LA
IDEOLOGÍA SINDICAL
Cuando
la reivindicación sustituye al análisis
Hay textos que no necesitan ser falsos para resultar
intelectualmente insuficientes. Basta con que mezclen deliberadamente tres
cosas distintas: una realidad social, una interpretación ideológica de esa
realidad y una convocatoria política destinada a movilizarla.
El decálogo de CCOO y UGT para justificar la huelga
general del 11 de noviembre pertenece precisamente a esa categoría. Habla de
salarios, vivienda, inflación, precariedad, servicios públicos y jornada
laboral; es decir, de asuntos que afectan de manera directa a millones de
ciudadanos. Pero una cosa es reconocer la existencia de esos problemas y otra
muy diferente atribuirles una única causa, identificar culpables colectivos y
presentar como solución aquello que previamente se ha convertido en consigna.
El sindicalismo tiene derecho a reivindicar. Lo que no
tiene es un privilegio epistemológico para definir por sí solo las causas de
los problemas que pretende combatir.
1.
«La insaciable avaricia inmobiliaria»
El primer argumento convierte el problema de la vivienda
en un relato moral: existe una «avaricia inmobiliaria» que especula con un
derecho y hace imposible el acceso a una vivienda digna.
La dificultad comienza precisamente con la palabra avaricia.
Con ella desaparece el análisis económico y aparece el juicio moral.
El precio de una vivienda no nace exclusivamente de la
voluntad de enriquecimiento de quien la vende. Intervienen el precio del suelo,
la escasez de suelo urbanizable, las restricciones urbanísticas, los costes de
construcción, la fiscalidad, los tipos de interés, la disponibilidad de
crédito, la demografía, la concentración del empleo, la demanda turística en
determinados territorios, la insuficiencia de vivienda pública y las decisiones
administrativas que afectan a la oferta.
Reducir todo ello a «especulación» equivale a sustituir
una ecuación compleja por un culpable sencillo.
Y existe además una contradicción elemental: si la
vivienda es un derecho social cuya garantía corresponde fundamentalmente a los
poderes públicos, ¿por qué el principal destinatario de la protesta termina
siendo el propietario privado?
Una política seria de vivienda tendría que preguntarse
por qué durante décadas no se ha producido suficiente vivienda asequible allí
donde existe demanda, por qué determinados procedimientos administrativos
ralentizan la construcción, por qué el suelo finalista resulta escaso y por qué
el Estado, las comunidades autónomas y los municipios no han conseguido
desarrollar un parque público suficiente.
Llamar «avaricia» al resultado no explica sus causas.
2.
«La política empresarial engorda el patrimonio a costa de los salarios»
El segundo argumento introduce otra simplificación: la
empresa obtiene beneficios y, por tanto, esos beneficios procederían de
salarios insuficientes.
Pero beneficio empresarial y explotación salarial no son
sinónimos.
Una empresa necesita beneficios para sobrevivir,
invertir, innovar, asumir riesgos y remunerar el capital. Naturalmente puede
existir abuso empresarial, discriminación salarial o apropiación
desproporcionada de rentas. Pero demostrarlo exige analizar sectores,
productividad, márgenes, costes laborales y distribución del valor añadido.
La retórica sindical hace algo más sencillo: presenta una
oposición binaria entre «empresarios» y «trabajadores».
Sin embargo, la economía real es bastante menos
cinematográfica.
El pequeño empresario que tiene cinco empleados, el
autónomo que trabaja doce horas, la gran multinacional y el fondo de inversión
no constituyen una misma categoría económica. Tampoco son iguales una empresa
con márgenes extraordinarios y otra que apenas sobrevive.
La pregunta fundamental debería ser otra: ¿qué relación
existe entre salarios, productividad y beneficios?
Porque elevar salarios de forma sostenible no consiste
simplemente en ordenar que sean más altos. Consiste en conseguir que la
economía produzca suficiente valor para sostenerlos sin destruir empleo,
trasladar costes a precios o expulsar actividad hacia otros mercados.
3.
