REFERENCIA APICE

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jueves, 29 de octubre de 2026

La soberanía de los pueblos frente a la utopía del poder global...el laberinto

 


La soberanía de los pueblos frente a la utopía del poder global

Cuando la cooperación internacional amenaza con convertirse en tutela burocrática, la libertad de las naciones exige recuperar los límites del poder.

Toda época engendra sus propias utopías y, con ellas, la tentación de imponer al mundo un orden concebido desde la abstracción de los despachos. Bajo la noble envoltura del progreso, la sostenibilidad y el bienestar universal, se ha ido configurando una arquitectura internacional cuya ambición consiste en armonizar los destinos de sociedades profundamente distintas. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas constituye una de las expresiones más representativas de este designio: un vasto entramado de objetivos, metas e indicadores que aspira a orientar el desarrollo económico, social y ambiental de la humanidad.

Sin embargo, detrás de la legitimidad de sus propósitos se alza una interrogante que ninguna democracia debería eludir: ¿en qué momento la cooperación deja de servir a los pueblos y comienza a condicionar su libertad de decisión?

No se trata de impugnar la necesidad de afrontar conjuntamente los grandes desafíos de nuestro tiempo, sino de advertir que ninguna causa, por encomiable que parezca, debe quedar exenta del escrutinio público. La lucha contra la pobreza, la protección del medio ambiente y la promoción de la justicia social requieren compromiso y cooperación; pero también prudencia, proporcionalidad y respeto a la diversidad política de las naciones.

El peligro surge cuando una agenda de alcance universal pretende convertirse en un paradigma omnímodo de gobierno, capaz de penetrar en prácticamente todas las esferas de la vida colectiva. Entonces, los objetivos dejan de ser referencias susceptibles de deliberación y corren el riesgo de transformarse en imperativos administrativos, mientras las decisiones políticas se presentan como exigencias técnicas aparentemente incontestables.

A esta deriva se añade el problema de la burocracia internacional. Toda institución nace para cumplir una misión; no obstante, con el transcurso del tiempo, sus estructuras pueden adquirir una dinámica de perpetuación que confunda la continuidad del organismo con la consecución de sus fines. Los procedimientos se multiplican, las competencias se superponen y la maquinaria administrativa corre el riesgo de convertirse en su propia justificación.

Ninguna institución, por prestigiosa que sea su trayectoria, posee una inmunidad moral frente a la crítica. Las Naciones Unidas, cuya contribución a la cooperación internacional y a la prevención de conflictos conserva una relevancia indiscutible, deben someter igualmente sus programas a evaluaciones independientes, auditorías transparentes y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La legitimidad histórica no constituye un salvoconducto perpetuo, ni la nobleza de una misión garantiza por sí sola la eficacia de quienes la administran.

El balance de la Agenda 2030 obliga, asimismo, a una reflexión rigurosa. Los avances insuficientes en numerosas metas de desarrollo sostenible exigen examinar las estrategias adoptadas, identificar los obstáculos y corregir las deficiencias. El incumplimiento de los objetivos no demuestra, por sí mismo, la inutilidad del proyecto; pero sí impide convertir su ambición en una excusa para sustraerlo de toda evaluación crítica. Cuando los resultados no corresponden a las promesas, la responsabilidad institucional debe prevalecer sobre la retórica de las buenas intenciones.

Frente a esta problemática, la soberanía nacional adquiere una dimensión que trasciende cualquier sentimentalismo patriótico. No constituye un privilegio exclusivo de los gobernantes ni una reliquia de épocas pretéritas, sino una expresión de la capacidad de los pueblos para deliberar sobre su futuro, elegir entre alternativas legítimas y exigir responsabilidades a quienes ejercen el poder en su nombre.

Defenderla no significa propugnar el aislamiento, justificar los abusos estatales ni desentenderse del sufrimiento ajeno. Significa sostener que la cooperación debe fundarse en acuerdos legítimos, competencias delimitadas y obligaciones jurídicamente reconocidas, sin que la coordinación internacional se transforme en una tutela indefinida sobre la voluntad democrática de las sociedades.

La respuesta, por tanto, no reside en demoler indiscriminadamente las instituciones multilaterales, sino en reformarlas con determinación: reducir duplicidades, transparentar los nombramientos, evaluar los resultados, limitar las competencias superfluas y devolver a los ciudadanos un protagonismo efectivo en las decisiones que afectan a su existencia. La subsidiariedad, entendida como el principio de resolver cada asunto en el nivel más próximo que disponga de capacidad suficiente, ofrece una brújula razonable para conjugar cooperación y autonomía.

Hay, además, una frontera intelectual que conviene preservar: la que separa una convicción legítima de un dogma administrativo. La primera acepta el contraste de pareceres; el segundo aspira a clausurarlo. Una sociedad libre necesita objetivos, pero también alternativas; necesita instituciones, pero asimismo contrapesos; necesita cooperación, pero jamás una uniformidad que pretenda reducir la pluralidad humana a un catálogo de indicadores.

La discrepancia no es una anomalía que deba corregirse, sino una garantía frente a la concentración del poder. Cuando toda objeción se interpreta como hostilidad al progreso, cuando las decisiones políticas se presentan como inevitabilidades técnicas y cuando la solemnidad de los fines pretende sustituir la comprobación de los resultados, la democracia comienza a perder uno de sus atributos esenciales: la posibilidad de cuestionar el rumbo elegido.

El verdadero progreso no consiste en someter a las naciones a una voluntad administrativa universal, sino en fortalecer su capacidad para decidir responsablemente, cooperar libremente y rectificar sin tutelas innecesarias.

La humanidad necesita instituciones internacionales capaces de afrontar los desafíos compartidos; lo que no necesita es que estas confundan su misión con un derecho ilimitado a orientar la vida de los pueblos. Ningún organismo debe erigirse en árbitro infalible del bien común, del mismo modo que ningún gobierno nacional puede invocar la soberanía para eludir sus obligaciones o vulnerar los derechos fundamentales.

El desafío de nuestro tiempo consiste, en definitiva, en encontrar el equilibrio entre la solidaridad internacional y la libertad política, entre la responsabilidad compartida y la autonomía democrática. Una cooperación digna de ese nombre no uniforma: concilia. No tutela: acompaña. No sustituye la voluntad de las sociedades: crea las condiciones para que puedan afrontar, juntas, aquello que ninguna conseguiría resolver por separado.

