El poder en jarrón: botánica del continuismo --...Multimillonario

 

El poder en jarrón: botánica del continuismo

Ah, qué hermoso ramo ha colocado el Gobierno en el centro de la mesa. Teresa Peramato, fiscal con treinta y cinco años de carrera, especialista en violencia machista, licenciada en Salamanca y con un currículum que brilla como un jarrón de porcelana recién sacado del aparador. Llega en diciembre de 2025, tras la dimisión forzosa de Álvaro García Ortiz (condenado por revelar secretos como quien comparte un chisme en el ascensor). El anuncio oficial: mérito, capacidad, renovación, sanar heridas, nueva etapa. La coreografía es impecable. Se aplaude. Se tuitea. Se fotografía. Y el ciudadano medio, saturado de escándalos, suspira aliviado: por fin una mujer al frente. Primavera institucional.

Pero tres meses después, el 27 de febrero de 2026, llega la primera poda real. Diecisiete altos cargos. Diecisiete plazas clave en Supremo, Audiencia Nacional, fiscalías especializadas. Y sorpresa, sorpresa: la mayoría de los elegidos son los mismos tallos que regaba García Ortiz. Ana García León, su ex jefa de Secretaría Técnica, a fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Supremo. Diego Villafañe, su número dos, ascendido a fiscal del alto tribunal. Otros colaboradores cercanos también suben. Los fiscales del procés (Consuelo Madrigal, Jaime Moreno) se quedan fuera. Los críticos con la etapa anterior, también. El comunicado habla de “equilibrio”. El resultado huele a continuidad con perfume nuevo.

Esto no es un relevo. Es un cambio de jarrón. Y para rematar la decoración, nada como una buena cortina de humo: el caso Julio Iglesias, esa opereta judicial fabricada por el propio Gobierno para distraer, difamar y, al final, negar acceso a la verdad bajo el manto de la "reserva procesal". Un patinazo monumental que revela cómo la Fiscalía de Peramato no solo mantiene la partitura, sino que añade efectos especiales para ocultar los errores del guion.

El barniz de la modernidad y la humareda distractora

La política española ha perfeccionado el arte de la sustitución cosmética. Cuando una institución huele a podrido (filtraciones, condenas, desconfianza), no se reforma: se decora. Y nada decora mejor que una mujer competente en un cargo visible. No porque sea mujer, sino porque el relato “avance de la igualdad” desactiva críticas. Criticar a Peramato no es cuestionar su gestión; es, automáticamente, “machismo” o “ataque a la diversidad”. El truco es viejo, pero sigue funcionando: la representación descriptiva (una mujer) sustituye a la sustantiva (un cambio de poder real). Igualdad como eslogan, continuidad como práctica.

Pero en el caso Iglesias, la decoración alcanza niveles de ilusionismo. Dos ex empleadas denuncian al cantante en enero de 2026 por agresión sexual, trata de seres humanos y delitos contra trabajadores, con el apoyo de la ONG Women's Link Worldwide. La vicepresidenta Yolanda Díaz, desde el Gobierno, amplifica el escándalo: acusa a Iglesias de mantener a sus trabajadoras en "situación de esclavitud" y sufrir "abusos sexuales". Suena a bomba mediática, perfecta para tapar otros líos institucionales. La Fiscalía investiga, toma declaraciones como testigos protegidas... y el 23 de enero archiva por "falta de competencia" (los hechos supuestamente en República Dominicana y Bahamas, pero ¿no era denunciable en España por la nacionalidad de Iglesias?). Fin de la función? No: Iglesias pide acceso al contenido de la denuncia para preparar su querella por falsa acusación. El fiscal jefe consulta a la Fiscalía General de Peramato, y ¡zas! Denegado. Motivo: "las actuaciones son reservadas", invocando el artículo 234 de la LOPJ. Legalmente defendible, sí. Pero políticamente, un patinazo que apesta a cortina de humo gubernamental: difamar primero (con ayuda de ministras), archivar rápido y luego negar transparencia para que Iglesias no pueda contraatacar fácilmente. Mientras, el cantante ultima querella contra las denunciantes y la ONG, y demanda a Díaz por injurias y calumnias. El Gobierno fabrica el escándalo, la Fiscalía lo gestiona... y el jarrón lo perfuma con formalismos.

Peramato no es florero pasiva. Tiene experiencia, ha luchado contra la violencia de género y sabe manejar tribunales. El problema no es ella. Es la función que se le asigna: ser la cara amable de un sistema que sigue dependiendo del Ejecutivo, que premia lealtades y que usa la diversidad como escudo narrativo. El jarrón no decide el jardín; solo lo hace más fotogénico, y en este caso, lo envuelve en humo para que no veamos las raíces podridas.

