LA PAPELETA NO LLEVA RECIBO
Anatomía sentimental de una
democracia que confunde derechos con favores
«Entre el ciudadano y el gobernante
hay, o debería haber, solo una ley. Cuando en su lugar aparece una deuda, la
democracia empieza a deteriorarse por dentro. Y cuando la deuda se convierte en
censo, el deterioro adquiere número de expediente.»
I. Una frase con filo
de navaja
Hay frases que circulan por la conversación pública con la
elegancia de una bofetada. Una de ellas, que estos días recorre determinados
círculos con cierta satisfacción, dice así: «La encuesta no mide ideología;
mide cuántos siguen cobrando del presupuesto que el Gobierno administra».
Es una frase deliberadamente brutal. Y, como todas las frases
brutales que merecen sobrevivir más de una tarde, tiene la virtud de obligarnos
a mirar aquello que normalmente preferimos contemplar de reojo.
Naturalmente, una encuesta no sabe eso. Una encuesta no entra
en el domicilio del ciudadano, revisa su nómina y le pregunta después por qué
piensa votar como piensa votar. La estadística, afortunadamente para nuestra
dignidad colectiva, todavía no ha alcanzado semejante grado de sinceridad.
Pero detrás de la provocación late una pregunta que merece
algo más que un exabrupto partidista: ¿cuánto pesa la dependencia material en
el ejercicio de la libertad política? ¿Dónde termina la conciencia y dónde
empieza el bolsillo? ¿Y acaso es posible trazar esa frontera con la limpieza
que el debate público exige?
Ahí comienza el verdadero problema. Porque una democracia
puede sobrevivir a una mala encuesta. Lo que le resulta considerablemente más
difícil es sobrevivir a una sociedad que termina confundiendo el derecho con el
favor, la prestación con la dádiva y al gobernante con el benefactor que un día
podría retirarla.
II. El dinero público
no tiene dueño, aunque a veces lo parezca
Conviene comenzar por una precisión casi obscena de tan
elemental: el dinero público no pertenece al presidente del Gobierno. Tampoco
perteneció a sus predecesores. El presupuesto es propiedad de la comunidad
política y es administrado temporalmente por quienes reciben el mandato
democrático de gestionarlo.
Dicho así, parece un principio que nadie discutiría. Y sin
embargo, la política contemporánea posee una extraordinaria capacidad para
convertir ese dinero colectivo en una fotografía personal.
El Gobierno anuncia una ayuda y parece que la ayuda hubiera
salido del bolsillo del ministro. Se incrementa una pensión y el gobernante
adopta el gesto del benefactor. Se concede una subvención y la Administración
adquiere la apariencia de una madrina generosa. Se crea una plaza pública y el
partido de turno parece haber descubierto personalmente la institución del
empleo.
Es una formidable operación psicológica que funciona en ambas
direcciones: el Gobierno gana adhesión emocional y el ciudadano pierde algo más
valioso que un argumento político. Pierde la conciencia de que aquello que
recibe le pertenece por derecho, no por gracia.
El Estado no regala lo que reconoce como derecho. Lo
administra. Y cuando un derecho comienza a percibirse como regalo, el ciudadano
deja de sentirse titular y empieza a sentirse deudor. Ahí está el peligro: no
en la existencia de las prestaciones, que son conquistas de civilización, sino
en la pedagogía política que puede acompañarlas y desfigurarlas.
III. La democracia del
«no me quites lo mío»
Existe una frase que nunca aparecerá en ninguna encuesta
porque ningún ciudadano la pronunciaría con esas palabras ante un
entrevistador. Pero que habita, con perfecta naturalidad, en el fuero interno
de muchos votantes:
«Votaría otra cosa, pero no quiero que me quiten lo mío.»
Esa frase contiene una pequeña bomba sociológica. Para que la
relación entre el ciudadano y el poder cambie de naturaleza no hace falta que
exista una compra explícita del voto. No hace falta que un político entregue un
sobre. No hace falta siquiera que haya una conversación. Basta con que el
ciudadano perciba que su seguridad económica depende de que continúe en el
poder determinado grupo político.
