Crecimiento económico, inflación y desempleo; la distancia entre las cifras y la prosperidad real.

 

Crecimiento económico, inflación y desempleo;

la distancia entre las cifras y la prosperidad real.

España crece, pero la prosperidad no se mide únicamente por el PIB

La economía española presenta una paradoja que merece un análisis riguroso: puede crecer por encima de las principales economías europeas y, simultáneamente, mantener desequilibrios laborales y dificultades sociales que impiden trasladar íntegramente ese crecimiento al bienestar de sus ciudadanos.

El Fondo Monetario Internacional, en sus previsiones de octubre de 2026, sitúa el crecimiento del PIB español en el 2,5 % y la inflación media anual en el 3,7 %. La combinación revela que el dinamismo económico no elimina las presiones sobre los precios. No obstante, sería incorrecto concluir que el crecimiento carece de efectos positivos: para valorar sus resultados es necesario examinar también el empleo creado, los salarios reales, la productividad y la distribución de la renta.

La inflación constituye el primer problema distributivo. Cuando los precios aumentan, los hogares pierden poder adquisitivo si sus ingresos no crecen en una proporción equivalente. El efecto es especialmente gravoso para quienes destinan una parte elevada de su presupuesto a vivienda, alimentación, transporte y suministros. Por ello, la inflación no debe juzgarse exclusivamente mediante un promedio nacional, sino atendiendo a su incidencia sobre los diferentes grupos sociales. La aceleración del IPCA español hasta el 5 % interanual en septiembre, frente al 3,8 % estimado para la eurozona, confirma una presión coyuntural significativa, aunque no equivale a una inflación media anual del 5 %.

El desempleo representa el segundo desequilibrio estructural. El FMI proyecta para España una tasa del 9,8 % en 2026, mientras que Eurostat registró un desempleo del 10 % en España en julio y del 6,4 % en la eurozona en agosto, los últimos datos comparables aquí contrastados para cada ámbito temporal. Estas cifras no son directamente intercambiables, pero muestran la persistencia de una brecha laboral considerable. La cuestión económica no consiste únicamente en crear puestos de trabajo, sino en generar ocupaciones productivas, estables y suficientemente remuneradas. También importan el desempleo juvenil, la duración de los periodos sin trabajo y la capacidad de las empresas para aumentar el valor añadido por empleado.

El análisis exige, sin embargo, evitar una conclusión simplista. España ha registrado un crecimiento económico relativamente sólido, apoyado en el consumo, el empleo y los servicios, según el diagnóstico del FMI. El país no se encuentra, por tanto, ante una ausencia de crecimiento, sino ante el desafío de convertirlo en una mejora más amplia y duradera de las condiciones de vida.

La dimensión social completa el diagnóstico. El encarecimiento de la vivienda, las dificultades de emancipación, las diferencias territoriales y la desigual capacidad de ahorro pueden erosionar los beneficios de una expansión del PIB. Una economía puede producir más sin que todos sus ciudadanos mejoren en la misma medida; también puede aumentar el empleo mientras determinados colectivos permanecen atrapados en la precariedad o la inactividad involuntaria.

En consecuencia, la valoración de la política económica debe apoyarse en indicadores verificables y no exclusivamente en mensajes triunfalistas ni en titulares alarmistas. Las cifras de inflación y desempleo justifican preocupación, pero no demuestran por sí solas el fracaso global de una política económica ni permiten atribuir toda la responsabilidad a un único factor. Para establecer causalidades se requiere estudiar la evolución de la productividad, los costes energéticos, la política fiscal, la regulación laboral, la oferta de vivienda y la composición sectorial del crecimiento.

La conclusión es inequívoca: crecer es necesario, pero no basta. El éxito económico debe medirse por la capacidad de crear empleo productivo, preservar el poder adquisitivo, ampliar el acceso a la vivienda y mejorar las oportunidades de los hogares. Cuando estos resultados no acompañan suficientemente a las cifras agregadas, la distancia entre el crecimiento estadístico y la prosperidad cotidiana se convierte en uno de los principales problemas de la economía española.

Qué dicen realmente las cifras sobre la realidad social

Para valorar el alcance económico y social de estos datos, conviene separar cuatro indicadores:

·      Crecimiento del PIB : 2,5 %

Previsión del FMI para España en 2026. Indica expansión de la producción, no una subida equivalente de la renta disponible de cada ciudadano.

·      Inflación media prevista : 3,7 %

Previsión anual para 2026. Si los ingresos crecen menos que los precios, disminuye el poder adquisitivo real.

·      Desempleo : 9,8 %

Previsión del FMI para 2026, frente al 6,4 % observado en la eurozona en agosto. Es una comparación orientativa entre una previsión anual y un dato mensual, no una comparación estrictamente homogénea.

·      Presión energética europea : 18,8 %

Aumento interanual estimado de los precios energéticos de la eurozona en septiembre. Es un componente relevante del repunte, pero no explica por sí solo toda la inflación española.

Conclusión económica

Los datos contrastados permiten establecer tres conclusiones:

La inflación española se ha acelerado: tanto la previsión anual del FMI como el dato adelantado de septiembre reflejan un escenario de presión sobre los precios.

El desempleo continúa siendo una debilidad estructural: España mantiene una tasa sensiblemente superior a la media de la eurozona, aunque afirmar que duplica esa media exagera la diferencia con los datos comparables más recientes.

El crecimiento no es sinónimo automático de bienestar: para determinar si la economía mejora efectivamente la vida de los ciudadanos hay que contrastar el PIB con salarios reales, productividad, empleo de calidad, vivienda y distribución de la renta.

La cuestión decisiva no es negar el crecimiento económico español ni ignorar sus problemas. Es exigir que el crecimiento se traduzca en mejoras materiales verificables.

Una economía no se juzga solamente por cuánto produce, sino también por cuánto bienestar genera, cómo lo distribuye y qué oportunidades ofrece a quienes viven de su trabajo.