Porque el destino de la humanidad no puede quedar reducido a la geometría de un plan, ni la libertad de los pueblos subordinada a la perpetuación de una estructura burocrática. Las instituciones deben justificar el poder que ejercen, los gobiernos deben responder ante sus ciudadanos y los grandes proyectos internacionales deben demostrar, con hechos y no únicamente con promesas, que están al servicio de la humanidad.

Esa es la verdadera medida de una gobernanza legítima: cooperación sin sometimiento, autoridad sin impunidad y progreso sin renunciar a la libertad.


miércoles, 28 de octubre de 2026

No es magia, es muerte. ... Oscar Puente

 


NO ES MAGIA, ES MUERTE

Socialismo de la alta velocidad: la aceleración de las promesas y la lentitud de las responsabilidades

Antecedentes en solo este año 2026.

A continuación se detalla la cronología oficial de todos los siniestros e incidentes ferroviarios de relevancia en España desde enero de 2026, clasificados mes a mes

Enero de 2026

17 de enero: Se registra un incendio técnico en las instalaciones de Tortosa (Tarragona) que provoca cortes en el suministro eléctrico y retrasos regionales

18 de enero (Tragedia de Adamuz, Córdoba): Uno de los accidentes más graves del año. Un tren Iryo descarrila por una rotura en la soldadura de un carril e invade la vía contraria. Segundos después, un Alvia de Renfe colisiona contra él a más de 200 km/h. El balance es de 46 fallecidos y 292 heridos.

20 de enero (Catástrofe de Gelida, Barcelona): Bajo los efectos del fuerte temporal Harry/Harris, un tren de la línea R4 de Rodalies choca contra un muro de contención desplomado sobre las vías. Fallece el maquinista en prácticas y 41 personas resultan heridas.

20 de enero: Paralelamente al suceso de Gelida, ocurre un descarrilamiento menor en Blanes (Girona) debido a las malas condiciones meteorológicas.]

22 de enero: En la línea de vía estrecha entre Cartagena y Los Nietos (Murcia), el brazo de una grúa invade el gálibo ferroviario y golpea un vagón de pasajeros, dejando 6 heridos leves.

22 de enero: Se produce un desprendimiento estructural en el interior del túnel de El Padrún (Asturias), interrumpiendo el tráfico en la red convencional.

23 de enero: Adif se ve obligada a imponer restricciones de velocidad automáticas a 60 km/h en varios puntos de la línea AVE Madrid-Valladolid para revisar los sistemas.

 

Febrero de 2026

9 al 11 de febrero: Los sindicatos ferroviarios convocan un calendario de huelgas de 24 horas en respuesta a la inseguridad técnica percibida tras los incidentes de enero.

12 de febrero (Accidente en Talavera de la Reina, Toledo): Un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Badajoz arrolla a un turismo en un paso a nivel sin barreras. El conductor del automóvil fallece en el acto; los 183 pasajeros del tren resultan ilesos

Septiembre de 2026

7 de septiembre: Fallos continuados en el sistema de señalización de Adif provocan retrasos masivos generalizados en la red de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía.

21 de septiembre: Un tren AVE que cubría la línea Asturias-Madrid se queda completamente bloqueado en el interior de la variante de Pajares durante horas debido a una falta súbita de tensión en la catenaria

 

Octubre de 2026

12 de octubre (Incendio en Ricla, Zaragoza): Se declara un aparatoso incendio en la cabina de cola de un tren AVE que realizaba la ruta Madrid-Figueres. Aunque los 283 pasajeros resultan ilesos, el corte total de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona afecta a más de 17.000 usuarios.

27 de octubre: Nueva jornada de huelga nacional de maquinistas convocada por el sindicato SEMAF, con servicios mínimos de Rodalies y Cercanías reducidos.

28 de octubre (Colisión de alta velocidad en Urda, Toledo): Grave accidente matutino en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Sevilla. Un tren AVE de Renfe embiste por alcance a un convoy de Iryo. El fuerte impacto provoca el descarrilamiento de varios vagones y deja al menos 30 víctimas mortales y 50 heridos graves. Toda la circulación hacia el sur del país queda suspendida.

Si necesitas detalles de algún mes o evento en específico, dime si quieres que amplíe la información sobre las ayudas extraordinarias aprobadas en el Real Decreto-ley 1/2026 o el estado de los tramos afectados en la línea Madrid-Andalucía.

 

El problema de siempre.

En 2026, España ha sufrido tres episodios ferroviarios graves: Adamuz (18 de enero, 46 fallecidos), Gelida (dos días después) y la colisión de Urda (28 de octubre, con balance aún provisional). Ninguna evidencia permite afirmar que compartan una causa, y las investigaciones deben establecerlas. Sin embargo, la sociología no estudia solo causas técnicas: analiza cómo una sociedad organiza, comunica y exige responsabilidad ante el riesgo.

La Aceleración y desincronización.

La modernidad tardía acelera la técnica, la comunicación y la promesa política, pero las instituciones de control, como la inspección, la investigación y la rendición de cuentas, operan a otro ritmo. La alta velocidad es el símbolo perfecto de esa desincronización: el tren corre más que la responsabilidad.

Sociedad del riesgo (Beck). Los riesgos modernos no son fatalidades naturales sino productos de decisiones humanas y organizativas. Por eso hablar de “fatalidad” antes de investigar es una forma de irresponsabilidad organizada.

Confianza en sistemas expertos (Giddens, Luhmann). El pasajero no comprueba la vía ni la señalización: delega. Esa confianza solo se sostiene si el sistema es verificable. Cada accidente la erosiona, y la comunicación defensiva la erosiona todavía más.

Accidentes organizativos (Perrow, Vaughan). Los sistemas complejos fallan por acumulación de desviaciones toleradas, no solo por errores individuales. De ahí que sea legítimo exigir un análisis conjunto de mantenimiento, inspección y protocolos, sin presuponer una causa común.

Ética de la responsabilidad (Weber). Quien gobierna responde por las consecuencias previsibles de su gestión, no solo por sus intenciones ni por el dinero anunciado.

