bajo el titular sensacionalista "La 'trampa' de la amnistía en Venezuela:
deja a la oposición en manos de tribunales chavistas". La imagen no es un
mero ilustrativo; es un artefacto simbólico que encapsula el "paripe"
~esa farsa escenificada~ del régimen chavista, un montaje protocolar que finge
cambio mientras perpetúa el control autoritario. Fijémonos, como se sugiere, en
las "letras del libro": unas (las del título oficial y el escudo)
evocan solemnidad estatal, mientras otras (las del pie de foto y el contexto
implícito) revelan la ironía y la manipulación. Esta dualidad tipográfica y visual
desmonta la narrativa de reconciliación, exponiendo cómo el régimen utiliza el
protocolo diplomático como herramienta geopolítica para mantener el statu quo.
Desde una perspectiva
geopolítica, inspirada en pensadores como Carl Schmitt y su distinción entre
amigo y enemigo, la imagen ilustra cómo el chavismo ~heredero de la
"revolución bolivariana"~ escenifica una amnistía como gesto de
pacificación interna, pero en realidad refuerza su soberanía absoluta frente a
amenazas externas e internas. Delcy Rodríguez, figura clave en la diplomacia
chavista, aparece como la guardiana de un documento que promete
"convivencia democrática", pero cuyas letras ~en negrita y cursiva en
el titular~ advierten de una "trampa". Las letras "grandes"
del libro (el título "Ley de Amnistía" y el escudo con sus elementos
heráldicos: el caballo, el trigo, las banderas) simbolizan la continuidad del
poder estatal, un diseño protocolar que remite a la tradición republicana
venezolana, pero pervertida por el control partidista. En contraste, las
"otras" letras ~las pequeñas del pie de foto, que mencionan la
aprobación en Caracas y la actualización a las 22:02~ sugieren una urgencia
escenificada, un acto performativo que se actualiza en tiempo real para
proyectar legitimidad. Este contraste tipográfico no es accidental; en diseño
protocolar, la jerarquía visual (tamaños, colores, posiciones) sirve para
jerarquizar significados. Aquí, el rojo intenso del documento evoca la sangre
revolucionaria chavista, mientras que la mano que lo sostiene ~firme, central~
representa el puño cerrado del régimen, que no suelta el control.
Geopolíticamente, esto manifiesta el "paripe" de un gobierno que,
ante presiones internacionales (sanciones de EE.UU., críticas de la OEA), finge
apertura para deslegitimar a la oposición como "traidora" ~acusada de
solicitar intervenciones armadas extranjeras~, sin alterar su alianza con
potencias como Rusia, China o Irán, que sostienen su resiliencia autoritaria.
En términos de diseño
protocolar, la imagen es un ejemplo magistral de mise-en-scène diplomática,
donde cada elemento ~desde la postura de Rodríguez hasta la composición
fotográfica~ está calibrado para transmitir autoridad incontestable. Como experto
en esta disciplina, recuerdo que el protocolo no es mero ceremonial; es un
lenguaje visual que estructura el poder. Aquí, el libro sostenido como un
trofeo (no abierto, sino cerrado, impenetrable) simboliza una amnistía opaca,
cuya aplicación depende de "tribunales competentes" ~es decir,
chavistas~.
Las letras del escudo,
con su tipografía serif clásica, invocan la Constitución de 1999, pero las
"otras" letras en el contexto (frases como "solicitud de
intervención armada extranjera") introducen la exclusión, recordándonos
cómo el régimen diseña protocolos para excluir a figuras como María Corina
Machado o Leopoldo López, etiquetados como promotores de "acciones armadas
contra la soberanía". Este dualismo tipográfico ~letras solemnes vs.
letras acusatorias~ revela la farsa: el régimen no cambia; simplemente rediseña
su narrativa para aparentar evolución. Filosóficamente, esto evoca a Hannah
Arendt en su análisis del totalitarismo, donde el lenguaje y los símbolos se
convierten en herramientas de dominación. La imagen no muestra un acto de
clemencia, sino un protocolo de contención: Rodríguez, con su expresión
"complacida" (como se menciona en el texto), posa como árbitro
neutral, pero el diseño visual la posiciona como verdugo disfrazado de
conciliadora.
El "paripé"
se acentúa en la ambigüedad visual de la imagen, que invita a una lectura
geopolítica profunda. El fondo borroso ~posiblemente la Asamblea Nacional~
sugiere un espacio institucional desdibujado, controlado por el chavismo desde
hace décadas, donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) interpreta la ley a
conveniencia. Las letras "unas y otras" encapsulan esta duplicidad:
las del documento prometen borrado de registros (Artículo 14), pero las
implícitas en las exclusiones (Artículo 9) perpetúan inhabilitaciones
políticas. Esto no es cambio; es una maniobra geopolítica para neutralizar a la
oposición sin ceder terreno, manteniendo más de 600 presos políticos como
rehenes simbólicos. En diseño protocolar, tal composición visual sería
reprobable en un contexto democrático genuino, donde la transparencia (por
ejemplo, un documento abierto al escrutinio) primaría sobre la opacidad.
