La
electricidad como límite del desarrollo: ¿está España planificando su
transición energética o simplemente reaccionando a ella?
La decisión de Red Eléctrica de activar nuevamente
mecanismos de reducción de la demanda eléctrica industrial debería preocupar
mucho más de lo que aparentemente preocupa. A primera vista, podría
interpretarse como una actuación técnica normal destinada a garantizar la
estabilidad del sistema eléctrico. Sin embargo, desde la perspectiva de la
Ingeniería Industrial, existe una pregunta mucho más incómoda: ¿qué ocurre
cuando un mecanismo concebido para situaciones excepcionales empieza a
convertirse en una herramienta recurrente para gestionar las insuficiencias de
un sistema que debería haber sido planificado con antelación?
La cuestión adquiere todavía mayor importancia si se
relaciona la electricidad con algo tan básico como la capacidad de construir
viviendas, desarrollar polígonos industriales, instalar nuevas fábricas o
electrificar el transporte. Una economía moderna no puede limitarse a anunciar
inversiones, proyectos industriales y nuevas viviendas. Necesita disponer de
algo mucho menos visible, pero absolutamente imprescindible: capacidad real de
conexión y suministro eléctrico.
España está aumentando rápidamente su potencia
renovable. En 2025 la demanda eléctrica creció un 2,8 %, mientras se
incorporaron cerca de 10 GW de nueva potencia eólica y fotovoltaica. Al mismo
tiempo, la red de transporte añadió nuevas líneas y posiciones para integrar
renovables y atender nuevas demandas. El problema, por tanto, no parece ser
exclusivamente la cantidad de electricidad que España puede producir, sino la
capacidad de ponerla a disposición del consumidor correcto, en el lugar
correcto y en el momento correcto.
Y aquí aparece la primera contradicción.
Podemos tener miles de proyectos renovables, pero si
una fábrica no puede obtener una conexión eléctrica suficiente, la fábrica no
se construye. Podemos aprobar planes urbanísticos para miles de viviendas, pero
si la red no dispone de capacidad para atender nuevos desarrollos, esas
viviendas pueden quedar condicionadas durante años. Podemos anunciar centros de
datos, electrificación industrial o nuevas infraestructuras ferroviarias, pero
todos ellos compiten por un recurso físico limitado: la capacidad de las redes.
Por ello, el problema eléctrico deja de ser
exclusivamente energético y pasa a convertirse en un problema de planificación
económica e industrial.
1.
El problema no es producir electricidad: es poder utilizarla
El debate energético español suele concentrarse en
cuántos megavatios renovables se instalan. Sin embargo, esta cifra puede
resultar engañosa si no se acompaña de información sobre redes, almacenamiento,
capacidad de transformación y acceso de la demanda.
Red Eléctrica informó en febrero de 2026 de que
desde 2022 se habían concedido 11,8 GW de capacidad de acceso para demanda en
la red de transporte que todavía no estaban en servicio. La cifra resulta
especialmente significativa porque muestra que disponer de un permiso de acceso
no equivale necesariamente a disponer inmediatamente de electricidad disponible
para una nueva actividad.
Esta diferencia debería ser central en cualquier estrategia
industrial.
Una empresa que pretende construir una planta
necesita conocer no solamente el precio futuro de la electricidad, sino cuándo
podrá conectarse, qué potencia tendrá disponible y con qué nivel de seguridad
podrá operar. Sin esas garantías, una inversión industrial se convierte en una
apuesta.
Y una economía que obliga a las empresas a apostar
antes de invertir corre el riesgo de perder precisamente aquellas inversiones
que necesita para generar empleo, aumentar productividad y reducir su
dependencia exterior.
La cuestión se vuelve todavía más delicada cuando
hablamos de vivienda. Construir una vivienda no consiste simplemente en
disponer de suelo y financiación. El nuevo desarrollo necesita agua,
transporte, saneamiento, telecomunicaciones y, cada vez más, una red eléctrica
capaz de soportar climatización, vehículos eléctricos, bombas de calor y
autoconsumo.
Por tanto, la planificación eléctrica se está
convirtiendo indirectamente en planificación urbana e industrial.
2.