Análisis

a) Capital simbólico y prestigio. La red de alta velocidad acumuló capital simbólico nacional: orgullo, modernidad, identidad. Ese capital genera una tentación institucional, la de usar el prestigio pasado como respuesta a las preguntas presentes. Pero el prestigio no es una auditoría.

b) Lenguaje y distancia social. Según la transcripción de la Sexta, el ministro Óscar Puente afirmó el 21 de octubre: “mientras tanto, vamos a sufrir un poco”. La crítica sociológica no se dirige a una frase aislada, sino a la distancia que revela entre la experiencia del usuario y el registro de quien gobierna. Cuando hay muertos, el tono es también un acto político.

c) Responsabilidad en tres planos. Hay que distinguir la responsabilidad penal (judicial, con pruebas), la técnica (investigación independiente) y la política (explicar qué se hizo, qué falló y qué se corrige). La investigación abierta justifica la prudencia sobre las causas, pero no suspende la rendición de cuentas sobre la prevención y la transparencia.

d) El duelo como hecho social. Para las familias, Adamuz no es una carpeta archivada. Las ayudas (Real Decreto-ley 1/2026) son reparación y solidaridad, no absolución. Sin verdad, la reparación queda incompleta.

Relato.

La seguridad no se proclama, se verifica; y la confianza pública no se hereda del prestigio, se renueva con transparencia.
Una sociedad que acelera sus promesas y ralentiza sus responsabilidades convierte el riesgo en destino. Pero los accidentes no son magia: tienen causas, decisiones y responsables identificables. Lo contrario de la magia es la gestión, y lo que ocurre cuando falla la gestión es la muerte.

Incidencia: qué exigir

Análisis conjunto e independiente de los tres accidentes (mantenimiento, inspección, señalización, emergencias), publicado en lo legalmente divulgable.

Calendario público de obras, renovación de material y limitaciones operativas, con indicadores verificables.

Comparecencia con datos, no con balances de inversión: qué advertencias existían, cuándo se conocieron y qué se hizo.

Protocolo de comunicación de crisis que priorice víctimas, información contrastada y sobriedad.

Seguimiento ciudadano: informes periódicos de cumplimiento de las recomendaciones de los organismos investigadores.

Dimisión y asumir responsabilidad

Exigir responsabilidades no es venganza política: es la condición de una confianza democrática. Si la investigación demuestra que hubo fallos evitables, deben asumirse consecuencias proporcionales; si demuestra que no los hubo, debe reconocerse con la misma claridad. En ambos casos, la ciudadanía tiene derecho a una respuesta que viaje, por fin, a la velocidad de la pregunta.

 


lunes, 19 de octubre de 2026

La Costa Blanca ante el cambio de ciclo inmobiliario internacional


 La Costa Blanca ante el cambio de ciclo inmobiliario internacional

El mercado inmobiliario español atraviesa una transformación profunda que no se reduce a la menor presencia de un solo colectivo de compradores. Lo que está en juego es la compleja interacción entre el capital internacional, las políticas de movilidad y residencia, la evolución de los precios y el futuro residencial de las ciudades costeras. La Costa Blanca ofrece un observatorio privilegiado de este fenómeno: durante años su clima, su conectividad, sus servicios y su oferta residencial atrajeron a quienes buscaban segunda residencia, inversión patrimonial o una vida bajo el sol mediterráneo. Hoy esas condiciones se modifican. Las restricciones financieras y de movilidad, la desaparición de incentivos residenciales vinculados a la inversión y el encarecimiento general de la vivienda alteran las decisiones de compra y obligan a reinterpretar el mapa de la demanda extranjera.

Conviene distinguir tres realidades que pueden coincidir en el tiempo sin ser equivalentes: la contracción de las operaciones de una nacionalidad concreta, la evolución global de la inversión extranjera y la creciente dificultad de acceso a la vivienda para la población local. Menos compradores de un origen no implica necesariamente menos demanda internacional; puede significar sustitución de nacionalidades, reducción de presupuestos o cambio en la finalidad de la adquisición. El interés por España y por la Costa Blanca no ha desaparecido. Lo que se transforma es el perfil del comprador, el producto demandado y las condiciones que hacen viable cada operación.

Las causas de la menor actividad de determinados compradores son múltiples. Las dificultades para transferir fondos a través de canales bancarios aceptados, el cumplimiento de los controles de prevención del blanqueo y las restricciones internacionales elevan la complejidad de muchas transacciones. Un patrimonio suficiente no garantiza, por sí solo, la conclusión de la compraventa. La eliminación de la residencia por inversión inmobiliaria ha suprimido un incentivo que vinculaba la adquisición de un inmueble de elevado valor con una vía específica de estancia. La vivienda vuelve a justificarse por su utilidad residencial, su potencial patrimonial o su rentabilidad, no por la expectativa de una autorización vinculada. A ello se suman las dificultades de desplazamiento y de gestión a distancia, así como una tendencia hacia presupuestos más moderados y hacia productos de precio medio o de segunda mano.

Esta transformación no afecta de manera uniforme a todos los territorios. Municipios como Torrevieja, Orihuela Costa, Calp, Teulada-Moraira, Marbella, Palma de Mallorca, el sur de Tenerife o la Costa Brava presentan elevadas cuotas de compradores no residentes y, por tanto, una exposición significativa a los cambios en la demanda internacional. En unos casos la diversificación de nacionalidades, europeos del centro, del norte y del este, puede compensar parcialmente el retroceso de un segmento concreto. En otros, la dependencia de perfiles de alto poder adquisitivo o de productos de lujo aumenta la sensibilidad a variaciones de confianza, liquidez y movilidad. En todos ellos resulta pertinente analizar la relación entre demanda exterior, precios, tipología de vivienda y capacidad de acceso de los residentes.

Más allá de la composición de los compradores extranjeros, persiste una tensión residencial profunda. El encarecimiento de la vivienda terminada continúa, y numerosas localidades costeras mantienen una presión intensa sobre el acceso a la vivienda habitual. La volatilidad de la demanda internacional afecta a la liquidez de ciertos activos y a la actividad de los intermediarios; la dificultad de acceso repercute directamente en trabajadores, familias y residentes que necesitan un hogar permanente. Ambos fenómenos pueden coexistir: una costa con grúas, promociones y compradores internacionales puede, al mismo tiempo, volverse inaccesible para quienes viven y trabajan en ella.