En conclusión, la
imagen desmonta el artículo periodístico al revelar lo que el texto solo
insinúa: el régimen chavista escenifica una amnistía como protocolo de
supervivencia geopolítica, fingiendo reconciliación mientras afianza su
autoritarismo. Las letras del libro ~solemnes en apariencia, excluyentes en
esencia~ expresan el núcleo del "paripé": un diseño visual que
perpetúa la ilusión de cambio sin alterar la estructura de poder. Esta farsa no
solo engaña internamente, sino que desafía a la comunidad internacional a
cuestionar si intervenciones pasadas (como las ofertas de EE.UU. rechazadas por
Maduro) fueron en vano. Como filósofo mundano, urjo a ver más allá de la superficie: en
geopolítica, las imágenes no mienten; solo los regímenes que las manipulan lo
hacen.
Critica visual
El libro rojo con la
etiqueta blanca pegada ("Ley de Amnistía para la Convivencia
Democrática"). El título lo clava:
·El libro cerrado = "no
perdona" (opacidad, no se abre al escrutinio real).
·El rojo bolivariano intacto =
"amnistía falsa" (mismo color ideológico del régimen, no un cambio
genuino).
·La etiqueta blanca como parche
improvisado, una etiqueta de quita y pon = el "perdón" superficial que tapa las trampas (exclusiones
por "intervención armada extranjera" que amenazan a Machado, López,
Ledezma, etc.).
·La pose "complacida" de Delcy
= finge magnanimidad ("hay que saber pedir perdón", como dijo ella al
promulgarla), pero el título lo desmonta como farsa.
"La bisutería del poder: cómo el PSOE sacrifica al ciudadano común"
Hay fechas que parten
la historia en dos, pero en España, el 11 de marzo de 2004 ~el 11-M~ no fue
solo una masacre en los trenes de cercanías de Madrid; para muchos, fue un
montaje calculado, un sismo moral, político y simbólico orquestado desde las
sombras del poder para alterar el destino de una nación. Casi doscientas vidas
segadas, miles de heridos y un país sumido en la confusión, donde la
vulnerabilidad no era solo ante el terror externo, sino ante las maquinaciones
internas del PSOE, que habría instrumentalizado la tragedia para volcar las
elecciones sin revisión neutral en medio del caos social. Desde entonces, cada
debate sobre identidad, seguridad y convivencia lleva la sombra alargada de
aquel amanecer de explosiones, pero también la sospecha persistente de que el
partido socialista prioriza el poder sobre el cuidado del ciudadano común, un
patrón que resuena en la actualidad con la liberación de terroristas de ETA a
través de reformas pactadas con Bildu.
El atentado, según esta
visión compartida por amplios sectores, no fue un acto fortuito de yihadismo,
sino un golpe maestro que precipitó un vuelco electoral, permitiendo al PSOE
gobernar bajo promesas de multilateralismo y derechos. Pero en 2026, esta
dinámica se repite en el plano doméstico: el gobierno de Pedro Sánchez ha
facilitado la excarcelación anticipada de etarras como Txapote, Anboto,
Kantauri y Txeroki, mediante reformas legales que convalidan penas cumplidas en
Francia, beneficiando a unos 44-52 presos, muchos condenados por delitos de
sangre. Acuerdos con Bildu y el PNV han permitido salidas en régimen abierto o
semilibertad, como la de Txeroki en febrero de 2026, pese a condenas de cientos
de años por asesinatos, sin arrepentimiento ni colaboración con la justicia.
Esta "política de puertas abiertas" ~criticada por víctimas del
terrorismo y oposición como el PP~ evoca el supuesto sacrificio de vidas en el
11-M por ambición electoral, revelando un desprecio filosófico por el contrato
social que debería unir al estado con sus ciudadanos.
Desde una perspectiva
filosófica, inspirada en Hobbes, el Leviatán estatal existe para garantizar la
seguridad básica, evitando que la vida sea "solitaria, pobre,
desagradable, brutal y corta". El PSOE, al liberar etarras sin cerrar
heridas ~como los 379 asesinatos sin resolver~ erosiona este pacto, priorizando
reconciliación política sobre la protección del ciudadano común, ese anónimo
vulnerable que sufre las consecuencias del terror. Rawls, en su velo de
ignorancia, demandaría una justicia que vele por los más desprotegidos: las
víctimas y sus familias, no los verdugos. Moralmente, esto plantea un dilema
kantiano: ¿puede el imperativo categórico ~actuar solo según máximas
universales~ justificar negociar con terroristas por estabilidad gubernamental?
El PSOE parece optar por un utilitarismo crudo, sacrificando el bien de unos
pocos (las víctimas) por un supuesto mayor bien (paz social), pero esto ignora
la deontología que exige no tratar a las personas como medios, sino como fines
en sí mismos.