«Los márgenes empresariales pagan la crisis energética»
Aquí aparece una de las falacias más características del
discurso económico simplificado: si los precios aumentan y las empresas tienen
márgenes, las empresas serían necesariamente responsables del incremento.
No funciona así.
Una empresa puede trasladar parte de sus costes a los
precios; pero también puede absorberlos reduciendo márgenes. En otros casos
puede existir poder de mercado y obtenerse rentas extraordinarias. Son
fenómenos distintos y deben demostrarse empíricamente.
Además, una crisis energética puede elevar
simultáneamente los costes de producción, transporte, electricidad, materias
primas y financiación. El precio final no es una decisión unilateral de un
empresario sentado frente a una calculadora con la voluntad de empobrecer al
consumidor.
Y existe otra cuestión que el discurso sindical suele
omitir: si se controlan artificialmente los precios sin resolver las causas de
la escasez o del aumento de costes, el problema no desaparece; cambia de lugar.
La economía no obedece a los comunicados sindicales.
4.
«La fuerza de una sociedad movilizada»
Este punto ya no es económico: es retórico.
Toda huelga necesita construir una identidad colectiva.
«La mayoría», «la juventud», «las mujeres», «los trabajadores» y «la sociedad
movilizada» son categorías destinadas a producir un sujeto político.
El problema aparece cuando el sindicato habla en nombre
de una «mayoría» cuya voluntad no ha sido demostrada.
Una huelga representa a quienes participan en ella y a
las organizaciones que la convocan. No convierte automáticamente a sus
convocantes en portavoces de toda la sociedad.
Una democracia plural no tiene una única «voz de la
sociedad».
Tiene trabajadores afiliados y no afiliados, empresarios,
autónomos, jubilados, desempleados, funcionarios, estudiantes, propietarios,
inquilinos, consumidores y ciudadanos que pueden compartir unas
reivindicaciones y rechazar otras.
Presentar la movilización sindical como expresión
automática de «la mayoría del país» es una operación política, no una
conclusión sociológica.
5.
«Precariedad laboral y habitacional»
Aquí aparece una verdad mezclada con una simplificación.
Sí existe precariedad. Existen trabajadores con bajos
ingresos, contratos inestables y dificultades de acceso a la vivienda. Pero
convertir esas situaciones en la consecuencia directa de un único modelo
económico supone ignorar otros factores.
La precariedad también puede relacionarse con la baja
productividad de determinados sectores, la temporalidad histórica, la
estructura empresarial, la elevada presencia de pequeñas empresas, la formación
insuficiente, la dualidad laboral, la economía sumergida, la falta de vivienda
asequible y las diferencias territoriales.
Además, existe una paradoja que merece ser examinada:
determinadas políticas diseñadas para proteger al trabajador pueden aumentar el
coste de contratarlo, dificultando precisamente el acceso al mercado laboral de
quienes tienen menor cualificación.
Proteger el empleo no consiste únicamente en proteger al
trabajador que ya está dentro.
También significa permitir que pueda entrar quien está
fuera.
6.
«No dejarnos la salud en el trabajo»
Es difícil discrepar de semejante principio. Nadie
debería enfermar por trabajar ni ser discriminado por padecer una enfermedad.
Pero nuevamente el problema aparece cuando una
reivindicación legítima se utiliza para establecer una causalidad universal.
La salud laboral depende de las condiciones de trabajo,
pero también de la organización productiva, la prevención, la supervisión, la
responsabilidad empresarial, el sistema sanitario y las circunstancias
personales.
La solución no puede consistir únicamente en aumentar derechos
formales. Necesita prevención efectiva, inspección, recursos y responsabilidad.
Porque una legislación extraordinariamente protectora que
no se cumple vale menos que una legislación razonable que se aplica
rigurosamente.
7.
«Servicios públicos para evitar que los trabajadores paguen el sector privado»
Este argumento contiene una de las mayores
simplificaciones ideológicas del decálogo.
La cuestión no es elegir entre servicios públicos y
servicios privados como si fueran dos universos moralmente opuestos.
La verdadera pregunta es: ¿cómo se garantiza
universalmente un servicio de calidad, quién lo financia y cómo se presta con
eficiencia?