Ante este cambio de ciclo, el profesional inmobiliario no debe limitarse a buscar una nacionalidad sustituta. Debe identificar la demanda solvente, el producto que realmente necesita y los riesgos que pueden impedir que una consulta se convierta en escritura. Ello exige diversificar los mercados emisores, ajustar la cartera a una combinación de vivienda habitual, segunda mano, producto vacacional y segmentos de mayor valor, verificar la viabilidad financiera y documental antes de reservar, medir la conversión real de consultas en operaciones y vigilar de cerca la regulación urbanística, fiscal y de residencia. El mercado no es uniforme: una vivienda bien situada, con precio razonable y documentación correcta puede seguir encontrando comprador, mientras que otra sobrevalorada o dependiente de un único perfil internacional puede ver reducida su liquidez.

Tres escenarios posibles ilustran la heterogeneidad del momento. Un ajuste selectivo, con presupuestos menores y mayor negociación en determinados segmentos de la Costa Blanca. Una sustitución parcial de demanda, en la que otros compradores europeos compensan parte del retroceso. Y una tensión residencial persistente, en la que la escasez de oferta mantiene precios elevados pese a cambios en la composición de los adquirentes. El escenario más prudente es el de un mercado diferenciado, donde las condiciones locales, la tipología del producto y la solvencia real del comprador determinan el resultado.

La lección esencial trasciende la Costa Blanca. El mercado inmobiliario internacional no se comporta como una corriente única que sube o baja en todas partes al mismo tiempo. Se asemeja más a un sistema de vasos comunicantes: cuando se estrecha una vía de financiación, desaparece un incentivo residencial o se dificulta la movilidad, parte de la demanda se retrae, otra busca destinos alternativos y otra modifica el producto que adquiere. Para el profesional, la tarea es comercial y rigurosa: comprender quién puede comprar, por qué desea hacerlo y si está en condiciones de completar la operación. Para las administraciones, el desafío es más amplio: atraer inversión y actividad económica no debe confundirse con garantizar el derecho efectivo a una vivienda digna. Ese equilibrio entre capital internacional, movilidad residencial y accesibilidad local constituye, en definitiva, el verdadero reto del actual ciclo inmobiliario español.


domingo, 18 de octubre de 2026

La edulcoración de la impunidad: soberanía, sanciones y el precio de la normalización


La edulcoración de la impunidad: soberanía, sanciones y el precio de la normalización

 

Hay una forma sutil de traicionar los derechos humanos que no necesita cámaras de tortura ni decretos de excepción. Basta con convertir la norma en un filtro de cortesía. Basta con transformar la sanción en una excepción diplomática, la lista negra en una lista de invitados y la memoria de las víctimas en el ruido de fondo de una cumbre. Cuando la legislación europea, pensada para responder al deterioro deliberado de la democracia, se aplica con la blandura de quien prefiere la fotografía a la coherencia, deja de ser un instrumento de presión y se convierte en un lenguaje de acomodación. El caso de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de un régimen que la Unión Europea ha señalado por menoscabar el Estado de derecho en Venezuela, ilustra con precisión esta deriva.

La Decisión (PESC) 2017/2074 no es un adorno retórico. Establece restricciones de admisión contra quienes han contribuido al socavamiento de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su artículo 6 contempla excepciones, razones humanitarias urgentes o reuniones intergubernamentales que promuevan el diálogo político en favor de la democracia, pero las somete a un procedimiento de notificación y posible objeción. Esa arquitectura no es casual: pretende impedir que la soberanía nacional se invoque como licencia para vaciar de contenido las medidas comunes. España, como Estado miembro, no puede decidir unilateralmente que la conveniencia de una cumbre iberoamericana prevalezca sobre el ordenamiento que ella misma ha contribuido a construir. Invitar no es, por sí solo, delinquir. Autorizar la entrada al margen de los requisitos, o presentar la discrepancia política como si bastara para neutralizar la norma, sí puede serlo.

Aquí reside la mala praxis del conglomerado legislativo y diplomático que edulcora a los operadores de dictaduras. No se trata de negar el diálogo. Se trata de impedir que el diálogo se convierta en normalización sin contrapartidas. Cuando un Gobierno defiende públicamente el levantamiento de sanciones y, al mismo tiempo, confía en que la persona sancionada atraviese la frontera europea, está enviando un mensaje inequívoco: las medidas restrictivas son negociables según la utilidad política del momento. La prórroga de diciembre de 2025, que mantiene las restricciones hasta enero de 2027, queda así reducida a un papel que se dobla con facilidad. La primacía del Derecho de la Unión deja de ser un principio y se convierte en una variable.

La frontera europea no se viola solo con la fuerza. También se debilita cuando se aplica de modo selectivo. Hablar de “invasión” resulta jurídicamente impreciso e inflacionario; el problema real es otro. Es la erosión de la credibilidad. Si las sanciones responden al deterioro de las condiciones de participación política, a la persecución de la oposición y al desmantelamiento de garantías institucionales, entonces cada excepción no motivada con rigor es una pequeña capitulación. El artículo 97 de la Constitución española atribuye al Gobierno la dirección de la política exterior, pero esa dirección se ejerce conforme a la Constitución y a las leyes. No es un espacio de inmunidad. Cuando la invitación se sitúa en plena precampaña electoral y se presenta como éxito de interlocución, la sospecha de instrumentalización deja de ser una acusación partidista y se convierte en una pregunta legítima de control democrático.

Los derechos humanos no admiten esta elasticidad. El artículo 21 de la Declaración Universal y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no son formulaciones abstractas: establecen el derecho a la participación política y a elecciones auténticas. Las sanciones europeas no equivalen a una sentencia penal; tampoco autorizan a tratar a las personas incluidas en las listas como si las medidas no existieran. El error simétrico, declarar ilícito todo contacto o afirmar que el rango político absuelve de las restricciones, confunde diplomacia con impunidad. Un Ejecutivo puede buscar interlocución con Caracas. Lo que no puede hacer es presentar esa interlocución como si bastara para suspender las obligaciones europeas vigentes o para ofrecer legitimación simbólica sin exigencias verificables sobre libertades, garantías electorales y Estado de derecho.

