REFERENCIA APICE

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domingo, 18 de octubre de 2026

La edulcoración de la impunidad: soberanía, sanciones y el precio de la normalización


La edulcoración de la impunidad: soberanía, sanciones y el precio de la normalización

 

Hay una forma sutil de traicionar los derechos humanos que no necesita cámaras de tortura ni decretos de excepción. Basta con convertir la norma en un filtro de cortesía. Basta con transformar la sanción en una excepción diplomática, la lista negra en una lista de invitados y la memoria de las víctimas en el ruido de fondo de una cumbre. Cuando la legislación europea, pensada para responder al deterioro deliberado de la democracia, se aplica con la blandura de quien prefiere la fotografía a la coherencia, deja de ser un instrumento de presión y se convierte en un lenguaje de acomodación. El caso de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de un régimen que la Unión Europea ha señalado por menoscabar el Estado de derecho en Venezuela, ilustra con precisión esta deriva.

La Decisión (PESC) 2017/2074 no es un adorno retórico. Establece restricciones de admisión contra quienes han contribuido al socavamiento de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su artículo 6 contempla excepciones, razones humanitarias urgentes o reuniones intergubernamentales que promuevan el diálogo político en favor de la democracia, pero las somete a un procedimiento de notificación y posible objeción. Esa arquitectura no es casual: pretende impedir que la soberanía nacional se invoque como licencia para vaciar de contenido las medidas comunes. España, como Estado miembro, no puede decidir unilateralmente que la conveniencia de una cumbre iberoamericana prevalezca sobre el ordenamiento que ella misma ha contribuido a construir. Invitar no es, por sí solo, delinquir. Autorizar la entrada al margen de los requisitos, o presentar la discrepancia política como si bastara para neutralizar la norma, sí puede serlo.

Aquí reside la mala praxis del conglomerado legislativo y diplomático que edulcora a los operadores de dictaduras. No se trata de negar el diálogo. Se trata de impedir que el diálogo se convierta en normalización sin contrapartidas. Cuando un Gobierno defiende públicamente el levantamiento de sanciones y, al mismo tiempo, confía en que la persona sancionada atraviese la frontera europea, está enviando un mensaje inequívoco: las medidas restrictivas son negociables según la utilidad política del momento. La prórroga de diciembre de 2025, que mantiene las restricciones hasta enero de 2027, queda así reducida a un papel que se dobla con facilidad. La primacía del Derecho de la Unión deja de ser un principio y se convierte en una variable.

La frontera europea no se viola solo con la fuerza. También se debilita cuando se aplica de modo selectivo. Hablar de “invasión” resulta jurídicamente impreciso e inflacionario; el problema real es otro. Es la erosión de la credibilidad. Si las sanciones responden al deterioro de las condiciones de participación política, a la persecución de la oposición y al desmantelamiento de garantías institucionales, entonces cada excepción no motivada con rigor es una pequeña capitulación. El artículo 97 de la Constitución española atribuye al Gobierno la dirección de la política exterior, pero esa dirección se ejerce conforme a la Constitución y a las leyes. No es un espacio de inmunidad. Cuando la invitación se sitúa en plena precampaña electoral y se presenta como éxito de interlocución, la sospecha de instrumentalización deja de ser una acusación partidista y se convierte en una pregunta legítima de control democrático.

Los derechos humanos no admiten esta elasticidad. El artículo 21 de la Declaración Universal y el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no son formulaciones abstractas: establecen el derecho a la participación política y a elecciones auténticas. Las sanciones europeas no equivalen a una sentencia penal; tampoco autorizan a tratar a las personas incluidas en las listas como si las medidas no existieran. El error simétrico, declarar ilícito todo contacto o afirmar que el rango político absuelve de las restricciones, confunde diplomacia con impunidad. Un Ejecutivo puede buscar interlocución con Caracas. Lo que no puede hacer es presentar esa interlocución como si bastara para suspender las obligaciones europeas vigentes o para ofrecer legitimación simbólica sin exigencias verificables sobre libertades, garantías electorales y Estado de derecho.

La crisis iberoamericana no se resuelve con fotografías amplias. Se resuelve, o se agrava, según se gestione la coherencia. La escasa participación presidencial en cumbres anteriores no justifica convertir la excepción en privilegio. El riesgo es triple: pérdida de credibilidad europea por aplicación selectiva; deterioro de la confianza entre países que esperan un espacio de cooperación plural y no de alineamiento ideológico; y debilitamiento de la defensa de los derechos humanos cuando el diálogo no va acompañado de compromisos medibles. Ninguno de estos riesgos es inevitables. Todos dependen de cómo se ejercite el poder.

La conclusión no admite ambigüedad. La fortaleza de un Estado de derecho no se mide por la facilidad con que sus gobernantes conceden excepciones, sino por el rigor con que las justifican. La diplomacia puede negociar, dialogar y discrepar. Lo que no puede hacer es sustituir la norma por la conveniencia. Cuando la legislación se aplica de modo que edulcora a quienes han participado en el deterioro sistemático de las libertades, deja de proteger a las víctimas y empieza a proteger la comodidad de los poderosos. La frontera decisiva no es solo la que separa el territorio europeo del exterior. Es la que distingue el ejercicio legítimo del poder de su utilización sin suficiente justificación jurídica. Y esa frontera, una vez erosionada, cuesta mucho más reconstruir que preservar.

 

sábado, 17 de octubre de 2026

El narcisismo, el poder y la cultura del éxito.

 


El narcisismo, el poder y la cultura del éxito:

(Una crítica filosófica al planteamiento de Dolores Fernández Pérez a través de la figura de Pedro Sánchez)

Cuando el éxito se convierte en una justificación moral

En su artículo Cómo los rasgos psicopáticos se han normalizado en la cultura del éxito, publicado en Ethic el 17 de octubre de 2025, Dolores Fernández Pérez plantea una cuestión de gran relevancia para comprender las sociedades contemporáneas: ¿por qué determinados comportamientos caracterizados por la frialdad emocional, la manipulación, la ausencia de empatía o la ambición desmedida pueden convertirse en cualidades admiradas cuando aparecen vinculados al éxito económico, social o político?

La autora acierta al señalar que no siempre premiamos la bondad, la prudencia o la responsabilidad, sino que, con frecuencia, confundimos la capacidad de imponerse con la capacidad de dirigir. Sin embargo, su planteamiento admite una lectura filosófica más profunda. El problema no reside únicamente en la normalización de ciertos rasgos psicopáticos, sino también en la transformación del individuo en un proyecto permanente de afirmación personal, en el que el reconocimiento público, la conquista del poder y la conservación de la propia imagen terminan ocupando el lugar que deberían corresponder a la verdad, la justicia y el bien común.

Aquí aparece el narcisismo como categoría fundamental para interpretar la relación entre personalidad, sociedad y poder. Y es precisamente en el ámbito político donde esta cuestión adquiere una dimensión especialmente compleja, pues el dirigente no solo ejerce autoridad: también construye una imagen de sí mismo, representa valores colectivos y necesita mantener la confianza de aquellos a quienes gobierna.

La figura de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, permite ilustrar este problema desde una perspectiva crítica. No se trata de atribuirle un trastorno psicológico ni de afirmar que posee rasgos psicopáticos o narcisistas como si existiera un diagnóstico clínico acreditado. Se trata, más bien, de examinar su proyección pública, su estilo de liderazgo y las tensiones entre la construcción de una imagen política, la ambición de poder y las exigencias éticas de la responsabilidad democrática.

La pregunta que orienta este ensayo es, por tanto, la siguiente: ¿cuándo deja el deseo legítimo de ejercer el poder de estar al servicio de la sociedad y comienza a convertirse en una forma de autoafirmación del propio dirigente?

La principal virtud y el límite del argumento de Dolores Fernández Pérez

Uno de los méritos del artículo es que cuestiona la identificación entre éxito y virtud. En una cultura que admira a quienes ascienden rápidamente, toman decisiones sin vacilar y consiguen imponerse a sus adversarios, existe el riesgo de interpretar cualquier resultado favorable como una demostración de superioridad personal.