Un ciudadano puede recibir una prestación financiada
públicamente y gestionada de manera pública, privada o mediante fórmulas
mixtas. El carácter público de un derecho no exige necesariamente que cada fase
de su provisión sea ejecutada directamente por el Estado.
Y hay una contradicción que debería preocupar
particularmente al sindicalismo: cuanto más amplios son los servicios públicos,
mayor es también la necesidad de una economía productiva que genere los
recursos fiscales para financiarlos.
El Estado no produce dinero por decreto.
Lo recauda de la actividad económica.
Por ello, presentar empresa y Estado como enemigos
naturales termina perjudicando precisamente al sistema público que se pretende
defender.
8.
«Desbloquear la negociación colectiva: subir salarios y reducir jornada»
Aquí encontramos una reivindicación legítima que merece
un análisis menos doctrinario.
Reducir la jornada puede mejorar la conciliación, la
salud y la productividad en determinadas actividades. También puede ser
perjudicial si se aplica indiscriminadamente en sectores donde la productividad
no permite compensarla.
La cuestión no debería ser «jornada más corta porque sí»,
sino cómo conseguir más productividad por hora trabajada y distribuir
posteriormente esa ganancia.
El verdadero progreso laboral no consiste en trabajar
menos horas manteniendo artificialmente la misma producción.
Consiste en producir más valor en menos tiempo.
Y esto exige inversión, tecnología, formación,
organización empresarial e innovación.
Paradójicamente, el sindicalismo que exige reducir
jornada debería ser uno de los mayores defensores de la productividad. Sin
productividad, la reducción de jornada puede convertirse simplemente en un
aumento del coste laboral por unidad producida.
9.
«Que las administraciones acaben con la especulación de la vivienda»
Aquí aparece la contradicción más profunda del decálogo.
Si el Estado y las administraciones públicas tienen que
resolver la vivienda, entonces también deben asumir la responsabilidad por las
políticas que han contribuido a la escasez.
No puede responsabilizarse únicamente al mercado de un
problema que depende en gran medida de decisiones públicas sobre suelo,
urbanismo, licencias, fiscalidad, vivienda protegida, transporte e
infraestructuras.
El mercado inmobiliario no existe en el vacío.
Está profundamente regulado por las administraciones.
Por eso resulta intelectualmente cómodo denunciar «la
especulación», pero mucho más incómodo preguntarse si determinadas
regulaciones, restricciones de suelo, retrasos administrativos o políticas
fiscales han contribuido a encarecer la oferta.
La vivienda no se abarata únicamente señalando culpables.
Se abarata, entre otras cosas, aumentando la oferta donde
existe demanda.
10.
«Controlar la deriva de los precios»
Este último punto resume el problema conceptual de todo
el manifiesto.
Controlar los precios puede ser una medida excepcional en
determinadas circunstancias, pero no constituye una explicación de la
inflación.
La inflación no desaparece porque se ordene que los
precios no suban.
Puede aparecer entonces escasez, reducción de oferta, deterioro
de calidad, mercados paralelos o desplazamiento del coste hacia otros bienes.
Por eso la verdadera discusión debería situarse en la
política monetaria, los costes energéticos, la productividad, la oferta, la
fiscalidad, los salarios y las expectativas.
Decir «hay que controlar los precios» es políticamente
sencillo.
Explicar cómo hacerlo sin destruir los incentivos que
permiten producir esos bienes es bastante más difícil.
El
problema de fondo: convertir al adversario en causa
El elemento común de los diez argumentos es la
construcción de un adversario.
El propietario inmobiliario es presentado como
especulador.
El empresario, como beneficiario de la explotación.
El mercado, como mecanismo de exclusión.
Los precios, como consecuencia de márgenes empresariales.
La precariedad, como producto de una estructura
deliberadamente injusta.
De esta manera se construye una explicación moralmente
satisfactoria: si existe un problema, existe un culpable; si existe un
culpable, basta con regularlo.
Pero la sociedad contemporánea no funciona con esa
simplicidad.