La crisis iberoamericana no se resuelve con fotografías amplias. Se resuelve, o se agrava, según se gestione la coherencia. La escasa participación presidencial en cumbres anteriores no justifica convertir la excepción en privilegio. El riesgo es triple: pérdida de credibilidad europea por aplicación selectiva; deterioro de la confianza entre países que esperan un espacio de cooperación plural y no de alineamiento ideológico; y debilitamiento de la defensa de los derechos humanos cuando el diálogo no va acompañado de compromisos medibles. Ninguno de estos riesgos es inevitables. Todos dependen de cómo se ejercite el poder.

La conclusión no admite ambigüedad. La fortaleza de un Estado de derecho no se mide por la facilidad con que sus gobernantes conceden excepciones, sino por el rigor con que las justifican. La diplomacia puede negociar, dialogar y discrepar. Lo que no puede hacer es sustituir la norma por la conveniencia. Cuando la legislación se aplica de modo que edulcora a quienes han participado en el deterioro sistemático de las libertades, deja de proteger a las víctimas y empieza a proteger la comodidad de los poderosos. La frontera decisiva no es solo la que separa el territorio europeo del exterior. Es la que distingue el ejercicio legítimo del poder de su utilización sin suficiente justificación jurídica. Y esa frontera, una vez erosionada, cuesta mucho más reconstruir que preservar.

 

sábado, 17 de octubre de 2026

El narcisismo, el poder y la cultura del éxito.

 


El narcisismo, el poder y la cultura del éxito:

(Una crítica filosófica al planteamiento de Dolores Fernández Pérez a través de la figura de Pedro Sánchez)

Cuando el éxito se convierte en una justificación moral

En su artículo Cómo los rasgos psicopáticos se han normalizado en la cultura del éxito, publicado en Ethic el 17 de octubre de 2025, Dolores Fernández Pérez plantea una cuestión de gran relevancia para comprender las sociedades contemporáneas: ¿por qué determinados comportamientos caracterizados por la frialdad emocional, la manipulación, la ausencia de empatía o la ambición desmedida pueden convertirse en cualidades admiradas cuando aparecen vinculados al éxito económico, social o político?

La autora acierta al señalar que no siempre premiamos la bondad, la prudencia o la responsabilidad, sino que, con frecuencia, confundimos la capacidad de imponerse con la capacidad de dirigir. Sin embargo, su planteamiento admite una lectura filosófica más profunda. El problema no reside únicamente en la normalización de ciertos rasgos psicopáticos, sino también en la transformación del individuo en un proyecto permanente de afirmación personal, en el que el reconocimiento público, la conquista del poder y la conservación de la propia imagen terminan ocupando el lugar que deberían corresponder a la verdad, la justicia y el bien común.

Aquí aparece el narcisismo como categoría fundamental para interpretar la relación entre personalidad, sociedad y poder. Y es precisamente en el ámbito político donde esta cuestión adquiere una dimensión especialmente compleja, pues el dirigente no solo ejerce autoridad: también construye una imagen de sí mismo, representa valores colectivos y necesita mantener la confianza de aquellos a quienes gobierna.

La figura de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, permite ilustrar este problema desde una perspectiva crítica. No se trata de atribuirle un trastorno psicológico ni de afirmar que posee rasgos psicopáticos o narcisistas como si existiera un diagnóstico clínico acreditado. Se trata, más bien, de examinar su proyección pública, su estilo de liderazgo y las tensiones entre la construcción de una imagen política, la ambición de poder y las exigencias éticas de la responsabilidad democrática.

La pregunta que orienta este ensayo es, por tanto, la siguiente: ¿cuándo deja el deseo legítimo de ejercer el poder de estar al servicio de la sociedad y comienza a convertirse en una forma de autoafirmación del propio dirigente?

La principal virtud y el límite del argumento de Dolores Fernández Pérez

Uno de los méritos del artículo es que cuestiona la identificación entre éxito y virtud. En una cultura que admira a quienes ascienden rápidamente, toman decisiones sin vacilar y consiguen imponerse a sus adversarios, existe el riesgo de interpretar cualquier resultado favorable como una demostración de superioridad personal.

Esta confusión tiene una larga historia filosófica.

Maquiavelo, en El príncipe, estudió la relación entre el poder, la apariencia y la conservación del Estado. Su análisis muestra que el gobernante debe comprender las circunstancias reales de la política, que no siempre coinciden con las exigencias de la moral privada. Sin embargo, reconocer esa tensión no significa que toda manipulación sea legítima ni que el éxito político convierta automáticamente al gobernante en una persona virtuosa.

El problema aparece cuando la eficacia se transforma en el único criterio de valoración. Si una estrategia permite ganar unas elecciones, conservar el cargo o neutralizar a un adversario, ¿debemos considerarla buena por el mero hecho de haber funcionado?

Desde una perspectiva ética, la respuesta debe ser negativa. La eficacia es un instrumento; no constituye, por sí sola, una justificación moral.

En este punto, el artículo de Fernández Pérez resulta convincente: una sociedad que recompensa exclusivamente los resultados corre el riesgo de premiar comportamientos destructivos. No obstante, su argumento requiere una distinción importante entre tres fenómenos que no son equivalentes:

La psicopatía, entendida como un conjunto de rasgos psicológicos relacionados, entre otros aspectos, con la insensibilidad interpersonal y la falta de remordimiento.

El narcisismo, relacionado con la importancia concedida al yo, la necesidad de reconocimiento y, en determinadas formas, la dificultad para aceptar límites o críticas.

El maquiavelismo, caracterizado por una orientación estratégica hacia la manipulación y el uso instrumental de otras personas.

Estos rasgos pueden relacionarse, pero no son sinónimos. Tampoco la ambición, la seguridad personal o la capacidad de comunicación constituyen por sí mismas pruebas de ninguna de estas características.

La crítica filosófica debe evitar precisamente aquello que pretende denunciar: sustituir el análisis racional por una etiqueta que descalifique al adversario.

El narcisismo: cuando el yo se convierte en medida de todas las cosas

Para comprender filosóficamente el narcisismo es necesario ir más allá de la vanidad superficial. El problema fundamental aparece cuando el individuo deja de concebirse como una persona entre otras y comienza a interpretar el mundo como un escenario destinado a confirmar su propia importancia.

En el mito griego de Narciso, tal como aparece en las Metamorfosis de Ovidio, el protagonista queda cautivado por su propia imagen hasta consumirse en ella. La fuerza simbólica del relato reside en que Narciso no se limita a contemplarse: queda atrapado en una relación consigo mismo que le impide establecer un vínculo verdadero con aquello que tiene delante.