Esta confusión tiene una larga historia filosófica.

Maquiavelo, en El príncipe, estudió la relación entre el poder, la apariencia y la conservación del Estado. Su análisis muestra que el gobernante debe comprender las circunstancias reales de la política, que no siempre coinciden con las exigencias de la moral privada. Sin embargo, reconocer esa tensión no significa que toda manipulación sea legítima ni que el éxito político convierta automáticamente al gobernante en una persona virtuosa.

El problema aparece cuando la eficacia se transforma en el único criterio de valoración. Si una estrategia permite ganar unas elecciones, conservar el cargo o neutralizar a un adversario, ¿debemos considerarla buena por el mero hecho de haber funcionado?

Desde una perspectiva ética, la respuesta debe ser negativa. La eficacia es un instrumento; no constituye, por sí sola, una justificación moral.

En este punto, el artículo de Fernández Pérez resulta convincente: una sociedad que recompensa exclusivamente los resultados corre el riesgo de premiar comportamientos destructivos. No obstante, su argumento requiere una distinción importante entre tres fenómenos que no son equivalentes:

La psicopatía, entendida como un conjunto de rasgos psicológicos relacionados, entre otros aspectos, con la insensibilidad interpersonal y la falta de remordimiento.

El narcisismo, relacionado con la importancia concedida al yo, la necesidad de reconocimiento y, en determinadas formas, la dificultad para aceptar límites o críticas.

El maquiavelismo, caracterizado por una orientación estratégica hacia la manipulación y el uso instrumental de otras personas.

Estos rasgos pueden relacionarse, pero no son sinónimos. Tampoco la ambición, la seguridad personal o la capacidad de comunicación constituyen por sí mismas pruebas de ninguna de estas características.

La crítica filosófica debe evitar precisamente aquello que pretende denunciar: sustituir el análisis racional por una etiqueta que descalifique al adversario.

El narcisismo: cuando el yo se convierte en medida de todas las cosas

Para comprender filosóficamente el narcisismo es necesario ir más allá de la vanidad superficial. El problema fundamental aparece cuando el individuo deja de concebirse como una persona entre otras y comienza a interpretar el mundo como un escenario destinado a confirmar su propia importancia.

En el mito griego de Narciso, tal como aparece en las Metamorfosis de Ovidio, el protagonista queda cautivado por su propia imagen hasta consumirse en ella. La fuerza simbólica del relato reside en que Narciso no se limita a contemplarse: queda atrapado en una relación consigo mismo que le impide establecer un vínculo verdadero con aquello que tiene delante.

Trasladado al terreno político, el mito permite formular una hipótesis: un dirigente puede terminar confundiendo la imagen que proyecta con la realidad de la sociedad que representa.

En ese escenario, los ciudadanos corren el riesgo de convertirse en espectadores de una representación personal. Los problemas colectivos pasan a interpretarse según su utilidad para reforzar el relato del gobernante; las críticas se perciben como ataques a su autoridad; los éxitos se personalizan, mientras que los fracasos tienden a atribuirse a factores externos.

Conviene insistir en que esta es una interpretación filosófica de una posible dinámica de poder, no un diagnóstico sobre una persona concreta.

El pensamiento de Hegel ofrece otra perspectiva decisiva. En su análisis del reconocimiento, el individuo no alcanza una identidad plenamente desarrollada mediante la mera contemplación de sí mismo, sino a través de una relación con otros sujetos que también poseen libertad y dignidad.

El narcisismo, entendido filosóficamente, supone una deformación de esa relación: el otro deja de ser alguien cuyo reconocimiento tiene valor propio y pasa a ser un instrumento para alimentar la propia identidad.

Aquí se encuentra uno de los riesgos centrales del liderazgo personalista. El dirigente puede empezar buscando el reconocimiento de los ciudadanos para terminar exigiendo que la ciudadanía confirme permanentemente su superioridad.

La diferencia es fundamental: una cosa es querer ser reconocido por haber servido al bien común y otra necesitar que el bien común sirva para sostener la propia imagen.

Pedro Sánchez como ejemplo para examinar el narcisismo político

La figura de Pedro Sánchez permite plantear esta cuestión porque su trayectoria pública se presta a estudiar fenómenos característicos de la política contemporánea: la personalización del liderazgo, la importancia de la comunicación, la construcción de una identidad política reconocible y la lucha por controlar la interpretación pública de los acontecimientos.

Su ascenso, su regreso al liderazgo del PSOE en 2017 después de haber abandonado la secretaría general y su posterior llegada a la presidencia del Gobierno en 2018 muestran una notable capacidad de resistencia política, movilización y adaptación estratégica.

Estos hechos admiten interpretaciones diferentes. Para sus partidarios, pueden representar perseverancia, capacidad de superar obstáculos y voluntad de defender un proyecto político frente a sus adversarios. Para sus críticos, pueden alimentar preguntas sobre el peso de la ambición personal, el pragmatismo y la conservación del poder en sus decisiones.

Ninguna de estas interpretaciones demuestra por sí misma la existencia de narcisismo patológico. Sin embargo, ambas permiten plantear una cuestión filosófica legítima: ¿cómo distinguir la perseverancia al servicio de un proyecto colectivo de la perseverancia orientada principalmente a conservar una posición de poder?

La respuesta no puede encontrarse únicamente en la personalidad aparente del dirigente. Debe buscarse en sus decisiones, sus argumentos, sus resultados y su relación con las instituciones.

La política como construcción de una imagen

En la política contemporánea, el liderazgo no se ejerce únicamente mediante leyes, negociaciones y decisiones administrativas. También se ejerce a través de la comunicación pública.

Un presidente necesita explicar sus medidas, defender su programa y convencer a los ciudadanos. Por eso, la construcción de una imagen pública no es necesariamente una conducta narcisista: forma parte de la naturaleza de la representación democrática.

La cuestión ética aparece cuando la imagen deja de ser un medio para comunicar una acción política y se convierte en el criterio que determina qué acciones se emprenden, cómo se presentan y qué información se considera aceptable.

En el caso de Pedro Sánchez, una crítica rigurosa puede examinar su centralidad en la comunicación gubernamental, su manera de responder a las controversias y la relación entre sus discursos y las decisiones efectivamente adoptadas. Para sostener conclusiones concretas, habría que analizar episodios específicos y contrastar las interpretaciones con documentación verificable.

El criterio filosófico sería el mismo con cualquier presidente: ¿se utiliza la comunicación para rendir cuentas a la ciudadanía o, por el contrario, se prioriza la protección de una identidad política personal?

No basta con afirmar que un dirigente cuida mucho su imagen para llamarlo narcisista. Es necesario mostrar si esa preocupación desplaza la obligación de explicar los hechos, reconocer los errores y aceptar los límites del poder.

La ambición y el problema de la legitimidad

El segundo aspecto relevante es la ambición.

La ambición política no es necesariamente un defecto moral. Sin ella, difícilmente podría alguien asumir la responsabilidad de gobernar, impulsar reformas o resistir las presiones de sus adversarios.

El problema surge cuando la conservación del cargo se convierte en un fin superior a los principios que justificaron el acceso al poder.

Desde esta perspectiva, las decisiones de Pedro Sánchez pueden someterse a un examen crítico sin necesidad de atribuirle una motivación psicológica determinada. Ante cualquier acuerdo parlamentario, cambio de posición o decisión de gobierno, cabe preguntar:

¿Se encuentra justificado por razones públicas que puedan explicarse y discutirse?

¿Respeta las reglas institucionales y los principios democráticos?

¿Sus costes y beneficios se valoran atendiendo al interés general?

¿El dirigente acepta la crítica, ofrece explicaciones y asume responsabilidades?

¿Se mantiene una coherencia razonable entre las promesas, los argumentos y las actuaciones?

Estas preguntas permiten distinguir el análisis político de la descalificación personal.

La crítica al narcisismo se vuelve filosóficamente relevante cuando deja de especular sobre la vida interior de un político y examina la forma en que el ejercicio del poder afecta a los demás.