En este contexto, el
debate sobre el burka ~símbolo de libertad religiosa para unos, opresión para
otros~ se entrelaza con esta actualidad como termómetro de una espiral
manipuladora. No se discute solo una prenda, sino los límites del pluralismo en
una sociedad marcada por el terror, donde el PSOE usa derechos individuales
para distraer de irregularidades pasadas como el 11-M y presentes como las
excarcelaciones de ETA. Cada intervención parlamentaria lleva la pregunta
abierta: ¿cómo conjugar seguridad y libertad sin sacrificar al ciudadano común
en el altar del poder? El partido oscila entre su tradición laicista y su
compromiso con minorías, pero en realidad, esto enmascara una estrategia para
mantener alianzas, como las con Bildu, que exigen liberaciones antes de octubre
de 2026.
La cuestión incómoda es
moral: invocar derechos para cerrar debates, cuando el 11-M pudo ser un complot
interno y las liberaciones de ETA una concesión política, contamina discusiones
sobre islam o nacionalismo con sospecha hacia el PSOE, no hacia las
comunidades. Ignorar esta dimensión emocional no es ingenuidad; es negligencia
ética, priorizando el poder sobre el deber de cuidar al ciudadano común, ese
que Hobbes veía como el núcleo del estado. Críticos acusan al PSOE de exceso de
corrección política, manipulando ansiedad social por terrorismo para consolidar
victorias, mientras defensores argumentan que evita derivas prohibitivas. Pero
la perspectiva conspirativa resalta cómo el partido usa caos para imponer
agendas sin escrutinio neutral.
Lo incisivo es
reconocer que el 11-M y las liberaciones de ETA, los vínculos
narco-venezolanos, las cesiones territoriales, las planificaciones migratorias
opacas, la corrupción endémica y el control inquisitorial de noticias
convierten la identidad nacional en un campo minado, donde decisiones sobre
símbolos religiosos o penitenciarios se interpretan emocional y
estratégicamente como distracciones. Filosóficamente, esto viola el principio
rawlsiano de equidad: el estado debe priorizar a los vulnerables, no negociar
con quienes los victimizaron. Moralmente, exige valentía para admitir que el
cuidado del ciudadano común ~protegido por un contrato social inquebrantable~
no se negocia por escaños, ni se adorna con bisutería manipuladora
Si algo revela esta
conexión entre el 11-M, el burka, las excarcelaciones de ETA y la trayectoria
del PSOE es que España negocia su relato bajo sombras de manipulación. ¿Es una
nación que responde al terror reafirmando libertades, aunque distraiga de
verdades incómodas? ¿O prioriza homogeneidad simbólica como cohesión, mientras
oculta complots? El equilibrio se construye en pedagogía diaria, pero una
investigación neutral del 11-M y un freno moral a las liberaciones revelarían
si el PSOE sacrifica al ciudadano por poder. Veinte años después, la tentación
es simplificar, pero estos temas forman un dilema: sostener democracia abierta
en miedo sin vaciarla, exigiendo menos eslóganes y más coraje para gestionar
convivencia como conflicto permanente, priorizando éticamente al común sobre el
poderoso.
Entre
el cambio y la continuidad: el dilema político tailandés en las elecciones
anticipadas
Reforma, estabilidad y
equilibrio político en un régimen híbrido
Las elecciones
parlamentarias anticipadas convocadas para el 8 de febrero en Tailandia se
desarrollan en un contexto de tensión estructural entre reforma y estabilidad,
una constante en la historia política contemporánea del Reino. Lejos de
tratarse de una simple competencia electoral, estos comicios representan un momento
crítico de definición institucional, en el que confluyen debates sobre
crecimiento económico, seguridad nacional, diseño constitucional y el papel de
los actores no electos dentro del sistema político.
Desde una perspectiva
de sociología política comparada, Tailandia puede ser caracterizada como un régimen
híbrido, donde mecanismos democráticos formales coexisten con fuertes
contrapesos institucionales vinculados a élites políticas, militares y
burocráticas, históricamente legitimadas como garantes de la unidad nacional y
de la continuidad del Estado.
El sistema de partidos
y la lógica de la competencia política
El escenario electoral
descrito en estos últimos días muestra tres grandes polos políticos. En primer lugar,
el Partido Orgullo de Tailandia (Bhumjaithai), actualmente en el poder bajo el
liderazgo de Anuthin Chanvirakoon, ha construido su narrativa en torno a la seguridad
nacional, la soberanía territorial y la continuidad de políticas económicas
pragmáticas. Su discurso se fortalece en un contexto de tensiones regionales,
particularmente en la frontera con Camboya, apelando a una concepción clásica
del Estado como protector del orden y la integridad nacional .
En segundo lugar, el Partido
Phuea Thai, heredero del legado político de Thaksin Shinawatra, mantiene su
tradicional anclaje en sectores rurales y populares, recurriendo a políticas
redistributivas directas y estímulos económicos de corto plazo. Esta estrategia
refleja una forma de populismo programático que ha demostrado ser
electoralmente eficaz en Tailandia, aunque genera debates persistentes sobre su
sostenibilidad fiscal y su impacto estructural a largo plazo.