Y el miedo es un elector extraordinariamente disciplinado. A
diferencia de la indignación ,que grita, publica, dura una tarde y se disipa,
el miedo calcula, firma y llega hasta final de mes. La indignación es un estado
de ánimo. El miedo es una estrategia de supervivencia.
Por eso resulta ingenuo pensar que una sociedad vota
exclusivamente desde la ideología. La ideología explica mucho. El bolsillo
también. Y entre ambos se extiende ese territorio oscuro donde conviven la
memoria familiar, la incertidumbre económica, la identidad de clase y el miedo
muy concreto a perder aquello que se considera ganado con esfuerzo.
IV. El censo como
instrumento: el caso de la ley de nietos
Hasta aquí, todo cuanto se ha dicho podría parecer una
abstracción filosófica. Un teorema sobre democracia y dependencia que flotan en
el aire de los libros de ciencia política. Pero ocurre que la realidad, con su
habitual falta de pudor, tiene la costumbre de convertir los teoremas en
expedientes administrativos.
En el otoño de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la
Ley de Memoria Democrática. Su disposición adicional octava, la que el lenguaje
popular bautizó como «ley de nietos», reconocía el derecho a optar a la
nacionalidad española a los descendientes de exiliados, de mujeres que
perdieron la ciudadanía por matrimonio con extranjeros antes de la Constitución
y de quienes ya se habían acogido a la legislación memorial de 2007. Una norma,
en principio, de reparación histórica.
La intención declarada era justa. La historia de los exilios
españoles del siglo XX ,el republicano, el económico, el silencioso, dejó una
diáspora real cuyos vínculos con España merecían reconocimiento. Nadie lo
discutió durante quince meses de tramitación parlamentaria. Ni la derecha lo
cuestionó entonces.
Pero en 2026, la ley ha devenido en escándalo de proporciones
considerables. Y lo que el escándalo revela merece ser leído con cuidado,
porque no es un escándalo ordinario: no se trata de dinero robado ni de
contratos irregulares. Se trata de algo más sofisticado y, en cierto sentido,
más perturbador: la sospecha fundada de que una norma de reparación histórica
fue diseñada, o al menos aprovechada con posterioridad, como instrumento de
ingeniería electoral.
Los datos son los siguientes. Entre las elecciones generales
de julio de 2023 y julio de 2026, el Censo Electoral de Residentes Ausentes, el
CERA, el registro que determina quién vota desde el extranjero, creció en más
de 400.000 inscritos: de 2.333.056 a 2.736.522 electores. Un incremento del
17,3% en menos de tres años. Solo en un mes de 2026 se registraron más de
20.000 nuevas altas, el mayor crecimiento mensual de la historia del censo
exterior. Se habían presentado más de 876.000 solicitudes de nacionalidad al
amparo de la ley; más de 540.000 expedientes habían sido aprobados.
Nada de eso constituiría irregularidad por sí solo. La ley
estaba en vigor; los solicitantes cumplían, o decían cumplir, sus requisitos.
El problema surgió cuando comenzó a acreditarse que la instrucción elaborada
por Sofía Puente, directora general del Ministerio de Justicia y hermana del
ministro de Transportes Óscar Puente, había ampliado por vía administrativa los
supuestos contemplados expresamente por el Parlamento, extendiendo el derecho
más allá de los hijos y nietos de exiliados para alcanzar a bisnietos y
tataranietos sin exigencia efectiva de acreditar el vínculo con el exilio. En
otras palabras: la norma votada por las Cortes decía una cosa; la instrucción
administrativa hacía otra.
La Junta Electoral Central, en julio de 2026, se declaró
incompetente para resolver las denuncias presentadas. El 10 de septiembre de
ese año, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo adoptó una medida cautelar de alcance histórico: suspendió las
inscripciones en el CERA de los nacionalizados por la ley de nietos y dejó sin
efecto electoral las ya registradas, salvo acreditación expresa del vínculo con
el exilio. El alto tribunal advirtió de un «riesgo de alteración del censo
electoral» y apreció un «peligro fundado, real y serio» para la objetividad y
la transparencia de los comicios.