La sociología enseña precisamente lo contrario: los
fenómenos sociales son el resultado de estructuras, instituciones, intereses,
decisiones individuales, comportamientos colectivos y relaciones de poder que
interactúan entre sí.
Y la economía añade algo todavía más incómodo: muchas
veces una política diseñada para resolver un problema puede generar otro.
Por eso el verdadero pensamiento crítico no consiste en
ponerse automáticamente del lado del trabajador contra el empresario, del
inquilino contra el propietario o del Estado contra el mercado.
Consiste en preguntarse qué política produce realmente el
resultado que se promete.
La
huelga como instrumento sindical y como instrumento político
Hay además un elemento que no puede ignorarse: la
coincidencia de la convocatoria con el inicio de la campaña electoral.
Eso no invalida la huelga.
Pero obliga a analizarla también como fenómeno político.
Los sindicatos son organizaciones sociales con intereses,
afiliados, dirigentes, estrategias y capacidad de presión. No son instituciones
neutrales situadas por encima del conflicto político.
Cuando una convocatoria sindical incorpora
simultáneamente vivienda, salarios, precios, jornada laboral, servicios públicos,
precariedad, género, juventud, migración y modelo económico, deja de ser
únicamente una reivindicación laboral.
Se convierte en un programa político-social.
Y eso es legítimo.
Lo que no resulta legítimo intelectualmente es
presentarlo como si fuera la descripción objetiva e incontestable de la
realidad.
El
sindicalismo necesita una autocrítica
Defender el mercado no significa defender todos los
comportamientos empresariales.
Defender la empresa no significa negar la explotación.
Defender la propiedad privada no significa ignorar el
problema de la vivienda.
Defender la responsabilidad individual no significa
desconocer las desigualdades estructurales.
Y defender la sostenibilidad financiera del Estado del
bienestar no significa rechazar los servicios públicos.
Precisamente porque esos problemas existen, necesitan
algo más que consignas.
Necesitan análisis.
El sindicalismo europeo del siglo XXI debería preguntarse
también por su propia transformación. Ya no representa exclusivamente al obrero
industrial de la gran fábrica. Representa, o pretende representar, a
trabajadores de servicios, funcionarios, profesionales, jóvenes precarios,
autónomos dependientes y empleados de economías digitales.
Pero una organización que quiera representar a toda esa
diversidad no puede seguir explicando la sociedad exclusivamente mediante la
vieja oposición entre capital y trabajo.
La sociedad contemporánea es demasiado compleja para
caber en aquella geometría.
Conclusión:
del conflicto social a la política de soluciones
La cuestión, finalmente, no consiste en negar los
problemas que CCOO y UGT enumeran.
El problema de la vivienda existe.
El poder adquisitivo importa.
La precariedad existe.
La conciliación importa.
La salud laboral debe protegerse.
Los servicios públicos deben ser sostenibles y
accesibles.
Y los salarios deben permitir una vida digna.
Pero reconocer un problema no concede automáticamente la
razón a quien lo interpreta. La ideología comienza precisamente cuando una
realidad compleja se reduce a una explicación única y se presenta al adversario
como responsable universal. Una sociedad madura debería exigir algo más.
No preguntarse únicamente “¿quién tiene la culpa?”, sino “¿qué
mecanismo ha producido el problema?”.
No limitarse a reclamar “más derechos”, sino preguntarse “cómo
se financian y cómo se garantizan”.
No proclamar simplemente “vivienda digna”, sino explicar dónde
se construirá, quién la construirá, quién la financiará y qué ocurrirá con su
oferta.
No repetir “mejores salarios”, sino preguntarse qué
productividad permitirá pagarlos de forma sostenible.
No exigir únicamente «menos jornada», sino determinar cómo
se producirá más valor en menos tiempo.
Porque gobernar una sociedad es bastante más difícil que
convocar una huelga.
La protesta puede señalar la herida.
La ideología puede señalar al culpable.
Pero solamente una política responsable puede explicar cómo
se cura.
Y esa es la diferencia esencial entre la reivindicación
sindical y el pensamiento político: la primera puede vivir de la consigna; el
segundo está obligado a responder por las consecuencias.