Finalmente, el Partido
Popular, heredero político del disuelto Movimiento Adelante, se posiciona como
la fuerza reformista por excelencia. Su agenda propone transformaciones
profundas del sistema económico y político, incluyendo la lucha contra
monopolios, la reforma del servicio militar y cambios constitucionales
orientados a una mayor democratización institucional.
Reformismo, límites
institucionales y memoria política reciente
No obstante su
popularidad electoral, el Partido Popular enfrenta restricciones sistémicas
significativas. La experiencia de 2023, cuando una fuerza ideológicamente afín
ganó las elecciones pero fue incapaz de formar gobierno y posteriormente
disuelta por vía judicial, constituye un antecedente central para comprender el
presente. Desde una perspectiva sociológica, esto revela la existencia de “zonas
de veto” institucional, es decir, ámbitos del sistema político donde determinadas
propuestas son percibidas como incompatibles con los pilares fundamentales del
orden estatal.
En este sentido, el
debate en torno a la legislación que protege a la monarquía no puede analizarse
únicamente como una controversia jurídica, sino como un elemento simbólico
clave de cohesión nacional. Para amplios sectores del Estado y de la sociedad
tailandesa, la monarquía representa un factor de continuidad histórica y
estabilidad política, particularmente en contextos de polarización. Cualquier
propuesta percibida como desestabilizadora tiende, por tanto, a generar
reacciones defensivas dentro del aparato institucional.
La cuestión
constitucional y el equilibrio de poder
Un eje central de las
elecciones es el futuro de la Constitución de 2017. Las críticas señaladas recientemente ~limitada descentralización, debilidad de los contrapesos y
amplios poderes de órganos no electos como el Senado~ reflejan una tensión
clásica entre gobernabilidad y representación. Desde la óptica de las élites
conservadoras, estas disposiciones han contribuido a evitar ciclos de
inestabilidad crónica; desde la perspectiva reformista, en cambio, constituyen
un freno a la plena expresión de la voluntad popular.
El Senado, con su
capacidad de supervisión legislativa y de intervención en la arquitectura
judicial y partidaria, se erige como un actor estructural clave, diseñado
precisamente para moderar cambios abruptos y preservar un equilibrio
gradualista del sistema político.
Epilogo
Las elecciones
anticipadas en Tailandia no deben interpretarse como un plebiscito simple entre
“cambio” y “continuidad”, sino como un proceso de negociación compleja dentro
de un orden político históricamente condicionado. El desafío central para el
Reino consiste en armonizar las demandas legítimas de reforma socioeconómica
con la preservación de la estabilidad institucional y los valores fundamentales
del Estado.
Desde una perspectiva instruida,
el caso tailandés ilustra cómo los procesos democráticos en Asia no siguen
necesariamente trayectorias lineales occidentales, sino que responden a lógicas
propias, profundamente arraigadas en su historia, cultura política y
estructuras de poder. El resultado del 8 de febrero no solo definirá la
composición del próximo gobierno, sino también el ritmo y los límites del
cambio político en el Reino de Tailandia.
Del silicio a la vela: el
experimento energético español a la luz de la electricidad que exige la
inteligencia artificial
Cuando
la física no vota
Existe una peculiaridad
fascinante en la política energética contemporánea española: la convicción
tácita de que la termodinámica es una construcción ideológica y que, con
suficiente entusiasmo normativo, el viento soplará cuando lo ordene el BOE y el
sol brillará de noche si así lo requiere el mix eléctrico.
Bajo esta premisa se
han ido demonizando los embalses, extirpando la nuclear y convirtiendo la
generación despachable en una reliquia fósil, todo ello mientras se proclama
solemnemente la llegada de la electrificación total y la economía digital.
Recientemente se ha
analizado un documento ~centrado en Rusia, país poco sospechoso de lirismo
ecologista~ ofrece un contraste brutalmente pedagógico: allí donde la demanda
eléctrica crece de forma rígida, concentrada y no negociable, la política
energética se ve obligada a obedecer a la ingeniería y no al relato.
I. La electricidad como
bien físico (no como metáfora moral)
El texto subraya un
hecho elemental: los centros de datos para IA consumen entre 50 y 150 kW por
rack, con previsiones de llegar a 300 kW, frente a los 7-15 kW de un centro
convencional .
Esta no es una demanda
“flexible”, “gestionable” ni “desplazable al fin de semana”. Es potencia firme,
continua y cercana al consumo.
Aquí emerge la primera
ironía española: se impulsa la digitalización, la IA, el vehículo eléctrico y
la bomba de calor mientras se destruye sistemáticamente la base de generación
firme. Rusia, en cambio, reconoce sin rubor que sin 7 GW adicionales de
generación despachable antes de 2030, el sistema simplemente colapsa .
España, más audaz, ha
decidido experimentar con algo conceptualmente más avanzado:
“un sistema eléctrico
posmaterial, donde la oferta se adapta mediante esperanza”.