No se trata, conviene subrayarlo, de que el Supremo haya
concluido que hubo fraude. Una medida cautelar no es sentencia. Lo que el
Supremo ha dicho es que el riesgo es lo suficientemente fundado como para
paralizarlo mientras se sustancia el fondo. Y eso, en lenguaje jurídico, no es
poca cosa.
Lo que el caso sí demuestra, con independencia del fallo
final, es algo que el ensayo político raramente consigue argumentar con tanta
concreción: que el poder no necesita comprar votos en sentido estricto. Le
puede bastar con construir el censo.
V. El clientelismo no
es la pensión; es la condición de la pensión
Conviene aquí evitar una trampa en la que caen con facilidad
los dos extremos del debate.
Una pensión no compra votos. Una beca no compra votos. Una
prestación por desempleo no compra votos. Un funcionario no es, por el hecho de
serlo, un cliente político. Un beneficiario de políticas sociales no es
automáticamente un rehén electoral. Presentarlo así sería una caricatura tan
absurda como afirmar que quien paga impuestos y utiliza la sanidad pública ha
vendido su conciencia al Ministerio de Sanidad.
El clientelismo no reside en la existencia de las
prestaciones. Reside en la condición que se les impone o que se permite que se
perciba. Comienza cuando el derecho deja de ser impersonal: cuando importa
quién eres, a quién conoces, qué organización te ampara, qué favor recibes y
qué favor habrás de devolver.
Pero el caso de la ley de nietos introduce una variante nueva
en este catálogo. No se trata solo de que el ciudadano que ya existe perciba su
prestación como favor. Se trata de que el propio cuerpo electoral, quién vota,
cuántos votan, desde dónde votan, pueda ser diseñado o ampliado con la vista
puesta en el resultado. Si esa sospecha resultara fundada, el daño a la
democracia no sería psicológico sino estructural. No estaríamos hablando de un
elector que teme perder lo suyo: estaríamos hablando de un elector que ha sido
fabricado.
Esa relación puede existir bajo colores partidistas
distintos, porque el clientelismo no tiene ideología exclusiva. Tiene una
característica mucho más vulgar: le gusta el poder, cualquier poder, y prospera
con igual comodidad en la izquierda y en la derecha, en los gobiernos
nacionales y en los ayuntamientos más pequeños.
VI. El gran
malentendido: libertad no es indigencia
Una de las confusiones más tenaces del debate político
contemporáneo consiste en imaginar que el elector verdaderamente libre es aquel
que no recibe nada del Estado.
No. El elector libre es aquel que puede recibir del Estado
sin deberle políticamente su voto.
La diferencia parece pequeña. Es enorme.
Una pensión digna puede ser una conquista de ciudadanía. Una
beca puede abrir oportunidades que de otro modo permanecerían cerradas. Una
prestación puede impedir que una familia caiga en la pobreza. Nada de esto
convierte al beneficiario en súbdito.
Pero si el ciudadano llega a pensar, aunque no lo diga,
aunque ni siquiera lo piense con esa claridad, que un cambio de gobierno pondrá
en riesgo lo que tiene, entonces el debate ha abandonado el terreno de los
derechos y ha entrado en el de la dependencia percibida. Y una sociedad que
vota desde la dependencia percibida no está ejerciendo la soberanía popular:
está gestionando el miedo.
Y si el Estado, además, decide quién entra en el censo, la
dependencia ya no es percibida. Es institucional.
VII. Por qué los
escándalos no producen siempre el terremoto esperado
Llegamos aquí a la pregunta que subyace a mucha de la
indignación pública: ¿por qué determinados escándalos políticos no producen el
terremoto electoral que algunos esperan?