Trasladado al terreno político, el mito permite formular una hipótesis: un dirigente puede terminar confundiendo la imagen que proyecta con la realidad de la sociedad que representa.

En ese escenario, los ciudadanos corren el riesgo de convertirse en espectadores de una representación personal. Los problemas colectivos pasan a interpretarse según su utilidad para reforzar el relato del gobernante; las críticas se perciben como ataques a su autoridad; los éxitos se personalizan, mientras que los fracasos tienden a atribuirse a factores externos.

Conviene insistir en que esta es una interpretación filosófica de una posible dinámica de poder, no un diagnóstico sobre una persona concreta.

El pensamiento de Hegel ofrece otra perspectiva decisiva. En su análisis del reconocimiento, el individuo no alcanza una identidad plenamente desarrollada mediante la mera contemplación de sí mismo, sino a través de una relación con otros sujetos que también poseen libertad y dignidad.

El narcisismo, entendido filosóficamente, supone una deformación de esa relación: el otro deja de ser alguien cuyo reconocimiento tiene valor propio y pasa a ser un instrumento para alimentar la propia identidad.

Aquí se encuentra uno de los riesgos centrales del liderazgo personalista. El dirigente puede empezar buscando el reconocimiento de los ciudadanos para terminar exigiendo que la ciudadanía confirme permanentemente su superioridad.

La diferencia es fundamental: una cosa es querer ser reconocido por haber servido al bien común y otra necesitar que el bien común sirva para sostener la propia imagen.

Pedro Sánchez como ejemplo para examinar el narcisismo político

La figura de Pedro Sánchez permite plantear esta cuestión porque su trayectoria pública se presta a estudiar fenómenos característicos de la política contemporánea: la personalización del liderazgo, la importancia de la comunicación, la construcción de una identidad política reconocible y la lucha por controlar la interpretación pública de los acontecimientos.

Su ascenso, su regreso al liderazgo del PSOE en 2017 después de haber abandonado la secretaría general y su posterior llegada a la presidencia del Gobierno en 2018 muestran una notable capacidad de resistencia política, movilización y adaptación estratégica.

Estos hechos admiten interpretaciones diferentes. Para sus partidarios, pueden representar perseverancia, capacidad de superar obstáculos y voluntad de defender un proyecto político frente a sus adversarios. Para sus críticos, pueden alimentar preguntas sobre el peso de la ambición personal, el pragmatismo y la conservación del poder en sus decisiones.

Ninguna de estas interpretaciones demuestra por sí misma la existencia de narcisismo patológico. Sin embargo, ambas permiten plantear una cuestión filosófica legítima: ¿cómo distinguir la perseverancia al servicio de un proyecto colectivo de la perseverancia orientada principalmente a conservar una posición de poder?

La respuesta no puede encontrarse únicamente en la personalidad aparente del dirigente. Debe buscarse en sus decisiones, sus argumentos, sus resultados y su relación con las instituciones.

La política como construcción de una imagen

En la política contemporánea, el liderazgo no se ejerce únicamente mediante leyes, negociaciones y decisiones administrativas. También se ejerce a través de la comunicación pública.

Un presidente necesita explicar sus medidas, defender su programa y convencer a los ciudadanos. Por eso, la construcción de una imagen pública no es necesariamente una conducta narcisista: forma parte de la naturaleza de la representación democrática.

La cuestión ética aparece cuando la imagen deja de ser un medio para comunicar una acción política y se convierte en el criterio que determina qué acciones se emprenden, cómo se presentan y qué información se considera aceptable.

En el caso de Pedro Sánchez, una crítica rigurosa puede examinar su centralidad en la comunicación gubernamental, su manera de responder a las controversias y la relación entre sus discursos y las decisiones efectivamente adoptadas. Para sostener conclusiones concretas, habría que analizar episodios específicos y contrastar las interpretaciones con documentación verificable.

El criterio filosófico sería el mismo con cualquier presidente: ¿se utiliza la comunicación para rendir cuentas a la ciudadanía o, por el contrario, se prioriza la protección de una identidad política personal?

No basta con afirmar que un dirigente cuida mucho su imagen para llamarlo narcisista. Es necesario mostrar si esa preocupación desplaza la obligación de explicar los hechos, reconocer los errores y aceptar los límites del poder.

La ambición y el problema de la legitimidad

El segundo aspecto relevante es la ambición.

La ambición política no es necesariamente un defecto moral. Sin ella, difícilmente podría alguien asumir la responsabilidad de gobernar, impulsar reformas o resistir las presiones de sus adversarios.

El problema surge cuando la conservación del cargo se convierte en un fin superior a los principios que justificaron el acceso al poder.

Desde esta perspectiva, las decisiones de Pedro Sánchez pueden someterse a un examen crítico sin necesidad de atribuirle una motivación psicológica determinada. Ante cualquier acuerdo parlamentario, cambio de posición o decisión de gobierno, cabe preguntar:

¿Se encuentra justificado por razones públicas que puedan explicarse y discutirse?

¿Respeta las reglas institucionales y los principios democráticos?

¿Sus costes y beneficios se valoran atendiendo al interés general?

¿El dirigente acepta la crítica, ofrece explicaciones y asume responsabilidades?

¿Se mantiene una coherencia razonable entre las promesas, los argumentos y las actuaciones?

Estas preguntas permiten distinguir el análisis político de la descalificación personal.

La crítica al narcisismo se vuelve filosóficamente relevante cuando deja de especular sobre la vida interior de un político y examina la forma en que el ejercicio del poder afecta a los demás.

Kant: el peligro de convertir a las personas en instrumentos

La filosofía moral de Immanuel Kant proporciona uno de los criterios más sólidos para evaluar el problema planteado por Fernández Pérez.

En la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant sostiene que debemos tratar a la humanidad, tanto en nuestra propia persona como en la de los demás, siempre como un fin y nunca simplemente como un medio.

Esta idea permite profundizar en la relación entre narcisismo, manipulación y poder.

Una persona puede colaborar con otras para alcanzar objetivos legítimos. Lo moralmente problemático no es toda utilización instrumental de las capacidades ajenas, sino tratar a los demás meramente como instrumentos, ignorando su autonomía, su dignidad y su derecho a participar en las decisiones que les afectan.