¿Estamos planificando el futuro o intentando solucionar las consecuencias del
presente?
Aquí aparece una de las cuestiones más incómodas.
El Gobierno ha reconocido que la próxima
planificación eléctrica debe adaptarse a una transformación profunda de la demanda.
Las solicitudes de acceso para demanda, industria, vivienda, centros de datos,
vehículos eléctricos y otros usos, representan ya una parte muy importante de
las nuevas solicitudes. El propio Ministerio señala que la demanda se ha
convertido en el principal motor de la nueva planificación.
Esto plantea una pregunta legítima:
Si ya sabemos que la demanda eléctrica va a crecer,
¿por qué la capacidad de red no crece al mismo ritmo que los proyectos que
pretendemos atraer?
No se trata de afirmar que no exista planificación.
La existe. De hecho, Red Eléctrica está ejecutando actuaciones incluidas en la
planificación vigente para reforzar el suministro residencial e industrial,
como las nuevas infraestructuras de Burgos, Madrid o Castellón.
El problema es otro: la velocidad de la
planificación puede no coincidir con la velocidad de las expectativas
económicas y políticas.
Un Gobierno puede anunciar una fábrica en 2026. Una
promotora puede proyectar miles de viviendas. Una empresa tecnológica puede
anunciar un centro de datos. Pero una subestación, una línea de alta tensión o
una ampliación de capacidad no se construyen con la misma rapidez que se
anuncia una inversión.
Existe, por tanto, un riesgo evidente de crear una
economía de anuncios: grandes proyectos sobre el papel que después descubren
que la infraestructura necesaria para hacerlos realidad todavía no existe.
Desde la Ingeniería Industrial, esto constituye un
problema clásico de desalineación entre capacidad y demanda.
3.
La industria no puede convertirse en el amortiguador del sistema
La activación repetida del Servicio de Respuesta
Activa de la Demanda introduce otra cuestión.
El mecanismo es técnicamente razonable: cuando
existe riesgo para la estabilidad del sistema, determinadas industrias reducen temporalmente
su consumo. Pero una cosa es utilizar esta herramienta como seguro y otra muy
diferente convertirla de facto en una pieza habitual de la operación.
Una fábrica no es una batería.
Cuando se ordena a una industria reducir su consumo,
no desaparece simplemente un número de megavatios de una pantalla. Pueden
detenerse máquinas, alterarse procesos, perderse producción, desperdiciarse
materias primas, producirse retrasos y aumentar los costes de reinicio.
Por eso, el coste real de la interrupción no puede
calcularse únicamente mediante el precio de la electricidad no consumida.
Existe un coste industrial.
Y aquí debería plantearse una pregunta especialmente
incómoda:
¿Hasta qué punto resulta razonable que una industria
privada asuma el coste de corregir las deficiencias de flexibilidad del sistema
eléctrico?
La industria puede y debe colaborar con la
estabilidad de la red. Pero esa colaboración tiene que estar basada en
incentivos transparentes, compensaciones adecuadas y reglas previsibles. Si no,
existe el riesgo de que el sistema eléctrico termine trasladando parte de sus
problemas de planificación precisamente a los consumidores que generan
actividad económica.
4.
Renovables sí, pero ¿con qué infraestructura?
La crítica no debería dirigirse contra las energías
renovables. El problema sería mucho más profundo: instalar generación sin
desarrollar simultáneamente las infraestructuras que permiten aprovecharla.
España ha avanzado extraordinariamente en generación
renovable. En 2025, las renovables representaron una parte creciente del
sistema y el almacenamiento ya permitió integrar una cantidad relevante de
generación renovable.
Pero una economía industrial necesita algo más que
energía renovable barata.
Necesita energía disponible, gestionable y conectada.
La diferencia es fundamental.
Una planta fotovoltaica puede producir enormes
cantidades de electricidad cuando existe radiación solar. Pero una fábrica no
necesariamente consume exactamente en esas horas. Una vivienda tampoco. Un tren
tampoco. Un hospital tampoco.
Por tanto, el desafío consiste en sincronizar
generación, almacenamiento, redes y consumo.