La respuesta más cómoda, «la gente está comprada», es también
la más perezosa. Un ciudadano puede considerar intolerable un caso de
irregularidad y, simultáneamente, seguir votando a un partido por razones
económicas, territoriales, ideológicas o porque considera que las alternativas
disponibles son peores o más peligrosas.
Puede pensar que lo que han hecho está mal y seguir sin
entregar su voto al adversario que le resulta incompatible con sus valores.
Puede parecer irracional. No lo es necesariamente.
La política no es un examen de lógica formal. El ciudadano no
está obligado a maximizar una función matemática de pureza moral antes de
introducir la papeleta en la urna. La democracia está llena de contradicciones.
Y precisamente por eso funciona, o al menos sobrevive.
Pero hay un matiz nuevo que la ley de nietos introduce en
esta reflexión: cuando el escándalo no afecta a la gestión del poder sino a la
composición del cuerpo electoral que lo elige, el terremoto puede no llegar
nunca. No porque los ciudadanos perdonen, sino porque los ciudadanos que
deberían castigarlo son, precisamente, los que más directamente dependen de
quien está siendo cuestionado. Es una trampa perfecta. Y tiene la elegancia
sombría de los sistemas que se perpetúan a sí mismos.
VIII. El ciudadano no
es un idiota ni un santo
Hay una cierta arrogancia, que tampoco tiene ideología propia,
en considerar que millones de personas votan como votan exclusivamente porque
reciben alguna prestación del Estado. Es una manera cómoda de explicar el
mundo: si votan como nosotros, son ciudadanos conscientes; si votan contra
nosotros, son clientes, ignorantes, manipulados o comprados.
Quizá convendría concederle al ciudadano algo
extraordinariamente revolucionario: la capacidad de decidir por razones que no
compartimos. El elector puede estar equivocado. Puede tener prejuicios. Puede
votar contra sus intereses materiales porque prioriza otros valores. Puede
incluso votar al mismo partido que considera corrupto si lo considera menos
peligroso que la alternativa. No deja de ser ciudadano.
Pero también merece que los datos de quién forma el elector
sean transparentes, verificables e independientes de la voluntad del
gobernante. Eso no es un privilegio de los ciudadanos: es una condición del
sistema.
IX. El poder no
necesita comprar votos; le basta construir expectativas, o el censo.
La política moderna no necesita adquirir millones de
voluntades. Le basta con construir expectativas. El ciudadano no tiene que
recibir un cheque: puede bastarle con creer que determinado gobierno protegerá
aquello que considera suyo.
La política contemporánea ha descubierto algo que Maquiavelo
habría comprendido a la perfección: el poder no necesita que el ciudadano ame
al gobernante. A veces le basta con que tema perderlo.
Pero el caso de la ley de nietos sugiere un estadio ulterior
de esa misma lógica. No solo el miedo. También el diseño. No solo convencer al
elector de que tiene algo que perder. También decidir, con criterios propios,
quiénes serán los electores.
El miedo electoral no siempre dice «vota por mí». A veces
susurra algo mucho más eficaz:
«No votes al otro. Y, de paso, tú eres de los nuestros.»
Cuatro palabras en lugar de tres. El mismo mecanismo. Una
eficacia que muchos programas electorales no consiguen.
X. Izquierda, derecha y
el eterno pecado del dinero ajeno
Sería demasiado fácil, y demasiado inexacto, convertir todo
esto en una acusación exclusiva contra determinada familia política. La
historia española demuestra con claridad que ningún partido posee el monopolio
de la utilización electoral del presupuesto o de las instituciones.
La diferencia suele estar en el relato. Unos llaman al gasto
protección social; otros, inversión. Unos hablan de solidaridad; otros, de
cohesión territorial. El presupuesto cambia de camisa con una facilidad
admirable. Pero continúa siendo el mismo presupuesto, y el ciudadano continúa
pagando la misma factura.
Por eso, quizá, la discusión más seria no sea cuánto Estado
queremos, sino qué clase de Estado queremos. Uno que conceda favores o uno que
garantice derechos. Uno que fabrique dependencia o uno que produzca autonomía.