El
apagón como mecanismo pedagógico
El documento ruso identifica claramente los cuellos
de botella:
·déficit
regional de capacidad,
·dificultad
de conexión a red,
·necesidad
de redes de alta tensión,
·y
plazos de planificación de hasta diez años .
En España, en cambio,
hemos optado por una solución más económica: no planificar, cerrar centrales
que funcionan y confiar en que la intermitencia será compensada por comunicados
institucionales.
El resultado es un
fenómeno novedoso: el apagón didáctico, útil para recordar a la población que
la electricidad no se almacena en discursos y que la frecuencia de red no
entiende de eslóganes.
Nuclear, pantanos y el
arte de destruir capital productivo
Mientras Rusia discute
cómo facilitar el acceso directo de los centros de datos a la red troncal de
alta tensión para garantizar suministro competitivo , España se distingue por:
·cerrar nucleares amortizadas y estables,
·infrautilizar embalses por razones
simbólicas,
·penalizar la hidráulica de regulación,
·y convertir la generación firme en
pecado climático.
Desde un punto de vista
económico, esto equivale a destruir capital productivo ya pagado para
sustituirlo por activos intermitentes que requieren respaldo fósil… que también
se quiere cerrar.
Una estrategia tan elegante como quemar el puente antes de cruzar el río,
confiando en que el río se solidarice.
La
paradoja de la IA verde sin electricidad firme
El texto ruso es explícito: sin electricidad barata,
estable y cercana, la IA no es competitiva y los precios se trasladan
íntegramente al cliente .
Por eso allí el debate no es “verde vs. no verde”,
sino suficiente vs. insuficiente.
España, por el contrario, aspira a liderar la
economía digital europea con un sistema eléctrico diseñado para molinos
medievales con Wi-Fi. La idea implícita parece ser que los centros de datos
funcionarán:
·cuando
haya sol,
·si
hay viento,
·y
siempre que no sea invierno, verano, de noche o anticiclón.
Conclusión:
del realismo energético al romanticismo eléctrico
El documento analizado muestra un enfoque incómodo
pero adulto:
la
electricidad es infraestructura estratégica, no un instrumento narrativo .
España, en cambio, ha elevado el romanticismo
energético a política de Estado: se legisla como si la potencia firme fuera
opcional y la seguridad de suministro un concepto del siglo XX.
Desde la sabiduría de las tecnologías energéticas,
el diagnóstico es claro.
Desde la sabiduría de la economía, el veredicto es devastador.
Y desde la ironía de la experiencia, solo cabe concluir:
Nunca fue tan
sofisticado apagar un país para demostrar que se estaba iluminado.
Digitalizar sin soberanía: poder tecnológico y
tutela institucional en América Latina
Cuando la innovación se convierte en
discurso por Indra Group
En las últimas dos
décadas, la publicidad corporativa de las grandes tecnológicas europeas con
fuerte dependencia del sector público ha mutado desde la exaltación de la
eficiencia técnica hacia un relato moral del progreso. La tecnología ya no se
vende como herramienta, sino como destino histórico inevitable. En este marco
se inscribe el reciente acuerdo entre Indra Group y el Banco de Desarrollo de
América Latina y el Caribe (CAF), presentado como una alianza estratégica para
la modernización del Estado latinoamericano, tal como lo presenta Gabriel
Morales en un artículo en Invertia del periódico El Español.
Sin embargo, un
análisis crítico del recorrido publicitario, político y corporativo de Indra ~especialmente
bajo su actual configuración accionarial y directiva~ revela una disonancia
estructural entre el discurso de innovación, la praxis empresarial y el
contexto geopolítico regional.
El recorrido
publicitario de Indra: del ingeniero al salvador institucional
Históricamente, Indra
construyó su marca sobre tres pilares:
·Capacidad tecnológica nacional,
·Proximidad al Estado,
·Neutralidad técnica.
No obstante, desde su
progresiva captura por intereses político-partidarios en España, particularmente
bajo gobiernos socialistas, la comunicación corporativa ha abandonado la
ingeniería para abrazar la retórica del “bien público digital”. El acuerdo con
CAF es paradigmático: no se publicita un contrato, sino una misión
civilizatoria, donde Indra aparece como garante del futuro institucional de más
de veinte países.
Este desplazamiento no
es inocente. En geotecnologías sociales, este fenómeno se conoce como “tecnosolucionismo
legitimador”: la tecnología se presenta como neutral mientras reconfigura relaciones
de poder, dependencias técnicas y flujos de soberanía.
CAF
+ Indra: ¿cooperación para el desarrollo o externalización del Estado?
El artículo describe una alianza centrada en:
·Gobierno
digital
·Ciberseguridad
·Infraestructuras
críticas
·Gestión
del tráfico aéreo
·Inteligencia
artificial
Desde una perspectiva
técnica, estas áreas constituyen el núcleo duro de la soberanía estatal.