El socialismo de escaparate: crecimiento para las estadísticas, pobreza para los ciudadanos

 

El socialismo de escaparate: crecimiento para las estadísticas, pobreza para los ciudadanos

Hay gobiernos que confunden gobernar con administrar la propaganda, y prosperidad con acumular cifras favorables mientras el ciudadano descubre, al pasar por caja, que su dinero vale menos y su horizonte se estrecha. La España de Pedro Sánchez ofrece, según los dos textos analizados, una contradicción difícil de disimular: el crecimiento económico proclamado desde La Moncloa convive con el deterioro de la capacidad adquisitiva, el aumento de la desigualdad y las dificultades de miles de familias para cubrir necesidades tan elementales como alimentarse dignamente o disfrutar de un ocio que no sea un lujo.

Los datos recogidos en el documento dibujan una paradoja reveladora. En 2025, el 25,7 % de la población española, 12,5 millones de personas, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social; el 5,3 % no podía permitirse consumir carne, pescado o equivalentes cada dos días, y cerca de 700.000 niños padecían carencia material severa. Mientras tanto, el país habría sumado 1,7 millones de personas pobres y 35.500 millonarios más desde 2018. No es una prueba automática de que cada una de estas situaciones tenga una única causa política, pero sí un severo interrogante sobre la eficacia social del modelo económico que el Gobierno presenta como ejemplar.

La segunda contradicción reside en la naturaleza del crecimiento. Si la expansión depende excesivamente del gasto público, la deuda y una recaudación favorecida por la inflación, mientras la productividad y la inversión privada pierden impulso, el triunfalismo se convierte en una operación de maquillaje contable. El Estado puede sostener temporalmente la demanda, pero no fabricar indefinidamente prosperidad mediante el endeudamiento. Cada euro gastado sin mejorar la productividad, la formación, las infraestructuras o la capacidad de las empresas para crear riqueza puede convertirse en una obligación trasladada al contribuyente de mañana.

Y aquí aparece la gran impostura de las políticas de pacotilla: confundir el reparto de recursos con la creación de oportunidades, la contratación formal con el empleo de calidad y la recaudación récord con el bienestar de los hogares. Cuando el trabajador soporta mayores cargas, el salario pierde poder adquisitivo y el acceso a la vivienda se convierte en una carrera de obstáculos, repetir que la economía marcha viento en popa no resuelve el problema; únicamente pretende cambiarle el nombre.

El socialismo gubernamental no puede atribuirse todos los males de España, como tampoco la oposición quedaría exenta de demostrar que sus alternativas funcionan. Pero un Ejecutivo que reivindica la justicia social debe responder por sus resultados, no refugiarse en la retórica de sus intenciones. La protección social sin una economía productiva que la sostenga corre el riesgo de degenerar en dependencia; la redistribución sin crecimiento suficiente, en disputa por una riqueza que no aumenta al ritmo de las necesidades; y el gasto sin evaluación, en clientelismo presupuestario.

La verdadera medida del progreso no es el aplauso parlamentario ni la cifra brillante de un trimestre. Es que una familia pueda llenar la cesta de la compra, que un joven acceda a una vivienda, que trabajar permita vivir con dignidad y que ningún niño vea comprometido su futuro por la pobreza de sus padres.

Un Gobierno puede maquillar los indicadores durante un tiempo, pero no puede decretar la prosperidad ni derogar las leyes de la economía. Si ocho años de promesas sociales dejan tras de sí hogares más vulnerables, una deuda creciente y una productividad insuficiente, la pregunta resulta inevitable: ¿para quién funciona realmente el modelo?

Porque cuando el poder proclama el éxito mientras el ciudadano administra sus privaciones, la política social deja de ser una garantía de emancipación y corre el riesgo de convertirse en un decorado. Y ninguna consigna, por mucho que se repita, alimenta a un niño ni paga una factura.

La tecnología del futuro....

 

La tecnología del futuro: entre el progreso científico y los desafíos de la humanidad

El futuro de la humanidad se está construyendo en los laboratorios, los centros de datos y las redes de comunicación que conectan el planeta. La inteligencia artificial, la robótica, las telecomunicaciones de nueva generación y la computación cuántica no constituyen ya simples promesas de la ciencia ficción, sino fuerzas capaces de transformar la economía, el trabajo, la medicina y las relaciones sociales. Sin embargo, cuanto más extraordinarias son sus posibilidades, más necesario resulta preguntarse si todo progreso tecnológico equivale, por sí mismo, a un verdadero progreso humano.

La inteligencia artificial representa uno de los cambios más profundos de nuestra época. Su capacidad para analizar cantidades ingentes de información, generar contenidos y asistir en la toma de decisiones permite imaginar una sociedad en la que numerosas tareas intelectuales se realicen con mayor rapidez y precisión. En el ámbito médico, por ejemplo, puede contribuir a identificar enfermedades; en la educación, facilitar aprendizajes personalizados; y en la investigación científica, acelerar el descubrimiento de nuevos materiales y tratamientos. Pero esta misma capacidad plantea interrogantes sobre la privacidad, la dependencia tecnológica y la responsabilidad ante decisiones automatizadas. Cuando una máquina interviene en nuestras decisiones, la cuestión esencial no es únicamente qué puede hacer, sino quién responde por sus consecuencias.

La robótica abre otro horizonte de transformación. Los robots industriales ya desempeñan funciones esenciales en numerosas actividades productivas, mientras que los humanoides aspiran a colaborar en tareas domésticas, logísticas, asistenciales e incluso militares. Además, las posibilidades de las prótesis avanzadas y de la impresión tridimensional en el desarrollo de dispositivos médicos más adaptados a las necesidades individuales. Estas innovaciones podrían mejorar la autonomía de las personas y compensar, parcialmente, los efectos del envejecimiento demográfico. No obstante, también amenazan con desplazar determinados empleos y agravar las desigualdades si sus beneficios se concentran en unas pocas empresas o grupos sociales.