Kant: el peligro de convertir a las personas en instrumentos

La filosofía moral de Immanuel Kant proporciona uno de los criterios más sólidos para evaluar el problema planteado por Fernández Pérez.

En la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant sostiene que debemos tratar a la humanidad, tanto en nuestra propia persona como en la de los demás, siempre como un fin y nunca simplemente como un medio.

Esta idea permite profundizar en la relación entre narcisismo, manipulación y poder.

Una persona puede colaborar con otras para alcanzar objetivos legítimos. Lo moralmente problemático no es toda utilización instrumental de las capacidades ajenas, sino tratar a los demás meramente como instrumentos, ignorando su autonomía, su dignidad y su derecho a participar en las decisiones que les afectan.

Aplicado a la política, este principio plantea un límite claro: los ciudadanos no existen para satisfacer las necesidades de prestigio, reconocimiento o permanencia de sus gobernantes. Son sujetos de derechos y participantes de la vida democrática.

Este criterio puede utilizarse para evaluar a Pedro Sánchez, a cualquier otro dirigente español o a cualquier líder internacional. No importa si el gobernante se presenta como progresista, conservador, liberal o revolucionario. La cuestión decisiva es si sus actuaciones respetan a las personas como sujetos de dignidad o las reducen a recursos electorales, instrumentos de propaganda o piezas de una estrategia de poder.

Una política puede ser legal y, aun así, merecer un debate ético sobre sus consecuencias. Del mismo modo, una decisión impopular no es necesariamente inmoral. Por eso, el juicio filosófico requiere examinar tanto los medios empleados como los fines perseguidos.

Desde Kant, el éxito político no puede absolver una conducta que vulnere la dignidad humana.

Maquiavelo y Nietzsche: entre la conquista del poder y la voluntad de afirmación

La relación entre narcisismo y política también puede analizarse mediante dos autores que, pese a sus diferencias, ayudan a comprender la dimensión conflictiva del poder.

Maquiavelo: el poder no es una prueba de virtud

Maquiavelo obliga a abandonar una imagen ingenua de la política. Los dirigentes actúan en escenarios de conflicto, rivalidad, incertidumbre y competencia. La prudencia política exige comprender esas circunstancias y tomar decisiones que permitan sostener un orden común.

Sin embargo, sería una simplificación identificar el pensamiento maquiaveliano con la idea de que cualquier medio resulta legítimo si permite conservar el cargo.

La cuestión es precisamente qué se pretende conservar y con qué consecuencias. La estabilidad de las instituciones y la seguridad de la comunidad no son idénticas a la supervivencia personal del gobernante.

Aplicado a Pedro Sánchez, este marco permite distinguir entre el pragmatismo necesario para gobernar en un Parlamento fragmentado y el pragmatismo que podría convertirse en una renuncia injustificada a los principios. Para decidir en qué caso nos encontramos, es necesario estudiar los acuerdos concretos, sus condiciones y sus resultados, no deducir las motivaciones del presidente a partir de su permanencia en el poder.

Nietzsche: el deseo de afirmarse y la necesidad de reconocimiento

Friedrich Nietzsche ofrece una vía diferente. Su filosofía analiza la voluntad de poder, la creación de valores y las formas en que los seres humanos interpretan y justifican sus propias acciones.

No sería correcto reducir su pensamiento a una defensa de la dominación ni identificar automáticamente la voluntad de poder con el narcisismo. En Nietzsche, la afirmación de la vida puede adoptar formas creativas y transformadoras que no se limitan a someter a los demás.

Sin embargo, su obra permite preguntar si el individuo actúa desde una fuerza capaz de producir algo valioso o si necesita medir constantemente su existencia a través de la superioridad sobre sus adversarios.

En el ámbito político, esta distinción resulta especialmente sugerente. Un dirigente puede afirmar su liderazgo mediante la capacidad de formular un proyecto, aceptar la complejidad de la realidad y producir instituciones que sobrevivan a su mandato. También puede buscar afirmarse mediante la confrontación permanente, la personalización de los conflictos y la necesidad de aparecer como protagonista de cada acontecimiento.

Ambas dinámicas pueden coexistir, y no cabe atribuir automáticamente la segunda a Pedro Sánchez ni a ningún otro político sin examinar su comportamiento. La utilidad de este marco consiste en formular una pregunta más profunda: ¿el poder permite al dirigente contribuir a una realidad que lo trasciende o necesita que toda realidad termine girando alrededor de él?

El narcisismo no nace únicamente en el individuo: también lo produce la sociedad

Uno de los aspectos más interesantes del artículo de Dolores Fernández Pérez es su atención a la cultura del éxito. Esta idea permite evitar una explicación excesivamente individualista.

No basta con preguntarse por qué algunas personas desean dominar. También es necesario preguntarse por qué determinadas instituciones recompensan la dominación, por qué ciertos públicos admiran la arrogancia y por qué la prudencia o la empatía pueden interpretarse erróneamente como debilidad.

En este punto, la crítica de Byung-Chul Han a la sociedad del rendimiento resulta pertinente. En La sociedad del cansancio, el filósofo describe un orden social en el que el individuo se encuentra sometido a la exigencia permanente de producir, superarse y demostrar su valor.

Aunque este análisis no equivale a una teoría clínica del narcisismo, ayuda a comprender un contexto cultural en el que la identidad se vincula estrechamente con el rendimiento, la visibilidad y el reconocimiento.

La lógica del éxito puede trasladarse a la política: cada intervención debe imponerse en el debate público, cada adversario debe ser derrotado y cada crisis debe convertirse en una oportunidad para reafirmar el liderazgo. La política corre entonces el riesgo de adoptar la lógica del espectáculo, donde importa tanto la interpretación pública de los acontecimientos como su contenido real.

La figura de Pedro Sánchez puede examinarse dentro de este contexto, al igual que la de Donald Trump o la de otros dirigentes contemporáneos. La personalización del liderazgo, la comunicación estratégica y la polarización no son fenómenos exclusivos de una ideología ni constituyen pruebas de un trastorno psicológico.

Son dinámicas políticas que merecen un análisis institucional y cultural.

La responsabilidad, por tanto, no corresponde únicamente a quien ocupa el poder. También concierne a los partidos, los medios de comunicación, las organizaciones, los electores y las plataformas que convierten la confrontación en espectáculo.

Cuando una sociedad premia sistemáticamente la humillación del adversario, la seguridad teatral y la victoria inmediata, puede terminar haciendo menos visibles las virtudes democráticas que sostienen una convivencia duradera: la deliberación, la honestidad, la moderación y la capacidad de rectificar.

Una crítica al artículo: el riesgo de psicologizar la política

A pesar de la importancia de su tesis, el texto de Fernández Pérez presenta un límite que conviene destacar: el peligro de explicar fenómenos políticos y económicos complejos principalmente a través de los rasgos de personalidad de quienes ocupan posiciones de poder.

La corrupción, los abusos empresariales, la polarización política y las decisiones bélicas no se explican únicamente por la psicología de los dirigentes. También intervienen incentivos institucionales, estructuras económicas, relaciones de poder, culturas organizativas, sistemas de control y decisiones colectivas.

Si un directivo puede manipular las cuentas de una empresa durante años, es necesario examinar no solo su posible falta de escrúpulos, sino también los mecanismos de auditoría, la actuación de los órganos de supervisión y los incentivos que permitieron la conducta.

Si un dirigente político concentra excesivamente la autoridad, importa estudiar también el funcionamiento de su partido, el control parlamentario, la independencia judicial, la libertad de prensa y la capacidad de la ciudadanía para exigir responsabilidades.

Esta distinción es fundamental para analizar a Pedro Sánchez. Criticar una decisión gubernamental, cuestionar una negociación parlamentaria o examinar la relación entre el Ejecutivo y las instituciones constituye una tarea legítima de la filosofía política. Pero convertir cada desacuerdo en una prueba de narcisismo desplaza la discusión desde los hechos verificables hacia las intenciones psicológicas, que son mucho más difíciles de demostrar.