Externalizarlas ~aunque sea bajo marcos de cooperación multilateral~ implica
transferir:
·Modelos
de datos
·Arquitecturas
de decisión
·Dependencia
tecnológica
·Estándares
normativos
El problema no es la
cooperación en sí, sino quién coopera y desde qué posición ética e
institucional. Indra no es una startup innovadora ni una universidad pública:
es una empresa con fuerte historial de contratos opacos, puertas giratorias y
dependencia del BOE español. En este sentido, el acuerdo con CAF parece menos
una apuesta por el desarrollo endógeno y más una exportación del modelo europeo
de captura público-privada, ahora proyectado sobre América Latina.
La paradoja Telefónica:
retirada estratégica y desmantelamiento del ecosistema
La falta de oportunidad
del acuerdo se hace evidente al analizar el contexto paralelo:
Telefónica, el histórico vector español de telecomunicaciones en América
Latina, ha abandonado progresivamente la región, vendiendo activos estratégicos
que podrían haber servido como:
·Soporte de infraestructura
·Anclaje industrial
·Ecosistema de innovación local
La paradoja es
profunda:
·El anterior presidente de Indra pasa a
liderar Telefónica
·Telefónica se retira
·Indra se expande en áreas aún más
sensibles
Desde economía
política, esto sugiere una reconfiguración del poder tecnológico español, donde
ya no se busca competir en mercados abiertos, sino gestionar Estados desde
capas invisibles de software, datos y seguridad.
Gobierno corporativo y
legitimidad: el elefante en la sala
El discurso del
artículo omite deliberadamente los problemas de gobernanza interna de Indra,
entre ellos:
·La politización del consejo
·La percepción pública de corrupción
estructural
·Y especialmente, el hecho de que el actual
presidente ejecutivo haya recomprado su propia empresa desde Indra con una
sobrevaloración denunciada de altísimo %
Aunque este punto deba
dirimirse en sedes judiciales y no académicas, la percepción es clave. En cooperación
internacional, la legitimidad es tan importante como la capacidad técnica.
Exportar “gobierno digital” desde una empresa cuya gobernanza es cuestionada
erosiona la credibilidad del propio proyecto de modernización.
Geotecnologías
sociales: el riesgo latinoamericano
Desde reconocidas y prestigiosas universidades se ha
estudiado ampliamente cómo las tecnologías de gobierno digital pueden derivar
en:
·Tecnocracias
opacas
·Vigilancia
estructural
·Dependencia
algorítmica
·Reducción
de la deliberación democrática
Cuando estas
tecnologías son diseñadas, financiadas y operadas por un mismo eje banco
multilateral–corporación extranjera, el riesgo no es técnico, sino político:
América Latina puede modernizarse sin desarrollar soberanía digital real.
Conclusión:
innovación sin ética es colonialismo digital
El acuerdo Indra–CAF,
tal como se presenta, es retóricamente impecable y estratégicamente preocupante.
Llega tarde, llega mal y llega sin autocrítica. Mientras Telefónica abandona el
terreno productivo, Indra ocupa el terreno institucional. Mientras se habla de
bienestar, se silencian conflictos de interés. Mientras se promete futuro, se
repite un pasado de dependencia.
La transformación
digital no fracasa por falta de tecnología, sino por exceso de poder
concentrado sin control democrático. Y en ese sentido, este acuerdo no
representa una oportunidad histórica para América Latina, sino una advertencia.
La reciente firma de un
acuerdo entre el Gobierno de la Nación y la Generalitat de Cataluña para
promover la participación de esta comunidad autónoma en la UNESCO bajo la
fórmula de Miembro Asociado ha sido presentada como un avance natural en la
proyección cultural y lingüística de la diversidad española. Sin embargo, bajo
esa apariencia técnica y cooperativa se esconde una cuestión de calado jurídico
mucho mayor: los límites constitucionales e internacionalistas de la acción
exterior en un Estado compuesto.
No estamos ante un
debate identitario ni cultural, sino ante un problema estrictamente jurídico: si
un Estado constitucional puede fragmentar su representación internacional sin
alterar los principios básicos de soberanía, unidad de acción exterior y
lealtad institucional. La respuesta, desde el Derecho Constitucional y el
Derecho Internacional Público, es inequívoca: no sin coste jurídico,
institucional y sistémico.
Este artículo no
cuestiona la autonomía política de Cataluña ni su riqueza cultural, plenamente
reconocidas y protegidas por el orden constitucional español. Lo que se examina
es la idoneidad jurídica del instrumento elegido y las consecuencias que se
derivan de utilizar una organización internacional del sistema ONU como espacio
de reconfiguración interna del poder territorial.
La UNESCO y su arquitectura jurídica: una
organización de Estados
La UNESCO no es una ONG
cultural ni una red informal de cooperación. Es una organización internacional
especializada de las Naciones Unidas, creada en 1945, cuya Constitución define
con precisión quiénes son sus sujetos y cómo se articula su funcionamiento.