A esta transformación se suma la revolución de las comunicaciones. Las redes 5G, la futura tecnología 6G y los sistemas de internet por satélite aspiran a multiplicar la velocidad, la cobertura y la capacidad de transmisión de datos. El resultado podría ser un mundo más conectado, con nuevas posibilidades para la investigación, el transporte autónomo y la prestación de servicios a distancia. Sin embargo, la conectividad universal seguirá siendo una aspiración incompleta mientras existan territorios sin acceso adecuado a estas infraestructuras. La brecha digital no es solamente una diferencia entre quienes disponen de tecnología y quienes carecen de ella: puede convertirse en una nueva forma de exclusión económica, educativa y territorial.

Más enigmático, aunque potencialmente decisivo, es el desarrollo de la computación cuántica. A diferencia de los ordenadores convencionales, estas máquinas emplean cúbits y principios de la mecánica cuántica para abordar determinados problemas de una manera radicalmente distinta. Sus posibles aplicaciones abarcan la investigación farmacológica, la optimización logística, el desarrollo de materiales y la ciberseguridad. Sin embargo, se advierte que sus aplicaciones comerciales siguen siendo difíciles de predecir y que los ordenadores cuánticos verdaderamente útiles podrían tardar años en consolidarse. Conviene, por tanto, distinguir entre las posibilidades científicas demostradas, las expectativas empresariales y las predicciones todavía inciertas.

El problema de fondo trasciende la innovación científica. La carrera tecnológica se ha convertido también en una disputa por el poder económico, la soberanía nacional y el control de los datos. Las grandes inversiones en inteligencia artificial, los centros de procesamiento y las infraestructuras de comunicación exigen enormes recursos energéticos y financieros. En consecuencia, el futuro tecnológico no dependerá exclusivamente del ingenio de los investigadores, sino también de quién posea los medios para desarrollar estas herramientas, quién controle su utilización y quién pueda beneficiarse de ellas. La concentración del conocimiento y de la capacidad de cálculo podría crear nuevas dependencias entre países y profundizar las desigualdades existentes.

Por ello, la regulación constituye una condición indispensable del progreso. La protección de los datos personales, los derechos de autor, la seguridad de los sistemas y la responsabilidad por los resultados de la inteligencia artificial requieren normas capaces de acompañar la innovación sin paralizarla. La dificultad consiste en encontrar un equilibrio entre libertad científica, iniciativa empresarial e interés público. Una tecnología sin regulación puede convertirse en instrumento de abuso; una regulación desproporcionada, por el contrario, puede frenar avances beneficiosos. La respuesta exige instituciones competentes, cooperación internacional y una ciudadanía preparada para comprender las consecuencias de los cambios que experimenta.

En definitiva, todos debemos contemplar el futuro tecnológico sin caer en dos errores opuestos: el optimismo ingenuo que considera beneficioso todo descubrimiento y el pesimismo que identifica cualquier innovación con una amenaza. La tecnología es una herramienta extraordinaria, pero no posee por sí misma una orientación moral. Puede aliviar el sufrimiento o multiplicar la capacidad de vigilancia; liberar tiempo de trabajo o destruir medios de subsistencia; acercar territorios o concentrar el poder en quienes controlan las redes.

El verdadero desafío del futuro no consistirá en construir máquinas cada vez más inteligentes, sino en desarrollar una sociedad suficientemente responsable para utilizarlas en beneficio de todos. La inteligencia artificial podrá procesar más información que cualquier individuo; los robots podrán ejecutar tareas que hoy requieren esfuerzo humano, y los ordenadores cuánticos quizá permitan resolver problemas actualmente inabordables. Pero ninguna de estas capacidades sustituye la necesidad de decidir qué sociedad queremos construir.

El progreso tecnológico alcanzará su sentido más elevado cuando la innovación no se mida únicamente por la velocidad de los procesadores, el volumen de las inversiones o la potencia de las máquinas, sino también por su contribución a la dignidad humana, la justicia social y la libertad. Porque el futuro no será verdaderamente avanzado por disponer de máquinas más poderosas, sino por conseguir que ese poder esté al servicio de una humanidad más libre, equitativa y consciente de sus responsabilidades.

La razón y el acierto, más razones, no más autoridad.

 

La razón y el acierto, más razones, no más autoridad.

Hay preguntas que, bajo apariencia técnica, encierran el nervio de un régimen constitucional. Una de ellas es esta: ¿hasta dónde puede un tribunal enmendar a otro sin dejar de ser tribunal? El fragmento examinado la plantea con crudeza. El Constitucional declara que el Supremo, al negar que la ley de amnistía alcanzase a la malversación, lesionó la tutela judicial efectiva del artículo 24.1, en conexión con los artículos 23.2 y 25.1, por apoyarse en una interpretación “extensiva”, contraria al espíritu de la norma y contradictoria consigo misma.

Conviene, ante todo, desdramatizar el vocabulario y afinar la distinción. La tutela judicial efectiva no promete el acierto; promete la razón. Nadie tiene derecho a que se le dé la razón, pero sí a que la decisión que lo juzga descanse en el Derecho, sea congruente y no tropiece con la arbitrariedad o el error patente. Entre la sentencia desfavorable, la sentencia errada y la sentencia constitucionalmente inadmisible hay una escala de gravedad, y solo el último peldaño abre la puerta del amparo. Lo demás pertenece a la legalidad ordinaria, y el artículo 123.1 de la Constitución reserva al Supremo su gobierno, salvo en garantías constitucionales.

Ahí reside la frontera, y toda la dificultad. El amparo no es una tercera instancia, pero tampoco puede ser una cláusula vacía. Si se lo ensancha en exceso, el Constitucional acaba sustituyendo la lectura de un tribunal por la que prefiere; si se lo estrecha en exceso, queda desamparada la resolución irrazonable que viste de Derecho su capricho. La cuestión no es, pues, si el Constitucional puede controlar la interpretación judicial, que puede, sino si el defecto denunciado alcanza la intensidad que justifica hacerlo.

Los artículos conexos exigen la misma cautela. El 23.2 no otorga derecho a ser amnistiado, aunque importa cuando una condena, con su inhabilitación, proyecta sus efectos sobre la participación política. El 25.1 no consagra un derecho general a beneficiarse de toda amnistía, pero obliga a que el poder punitivo se ejerza con legalidad y previsibilidad. Y la finalidad de la ley, criterio legítimo según el artículo 3.1 del Código Civil, no puede suplantar su letra ni borrar las exclusiones que el legislador dispuso expresamente.