Desde la Ingeniería Industrial, esto es un problema
de gestión de variabilidad. Y cuando se conoce que una variable es variable, no
resulta razonable diseñar el sistema ignorando precisamente esa característica.
5.
La otra dependencia: de los combustibles fósiles a la tecnología china
Aquí aparece una dimensión geopolítica que debería
ocupar un lugar mucho mayor en el debate.
La transición energética pretende reducir la
dependencia exterior de los combustibles fósiles. Es un objetivo razonable.
Pero existe el riesgo de sustituir una dependencia por otra.
La Agencia Internacional de la Energía señala que
China concentra más del 80 % de la capacidad mundial de fabricación de módulos
solares y alrededor del 95 % de la fabricación de obleas. En la Unión Europea,
la dependencia comercial es todavía más evidente: en 2024 China representó el
98 % de las importaciones comunitarias de paneles solares.
Esto no significa que comprar tecnología china sea
necesariamente negativo. La industria china ha conseguido enormes economías de
escala y ha contribuido decisivamente a reducir el coste de la energía solar.
Pero sí plantea una pregunta estratégica:
¿Tiene sentido hablar de soberanía energética
mientras la infraestructura que permite producir esa energía depende en una
proporción extraordinaria de cadenas de suministro controladas desde el
exterior?
Si España abandona progresivamente el gas y otros
combustibles importados pero aumenta simultáneamente su dependencia de paneles,
inversores, baterías, componentes y materias primas procedentes de cadenas de
suministro altamente concentradas, no ha eliminado completamente su
vulnerabilidad.
Simplemente la ha trasladado.
La propia Unión Europea reconoce el problema y ha
señalado la elevada dependencia de proveedores externos, especialmente China,
como una vulnerabilidad para la cadena fotovoltaica europea.
Por ello, sería legítimo exigir que una política
energética española no se limite a instalar tecnología importada, sino que
contribuya también a desarrollar capacidad industrial, tecnológica y de
fabricación propia o europea.
6.
¿Y dónde queda la industria española?
Esta cuestión merece todavía más atención. Si España
utiliza dinero público para acelerar la transición energética, debería
preguntarse cuánto de ese esfuerzo genera capacidad industrial permanente
dentro del país.
Porque existe una diferencia fundamental entre: comprar
una tecnología y crear una industria capaz de fabricar, mantener, reparar,
mejorar y exportar esa tecnología.
El primer modelo puede acelerar rápidamente la
instalación de renovables. El segundo genera conocimiento, empleo cualificado,
proveedores, patentes, capacidad tecnológica y autonomía estratégica.
La dependencia excesiva de proveedores extranjeros
puede resultar especialmente problemática cuando se combina con una red
eléctrica que todavía debe adaptarse a un fuerte crecimiento de la demanda.
Podríamos acabar en una situación paradójica: España
instala una enorme cantidad de generación renovable, pero necesita importar
buena parte de los equipos; aumenta la demanda industrial, pero algunas
conexiones tardan en materializarse; se anuncian nuevas viviendas, pero la
infraestructura eléctrica necesita ampliaciones; y cuando aparecen problemas de
equilibrio, se pide a la industria que reduzca temporalmente su consumo.
Si esta secuencia se repite, no estaríamos ante un
problema aislado. Estaríamos ante un problema de modelo.
7.
Las comisiones: una sospecha no basta, pero la transparencia sí es obligatoria
El planteamiento más crítico del debate puede llevar
a sospechar que detrás de determinadas decisiones existen intereses económicos
vinculados a proveedores extranjeros. Sin embargo, aquí es necesario distinguir
entre sospecha y evidencia.
No sería riguroso afirmar que el Gobierno obtiene
“comisiones de la producción china” sin aportar contratos, adjudicaciones,
beneficiarios, intermediarios o pruebas documentales que demuestren esa
acusación.
Pero precisamente por eso la respuesta democrática
no debería ser evitar la pregunta, sino exigir más transparencia.
Cuando existen grandes inversiones públicas, fondos
europeos, contratos de infraestructura y una dependencia exterior tan elevada,
resulta razonable exigir que puedan conocerse con claridad: quién recibe los
contratos; qué empresas participan; qué porcentaje del valor añadido permanece
en España; qué componentes proceden del exterior; qué criterios se utilizan
para seleccionar proveedores; cuánto dinero público termina en cadenas
industriales extranjeras; qué retornos industriales obtiene España; y qué
mecanismos existen para evitar conflictos de intereses.