Uno que diseñe su propio electorado o uno que lo reciba, con todas sus
contradicciones, de la soberanía popular.
Un Estado democrático verdaderamente sólido debería poder
soportar que sus propios beneficiarios votaran contra quienes gobiernan. Que el
pensionista vote a quien quiera. Que el becario cambie de partido. Que el
funcionario elija en conciencia. Y, sobre todo, que el censo que recoge esas
decisiones sea irreprochablemente ajeno a cualquier interés de quienes están en
el poder.
XI. El día que el
ciudadano deje de dar las gracias
Imagínese la escena, improbable, quizá utópica, pero útil
como horizonte.
Un pensionista recibe su pensión. No dice: «Gracias,
presidente». Dice: «Es mi derecho». Un estudiante recibe una beca. No dice:
«Gracias, Gobierno». Dice: «Cumplí las condiciones que establece la ley». Una
familia recibe una prestación. No piensa: «Qué generoso es el poder». Piensa:
«La ley reconoce que tengo derecho a ella».
Un descendiente de exiliados recibe la nacionalidad que la
historia le negó. No piensa: «Qué generoso es el Gobierno que me la concede».
Piensa: «Es una reparación que la justicia histórica exige, con independencia
de quién gobierne». Y exige, también, que los criterios sean los que votó el
Parlamento, no los que decidió una instrucción administrativa.
Eso es ciudadanía. La diferencia entre una sociedad de
súbditos agradecidos y una sociedad de ciudadanos conscientes de sus derechos
no es semántica. Es la diferencia en la que se juega, en buena medida, la salud
de una democracia.
XII. Lo que las
encuestas, y el censo, no deberían ocultar
Las encuestas resultan, al final, mucho más interesantes de
lo que la provocación inicial sugería. No porque permitan saber quién «cobra
del presupuesto», sino porque revelan algo que debería preocuparnos más:
cuántos ciudadanos mantienen su confianza en determinada opción política, y por
qué.
¿Es ideología? ¿Es interés económico percibido? ¿Es
identidad? ¿Es miedo? ¿Es tradición? ¿Es rechazo al adversario? ¿Es
dependencia? ¿Es todo eso simultáneamente, en proporciones que varían según el
ciudadano, el momento y las circunstancias?
Probablemente sí. Porque el elector no es una variable
estadística. Es una biografía.
Pero para que esas biografías sean soberanas, para que cada
una decida desde sí misma, con independencia del poder que administra su
seguridad y, eventualmente, su ciudadanía, el sistema que las cuenta debe ser
incontestable. Un censo que puede ser cuestionado ante el Tribunal Supremo no
es solamente un problema jurídico. Es una herida en la legitimidad de todo lo
que viene después.
Cierre: la papeleta, el
recibo y el padrón
El dinero público puede comprar muchas cosas. Puede financiar
carreteras, sostener hospitales, pagar salarios, mantener pensiones, costear
universidades, financiar partidos conforme a la ley y sostener los servicios
que hacen posible la vida en común.
Lo único que no debería comprar jamás es una papeleta.
Ni el censo en el que esa papeleta aparece.
Porque cuando el ciudadano introduce el voto en la urna
pensando en quién puede arrebatarle aquello que cree que le han concedido, ya
no está ejerciendo la soberanía popular. Está gestionando el miedo. Y cuando el
propio electorado ha sido diseñado por quienes serán evaluados con ese voto, el
problema ya no es psicológico. Es estructural.
La democracia no muere necesariamente el día en que dejan de
celebrarse elecciones. A veces empieza a deteriorarse mucho antes: cuando el
ciudadano conserva la papeleta pero ha perdido la convicción de que puede
utilizarla libremente contra el poder. Y a veces , ahí está la novedad que el
presente nos ofrece, cuando no sabe con certeza quién comparte urna con él.
La papeleta, afortunadamente, no lleva recibo.
Que siga siendo así. Que el censo tampoco lleve instrucción.