De ahí que la tesis del fragmento sea inteligible pero no concluyente por sí sola. Que existan dos lecturas posibles no prueba que una sea arbitraria; que haya votos particulares prueba que la discrepancia es genuina, no que la mayoría se extralimitara. Lo que habrá de juzgarse es si el Tribunal fundó con suficiencia su competencia para corregir, y si la contradicción que atribuye al Supremo es de las que quiebran la lógica de una motivación o solo de las que dividen a los juristas.

Al cabo, el Estado de Derecho se mide menos por quién gana que por cómo se razona. Un tribunal que corrige a otro debe ofrecer más razones, no más autoridad; y la autoridad que no se explica, aunque venga de arriba, está siempre a un paso de parecerse a lo que dice combatir.

La ideología sindical....Cuando la reivindicación sustituye al análisis.

 

LA IDEOLOGÍA SINDICAL

Cuando la reivindicación sustituye al análisis

Hay textos que no necesitan ser falsos para resultar intelectualmente insuficientes. Basta con que mezclen deliberadamente tres cosas distintas: una realidad social, una interpretación ideológica de esa realidad y una convocatoria política destinada a movilizarla.

El decálogo de CCOO y UGT para justificar la huelga general del 11 de noviembre pertenece precisamente a esa categoría. Habla de salarios, vivienda, inflación, precariedad, servicios públicos y jornada laboral; es decir, de asuntos que afectan de manera directa a millones de ciudadanos. Pero una cosa es reconocer la existencia de esos problemas y otra muy diferente atribuirles una única causa, identificar culpables colectivos y presentar como solución aquello que previamente se ha convertido en consigna.

El sindicalismo tiene derecho a reivindicar. Lo que no tiene es un privilegio epistemológico para definir por sí solo las causas de los problemas que pretende combatir.

1. «La insaciable avaricia inmobiliaria»

El primer argumento convierte el problema de la vivienda en un relato moral: existe una «avaricia inmobiliaria» que especula con un derecho y hace imposible el acceso a una vivienda digna.

La dificultad comienza precisamente con la palabra avaricia. Con ella desaparece el análisis económico y aparece el juicio moral.

El precio de una vivienda no nace exclusivamente de la voluntad de enriquecimiento de quien la vende. Intervienen el precio del suelo, la escasez de suelo urbanizable, las restricciones urbanísticas, los costes de construcción, la fiscalidad, los tipos de interés, la disponibilidad de crédito, la demografía, la concentración del empleo, la demanda turística en determinados territorios, la insuficiencia de vivienda pública y las decisiones administrativas que afectan a la oferta.

Reducir todo ello a «especulación» equivale a sustituir una ecuación compleja por un culpable sencillo.

Y existe además una contradicción elemental: si la vivienda es un derecho social cuya garantía corresponde fundamentalmente a los poderes públicos, ¿por qué el principal destinatario de la protesta termina siendo el propietario privado?

Una política seria de vivienda tendría que preguntarse por qué durante décadas no se ha producido suficiente vivienda asequible allí donde existe demanda, por qué determinados procedimientos administrativos ralentizan la construcción, por qué el suelo finalista resulta escaso y por qué el Estado, las comunidades autónomas y los municipios no han conseguido desarrollar un parque público suficiente.

Llamar «avaricia» al resultado no explica sus causas.

2. «La política empresarial engorda el patrimonio a costa de los salarios»

El segundo argumento introduce otra simplificación: la empresa obtiene beneficios y, por tanto, esos beneficios procederían de salarios insuficientes.

Pero beneficio empresarial y explotación salarial no son sinónimos.

Una empresa necesita beneficios para sobrevivir, invertir, innovar, asumir riesgos y remunerar el capital. Naturalmente puede existir abuso empresarial, discriminación salarial o apropiación desproporcionada de rentas. Pero demostrarlo exige analizar sectores, productividad, márgenes, costes laborales y distribución del valor añadido.

La retórica sindical hace algo más sencillo: presenta una oposición binaria entre «empresarios» y «trabajadores».

Sin embargo, la economía real es bastante menos cinematográfica.

El pequeño empresario que tiene cinco empleados, el autónomo que trabaja doce horas, la gran multinacional y el fondo de inversión no constituyen una misma categoría económica. Tampoco son iguales una empresa con márgenes extraordinarios y otra que apenas sobrevive.

La pregunta fundamental debería ser otra: ¿qué relación existe entre salarios, productividad y beneficios?

Porque elevar salarios de forma sostenible no consiste simplemente en ordenar que sean más altos. Consiste en conseguir que la economía produzca suficiente valor para sostenerlos sin destruir empleo, trasladar costes a precios o expulsar actividad hacia otros mercados.

3. «Los márgenes empresariales pagan la crisis energética»

Aquí aparece una de las falacias más características del discurso económico simplificado: si los precios aumentan y las empresas tienen márgenes, las empresas serían necesariamente responsables del incremento.

No funciona así.

Una empresa puede trasladar parte de sus costes a los precios; pero también puede absorberlos reduciendo márgenes. En otros casos puede existir poder de mercado y obtenerse rentas extraordinarias. Son fenómenos distintos y deben demostrarse empíricamente.

Además, una crisis energética puede elevar simultáneamente los costes de producción, transporte, electricidad, materias primas y financiación. El precio final no es una decisión unilateral de un empresario sentado frente a una calculadora con la voluntad de empobrecer al consumidor.

Y existe otra cuestión que el discurso sindical suele omitir: si se controlan artificialmente los precios sin resolver las causas de la escasez o del aumento de costes, el problema no desaparece; cambia de lugar.

La economía no obedece a los comunicados sindicales.

4. «La fuerza de una sociedad movilizada»

Este punto ya no es económico: es retórico.

Toda huelga necesita construir una identidad colectiva. «La mayoría», «la juventud», «las mujeres», «los trabajadores» y «la sociedad movilizada» son categorías destinadas a producir un sujeto político.