El artículo II de la
Constitución de la UNESCO distingue claramente entre:
Estados
Miembros,
únicos sujetos con plenitud de derechos, incluido el voto y la
elegibilidad.
Miembros
Asociados,
categoría excepcional prevista para territorios que no asumen la
responsabilidad de sus relaciones internacionales, siempre a solicitud
del Estado del que dependen.
Esta distinción no es
accidental ni meramente administrativa. Responde a un principio estructural del
Derecho Internacional clásico y contemporáneo: la centralidad del Estado
soberano como sujeto primario de la comunidad internacional.
El estatus de Miembro
Asociado fue concebido históricamente para territorios no plenamente integrados
en un Estado soberano, muchos de ellos antiguos territorios coloniales o
dependientes con autonomía administrativa pero sin plena personalidad
internacional. No fue diseñado para regiones constitucionalmente integradas,
con representación estatal garantizada y con amplias competencias internas,
como es el caso de las comunidades autónomas españolas.
Forzar esta figura para
dar cabida a una comunidad autónoma plenamente integrada en un Estado
democrático consolidado supone una reinterpretación extensiva y funcionalmente
desviada del texto constitutivo de la UNESCO.
Representación internacional y
simbolismo jurídico
Uno de los argumentos
más repetidos para minimizar el alcance del acuerdo es que Cataluña carecerá de
derecho de voto y, por tanto, no habrá afectación real a la soberanía estatal.
Este razonamiento ignora un elemento esencial del Derecho Internacional: el
valor jurídico del simbolismo institucional.
En el plano
internacional, la representación no se define exclusivamente por el voto. Se
define por:
la presencia diferenciada,
la capacidad de intervención
propia,
la identificación
institucional separada,
y la reiteración de actos de
participación autónoma.
Un “asiento propio”, aunque sea sin voto, no es un
gesto inocuo. Supone:
reconocimiento funcional,
visibilidad internacional,
legitimación simbólica de una
subjetividad diferenciada.
El Derecho
Internacional está lleno de ejemplos en los que los símbolos preceden a los
efectos jurídicos plenos. Negar esta realidad es desconocer la práctica
internacional y la lógica gradual con la que se construyen las posiciones de
poder y reconocimiento.
Acción exterior y Constitución: la
unidad como principio
Desde la perspectiva interna, el problema es aún más
claro. El artículo 149.1.3 de la Constitución Española atribuye al
Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales. Esta
competencia no se limita a la firma de tratados, sino que incluye:
la representación exterior,
la interlocución con
organizaciones internacionales,
la fijación de posiciones
oficiales,
y la imagen internacional del
Estado.
El Tribunal
Constitucional ha sido constante al afirmar que, incluso en Estados
descentralizados, la acción exterior debe preservarse como una función unitaria,
precisamente para evitar contradicciones, solapamientos y fragmentaciones que
debiliten la posición internacional del Estado.
Las comunidades
autónomas pueden ~y deben~ participar en la proyección exterior de sus
competencias, pero siempre bajo la coordinación, dirección y representación
última del Estado. El límite no es material, sino funcional: no pueden actuar
como sujetos internacionales diferenciados.
Otorgar a una comunidad
autónoma un asiento propio en una organización del sistema ONU, aunque se
disfrace de cooperación cultural, desborda ese límite funcional y entra de
lleno en el terreno de la representación internacional institucionalizada.
Cooperación cultural vs.
representación internacional
Conviene insistir en
una distinción fundamental que a menudo se diluye de forma interesada: no es lo
mismo cooperación cultural que representación internacional.
La
cooperación cultural:
es legítima,
es deseable,
y está plenamente amparada por
el orden constitucional.
La
representación internacional:
implica hablar en un foro
intergubernamental,
con estatus propio,
en nombre de una colectividad
política,
dentro de una organización
internacional formal.
La UNESCO pertenece a
esta segunda categoría. No es un espacio informal de intercambio cultural, sino
un organismo intergubernamental con procedimientos, estatutos, órganos
deliberativos y efectos jurídicos indirectos.
Participar en ella con
“voz propia” separada del Estado no es una simple extensión cultural, sino una
forma de acción exterior diferenciada.
El argumento del precedente: un uso
impropio del Derecho comparado
Otro argumento recurrente es la invocación de
supuestos precedentes, como Quebec o las Islas Feroe. Desde un punto de vista
jurídico riguroso, esta comparación es impropia.
El Derecho comparado no funciona por analogía
superficial, sino por homología estructural. Y aquí las diferencias son
sustanciales:
Quebec no es Miembro Asociado de la
UNESCO con personalidad propia. Su presencia se articula bajo delegación
federal expresa, en un sistema constitucional distinto, y sin ruptura de
la representación estatal.
Las
Islas Feroe son un
territorio con un estatus histórico y constitucional singular, no
plenamente integrado en el Estado danés en los mismos términos que una
comunidad autónoma española.
Trasladar estos ejemplos al caso español sin atender a
las diferencias estructurales equivale a un uso retórico del Derecho
comparado, no a un análisis jurídico serio.
