La
política del engaño y la ingeniería de la confianza
La
fatiga como victoria.
El poder no siempre
necesita imponer silencio. A veces le basta con esperar a que el cansancio haga
su trabajo. Cuando los escándalos se suceden, las crisis se acumulan y la
indignación se convierte en rutina, la sociedad puede comenzar a desconectarse.
Y entonces ocurre algo inquietante: nadie nos quita la libertad de preguntar,
de exigir o de reaccionar; simplemente dejamos de hacerlo.
Porque
cuando una sociedad se acostumbra a todo, corre el riesgo de no reaccionar ante
nada. Y cuando deja de esperar respuestas, la indiferencia puede convertirse en
la victoria más silenciosa de todas.
Hay momentos en la vida de una democracia en los que
la cuestión fundamental deja de ser quién gobierna y pasa a ser otra mucho más
incómoda: ¿qué mecanismos utiliza el poder para conservar la confianza de los
ciudadanos cuando los hechos comienzan a contradecir el relato?
España parece haber llegado a uno de esos momentos.
Durante los últimos años, la política nacional se ha
convertido en una sucesión acelerada de controversias, rectificaciones, pactos
inesperados, investigaciones, enfrentamientos institucionales, acusaciones
cruzadas y decisiones presentadas como imprescindibles para evitar males
mayores. El ciudadano recibe una noticia, después una explicación, luego una
rectificación y finalmente una nueva explicación de la anterior. Cuando esta
dinámica se prolonga, la sociedad corre el riesgo de dejar de distinguir entre
la gravedad de los hechos y la intensidad del ruido que los rodea. Lo
extraordinario termina pareciendo cotidiano; la contradicción, normal; y el
escándalo, cuando se repite demasiado, pierde incluso su capacidad de
escandalizar.
El problema contemporáneo ya no es solamente la
falta de información, sino su exceso. Declaraciones, entrevistas, titulares,
vídeos, encuestas, filtraciones, redes sociales, desmentidos y
contra-desmentidos forman una corriente prácticamente ininterrumpida. Tener más
información no significa necesariamente comprender mejor. Una sociedad sometida
a una permanente intoxicación informativa puede perder precisamente aquello que
más necesita para juzgar al poder: serenidad, memoria y capacidad de
comparación.
La propaganda moderna no necesita siempre convencer.
A veces le basta con fatigar. Un ciudadano agotado contrasta menos, recuerda
peor y tiende a refugiarse en el relato que confirma sus convicciones. Así
aparece una paradoja inquietante: cuanto mayor es el volumen de información,
mayor puede ser también la dificultad para distinguir los hechos de sus
interpretaciones.
Sobre esa fatiga opera una herramienta todavía más
antigua: el miedo. Una persona preocupada por su seguridad, su empleo, sus
ahorros, su vivienda o el futuro de sus hijos acepta con mayor facilidad
decisiones que, en circunstancias normales, sometería a discusión. La política
conoce bien esta dinámica y puede utilizarla para presentar al adversario no
como alguien que piensa de otra manera, sino como una amenaza.
El enemigo puede cambiar, la derecha, la izquierda,
el independentismo, el centralismo, la inmigración, los poderes económicos, los
jueces, los medios, Europa, Rusia, Estados Unidos o el propio adversario
político, pero el mecanismo permanece: primero se construye la amenaza y
después se presenta la decisión como el único remedio razonable frente a ella.
De este modo se estrecha el espacio para una pregunta elemental: si existen
otras soluciones.
Una democracia necesita adversarios, no enemigos. El
adversario pretende gobernar de otra manera; el enemigo es presentado como
alguien cuya llegada al poder justificaría cualquier sacrificio, alianza o
excepción. Cuando esta lógica se impone, la discrepancia deja de ser una
función normal de la vida pública y comienza a interpretarse como una forma de
deslealtad.
Es entonces cuando la ciudadanía corre el riesgo de
dejar de preguntar.
La
urgencia y la erosión de la deliberación
La urgencia constituye una de las formas más
eficaces de reducir la distancia entre la emoción y la decisión. Cuando todo
debe resolverse inmediatamente, queda menos espacio para comprobar, comparar y
dudar. Y cuando no hay tiempo para preguntar, la decisión queda en manos de
quien controla el relato.
La Constitución reconoce el decreto-ley como
instrumento legítimo en circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad.
La cuestión, por tanto, no es su existencia, sino la cultura institucional que
puede generarse cuando la excepcionalidad adquiere una presencia cada vez más
habitual.
Una democracia parlamentaria fue diseñada
precisamente para introducir controles al poder: debate, enmienda, oposición,
deliberación y votación. Su aparente lentitud forma parte de las garantías del
sistema. Por eso resulta políticamente relevante que decisiones de profundo
alcance social puedan presentarse reiteradamente bajo el argumento de que no
existe tiempo suficiente para debatirlas con normalidad.