El problema aparece cuando el sindicato habla en nombre de una «mayoría» cuya voluntad no ha sido demostrada.

Una huelga representa a quienes participan en ella y a las organizaciones que la convocan. No convierte automáticamente a sus convocantes en portavoces de toda la sociedad.

Una democracia plural no tiene una única «voz de la sociedad».

Tiene trabajadores afiliados y no afiliados, empresarios, autónomos, jubilados, desempleados, funcionarios, estudiantes, propietarios, inquilinos, consumidores y ciudadanos que pueden compartir unas reivindicaciones y rechazar otras.

Presentar la movilización sindical como expresión automática de «la mayoría del país» es una operación política, no una conclusión sociológica.

5. «Precariedad laboral y habitacional»

Aquí aparece una verdad mezclada con una simplificación.

Sí existe precariedad. Existen trabajadores con bajos ingresos, contratos inestables y dificultades de acceso a la vivienda. Pero convertir esas situaciones en la consecuencia directa de un único modelo económico supone ignorar otros factores.

La precariedad también puede relacionarse con la baja productividad de determinados sectores, la temporalidad histórica, la estructura empresarial, la elevada presencia de pequeñas empresas, la formación insuficiente, la dualidad laboral, la economía sumergida, la falta de vivienda asequible y las diferencias territoriales.

Además, existe una paradoja que merece ser examinada: determinadas políticas diseñadas para proteger al trabajador pueden aumentar el coste de contratarlo, dificultando precisamente el acceso al mercado laboral de quienes tienen menor cualificación.

Proteger el empleo no consiste únicamente en proteger al trabajador que ya está dentro.

También significa permitir que pueda entrar quien está fuera.

6. «No dejarnos la salud en el trabajo»

Es difícil discrepar de semejante principio. Nadie debería enfermar por trabajar ni ser discriminado por padecer una enfermedad.

Pero nuevamente el problema aparece cuando una reivindicación legítima se utiliza para establecer una causalidad universal.

La salud laboral depende de las condiciones de trabajo, pero también de la organización productiva, la prevención, la supervisión, la responsabilidad empresarial, el sistema sanitario y las circunstancias personales.

La solución no puede consistir únicamente en aumentar derechos formales. Necesita prevención efectiva, inspección, recursos y responsabilidad.

Porque una legislación extraordinariamente protectora que no se cumple vale menos que una legislación razonable que se aplica rigurosamente.

7. «Servicios públicos para evitar que los trabajadores paguen el sector privado»

Este argumento contiene una de las mayores simplificaciones ideológicas del decálogo.

La cuestión no es elegir entre servicios públicos y servicios privados como si fueran dos universos moralmente opuestos.

La verdadera pregunta es: ¿cómo se garantiza universalmente un servicio de calidad, quién lo financia y cómo se presta con eficiencia?

Un ciudadano puede recibir una prestación financiada públicamente y gestionada de manera pública, privada o mediante fórmulas mixtas. El carácter público de un derecho no exige necesariamente que cada fase de su provisión sea ejecutada directamente por el Estado.

Y hay una contradicción que debería preocupar particularmente al sindicalismo: cuanto más amplios son los servicios públicos, mayor es también la necesidad de una economía productiva que genere los recursos fiscales para financiarlos.

El Estado no produce dinero por decreto.

Lo recauda de la actividad económica.

Por ello, presentar empresa y Estado como enemigos naturales termina perjudicando precisamente al sistema público que se pretende defender.

8. «Desbloquear la negociación colectiva: subir salarios y reducir jornada»

Aquí encontramos una reivindicación legítima que merece un análisis menos doctrinario.

Reducir la jornada puede mejorar la conciliación, la salud y la productividad en determinadas actividades. También puede ser perjudicial si se aplica indiscriminadamente en sectores donde la productividad no permite compensarla.

La cuestión no debería ser «jornada más corta porque sí», sino cómo conseguir más productividad por hora trabajada y distribuir posteriormente esa ganancia.

El verdadero progreso laboral no consiste en trabajar menos horas manteniendo artificialmente la misma producción.

Consiste en producir más valor en menos tiempo.

Y esto exige inversión, tecnología, formación, organización empresarial e innovación.

Paradójicamente, el sindicalismo que exige reducir jornada debería ser uno de los mayores defensores de la productividad. Sin productividad, la reducción de jornada puede convertirse simplemente en un aumento del coste laboral por unidad producida.

9. «Que las administraciones acaben con la especulación de la vivienda»

Aquí aparece la contradicción más profunda del decálogo.

Si el Estado y las administraciones públicas tienen que resolver la vivienda, entonces también deben asumir la responsabilidad por las políticas que han contribuido a la escasez.

No puede responsabilizarse únicamente al mercado de un problema que depende en gran medida de decisiones públicas sobre suelo, urbanismo, licencias, fiscalidad, vivienda protegida, transporte e infraestructuras.

El mercado inmobiliario no existe en el vacío.

Está profundamente regulado por las administraciones.

Por eso resulta intelectualmente cómodo denunciar «la especulación», pero mucho más incómodo preguntarse si determinadas regulaciones, restricciones de suelo, retrasos administrativos o políticas fiscales han contribuido a encarecer la oferta.

La vivienda no se abarata únicamente señalando culpables.

Se abarata, entre otras cosas, aumentando la oferta donde existe demanda.

10. «Controlar la deriva de los precios»

Este último punto resume el problema conceptual de todo el manifiesto.

Controlar los precios puede ser una medida excepcional en determinadas circunstancias, pero no constituye una explicación de la inflación.

La inflación no desaparece porque se ordene que los precios no suban.

Puede aparecer entonces escasez, reducción de oferta, deterioro de calidad, mercados paralelos o desplazamiento del coste hacia otros bienes.

Por eso la verdadera discusión debería situarse en la política monetaria, los costes energéticos, la productividad, la oferta, la fiscalidad, los salarios y las expectativas.

Decir «hay que controlar los precios» es políticamente sencillo.

Explicar cómo hacerlo sin destruir los incentivos que permiten producir esos bienes es bastante más difícil.

El problema de fondo: convertir al adversario en causa

El elemento común de los diez argumentos es la construcción de un adversario.