La desviación de la finalidad del
estatus de Miembro Asociado
El núcleo del problema
no es la existencia del estatus de Miembro Asociado, sino su utilización
desviada. El Derecho Internacional, como cualquier sistema jurídico, se rige
también por principios teleológicos: las instituciones deben usarse conforme a
su finalidad.
El estatus
de Miembro Asociado está pensado para:
territorios sin plena
integración estatal,
que no disponen de
representación internacional efectiva,
y que requieren un cauce
específico de participación.
Cataluña no
se encuentra en ninguna de estas situaciones. Forma parte de un Estado
plenamente representado en la UNESCO, cuya delegación incluye y protege los
intereses culturales de todo su territorio.
Utilizar esta figura para fines de reequilibrio
político interno supone una instrumentalización del Derecho Internacional
que debilita la coherencia del sistema y sienta un precedente difícilmente
controlable.
Duplicidad funcional y lealtad
institucional
Existe, además, una dimensión administrativa y
presupuestaria que no puede ignorarse. España contribuye a la UNESCO con una
cuota significativa que cubre la representación de todo su territorio. La
creación de una estructura paralela para una comunidad autónoma genera:
duplicidad funcional,
incremento de gasto,
y confusión competencial.
El principio de lealtad institucional,
inherente a todo Estado compuesto, exige que las distintas administraciones
actúen de forma coordinada y no competitiva. La proyección exterior no puede
convertirse en un espacio de competencia simbólica entre niveles de gobierno.
Un precedente de riesgo sistémico
Más allá del caso concreto, el acuerdo plantea un
problema de alcance sistémico. Si se normaliza que regiones constitucionalmente
integradas obtengan asientos propios en organismos internacionales, se abre la
puerta a:
la fragmentación de la
representación estatal,
la politización de
organizaciones técnicas,
y la erosión del principio de igualdad
soberana entre Estados.
La UNESCO,
ya tensionada por problemas de financiación y politización, no debería
convertirse en un laboratorio de ingeniería territorial interna.
Política legítima, instrumentos
discutibles
Conviene subrayarlo con claridad: las motivaciones
políticas pueden ser legítimas. Un gobierno puede buscar estabilidad
parlamentaria, reconocimiento cultural o soluciones dialogadas a conflictos
territoriales. Lo que no es legítimo es forzar los instrumentos jurídicos
más allá de sus límites naturales.
El Derecho no es una mera técnica al servicio de
cualquier objetivo político. Es un sistema de garantías que impone límites,
precisamente para evitar que las soluciones coyunturales generen problemas
estructurales.
Conclusión: autonomía sí,
representación internacional no
La autonomía se ejerce
dentro del Estado; la representación internacional, solo desde él. Esta no es
una consigna política, sino una regla básica del constitucionalismo
contemporáneo y del Derecho Internacional.
El acuerdo que pretende
otorgar a Cataluña un asiento propio en la UNESCO no fortalece la diversidad
cultural ni mejora la eficacia de la organización. Introduce, en cambio, un
elemento de ambigüedad jurídica que:
debilita la unidad de acción
exterior,
desnaturaliza una figura
internacional excepcional,
y convierte un foro
multilateral en escenario de política interna.
El problema no es
Cataluña ni la UNESCO. El problema es la utilización de una organización
internacional como instrumento de reordenación interna al margen de los
principios constitucionales que garantizan la cohesión del Estado.
Cuando los símbolos
internacionales se separan del Derecho que los sostiene, dejan de integrar y
empiezan a fragmentar.
Claves
jurídicas para impugnar y revertir el convenio
Desde un enfoque
estrictamente jurídico, el acuerdo es frágil:
·Recurso de inconstitucionalidad
·Por invasión de la competencia exclusiva
del Estado.
·Por quiebra de la unidad de acción
exterior.
Impugnación
contencioso-administrativa
·El convenio es un acto administrativo,
no un tratado.
·Vulneración de la Ley de Acción Exterior
del Estado.
Control del Tribunal de
Cuentas
·Duplicidad de gasto.
·Falta de justificación de eficiencia
pública.
Revocación política
La solicitud ante la
UNESCO es reversible.
Basta una decisión del
Consejo de Ministros.
Bloqueo internacional
·Sin lobby activo del Estado, la admisión
por dos tercios es inviable.
Epilogo:
cuando la técnica jurídica se sacrifica al oportunismo político
El acuerdo entre el
Gobierno socialista y la Generalitat no fortalece la diversidad cultural, ni
mejora la eficacia de la UNESCO, ni amplía derechos reales. Lo que hace es:
·Debilitar
la posición internacional del Estado.
·Confundir autonomía con soberanía.
·Convertir una organización multilateral en
escenario de política interna.
·Crear un precedente jurídicamente insostenible.
Para cualquier jurista constitucional e
internacionalista, la conclusión resultará clara:
“No estamos ante
un avance del pluralismo, sino ante una erosión silenciosa del Estado
constitucional mediante símbolos internacionales vaciados de legalidad.”