Existe, además, una paradoja: cuando se atribuye una conducta perjudicial a una supuesta personalidad patológica, se corre el riesgo de dejar intactas las estructuras que permiten que esa conducta tenga éxito.

El problema no se resuelve sustituyendo a un dirigente por otro si los mecanismos institucionales siguen premiando la opacidad, la impunidad o la subordinación del interés general a los intereses particulares.

Por eso, el argumento más sólido que puede extraerse del artículo no es que los líderes poderosos sean necesariamente narcisistas o psicopáticos, sino que ninguna democracia debería depender de la supuesta bondad personal de quienes la gobiernan.

La democracia necesita controles precisamente porque todos los seres humanos, con independencia de su personalidad, pueden cometer errores, desarrollar intereses propios o abusar de la autoridad.

La responsabilidad ética como alternativa al culto al líder

Frente a la cultura del éxito inmediato y la personalización del poder, la filosofía ofrece una concepción alternativa del liderazgo: el ejercicio de la autoridad como responsabilidad y servicio público.

Max Weber, en La política como vocación, distingue entre una ética de la convicción y una ética de la responsabilidad. La primera pone el acento en la fidelidad a determinados principios; la segunda exige considerar las consecuencias previsibles de las propias acciones.

No se trata de elegir entre principios y resultados como si fueran incompatibles. La política responsable debe asumir la tensión entre ambos: actuar de acuerdo con convicciones justificables y responder por los efectos de las decisiones adoptadas.

Este planteamiento permite formular un criterio de evaluación para Pedro Sánchez y para cualquier otro gobernante.

Un liderazgo responsable no se demuestra por la cantidad de adversarios derrotados, por la capacidad de resistir una crisis o por la habilidad para dominar la conversación pública. Se demuestra también por la disposición a rendir cuentas, reconocer los errores, respetar los controles institucionales y aceptar que la autoridad tiene límites.

Desde esta perspectiva, la humildad política no significa inseguridad ni renuncia a ejercer el poder. Significa comprender que el cargo no convierte al gobernante en propietario de las instituciones ni en intérprete exclusivo del interés general.

Asimismo, la empatía no exige renunciar a decisiones difíciles. Exige reconocer que las personas afectadas por ellas poseen una dignidad que no desaparece porque el gobernante considere sus medidas necesarias.

El verdadero contrapunto del narcisismo político no es, por tanto, la debilidad. Es la capacidad de ejercer el poder sin convertirlo en una extensión del propio ego.

Conclusión: el problema no es quién ocupa el poder, sino qué hacemos con él

El artículo de Dolores Fernández Pérez constituye una invitación oportuna a revisar una cultura que, en determinados ámbitos, confunde la frialdad con la fortaleza, la manipulación con la inteligencia estratégica y la conquista del poder con el mérito moral.

Su principal aportación consiste en recordar que el éxito no es una categoría ética y que una persona puede alcanzar una posición privilegiada sin que ello demuestre la calidad moral de sus decisiones.

Sin embargo, una crítica filosófica completa debe ir más allá de la psicología individual. El narcisismo, entendido como una relación deformada con uno mismo y con los demás, resulta especialmente peligroso cuando encuentra instituciones y culturas dispuestas a premiarlo. La solución no consiste en diagnosticar a los dirigentes desde la distancia, sino en someter su comportamiento a criterios públicos de responsabilidad, transparencia, justicia y respeto a la dignidad humana.

La figura de Pedro Sánchez permite ilustrar esta tensión entre liderazgo, ambición, comunicación e interés general. Su trayectoria puede ser objeto de una crítica política rigurosa, tanto por parte de sus partidarios como de sus detractores. Pero esa crítica será más sólida si examina decisiones concretas, argumentos verificables y consecuencias institucionales, en lugar de atribuirle una personalidad patológica sin pruebas suficientes.

Lo mismo debe exigirse cuando se analiza a cualquier otro dirigente, independientemente de su ideología.

En última instancia, la cuestión filosófica más importante no es si Pedro Sánchez, Donald Trump o cualquier otro gobernante puede ser calificado de narcisista. La pregunta decisiva es si las instituciones permiten que alguien confunda su voluntad con el interés colectivo y si la sociedad dispone de mecanismos suficientes para impedirlo.

Porque el narcisismo político alcanza su expresión más problemática cuando el gobernante deja de entenderse como representante temporal de una comunidad y empieza a actuar como si esa comunidad existiera para confirmar su propia importancia.

Y aquí reside la lección que puede extraerse tanto del artículo de Fernández Pérez como de la tradición filosófica: el poder no demuestra la grandeza moral de quien lo posee; es la manera de ejercerlo, limitarlo y responder por sus consecuencias lo que permite juzgar su legitimidad ética.

Una sociedad verdaderamente democrática no debería preguntarse solamente quién tiene más capacidad para vencer, convencer o imponerse. Debería preguntarse quién está dispuesto a aceptar límites, reconocer errores y comprender que ninguna ambición personal puede situarse por encima de la dignidad de los ciudadanos.

El verdadero éxito político no consiste en conseguir que todo gire alrededor de un dirigente. Consiste en construir una sociedad que pueda funcionar justamente incluso cuando ese dirigente ya no esté en el poder.

Y quizá sea precisamente ahí donde comienza la diferencia entre gobernar para uno mismo y gobernar para los demás.


martes, 13 de octubre de 2026

Crecimiento económico, inflación y desempleo; la distancia entre las cifras y la prosperidad real.

 


Crecimiento económico, inflación y desempleo;

la distancia entre las cifras y la prosperidad real.

España crece, pero la prosperidad no se mide únicamente por el PIB

La economía española presenta una paradoja que merece un análisis riguroso: puede crecer por encima de las principales economías europeas y, simultáneamente, mantener desequilibrios laborales y dificultades sociales que impiden trasladar íntegramente ese crecimiento al bienestar de sus ciudadanos.

El Fondo Monetario Internacional, en sus previsiones de octubre de 2026, sitúa el crecimiento del PIB español en el 2,5 % y la inflación media anual en el 3,7 %. La combinación revela que el dinamismo económico no elimina las presiones sobre los precios. No obstante, sería incorrecto concluir que el crecimiento carece de efectos positivos: para valorar sus resultados es necesario examinar también el empleo creado, los salarios reales, la productividad y la distribución de la renta.

La inflación constituye el primer problema distributivo. Cuando los precios aumentan, los hogares pierden poder adquisitivo si sus ingresos no crecen en una proporción equivalente. El efecto es especialmente gravoso para quienes destinan una parte elevada de su presupuesto a vivienda, alimentación, transporte y suministros. Por ello, la inflación no debe juzgarse exclusivamente mediante un promedio nacional, sino atendiendo a su incidencia sobre los diferentes grupos sociales. La aceleración del IPCA español hasta el 5 % interanual en septiembre, frente al 3,8 % estimado para la eurozona, confirma una presión coyuntural significativa, aunque no equivale a una inflación media anual del 5 %.

El desempleo representa el segundo desequilibrio estructural. El FMI proyecta para España una tasa del 9,8 % en 2026, mientras que Eurostat registró un desempleo del 10 % en España en julio y del 6,4 % en la eurozona en agosto, los últimos datos comparables aquí contrastados para cada ámbito temporal. Estas cifras no son directamente intercambiables, pero muestran la persistencia de una brecha laboral considerable. La cuestión económica no consiste únicamente en crear puestos de trabajo, sino en generar ocupaciones productivas, estables y suficientemente remuneradas. También importan el desempleo juvenil, la duración de los periodos sin trabajo y la capacidad de las empresas para aumentar el valor añadido por empleado.

El análisis exige, sin embargo, evitar una conclusión simplista. España ha registrado un crecimiento económico relativamente sólido, apoyado en el consumo, el empleo y los servicios, según el diagnóstico del FMI. El país no se encuentra, por tanto, ante una ausencia de crecimiento, sino ante el desafío de convertirlo en una mejora más amplia y duradera de las condiciones de vida.