Aplicado a la política, este principio plantea un límite claro: los ciudadanos no existen para satisfacer las necesidades de prestigio, reconocimiento o permanencia de sus gobernantes. Son sujetos de derechos y participantes de la vida democrática.

Este criterio puede utilizarse para evaluar a Pedro Sánchez, a cualquier otro dirigente español o a cualquier líder internacional. No importa si el gobernante se presenta como progresista, conservador, liberal o revolucionario. La cuestión decisiva es si sus actuaciones respetan a las personas como sujetos de dignidad o las reducen a recursos electorales, instrumentos de propaganda o piezas de una estrategia de poder.

Una política puede ser legal y, aun así, merecer un debate ético sobre sus consecuencias. Del mismo modo, una decisión impopular no es necesariamente inmoral. Por eso, el juicio filosófico requiere examinar tanto los medios empleados como los fines perseguidos.

Desde Kant, el éxito político no puede absolver una conducta que vulnere la dignidad humana.

Maquiavelo y Nietzsche: entre la conquista del poder y la voluntad de afirmación

La relación entre narcisismo y política también puede analizarse mediante dos autores que, pese a sus diferencias, ayudan a comprender la dimensión conflictiva del poder.

Maquiavelo: el poder no es una prueba de virtud

Maquiavelo obliga a abandonar una imagen ingenua de la política. Los dirigentes actúan en escenarios de conflicto, rivalidad, incertidumbre y competencia. La prudencia política exige comprender esas circunstancias y tomar decisiones que permitan sostener un orden común.

Sin embargo, sería una simplificación identificar el pensamiento maquiaveliano con la idea de que cualquier medio resulta legítimo si permite conservar el cargo.

La cuestión es precisamente qué se pretende conservar y con qué consecuencias. La estabilidad de las instituciones y la seguridad de la comunidad no son idénticas a la supervivencia personal del gobernante.

Aplicado a Pedro Sánchez, este marco permite distinguir entre el pragmatismo necesario para gobernar en un Parlamento fragmentado y el pragmatismo que podría convertirse en una renuncia injustificada a los principios. Para decidir en qué caso nos encontramos, es necesario estudiar los acuerdos concretos, sus condiciones y sus resultados, no deducir las motivaciones del presidente a partir de su permanencia en el poder.

Nietzsche: el deseo de afirmarse y la necesidad de reconocimiento

Friedrich Nietzsche ofrece una vía diferente. Su filosofía analiza la voluntad de poder, la creación de valores y las formas en que los seres humanos interpretan y justifican sus propias acciones.

No sería correcto reducir su pensamiento a una defensa de la dominación ni identificar automáticamente la voluntad de poder con el narcisismo. En Nietzsche, la afirmación de la vida puede adoptar formas creativas y transformadoras que no se limitan a someter a los demás.

Sin embargo, su obra permite preguntar si el individuo actúa desde una fuerza capaz de producir algo valioso o si necesita medir constantemente su existencia a través de la superioridad sobre sus adversarios.

En el ámbito político, esta distinción resulta especialmente sugerente. Un dirigente puede afirmar su liderazgo mediante la capacidad de formular un proyecto, aceptar la complejidad de la realidad y producir instituciones que sobrevivan a su mandato. También puede buscar afirmarse mediante la confrontación permanente, la personalización de los conflictos y la necesidad de aparecer como protagonista de cada acontecimiento.

Ambas dinámicas pueden coexistir, y no cabe atribuir automáticamente la segunda a Pedro Sánchez ni a ningún otro político sin examinar su comportamiento. La utilidad de este marco consiste en formular una pregunta más profunda: ¿el poder permite al dirigente contribuir a una realidad que lo trasciende o necesita que toda realidad termine girando alrededor de él?

El narcisismo no nace únicamente en el individuo: también lo produce la sociedad

Uno de los aspectos más interesantes del artículo de Dolores Fernández Pérez es su atención a la cultura del éxito. Esta idea permite evitar una explicación excesivamente individualista.

No basta con preguntarse por qué algunas personas desean dominar. También es necesario preguntarse por qué determinadas instituciones recompensan la dominación, por qué ciertos públicos admiran la arrogancia y por qué la prudencia o la empatía pueden interpretarse erróneamente como debilidad.

En este punto, la crítica de Byung-Chul Han a la sociedad del rendimiento resulta pertinente. En La sociedad del cansancio, el filósofo describe un orden social en el que el individuo se encuentra sometido a la exigencia permanente de producir, superarse y demostrar su valor.

Aunque este análisis no equivale a una teoría clínica del narcisismo, ayuda a comprender un contexto cultural en el que la identidad se vincula estrechamente con el rendimiento, la visibilidad y el reconocimiento.

La lógica del éxito puede trasladarse a la política: cada intervención debe imponerse en el debate público, cada adversario debe ser derrotado y cada crisis debe convertirse en una oportunidad para reafirmar el liderazgo. La política corre entonces el riesgo de adoptar la lógica del espectáculo, donde importa tanto la interpretación pública de los acontecimientos como su contenido real.

La figura de Pedro Sánchez puede examinarse dentro de este contexto, al igual que la de Donald Trump o la de otros dirigentes contemporáneos. La personalización del liderazgo, la comunicación estratégica y la polarización no son fenómenos exclusivos de una ideología ni constituyen pruebas de un trastorno psicológico.

Son dinámicas políticas que merecen un análisis institucional y cultural.

La responsabilidad, por tanto, no corresponde únicamente a quien ocupa el poder. También concierne a los partidos, los medios de comunicación, las organizaciones, los electores y las plataformas que convierten la confrontación en espectáculo.

Cuando una sociedad premia sistemáticamente la humillación del adversario, la seguridad teatral y la victoria inmediata, puede terminar haciendo menos visibles las virtudes democráticas que sostienen una convivencia duradera: la deliberación, la honestidad, la moderación y la capacidad de rectificar.

Una crítica al artículo: el riesgo de psicologizar la política

A pesar de la importancia de su tesis, el texto de Fernández Pérez presenta un límite que conviene destacar: el peligro de explicar fenómenos políticos y económicos complejos principalmente a través de los rasgos de personalidad de quienes ocupan posiciones de poder.