El propietario inmobiliario es presentado como especulador.

El empresario, como beneficiario de la explotación.

El mercado, como mecanismo de exclusión.

Los precios, como consecuencia de márgenes empresariales.

La precariedad, como producto de una estructura deliberadamente injusta.

De esta manera se construye una explicación moralmente satisfactoria: si existe un problema, existe un culpable; si existe un culpable, basta con regularlo.

Pero la sociedad contemporánea no funciona con esa simplicidad.

La sociología enseña precisamente lo contrario: los fenómenos sociales son el resultado de estructuras, instituciones, intereses, decisiones individuales, comportamientos colectivos y relaciones de poder que interactúan entre sí.

Y la economía añade algo todavía más incómodo: muchas veces una política diseñada para resolver un problema puede generar otro.

Por eso el verdadero pensamiento crítico no consiste en ponerse automáticamente del lado del trabajador contra el empresario, del inquilino contra el propietario o del Estado contra el mercado.

Consiste en preguntarse qué política produce realmente el resultado que se promete.

La huelga como instrumento sindical y como instrumento político

Hay además un elemento que no puede ignorarse: la coincidencia de la convocatoria con el inicio de la campaña electoral.

Eso no invalida la huelga.

Pero obliga a analizarla también como fenómeno político.

Los sindicatos son organizaciones sociales con intereses, afiliados, dirigentes, estrategias y capacidad de presión. No son instituciones neutrales situadas por encima del conflicto político.

Cuando una convocatoria sindical incorpora simultáneamente vivienda, salarios, precios, jornada laboral, servicios públicos, precariedad, género, juventud, migración y modelo económico, deja de ser únicamente una reivindicación laboral.

Se convierte en un programa político-social.

Y eso es legítimo.

Lo que no resulta legítimo intelectualmente es presentarlo como si fuera la descripción objetiva e incontestable de la realidad.

El sindicalismo necesita una autocrítica

Defender el mercado no significa defender todos los comportamientos empresariales.

Defender la empresa no significa negar la explotación.

Defender la propiedad privada no significa ignorar el problema de la vivienda.

Defender la responsabilidad individual no significa desconocer las desigualdades estructurales.

Y defender la sostenibilidad financiera del Estado del bienestar no significa rechazar los servicios públicos.

Precisamente porque esos problemas existen, necesitan algo más que consignas.

Necesitan análisis.

El sindicalismo europeo del siglo XXI debería preguntarse también por su propia transformación. Ya no representa exclusivamente al obrero industrial de la gran fábrica. Representa, o pretende representar, a trabajadores de servicios, funcionarios, profesionales, jóvenes precarios, autónomos dependientes y empleados de economías digitales.

Pero una organización que quiera representar a toda esa diversidad no puede seguir explicando la sociedad exclusivamente mediante la vieja oposición entre capital y trabajo.

La sociedad contemporánea es demasiado compleja para caber en aquella geometría.

Conclusión: del conflicto social a la política de soluciones

La cuestión, finalmente, no consiste en negar los problemas que CCOO y UGT enumeran.

El problema de la vivienda existe.

El poder adquisitivo importa.

La precariedad existe.

La conciliación importa.

La salud laboral debe protegerse.

Los servicios públicos deben ser sostenibles y accesibles.

Y los salarios deben permitir una vida digna.

Pero reconocer un problema no concede automáticamente la razón a quien lo interpreta. La ideología comienza precisamente cuando una realidad compleja se reduce a una explicación única y se presenta al adversario como responsable universal. Una sociedad madura debería exigir algo más.

No preguntarse únicamente “¿quién tiene la culpa?”, sino “¿qué mecanismo ha producido el problema?”.

No limitarse a reclamar “más derechos”, sino preguntarse “cómo se financian y cómo se garantizan”.

No proclamar simplemente “vivienda digna”, sino explicar dónde se construirá, quién la construirá, quién la financiará y qué ocurrirá con su oferta.

No repetir “mejores salarios”, sino preguntarse qué productividad permitirá pagarlos de forma sostenible.

No exigir únicamente «menos jornada», sino determinar cómo se producirá más valor en menos tiempo.

Porque gobernar una sociedad es bastante más difícil que convocar una huelga.

La protesta puede señalar la herida.

La ideología puede señalar al culpable.

Pero solamente una política responsable puede explicar cómo se cura.

Y esa es la diferencia esencial entre la reivindicación sindical y el pensamiento político: la primera puede vivir de la consigna; el segundo está obligado a responder por las consecuencias.

 

La política del engaño y la ingeniería de la confianza....La fatiga como victoria.

 

La política del engaño y la ingeniería de la confianza

La fatiga como victoria.

El poder no siempre necesita imponer silencio. A veces le basta con esperar a que el cansancio haga su trabajo. Cuando los escándalos se suceden, las crisis se acumulan y la indignación se convierte en rutina, la sociedad puede comenzar a desconectarse. Y entonces ocurre algo inquietante: nadie nos quita la libertad de preguntar, de exigir o de reaccionar; simplemente dejamos de hacerlo.

Porque cuando una sociedad se acostumbra a todo, corre el riesgo de no reaccionar ante nada. Y cuando deja de esperar respuestas, la indiferencia puede convertirse en la victoria más silenciosa de todas.

 

Hay momentos en la vida de una democracia en los que la cuestión fundamental deja de ser quién gobierna y pasa a ser otra mucho más incómoda: ¿qué mecanismos utiliza el poder para conservar la confianza de los ciudadanos cuando los hechos comienzan a contradecir el relato?

España parece haber llegado a uno de esos momentos.

Durante los últimos años, la política nacional se ha convertido en una sucesión acelerada de controversias, rectificaciones, pactos inesperados, investigaciones, enfrentamientos institucionales, acusaciones cruzadas y decisiones presentadas como imprescindibles para evitar males mayores. El ciudadano recibe una noticia, después una explicación, luego una rectificación y finalmente una nueva explicación de la anterior. Cuando esta dinámica se prolonga, la sociedad corre el riesgo de dejar de distinguir entre la gravedad de los hechos y la intensidad del ruido que los rodea. Lo extraordinario termina pareciendo cotidiano; la contradicción, normal; y el escándalo, cuando se repite demasiado, pierde incluso su capacidad de escandalizar.