La dimensión social completa el diagnóstico. El encarecimiento de la vivienda, las dificultades de emancipación, las diferencias territoriales y la desigual capacidad de ahorro pueden erosionar los beneficios de una expansión del PIB. Una economía puede producir más sin que todos sus ciudadanos mejoren en la misma medida; también puede aumentar el empleo mientras determinados colectivos permanecen atrapados en la precariedad o la inactividad involuntaria.

En consecuencia, la valoración de la política económica debe apoyarse en indicadores verificables y no exclusivamente en mensajes triunfalistas ni en titulares alarmistas. Las cifras de inflación y desempleo justifican preocupación, pero no demuestran por sí solas el fracaso global de una política económica ni permiten atribuir toda la responsabilidad a un único factor. Para establecer causalidades se requiere estudiar la evolución de la productividad, los costes energéticos, la política fiscal, la regulación laboral, la oferta de vivienda y la composición sectorial del crecimiento.

La conclusión es inequívoca: crecer es necesario, pero no basta. El éxito económico debe medirse por la capacidad de crear empleo productivo, preservar el poder adquisitivo, ampliar el acceso a la vivienda y mejorar las oportunidades de los hogares. Cuando estos resultados no acompañan suficientemente a las cifras agregadas, la distancia entre el crecimiento estadístico y la prosperidad cotidiana se convierte en uno de los principales problemas de la economía española.

Qué dicen realmente las cifras sobre la realidad social

Para valorar el alcance económico y social de estos datos, conviene separar cuatro indicadores:

·      Crecimiento del PIB : 2,5 %

Previsión del FMI para España en 2026. Indica expansión de la producción, no una subida equivalente de la renta disponible de cada ciudadano.

·      Inflación media prevista : 3,7 %

Previsión anual para 2026. Si los ingresos crecen menos que los precios, disminuye el poder adquisitivo real.

·      Desempleo : 9,8 %

Previsión del FMI para 2026, frente al 6,4 % observado en la eurozona en agosto. Es una comparación orientativa entre una previsión anual y un dato mensual, no una comparación estrictamente homogénea.

·      Presión energética europea : 18,8 %

Aumento interanual estimado de los precios energéticos de la eurozona en septiembre. Es un componente relevante del repunte, pero no explica por sí solo toda la inflación española.

Conclusión económica

Los datos contrastados permiten establecer tres conclusiones:

La inflación española se ha acelerado: tanto la previsión anual del FMI como el dato adelantado de septiembre reflejan un escenario de presión sobre los precios.

El desempleo continúa siendo una debilidad estructural: España mantiene una tasa sensiblemente superior a la media de la eurozona, aunque afirmar que duplica esa media exagera la diferencia con los datos comparables más recientes.

El crecimiento no es sinónimo automático de bienestar: para determinar si la economía mejora efectivamente la vida de los ciudadanos hay que contrastar el PIB con salarios reales, productividad, empleo de calidad, vivienda y distribución de la renta.

La cuestión decisiva no es negar el crecimiento económico español ni ignorar sus problemas. Es exigir que el crecimiento se traduzca en mejoras materiales verificables.

Una economía no se juzga solamente por cuánto produce, sino también por cuánto bienestar genera, cómo lo distribuye y qué oportunidades ofrece a quienes viven de su trabajo.


lunes, 12 de octubre de 2026

El socialismo de escaparate: crecimiento para las estadísticas, pobreza para los ciudadanos


 

El socialismo de escaparate: crecimiento para las estadísticas, pobreza para los ciudadanos

Hay gobiernos que confunden gobernar con administrar la propaganda, y prosperidad con acumular cifras favorables mientras el ciudadano descubre, al pasar por caja, que su dinero vale menos y su horizonte se estrecha. La España de Pedro Sánchez ofrece, según los dos textos analizados, una contradicción difícil de disimular: el crecimiento económico proclamado desde La Moncloa convive con el deterioro de la capacidad adquisitiva, el aumento de la desigualdad y las dificultades de miles de familias para cubrir necesidades tan elementales como alimentarse dignamente o disfrutar de un ocio que no sea un lujo.

Los datos recogidos en el documento dibujan una paradoja reveladora. En 2025, el 25,7 % de la población española, 12,5 millones de personas, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social; el 5,3 % no podía permitirse consumir carne, pescado o equivalentes cada dos días, y cerca de 700.000 niños padecían carencia material severa. Mientras tanto, el país habría sumado 1,7 millones de personas pobres y 35.500 millonarios más desde 2018. No es una prueba automática de que cada una de estas situaciones tenga una única causa política, pero sí un severo interrogante sobre la eficacia social del modelo económico que el Gobierno presenta como ejemplar.

La segunda contradicción reside en la naturaleza del crecimiento. Si la expansión depende excesivamente del gasto público, la deuda y una recaudación favorecida por la inflación, mientras la productividad y la inversión privada pierden impulso, el triunfalismo se convierte en una operación de maquillaje contable. El Estado puede sostener temporalmente la demanda, pero no fabricar indefinidamente prosperidad mediante el endeudamiento. Cada euro gastado sin mejorar la productividad, la formación, las infraestructuras o la capacidad de las empresas para crear riqueza puede convertirse en una obligación trasladada al contribuyente de mañana.

Y aquí aparece la gran impostura de las políticas de pacotilla: confundir el reparto de recursos con la creación de oportunidades, la contratación formal con el empleo de calidad y la recaudación récord con el bienestar de los hogares. Cuando el trabajador soporta mayores cargas, el salario pierde poder adquisitivo y el acceso a la vivienda se convierte en una carrera de obstáculos, repetir que la economía marcha viento en popa no resuelve el problema; únicamente pretende cambiarle el nombre.

El socialismo gubernamental no puede atribuirse todos los males de España, como tampoco la oposición quedaría exenta de demostrar que sus alternativas funcionan. Pero un Ejecutivo que reivindica la justicia social debe responder por sus resultados, no refugiarse en la retórica de sus intenciones. La protección social sin una economía productiva que la sostenga corre el riesgo de degenerar en dependencia; la redistribución sin crecimiento suficiente, en disputa por una riqueza que no aumenta al ritmo de las necesidades; y el gasto sin evaluación, en clientelismo presupuestario.

La verdadera medida del progreso no es el aplauso parlamentario ni la cifra brillante de un trimestre. Es que una familia pueda llenar la cesta de la compra, que un joven acceda a una vivienda, que trabajar permita vivir con dignidad y que ningún niño vea comprometido su futuro por la pobreza de sus padres.

Un Gobierno puede maquillar los indicadores durante un tiempo, pero no puede decretar la prosperidad ni derogar las leyes de la economía. Si ocho años de promesas sociales dejan tras de sí hogares más vulnerables, una deuda creciente y una productividad insuficiente, la pregunta resulta inevitable: ¿para quién funciona realmente el modelo?

Porque cuando el poder proclama el éxito mientras el ciudadano administra sus privaciones, la política social deja de ser una garantía de emancipación y corre el riesgo de convertirse en un decorado. Y ninguna consigna, por mucho que se repita, alimenta a un niño ni paga una factura.



domingo, 11 de octubre de 2026

La tecnología del futuro....

 


La tecnología del futuro: entre el progreso científico y los desafíos de la humanidad

El futuro de la humanidad se está construyendo en los laboratorios, los centros de datos y las redes de comunicación que conectan el planeta. La inteligencia artificial, la robótica, las telecomunicaciones de nueva generación y la computación cuántica no constituyen ya simples promesas de la ciencia ficción, sino fuerzas capaces de transformar la economía, el trabajo, la medicina y las relaciones sociales. Sin embargo, cuanto más extraordinarias son sus posibilidades, más necesario resulta preguntarse si todo progreso tecnológico equivale, por sí mismo, a un verdadero progreso humano.