La urgencia puede estar justificada. Lo que merece
examen es su utilización recurrente como principio de gobierno. Cuanto más
frecuente es la apelación a la excepcionalidad, más necesario resulta preguntar
quién determina que una situación es urgente, con qué criterios y qué espacio
queda para la deliberación parlamentaria.
La pregunta no constituye una deslealtad
institucional. Al contrario, forma parte del control que los ciudadanos tienen
derecho a ejercer sobre quienes gobiernan.
La
política de la contradicción
Los gobiernos tienen derecho a rectificar. Las
circunstancias cambian y la política no puede permanecer inmóvil. Pero
rectificar no significa borrar la memoria.
Una rectificación responsable reconoce el cambio,
explica sus motivos y asume las consecuencias de haber defendido anteriormente
otra posición. Algo diferente ocurre cuando aquello que ayer era imposible se
presenta hoy como imprescindible, lo que ayer era inaceptable se convierte en
responsabilidad y la posición anteriormente sostenida desaparece del discurso
como si nunca hubiera existido.
Cuando esta práctica se vuelve habitual, el lenguaje
político deja de describir la realidad y comienza a sustituirla. El ciudadano
ya no se pregunta únicamente qué ocurrió, sino cuál de las sucesivas versiones
debe aceptar.
Una democracia no puede depender exclusivamente de
la capacidad narrativa de quienes gobiernan. Debe poder confrontar el relato
con los hechos, las promesas con los resultados y las decisiones con sus
consecuencias. De lo contrario, la explicación corre el riesgo de convertirse
en una forma de aplazar indefinidamente la respuesta.
El
censo y la confianza electoral
Es en este contexto donde adquiere especial
relevancia la cuestión de la llamada «Ley de Nietos».
La disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de
Memoria Democrática abrió determinadas vías para adquirir la nacionalidad española
a descendientes de españoles, incluidos supuestos vinculados al exilio.
Posteriormente, el Gobierno amplió por un año el plazo inicialmente previsto
para acogerse a esta posibilidad.
El asunto podría haber permanecido circunscrito al
ámbito de la nacionalidad. Sin embargo, adquirió una dimensión electoral cuando
cientos de miles de personas pasaron a incorporarse al universo electoral
exterior.
Según los datos comunicados durante el conflicto,
más de 400.000 personas habían obtenido la nacionalidad mediante esta vía. La
Abogacía del Estado cifró en 369.017 los inscritos en el CERA vinculados a la
Ley de Memoria Democrática y señaló que 168.896 procedían de la controvertida
interpretación administrativa que presumía la condición de exiliado para determinados
españoles emigrados entre 1936 y 1955.
Entonces apareció una cuestión que ya no podía
considerarse meramente administrativa: ¿quiénes tienen derecho a votar?
El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente
determinadas altas en el CERA hasta que se acreditase el cumplimiento de los
requisitos relacionados con la condición de exiliado. La Junta Electoral
Central anunció que acataría la decisión y solicitó la información necesaria
para ejecutarla.
La cuestión dejó así de ser exclusivamente jurídica
y pasó a afectar directamente a la confianza electoral.
Aquí conviene establecer una distinción fundamental.
Los nuevos ciudadanos españoles no constituyen, por el mero hecho de haber
adquirido la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática, un electorado
sospechoso. Son ciudadanos y sus derechos deben ser respetados. La cuestión
relevante es la seguridad jurídica y la transparencia del procedimiento
mediante el cual se determina quién figura en el censo y, por tanto, quién
puede ejercer el derecho de sufragio.
El censo electoral no es un simple listado
administrativo. Es la representación jurídica del cuerpo electoral. Cualquier
controversia sobre su composición afecta a la confianza en el resultado de unas
elecciones, especialmente cuando coincide con una convocatoria electoral.
El Gobierno convoca elecciones generales para el 29
de noviembre de 2026 mientras permanece abierto este conflicto sobre
determinadas inscripciones del CERA. No sería correcto afirmar, sin pruebas,
que las elecciones fueron convocadas para introducir esas nuevas listas. No
existen elementos suficientes para convertir esa hipótesis en un hecho.
Pero tampoco sería razonable ignorar la coincidencia
temporal.
Existe, además, una precisión importante: el censo
aplicable a estas elecciones se cerró el 1 de agosto de 2026. La convocatoria
no crea, por tanto, ese censo de manera inmediata. Lo que hace es poner en
marcha un proceso electoral cuyo universo censal ya estaba configurado cuando
el conflicto judicial sobre determinadas incorporaciones había adquirido plena
relevancia.