El problema contemporáneo ya no es solamente la falta de información, sino su exceso. Declaraciones, entrevistas, titulares, vídeos, encuestas, filtraciones, redes sociales, desmentidos y contra-desmentidos forman una corriente prácticamente ininterrumpida. Tener más información no significa necesariamente comprender mejor. Una sociedad sometida a una permanente intoxicación informativa puede perder precisamente aquello que más necesita para juzgar al poder: serenidad, memoria y capacidad de comparación.

La propaganda moderna no necesita siempre convencer. A veces le basta con fatigar. Un ciudadano agotado contrasta menos, recuerda peor y tiende a refugiarse en el relato que confirma sus convicciones. Así aparece una paradoja inquietante: cuanto mayor es el volumen de información, mayor puede ser también la dificultad para distinguir los hechos de sus interpretaciones.

Sobre esa fatiga opera una herramienta todavía más antigua: el miedo. Una persona preocupada por su seguridad, su empleo, sus ahorros, su vivienda o el futuro de sus hijos acepta con mayor facilidad decisiones que, en circunstancias normales, sometería a discusión. La política conoce bien esta dinámica y puede utilizarla para presentar al adversario no como alguien que piensa de otra manera, sino como una amenaza.

El enemigo puede cambiar, la derecha, la izquierda, el independentismo, el centralismo, la inmigración, los poderes económicos, los jueces, los medios, Europa, Rusia, Estados Unidos o el propio adversario político, pero el mecanismo permanece: primero se construye la amenaza y después se presenta la decisión como el único remedio razonable frente a ella. De este modo se estrecha el espacio para una pregunta elemental: si existen otras soluciones.

Una democracia necesita adversarios, no enemigos. El adversario pretende gobernar de otra manera; el enemigo es presentado como alguien cuya llegada al poder justificaría cualquier sacrificio, alianza o excepción. Cuando esta lógica se impone, la discrepancia deja de ser una función normal de la vida pública y comienza a interpretarse como una forma de deslealtad.

Es entonces cuando la ciudadanía corre el riesgo de dejar de preguntar.

La urgencia y la erosión de la deliberación

La urgencia constituye una de las formas más eficaces de reducir la distancia entre la emoción y la decisión. Cuando todo debe resolverse inmediatamente, queda menos espacio para comprobar, comparar y dudar. Y cuando no hay tiempo para preguntar, la decisión queda en manos de quien controla el relato.

La Constitución reconoce el decreto-ley como instrumento legítimo en circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. La cuestión, por tanto, no es su existencia, sino la cultura institucional que puede generarse cuando la excepcionalidad adquiere una presencia cada vez más habitual.

Una democracia parlamentaria fue diseñada precisamente para introducir controles al poder: debate, enmienda, oposición, deliberación y votación. Su aparente lentitud forma parte de las garantías del sistema. Por eso resulta políticamente relevante que decisiones de profundo alcance social puedan presentarse reiteradamente bajo el argumento de que no existe tiempo suficiente para debatirlas con normalidad.

La urgencia puede estar justificada. Lo que merece examen es su utilización recurrente como principio de gobierno. Cuanto más frecuente es la apelación a la excepcionalidad, más necesario resulta preguntar quién determina que una situación es urgente, con qué criterios y qué espacio queda para la deliberación parlamentaria.

La pregunta no constituye una deslealtad institucional. Al contrario, forma parte del control que los ciudadanos tienen derecho a ejercer sobre quienes gobiernan.

La política de la contradicción

Los gobiernos tienen derecho a rectificar. Las circunstancias cambian y la política no puede permanecer inmóvil. Pero rectificar no significa borrar la memoria.

Una rectificación responsable reconoce el cambio, explica sus motivos y asume las consecuencias de haber defendido anteriormente otra posición. Algo diferente ocurre cuando aquello que ayer era imposible se presenta hoy como imprescindible, lo que ayer era inaceptable se convierte en responsabilidad y la posición anteriormente sostenida desaparece del discurso como si nunca hubiera existido.

Cuando esta práctica se vuelve habitual, el lenguaje político deja de describir la realidad y comienza a sustituirla. El ciudadano ya no se pregunta únicamente qué ocurrió, sino cuál de las sucesivas versiones debe aceptar.

Una democracia no puede depender exclusivamente de la capacidad narrativa de quienes gobiernan. Debe poder confrontar el relato con los hechos, las promesas con los resultados y las decisiones con sus consecuencias. De lo contrario, la explicación corre el riesgo de convertirse en una forma de aplazar indefinidamente la respuesta.

El censo y la confianza electoral

Es en este contexto donde adquiere especial relevancia la cuestión de la llamada «Ley de Nietos».

La disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática abrió determinadas vías para adquirir la nacionalidad española a descendientes de españoles, incluidos supuestos vinculados al exilio. Posteriormente, el Gobierno amplió por un año el plazo inicialmente previsto para acogerse a esta posibilidad.

El asunto podría haber permanecido circunscrito al ámbito de la nacionalidad. Sin embargo, adquirió una dimensión electoral cuando cientos de miles de personas pasaron a incorporarse al universo electoral exterior.

Según los datos comunicados durante el conflicto, más de 400.000 personas habían obtenido la nacionalidad mediante esta vía. La Abogacía del Estado cifró en 369.017 los inscritos en el CERA vinculados a la Ley de Memoria Democrática y señaló que 168.896 procedían de la controvertida interpretación administrativa que presumía la condición de exiliado para determinados españoles emigrados entre 1936 y 1955.

Entonces apareció una cuestión que ya no podía considerarse meramente administrativa: ¿quiénes tienen derecho a votar?

El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente determinadas altas en el CERA hasta que se acreditase el cumplimiento de los requisitos relacionados con la condición de exiliado. La Junta Electoral Central anunció que acataría la decisión y solicitó la información necesaria para ejecutarla.