La inteligencia artificial representa uno de los cambios más profundos de nuestra época. Su capacidad para analizar cantidades ingentes de información, generar contenidos y asistir en la toma de decisiones permite imaginar una sociedad en la que numerosas tareas intelectuales se realicen con mayor rapidez y precisión. En el ámbito médico, por ejemplo, puede contribuir a identificar enfermedades; en la educación, facilitar aprendizajes personalizados; y en la investigación científica, acelerar el descubrimiento de nuevos materiales y tratamientos. Pero esta misma capacidad plantea interrogantes sobre la privacidad, la dependencia tecnológica y la responsabilidad ante decisiones automatizadas. Cuando una máquina interviene en nuestras decisiones, la cuestión esencial no es únicamente qué puede hacer, sino quién responde por sus consecuencias.

La robótica abre otro horizonte de transformación. Los robots industriales ya desempeñan funciones esenciales en numerosas actividades productivas, mientras que los humanoides aspiran a colaborar en tareas domésticas, logísticas, asistenciales e incluso militares. Además, las posibilidades de las prótesis avanzadas y de la impresión tridimensional en el desarrollo de dispositivos médicos más adaptados a las necesidades individuales. Estas innovaciones podrían mejorar la autonomía de las personas y compensar, parcialmente, los efectos del envejecimiento demográfico. No obstante, también amenazan con desplazar determinados empleos y agravar las desigualdades si sus beneficios se concentran en unas pocas empresas o grupos sociales.

A esta transformación se suma la revolución de las comunicaciones. Las redes 5G, la futura tecnología 6G y los sistemas de internet por satélite aspiran a multiplicar la velocidad, la cobertura y la capacidad de transmisión de datos. El resultado podría ser un mundo más conectado, con nuevas posibilidades para la investigación, el transporte autónomo y la prestación de servicios a distancia. Sin embargo, la conectividad universal seguirá siendo una aspiración incompleta mientras existan territorios sin acceso adecuado a estas infraestructuras. La brecha digital no es solamente una diferencia entre quienes disponen de tecnología y quienes carecen de ella: puede convertirse en una nueva forma de exclusión económica, educativa y territorial.

Más enigmático, aunque potencialmente decisivo, es el desarrollo de la computación cuántica. A diferencia de los ordenadores convencionales, estas máquinas emplean cúbits y principios de la mecánica cuántica para abordar determinados problemas de una manera radicalmente distinta. Sus posibles aplicaciones abarcan la investigación farmacológica, la optimización logística, el desarrollo de materiales y la ciberseguridad. Sin embargo, se advierte que sus aplicaciones comerciales siguen siendo difíciles de predecir y que los ordenadores cuánticos verdaderamente útiles podrían tardar años en consolidarse. Conviene, por tanto, distinguir entre las posibilidades científicas demostradas, las expectativas empresariales y las predicciones todavía inciertas.

El problema de fondo trasciende la innovación científica. La carrera tecnológica se ha convertido también en una disputa por el poder económico, la soberanía nacional y el control de los datos. Las grandes inversiones en inteligencia artificial, los centros de procesamiento y las infraestructuras de comunicación exigen enormes recursos energéticos y financieros. En consecuencia, el futuro tecnológico no dependerá exclusivamente del ingenio de los investigadores, sino también de quién posea los medios para desarrollar estas herramientas, quién controle su utilización y quién pueda beneficiarse de ellas. La concentración del conocimiento y de la capacidad de cálculo podría crear nuevas dependencias entre países y profundizar las desigualdades existentes.

Por ello, la regulación constituye una condición indispensable del progreso. La protección de los datos personales, los derechos de autor, la seguridad de los sistemas y la responsabilidad por los resultados de la inteligencia artificial requieren normas capaces de acompañar la innovación sin paralizarla. La dificultad consiste en encontrar un equilibrio entre libertad científica, iniciativa empresarial e interés público. Una tecnología sin regulación puede convertirse en instrumento de abuso; una regulación desproporcionada, por el contrario, puede frenar avances beneficiosos. La respuesta exige instituciones competentes, cooperación internacional y una ciudadanía preparada para comprender las consecuencias de los cambios que experimenta.

En definitiva, todos debemos contemplar el futuro tecnológico sin caer en dos errores opuestos: el optimismo ingenuo que considera beneficioso todo descubrimiento y el pesimismo que identifica cualquier innovación con una amenaza. La tecnología es una herramienta extraordinaria, pero no posee por sí misma una orientación moral. Puede aliviar el sufrimiento o multiplicar la capacidad de vigilancia; liberar tiempo de trabajo o destruir medios de subsistencia; acercar territorios o concentrar el poder en quienes controlan las redes.

El verdadero desafío del futuro no consistirá en construir máquinas cada vez más inteligentes, sino en desarrollar una sociedad suficientemente responsable para utilizarlas en beneficio de todos. La inteligencia artificial podrá procesar más información que cualquier individuo; los robots podrán ejecutar tareas que hoy requieren esfuerzo humano, y los ordenadores cuánticos quizá permitan resolver problemas actualmente inabordables. Pero ninguna de estas capacidades sustituye la necesidad de decidir qué sociedad queremos construir.

El progreso tecnológico alcanzará su sentido más elevado cuando la innovación no se mida únicamente por la velocidad de los procesadores, el volumen de las inversiones o la potencia de las máquinas, sino también por su contribución a la dignidad humana, la justicia social y la libertad. Porque el futuro no será verdaderamente avanzado por disponer de máquinas más poderosas, sino por conseguir que ese poder esté al servicio de una humanidad más libre, equitativa y consciente de sus responsabilidades.


sábado, 10 de octubre de 2026

La razón y el acierto, más razones, no más autoridad.

 


La razón y el acierto, más razones, no más autoridad.

Hay preguntas que, bajo apariencia técnica, encierran el nervio de un régimen constitucional. Una de ellas es esta: ¿hasta dónde puede un tribunal enmendar a otro sin dejar de ser tribunal? El fragmento examinado la plantea con crudeza. El Constitucional declara que el Supremo, al negar que la ley de amnistía alcanzase a la malversación, lesionó la tutela judicial efectiva del artículo 24.1, en conexión con los artículos 23.2 y 25.1, por apoyarse en una interpretación “extensiva”, contraria al espíritu de la norma y contradictoria consigo misma.

Conviene, ante todo, desdramatizar el vocabulario y afinar la distinción. La tutela judicial efectiva no promete el acierto; promete la razón. Nadie tiene derecho a que se le dé la razón, pero sí a que la decisión que lo juzga descanse en el Derecho, sea congruente y no tropiece con la arbitrariedad o el error patente. Entre la sentencia desfavorable, la sentencia errada y la sentencia constitucionalmente inadmisible hay una escala de gravedad, y solo el último peldaño abre la puerta del amparo. Lo demás pertenece a la legalidad ordinaria, y el artículo 123.1 de la Constitución reserva al Supremo su gobierno, salvo en garantías constitucionales.

Ahí reside la frontera, y toda la dificultad. El amparo no es una tercera instancia, pero tampoco puede ser una cláusula vacía. Si se lo ensancha en exceso, el Constitucional acaba sustituyendo la lectura de un tribunal por la que prefiere; si se lo estrecha en exceso, queda desamparada la resolución irrazonable que viste de Derecho su capricho. La cuestión no es, pues, si el Constitucional puede controlar la interpretación judicial, que puede, sino si el defecto denunciado alcanza la intensidad que justifica hacerlo.

Los artículos conexos exigen la misma cautela. El 23.2 no otorga derecho a ser amnistiado, aunque importa cuando una condena, con su inhabilitación, proyecta sus efectos sobre la participación política. El 25.1 no consagra un derecho general a beneficiarse de toda amnistía, pero obliga a que el poder punitivo se ejerza con legalidad y previsibilidad. Y la finalidad de la ley, criterio legítimo según el artículo 3.1 del Código Civil, no puede suplantar su letra ni borrar las exclusiones que el legislador dispuso expresamente.

De ahí que la tesis del fragmento sea inteligible pero no concluyente por sí sola. Que existan dos lecturas posibles no prueba que una sea arbitraria; que haya votos particulares prueba que la discrepancia es genuina, no que la mayoría se extralimitara. Lo que habrá de juzgarse es si el Tribunal fundó con suficiencia su competencia para corregir, y si la contradicción que atribuye al Supremo es de las que quiebran la lógica de una motivación o solo de las que dividen a los juristas.