La corrupción, los abusos empresariales, la polarización política y las decisiones bélicas no se explican únicamente por la psicología de los dirigentes. También intervienen incentivos institucionales, estructuras económicas, relaciones de poder, culturas organizativas, sistemas de control y decisiones colectivas.

Si un directivo puede manipular las cuentas de una empresa durante años, es necesario examinar no solo su posible falta de escrúpulos, sino también los mecanismos de auditoría, la actuación de los órganos de supervisión y los incentivos que permitieron la conducta.

Si un dirigente político concentra excesivamente la autoridad, importa estudiar también el funcionamiento de su partido, el control parlamentario, la independencia judicial, la libertad de prensa y la capacidad de la ciudadanía para exigir responsabilidades.

Esta distinción es fundamental para analizar a Pedro Sánchez. Criticar una decisión gubernamental, cuestionar una negociación parlamentaria o examinar la relación entre el Ejecutivo y las instituciones constituye una tarea legítima de la filosofía política. Pero convertir cada desacuerdo en una prueba de narcisismo desplaza la discusión desde los hechos verificables hacia las intenciones psicológicas, que son mucho más difíciles de demostrar.

Existe, además, una paradoja: cuando se atribuye una conducta perjudicial a una supuesta personalidad patológica, se corre el riesgo de dejar intactas las estructuras que permiten que esa conducta tenga éxito.

El problema no se resuelve sustituyendo a un dirigente por otro si los mecanismos institucionales siguen premiando la opacidad, la impunidad o la subordinación del interés general a los intereses particulares.

Por eso, el argumento más sólido que puede extraerse del artículo no es que los líderes poderosos sean necesariamente narcisistas o psicopáticos, sino que ninguna democracia debería depender de la supuesta bondad personal de quienes la gobiernan.

La democracia necesita controles precisamente porque todos los seres humanos, con independencia de su personalidad, pueden cometer errores, desarrollar intereses propios o abusar de la autoridad.

La responsabilidad ética como alternativa al culto al líder

Frente a la cultura del éxito inmediato y la personalización del poder, la filosofía ofrece una concepción alternativa del liderazgo: el ejercicio de la autoridad como responsabilidad y servicio público.

Max Weber, en La política como vocación, distingue entre una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad. La primera pone el acento en la fidelidad a determinados principios; la segunda exige considerar las consecuencias previsibles de las propias acciones.

No se trata de elegir entre principios y resultados como si fueran incompatibles. La política responsable debe asumir la tensión entre ambos: actuar de acuerdo con convicciones justificables y responder por los efectos de las decisiones adoptadas.

Este planteamiento permite formular un criterio de evaluación para Pedro Sánchez y para cualquier otro gobernante.

Un liderazgo responsable no se demuestra por la cantidad de adversarios derrotados, por la capacidad de resistir una crisis o por la habilidad para dominar la conversación pública. Se demuestra también por la disposición a rendir cuentas, reconocer los errores, respetar los controles institucionales y aceptar que la autoridad tiene límites.

Desde esta perspectiva, la humildad política no significa inseguridad ni renuncia a ejercer el poder. Significa comprender que el cargo no convierte al gobernante en propietario de las instituciones ni en intérprete exclusivo del interés general.

Asimismo, la empatía no exige renunciar a decisiones difíciles. Exige reconocer que las personas afectadas por ellas poseen una dignidad que no desaparece porque el gobernante considere sus medidas necesarias.

El verdadero contrapunto del narcisismo político no es, por tanto, la debilidad. Es la capacidad de ejercer el poder sin convertirlo en una extensión del propio ego.

Conclusión: el problema no es quién ocupa el poder, sino qué hacemos con él

El artículo de Dolores Fernández Pérez constituye una invitación oportuna a revisar una cultura que, en determinados ámbitos, confunde la frialdad con la fortaleza, la manipulación con la inteligencia estratégica y la conquista del poder con el mérito moral.

Su principal aportación consiste en recordar que el éxito no es una categoría ética y que una persona puede alcanzar una posición privilegiada sin que ello demuestre la calidad moral de sus decisiones.

Sin embargo, una crítica filosófica completa debe ir más allá de la psicología individual. El narcisismo, entendido como una relación deformada con uno mismo y con los demás, resulta especialmente peligroso cuando encuentra instituciones y culturas dispuestas a premiarlo. La solución no consiste en diagnosticar a los dirigentes desde la distancia, sino en someter su comportamiento a criterios públicos de responsabilidad, transparencia, justicia y respeto a la dignidad humana.

La figura de Pedro Sánchez permite ilustrar esta tensión entre liderazgo, ambición, comunicación e interés general. Su trayectoria puede ser objeto de una crítica política rigurosa, tanto por parte de sus partidarios como de sus detractores. Pero esa crítica será más sólida si examina decisiones concretas, argumentos verificables y consecuencias institucionales, en lugar de atribuirle una personalidad patológica sin pruebas suficientes.

Lo mismo debe exigirse cuando se analiza a cualquier otro dirigente, independientemente de su ideología.

En última instancia, la cuestión filosófica más importante no es si Pedro Sánchez, Donald Trump o cualquier otro gobernante puede ser calificado de narcisista. La pregunta decisiva es si las instituciones permiten que alguien confunda su voluntad con el interés colectivo y si la sociedad dispone de mecanismos suficientes para impedirlo.

Porque el narcisismo político alcanza su expresión más problemática cuando el gobernante deja de entenderse como representante temporal de una comunidad y empieza a actuar como si esa comunidad existiera para confirmar su propia importancia.

Y aquí reside la lección que puede extraerse tanto del artículo de Fernández Pérez como de la tradición filosófica: el poder no demuestra la grandeza moral de quien lo posee; es la manera de ejercerlo, limitarlo y responder por sus consecuencias lo que permite juzgar su legitimidad ética.

Una sociedad verdaderamente democrática no debería preguntarse solamente quién tiene más capacidad para vencer, convencer o imponerse. Debería preguntarse quién está dispuesto a aceptar límites, reconocer errores y comprender que ninguna ambición personal puede situarse por encima de la dignidad de los ciudadanos.

El verdadero éxito político no consiste en conseguir que todo gire alrededor de un dirigente. Consiste en construir una sociedad que pueda funcionar justamente incluso cuando ese dirigente ya no esté en el poder.

Y quizá sea precisamente ahí donde comienza la diferencia entre gobernar para uno mismo y gobernar para los demás.