La cuestión dejó así de ser exclusivamente jurídica y pasó a afectar directamente a la confianza electoral.

Aquí conviene establecer una distinción fundamental. Los nuevos ciudadanos españoles no constituyen, por el mero hecho de haber adquirido la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática, un electorado sospechoso. Son ciudadanos y sus derechos deben ser respetados. La cuestión relevante es la seguridad jurídica y la transparencia del procedimiento mediante el cual se determina quién figura en el censo y, por tanto, quién puede ejercer el derecho de sufragio.

El censo electoral no es un simple listado administrativo. Es la representación jurídica del cuerpo electoral. Cualquier controversia sobre su composición afecta a la confianza en el resultado de unas elecciones, especialmente cuando coincide con una convocatoria electoral.

El Gobierno convoca elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026 mientras permanece abierto este conflicto sobre determinadas inscripciones del CERA. No sería correcto afirmar, sin pruebas, que las elecciones fueron convocadas para introducir esas nuevas listas. No existen elementos suficientes para convertir esa hipótesis en un hecho.

Pero tampoco sería razonable ignorar la coincidencia temporal.

Existe, además, una precisión importante: el censo aplicable a estas elecciones se cerró el 1 de agosto de 2026. La convocatoria no crea, por tanto, ese censo de manera inmediata. Lo que hace es poner en marcha un proceso electoral cuyo universo censal ya estaba configurado cuando el conflicto judicial sobre determinadas incorporaciones había adquirido plena relevancia.

Por eso la pregunta rigurosa no es si el Gobierno ha fabricado un censo electoral para ganar las elecciones. Esa sería una acusación que necesitaría pruebas. La cuestión que sí puede y debe formularse es por qué se llega a una convocatoria electoral cuando existe una controversia judicial de semejante magnitud sobre la composición y el derecho de sufragio de una parte significativa del electorado exterior.

La primera formulación acusa; la segunda exige explicaciones. Y en una democracia madura esa diferencia resulta esencial.

La confianza como condición del resultado

Las elecciones no necesitan solamente legalidad; necesitan también credibilidad. Un resultado puede ser jurídicamente válido y, sin embargo, quedar políticamente debilitado si una parte significativa de la ciudadanía considera que las reglas no han sido suficientemente claras o que no se han aplicado de forma imparcial.

Por ello, en materia electoral, la transparencia no es un elemento accesorio. Las reglas deben ser suficientemente claras para que incluso quien pierda pueda reconocer que fueron respetadas.

Aquí aparece una tentación que ningún poder debería tener: contemplar el cuerpo electoral exclusivamente como una suma de cifras. Trescientos mil, cuatrocientos mil o quinientos mil votos pueden adquirir un enorme valor en términos de aritmética electoral, pero detrás de cada inscripción existe una persona con una historia, una nacionalidad y unos derechos.

Precisamente por eso sería injusto convertir a todos los nacionalizados mediante la Ley de Nietos en un supuesto «electorado manipulado». No lo son. La cuestión no es quiénes son esas personas, sino si el procedimiento mediante el cual se determina su derecho al sufragio es transparente, uniforme y jurídicamente seguro.

Una democracia no puede convertir a una categoría de ciudadanos en sospechosos por su origen, pero tampoco puede permitir que el censo se transforme en un instrumento de ingeniería electoral. La confianza exige que las reglas sean suficientemente claras como para que ambas posibilidades queden descartadas.

La fatiga y la responsabilidad ciudadana

Quizá el elemento que termina uniendo todas estas cuestiones sea la fatiga. Un escándalo desplaza a otro, una investigación sustituye a la anterior, un decreto ocupa el lugar de otro, una acusación responde a otra y una rectificación genera una nueva rectificación. Hasta que el ciudadano, exhausto, termina diciendo: “Ya no sé qué creer”.

Existe una consecuencia todavía más grave: “Ya me da igual”.

Cuando se alcanza ese punto, el poder obtiene una victoria silenciosa. No necesita censurar al ciudadano ni impedirle votar. Basta con que consiga que deje de considerar importante hacerlo.

La respuesta no puede consistir en confiar ciegamente en un partido ni en desconfiar de todos. Consiste en conservar una cierta disciplina intelectual: separar hechos de opiniones, sospechas de pruebas, responsabilidades políticas de responsabilidades penales, nacionalidad de derecho electoral y legalidad formal de valoración política.

También exige recordar que preguntar no es una forma de traición. Quien pregunta no necesariamente pretende derribar al Gobierno; puede simplemente exigir saber qué está haciendo y por qué.

España se aproxima a unas elecciones generales en una atmósfera especialmente cargada. Existe una acumulación de controversias políticas, una ciudadanía cansada de explicaciones, una controversia judicial sobre determinadas inscripciones del CERA y un calendario electoral que obliga a resolver en un plazo reducido un problema de considerable dimensión administrativa y jurídica.

En estas circunstancias, la respuesta no debería ser la fe, sino la transparencia; no la obediencia, sino la capacidad de vigilancia; no el miedo, sino la libertad de juicio.

La cuestión última no es saber de antemano a quién beneficia electoralmente la Ley de Nietos. Eso debe demostrarse con datos y no mediante conjeturas. La cuestión previa es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, más importante:

¿Puede cualquier ciudadano confiar en que el censo electoral representa exactamente a quienes tienen derecho a votar y que las reglas han sido aplicadas de manera transparente e imparcial?

Si la respuesta es afirmativa, la controversia podrá resolverse dentro de las instituciones. Si existen dudas razonables, deberán investigarse con datos, procedimientos y resoluciones públicas, no mediante consignas.

Porque la confianza electoral no pertenece a un Gobierno, a una oposición ni a un partido. Pertenece al conjunto de los ciudadanos.

Y quizá por eso, antes de mirar la papeleta, convenga mirar las reglas que determinan quién puede depositarla.

La democracia comienza mucho antes del momento de votar: comienza cuando el ciudadano conserva la libertad de preguntar, de contrastar y de decidir sin miedo.

La pregunta no es quién tiene razón antes de las elecciones. La pregunta es si, después de ellas, todos podremos confiar en las reglas que han determinado el resultado.