Al cabo, el Estado de Derecho se mide menos por quién gana que por cómo se razona. Un tribunal que corrige a otro debe ofrecer más razones, no más autoridad; y la autoridad que no se explica, aunque venga de arriba, está siempre a un paso de parecerse a lo que dice combatir.


miércoles, 7 de octubre de 2026

La ideología sindical....Cuando la reivindicación sustituye al análisis.

 



LA IDEOLOGÍA SINDICAL

Cuando la reivindicación sustituye al análisis

Hay textos que no necesitan ser falsos para resultar intelectualmente insuficientes. Basta con que mezclen deliberadamente tres cosas distintas: una realidad social, una interpretación ideológica de esa realidad y una convocatoria política destinada a movilizarla.

El decálogo de CCOO y UGT para justificar la huelga general del 11 de noviembre pertenece precisamente a esa categoría. Habla de salarios, vivienda, inflación, precariedad, servicios públicos y jornada laboral; es decir, de asuntos que afectan de manera directa a millones de ciudadanos. Pero una cosa es reconocer la existencia de esos problemas y otra muy diferente atribuirles una única causa, identificar culpables colectivos y presentar como solución aquello que previamente se ha convertido en consigna.

El sindicalismo tiene derecho a reivindicar. Lo que no tiene es un privilegio epistemológico para definir por sí solo las causas de los problemas que pretende combatir.

1. «La insaciable avaricia inmobiliaria»

El primer argumento convierte el problema de la vivienda en un relato moral: existe una «avaricia inmobiliaria» que especula con un derecho y hace imposible el acceso a una vivienda digna.

La dificultad comienza precisamente con la palabra avaricia. Con ella desaparece el análisis económico y aparece el juicio moral.

El precio de una vivienda no nace exclusivamente de la voluntad de enriquecimiento de quien la vende. Intervienen el precio del suelo, la escasez de suelo urbanizable, las restricciones urbanísticas, los costes de construcción, la fiscalidad, los tipos de interés, la disponibilidad de crédito, la demografía, la concentración del empleo, la demanda turística en determinados territorios, la insuficiencia de vivienda pública y las decisiones administrativas que afectan a la oferta.

Reducir todo ello a «especulación» equivale a sustituir una ecuación compleja por un culpable sencillo.

Y existe además una contradicción elemental: si la vivienda es un derecho social cuya garantía corresponde fundamentalmente a los poderes públicos, ¿por qué el principal destinatario de la protesta termina siendo el propietario privado?

Una política seria de vivienda tendría que preguntarse por qué durante décadas no se ha producido suficiente vivienda asequible allí donde existe demanda, por qué determinados procedimientos administrativos ralentizan la construcción, por qué el suelo finalista resulta escaso y por qué el Estado, las comunidades autónomas y los municipios no han conseguido desarrollar un parque público suficiente.

Llamar «avaricia» al resultado no explica sus causas.

2. «La política empresarial engorda el patrimonio a costa de los salarios»

El segundo argumento introduce otra simplificación: la empresa obtiene beneficios y, por tanto, esos beneficios procederían de salarios insuficientes.

Pero beneficio empresarial y explotación salarial no son sinónimos.

Una empresa necesita beneficios para sobrevivir, invertir, innovar, asumir riesgos y remunerar el capital. Naturalmente puede existir abuso empresarial, discriminación salarial o apropiación desproporcionada de rentas. Pero demostrarlo exige analizar sectores, productividad, márgenes, costes laborales y distribución del valor añadido.

La retórica sindical hace algo más sencillo: presenta una oposición binaria entre «empresarios» y «trabajadores».

Sin embargo, la economía real es bastante menos cinematográfica.

El pequeño empresario que tiene cinco empleados, el autónomo que trabaja doce horas, la gran multinacional y el fondo de inversión no constituyen una misma categoría económica. Tampoco son iguales una empresa con márgenes extraordinarios y otra que apenas sobrevive.

La pregunta fundamental debería ser otra: ¿qué relación existe entre salarios, productividad y beneficios?

Porque elevar salarios de forma sostenible no consiste simplemente en ordenar que sean más altos. Consiste en conseguir que la economía produzca suficiente valor para sostenerlos sin destruir empleo, trasladar costes a precios o expulsar actividad hacia otros mercados.

3. «Los márgenes empresariales pagan la crisis energética»

Aquí aparece una de las falacias más características del discurso económico simplificado: si los precios aumentan y las empresas tienen márgenes, las empresas serían necesariamente responsables del incremento.

No funciona así.

Una empresa puede trasladar parte de sus costes a los precios; pero también puede absorberlos reduciendo márgenes. En otros casos puede existir poder de mercado y obtenerse rentas extraordinarias. Son fenómenos distintos y deben demostrarse empíricamente.

Además, una crisis energética puede elevar simultáneamente los costes de producción, transporte, electricidad, materias primas y financiación. El precio final no es una decisión unilateral de un empresario sentado frente a una calculadora con la voluntad de empobrecer al consumidor.

Y existe otra cuestión que el discurso sindical suele omitir: si se controlan artificialmente los precios sin resolver las causas de la escasez o del aumento de costes, el problema no desaparece; cambia de lugar.

La economía no obedece a los comunicados sindicales.

4. «La fuerza de una sociedad movilizada»

Este punto ya no es económico: es retórico.

Toda huelga necesita construir una identidad colectiva. «La mayoría», «la juventud», «las mujeres», «los trabajadores» y «la sociedad movilizada» son categorías destinadas a producir un sujeto político.

El problema aparece cuando el sindicato habla en nombre de una «mayoría» cuya voluntad no ha sido demostrada.

Una huelga representa a quienes participan en ella y a las organizaciones que la convocan. No convierte automáticamente a sus convocantes en portavoces de toda la sociedad.

Una democracia plural no tiene una única «voz de la sociedad».

Tiene trabajadores afiliados y no afiliados, empresarios, autónomos, jubilados, desempleados, funcionarios, estudiantes, propietarios, inquilinos, consumidores y ciudadanos que pueden compartir unas reivindicaciones y rechazar otras.

Presentar la movilización sindical como expresión automática de «la mayoría del país» es una operación política, no una conclusión sociológica.

5. «Precariedad laboral y habitacional»

Aquí aparece una verdad mezclada con una simplificación.

Sí existe precariedad. Existen trabajadores con bajos ingresos, contratos inestables y dificultades de acceso a la vivienda. Pero convertir esas situaciones en la consecuencia directa de un único modelo económico supone ignorar otros factores.

La precariedad también puede relacionarse con la baja productividad de determinados sectores, la temporalidad histórica, la estructura empresarial, la elevada presencia de pequeñas empresas, la formación insuficiente, la dualidad laboral, la economía sumergida, la falta de vivienda asequible y las diferencias territoriales.

Además, existe una paradoja que merece ser examinada: determinadas políticas diseñadas para proteger al trabajador pueden aumentar el coste de contratarlo, dificultando precisamente el acceso al mercado laboral de quienes tienen menor cualificación.

Proteger el empleo no consiste únicamente en proteger al trabajador que ya está dentro.

También significa permitir que pueda entrar quien está fuera.

6. «No dejarnos la salud en el trabajo»

Es difícil discrepar de semejante principio. Nadie debería enfermar por trabajar ni ser discriminado por padecer una enfermedad.

Pero nuevamente el problema aparece cuando una reivindicación legítima se utiliza para establecer una causalidad universal.

La salud laboral depende de las condiciones de trabajo, pero también de la organización productiva, la prevención, la supervisión, la responsabilidad empresarial, el sistema sanitario y las circunstancias personales.

La solución no puede consistir únicamente en aumentar derechos formales. Necesita prevención efectiva, inspección, recursos y responsabilidad.

Porque una legislación extraordinariamente protectora que no se cumple vale menos que una legislación razonable que se aplica rigurosamente.

7. «Servicios públicos para evitar que los trabajadores paguen el sector privado»

Este argumento contiene una de las mayores simplificaciones ideológicas del decálogo.