La cuestión no debería ser solamente cuánto cuesta
instalar la transición energética, sino también quién captura el valor
económico generado por ella.
Esa es una pregunta mucho más incómoda.
8.
La vivienda puede convertirse en otra víctima invisible
El problema eléctrico también puede afectar
directamente a la política de vivienda.
Si se pretende construir rápidamente nuevas
viviendas, urbanizaciones o desarrollos industriales, las administraciones
necesitan anticipar las necesidades de electricidad de esas nuevas zonas.
No basta con aprobar suelo. No basta con conceder
licencias. No basta con anunciar viviendas. La infraestructura eléctrica tiene
que estar disponible.
De hecho, el Gobierno ha aprobado en julio de 2026
una inversión adicional de 17.900 millones de euros hasta 2030 destinada, entre
otros objetivos, a infraestructuras que permitan conectar vivienda, industria y
transporte electrificado y mejorar la seguridad del sistema.
La cifra demuestra precisamente la magnitud del
desafío.
Si son necesarios miles de millones adicionales para
adaptar las redes, significa que la infraestructura eléctrica se ha convertido
en uno de los principales cuellos de botella de la electrificación.
Por tanto, cualquier política seria de vivienda
debería coordinarse con la planificación energética. No tiene sentido prometer
viviendas donde todavía no existe capacidad suficiente para suministrarlas.
Conclusión
El episodio analizado debería interpretarse como
algo más que una cuestión técnica relacionada con la operación puntual de la
red eléctrica.
Es una advertencia sobre la necesidad de planificar
simultáneamente energía, industria, vivienda, transporte e infraestructura.
España está realizando un enorme despliegue
renovable y ha conseguido avances importantes. La demanda eléctrica crece, la
generación renovable aumenta y la red continúa ampliándose. Pero precisamente
ese éxito está generando una nueva dificultad: cada vez existen más proyectos
que necesitan conectarse a una infraestructura que no puede crecer
instantáneamente al mismo ritmo.
La pregunta, por tanto, no debería ser si España
tiene suficientes renovables.
La pregunta debería ser: ¿Tenemos suficiente red,
almacenamiento, capacidad de transformación, generación gestionable y
planificación industrial para convertir esas renovables en electricidad
realmente disponible para ciudadanos y empresas?
Y existe una segunda pregunta todavía más incómoda: ¿Estamos
utilizando la transición energética para construir una industria española y
europea más fuerte o simplemente para convertirnos en grandes compradores de
tecnología fabricada en otros países?
La dependencia china de la cadena fotovoltaica
demuestra que esta cuestión no es imaginaria. Por eso, el verdadero éxito de la
transición energética no debería medirse únicamente por los gigavatios
instalados ni por el porcentaje de generación renovable.
Debería medirse por algo más exigente: cuánta
industria nacional genera, cuánta tecnología propia desarrolla, cuántas
viviendas puede abastecer, cuántas inversiones puede conectar y hasta qué punto
garantiza electricidad fiable y competitiva para empresas y ciudadanos.
Una transición energética que produce electricidad
pero no garantiza capacidad de conexión, que anuncia inversiones pero no puede
asegurar su suministro, o que reduce una dependencia exterior mientras crea
otra dependencia tecnológica, corre el riesgo de confundir transformación
energética con planificación estratégica.
Y esa diferencia es demasiado importante como para
ignorarla.
En definitiva, el problema no es solamente cómo
producir electricidad limpia. El verdadero problema es decidir qué país
queremos construir alrededor de esa electricidad, quién controla la
infraestructura necesaria para hacerlo y quién obtiene el valor económico de la
transformación.
Ahí es donde la Ingeniería Industrial deja de ser
una cuestión puramente técnica y se convierte en una herramienta para evaluar
si las decisiones públicas están construyendo un sistema verdaderamente
resiliente, competitivo y autónomo, o simplemente reaccionando a problemas que
podrían haberse previsto.