Por eso la pregunta rigurosa no es si el Gobierno ha
fabricado un censo electoral para ganar las elecciones. Esa sería una acusación
que necesitaría pruebas. La cuestión que sí puede y debe formularse es por qué
se llega a una convocatoria electoral cuando existe una controversia judicial
de semejante magnitud sobre la composición y el derecho de sufragio de una
parte significativa del electorado exterior.
La primera formulación acusa; la segunda exige
explicaciones. Y en una democracia madura esa diferencia resulta esencial.
La
confianza como condición del resultado
Las elecciones no necesitan solamente legalidad;
necesitan también credibilidad. Un resultado puede ser jurídicamente válido y,
sin embargo, quedar políticamente debilitado si una parte significativa de la
ciudadanía considera que las reglas no han sido suficientemente claras o que no
se han aplicado de forma imparcial.
Por ello, en materia electoral, la transparencia no
es un elemento accesorio. Las reglas deben ser suficientemente claras para que
incluso quien pierda pueda reconocer que fueron respetadas.
Aquí aparece una tentación que ningún poder debería
tener: contemplar el cuerpo electoral exclusivamente como una suma de cifras.
Trescientos mil, cuatrocientos mil o quinientos mil votos pueden adquirir un
enorme valor en términos de aritmética electoral, pero detrás de cada
inscripción existe una persona con una historia, una nacionalidad y unos
derechos.
Precisamente por eso sería injusto convertir a todos
los nacionalizados mediante la Ley de Nietos en un supuesto «electorado
manipulado». No lo son. La cuestión no es quiénes son esas personas, sino si el
procedimiento mediante el cual se determina su derecho al sufragio es
transparente, uniforme y jurídicamente seguro.
Una democracia no puede convertir a una categoría de
ciudadanos en sospechosos por su origen, pero tampoco puede permitir que el
censo se transforme en un instrumento de ingeniería electoral. La confianza
exige que las reglas sean suficientemente claras como para que ambas
posibilidades queden descartadas.
La
fatiga y la responsabilidad ciudadana
Quizá el elemento que termina uniendo todas estas
cuestiones sea la fatiga. Un escándalo desplaza a otro, una investigación
sustituye a la anterior, un decreto ocupa el lugar de otro, una acusación
responde a otra y una rectificación genera una nueva rectificación. Hasta que
el ciudadano, exhausto, termina diciendo: “Ya no sé qué creer”.
Existe una consecuencia todavía más grave: “Ya me da
igual”.
Cuando se alcanza ese punto, el poder obtiene una
victoria silenciosa. No necesita censurar al ciudadano ni impedirle votar.
Basta con que consiga que deje de considerar importante hacerlo.
La respuesta no puede consistir en confiar
ciegamente en un partido ni en desconfiar de todos. Consiste en conservar una
cierta disciplina intelectual: separar hechos de opiniones, sospechas de
pruebas, responsabilidades políticas de responsabilidades penales, nacionalidad
de derecho electoral y legalidad formal de valoración política.
También exige recordar que preguntar no es una forma
de traición. Quien pregunta no necesariamente pretende derribar al Gobierno;
puede simplemente exigir saber qué está haciendo y por qué.
España se aproxima a unas elecciones generales en
una atmósfera especialmente cargada. Existe una acumulación de controversias
políticas, una ciudadanía cansada de explicaciones, una controversia judicial
sobre determinadas inscripciones del CERA y un calendario electoral que obliga
a resolver en un plazo reducido un problema de considerable dimensión
administrativa y jurídica.
En estas circunstancias, la respuesta no debería ser
la fe, sino la transparencia; no la obediencia, sino la capacidad de
vigilancia; no el miedo, sino la libertad de juicio.
La cuestión última no es saber de antemano a quién
beneficia electoralmente la Ley de Nietos. Eso debe demostrarse con datos y no
mediante conjeturas. La cuestión previa es mucho más sencilla y, al mismo
tiempo, más importante:
¿Puede
cualquier ciudadano confiar en que el censo electoral representa exactamente a
quienes tienen derecho a votar y que las reglas han sido aplicadas de manera
transparente e imparcial?
Si la respuesta es afirmativa, la controversia podrá
resolverse dentro de las instituciones. Si existen dudas razonables, deberán
investigarse con datos, procedimientos y resoluciones públicas, no mediante
consignas.
Porque la confianza electoral no pertenece a un
Gobierno, a una oposición ni a un partido. Pertenece al conjunto de los
ciudadanos.
Y quizá por eso, antes de mirar la papeleta,
convenga mirar las reglas que determinan quién puede depositarla.
La democracia comienza mucho antes del momento de
votar: comienza cuando el ciudadano conserva la libertad de preguntar, de
contrastar y de decidir sin miedo.
La pregunta no es quién tiene razón antes de las
elecciones. La pregunta es si, después
de ellas, todos podremos confiar en las reglas que han determinado el
resultado.