La cuestión no es elegir entre servicios públicos y servicios privados como si fueran dos universos moralmente opuestos.

La verdadera pregunta es: ¿cómo se garantiza universalmente un servicio de calidad, quién lo financia y cómo se presta con eficiencia?

Un ciudadano puede recibir una prestación financiada públicamente y gestionada de manera pública, privada o mediante fórmulas mixtas. El carácter público de un derecho no exige necesariamente que cada fase de su provisión sea ejecutada directamente por el Estado.

Y hay una contradicción que debería preocupar particularmente al sindicalismo: cuanto más amplios son los servicios públicos, mayor es también la necesidad de una economía productiva que genere los recursos fiscales para financiarlos.

El Estado no produce dinero por decreto.

Lo recauda de la actividad económica.

Por ello, presentar empresa y Estado como enemigos naturales termina perjudicando precisamente al sistema público que se pretende defender.

8. «Desbloquear la negociación colectiva: subir salarios y reducir jornada»

Aquí encontramos una reivindicación legítima que merece un análisis menos doctrinario.

Reducir la jornada puede mejorar la conciliación, la salud y la productividad en determinadas actividades. También puede ser perjudicial si se aplica indiscriminadamente en sectores donde la productividad no permite compensarla.

La cuestión no debería ser «jornada más corta porque sí», sino cómo conseguir más productividad por hora trabajada y distribuir posteriormente esa ganancia.

El verdadero progreso laboral no consiste en trabajar menos horas manteniendo artificialmente la misma producción.

Consiste en producir más valor en menos tiempo.

Y esto exige inversión, tecnología, formación, organización empresarial e innovación.

Paradójicamente, el sindicalismo que exige reducir jornada debería ser uno de los mayores defensores de la productividad. Sin productividad, la reducción de jornada puede convertirse simplemente en un aumento del coste laboral por unidad producida.

9. «Que las administraciones acaben con la especulación de la vivienda»

Aquí aparece la contradicción más profunda del decálogo.

Si el Estado y las administraciones públicas tienen que resolver la vivienda, entonces también deben asumir la responsabilidad por las políticas que han contribuido a la escasez.

No puede responsabilizarse únicamente al mercado de un problema que depende en gran medida de decisiones públicas sobre suelo, urbanismo, licencias, fiscalidad, vivienda protegida, transporte e infraestructuras.

El mercado inmobiliario no existe en el vacío.

Está profundamente regulado por las administraciones.

Por eso resulta intelectualmente cómodo denunciar «la especulación», pero mucho más incómodo preguntarse si determinadas regulaciones, restricciones de suelo, retrasos administrativos o políticas fiscales han contribuido a encarecer la oferta.

La vivienda no se abarata únicamente señalando culpables.

Se abarata, entre otras cosas, aumentando la oferta donde existe demanda.

10. «Controlar la deriva de los precios»

Este último punto resume el problema conceptual de todo el manifiesto.

Controlar los precios puede ser una medida excepcional en determinadas circunstancias, pero no constituye una explicación de la inflación.

La inflación no desaparece porque se ordene que los precios no suban.

Puede aparecer entonces escasez, reducción de oferta, deterioro de calidad, mercados paralelos o desplazamiento del coste hacia otros bienes.

Por eso la verdadera discusión debería situarse en la política monetaria, los costes energéticos, la productividad, la oferta, la fiscalidad, los salarios y las expectativas.

Decir «hay que controlar los precios» es políticamente sencillo.

Explicar cómo hacerlo sin destruir los incentivos que permiten producir esos bienes es bastante más difícil.

El problema de fondo: convertir al adversario en causa

El elemento común de los diez argumentos es la construcción de un adversario.

El propietario inmobiliario es presentado como especulador.

El empresario, como beneficiario de la explotación.

El mercado, como mecanismo de exclusión.

Los precios, como consecuencia de márgenes empresariales.

La precariedad, como producto de una estructura deliberadamente injusta.

De esta manera se construye una explicación moralmente satisfactoria: si existe un problema, existe un culpable; si existe un culpable, basta con regularlo.

Pero la sociedad contemporánea no funciona con esa simplicidad.

La sociología enseña precisamente lo contrario: los fenómenos sociales son el resultado de estructuras, instituciones, intereses, decisiones individuales, comportamientos colectivos y relaciones de poder que interactúan entre sí.

Y la economía añade algo todavía más incómodo: muchas veces una política diseñada para resolver un problema puede generar otro.

Por eso el verdadero pensamiento crítico no consiste en ponerse automáticamente del lado del trabajador contra el empresario, del inquilino contra el propietario o del Estado contra el mercado.

Consiste en preguntarse qué política produce realmente el resultado que se promete.

La huelga como instrumento sindical y como instrumento político

Hay además un elemento que no puede ignorarse: la coincidencia de la convocatoria con el inicio de la campaña electoral.

Eso no invalida la huelga.

Pero obliga a analizarla también como fenómeno político.

Los sindicatos son organizaciones sociales con intereses, afiliados, dirigentes, estrategias y capacidad de presión. No son instituciones neutrales situadas por encima del conflicto político.

Cuando una convocatoria sindical incorpora simultáneamente vivienda, salarios, precios, jornada laboral, servicios públicos, precariedad, género, juventud, migración y modelo económico, deja de ser únicamente una reivindicación laboral.

Se convierte en un programa político-social.

Y eso es legítimo.

Lo que no resulta legítimo intelectualmente es presentarlo como si fuera la descripción objetiva e incontestable de la realidad.

El sindicalismo necesita una autocrítica

Defender el mercado no significa defender todos los comportamientos empresariales.

Defender la empresa no significa negar la explotación.

Defender la propiedad privada no significa ignorar el problema de la vivienda.

Defender la responsabilidad individual no significa desconocer las desigualdades estructurales.

Y defender la sostenibilidad financiera del Estado del bienestar no significa rechazar los servicios públicos.

Precisamente porque esos problemas existen, necesitan algo más que consignas.

Necesitan análisis.

El sindicalismo europeo del siglo XXI debería preguntarse también por su propia transformación. Ya no representa exclusivamente al obrero industrial de la gran fábrica. Representa, o pretende representar, a trabajadores de servicios, funcionarios, profesionales, jóvenes precarios, autónomos dependientes y empleados de economías digitales.

Pero una organización que quiera representar a toda esa diversidad no puede seguir explicando la sociedad exclusivamente mediante la vieja oposición entre capital y trabajo.

La sociedad contemporánea es demasiado compleja para caber en aquella geometría.

Conclusión: del conflicto social a la política de soluciones

La cuestión, finalmente, no consiste en negar los problemas que CCOO y UGT enumeran.

El problema de la vivienda existe.

El poder adquisitivo importa.

La precariedad existe.

La conciliación importa.

La salud laboral debe protegerse.

Los servicios públicos deben ser sostenibles y accesibles.

Y los salarios deben permitir una vida digna.

Pero reconocer un problema no concede automáticamente la razón a quien lo interpreta. La ideología comienza precisamente cuando una realidad compleja se reduce a una explicación única y se presenta al adversario como responsable universal. Una sociedad madura debería exigir algo más.

No preguntarse únicamente “¿quién tiene la culpa?”, sino “¿qué mecanismo ha producido el problema?”.

No limitarse a reclamar “más derechos”, sino preguntarse “cómo se financian y cómo se garantizan”.

No proclamar simplemente “vivienda digna”, sino explicar dónde se construirá, quién la construirá, quién la financiará y qué ocurrirá con su oferta.

No repetir “mejores salarios”, sino preguntarse qué productividad permitirá pagarlos de forma sostenible.

No exigir únicamente «menos jornada», sino determinar cómo se producirá más valor en menos tiempo.

Porque gobernar una sociedad es bastante más difícil que convocar una huelga.

La protesta puede señalar la herida.

La ideología puede señalar al culpable.

Pero solamente una política responsable puede explicar cómo se cura.

Y esa es la diferencia esencial entre la reivindicación sindical y el pensamiento político: la primera puede vivir de la consigna; el segundo está obligado a responder por las consecuencias.