Mérito: la palabra mágica que todo lo estira (y lo oculta)

“Los mejores han sido elegidos”. La frase se repite como mantra. Y sí, jurídicamente la discrecionalidad existe. Pero sociológicamente el patrón es clarísimo: los “mejores” casualmente coinciden con los que ya estaban dentro, con los que compartieron criterio en la ley del solo sí es sí, en la amnistía, en los casos mediáticos. El mérito se vuelve elástico: se estira para los afines, se encoge para los incómodos.

En el patinazo Iglesias, el mérito se estira hasta el absurdo. La Fiscalía tardó solo 4 horas en rechazar la personación inicial de Iglesias, pero ignora durante 8 días su petición de acceso. ¿Eficiencia selectiva? Más bien, protección a una denuncia que huele a operación política. Y mientras, detalles sórdidos emergen: una denunciante con cuenta erótica en OnlyFans, lo que no invalida nada, pero añade ironía a un caso amplificado por feministas institucionales. El mérito, en política, siempre ha sido una categoría política disfrazada de técnica. Aquí, disfraza una cortina de humo.

La pedagogía del ascenso y la lección del humo

Cada nombramiento enseña. Dice a la carrera fiscal: la lealtad paga. La independencia incomoda. Quien se alineó con el anterior, sube. Quien criticó, espera. El mensaje es cristalino: la tormenta fue personal (García Ortiz), no estructural. El timón sigue en las mismas manos, solo que ahora con manicura.

Y aquí la “mujer florero” cumple su papel estético supremo: suaviza la imagen. Una mujer al frente hace que la continuidad parezca progreso. El feminismo instrumentalizado como barniz: criticar la gestión es “cuestionar el avance de las mujeres”. Debate cerrado. Cortina corrida. En el caso Iglesias, la lección es doble: no solo se mantiene la red interna, sino que se usa la reserva procesal para proteger una denuncia que el Gobierno usó como arma arrojadiza. ¿Independencia? Más bien, alineamiento con el Ejecutivo, que fabrica humaredas para distraer de sus propios patinazos.

El tokenismo elevado a categoría institucional, con efectos especiales

No es token clásico (la mujer sin poder). Es token avanzado: mujer con poder, pero dentro de márgenes estrictos. Puede ser firme, trabajadora, honesta. Pero sabe (o debería saber) que su estabilidad depende de no romper el guion. El Ejecutivo la nombra; el Ejecutivo puede cesarla. La autonomía se mide por lo que se hace… y por lo que se evita hacer.

En este escándalo, Peramato evita entregar la documentación, remitiendo a Iglesias al órgano judicial. Legal, sí. Pero oportuno para quien quiere mantener el humo: Iglesias no accede fácilmente, la querella se retrasa, y el relato de "lucha contra la violencia machista" sigue intacto, aunque el caso se desinfle. El verdadero poder no está en el jarrón. Está en quien decide qué flores se cortan, cuáles se dejan marchitar... y cuándo soltar el humo.

Ironía final (y ahumada)

El poder contemporáneo ya no necesita conspiraciones. Le basta con escenografías. Cambiar la cara, mantener la partitura. Poner a una mujer experta en igualdad al frente de una institución cuestionada por filtraciones y dependencia. Ascender a los mismos de siempre. Proclamar “nueva etapa”. Y, para colmo, negar transparencia en un caso que el Gobierno infló como distracción: acusaciones graves, archivo exprés, denegación de acceso. Todo para que Iglesias luche en la niebla mientras Díaz responde desde el púlpito oficial.

Teresa Peramato no es el problema. Es el síntoma perfecto. El sistema la necesitaba: rostro nuevo, género correcto, currículum impecable, capacidad real… y cero intención (o posibilidad) de alterar las estructuras que la elevaron. El florero no es pasivo: organiza el ramo. Pero el jardín sigue siendo el mismo, con los mismos dueños, los mismos abonos... y ahora, con una cortina de humo que oculta los patinazos gubernamentales.

Mientras el nombramiento del Fiscal General dependa del Gobierno, mientras los ascensos estratégicos se lean en clave de lealtades, y mientras la diversidad se use como perfume para tapar olor a cerrado (o a humo), seguiremos hablando de jarrones en vez de cimientos.

Y el salón, impecablemente decorado y ahumado, seguirá oliendo a lo de siempre. Solo que ahora con un toque floral... y un regusto a quemado.

 

La quiebra estructural del Estado de Derecho:....Game over.

 

La quiebra estructural del Estado de Derecho:

Análisis demoledor de la injerencia conyugal en la instrucción penal de la DANA

(Juzgado de Instrucción n.º 3 de Catarroja)

 

Cualquier experto en Derecho Procesal Penal dentro de España y experto en garantías constitucionales del proceso, no podría sino calificar de escándalo institucional sin parangón reciente, lo que el artículo de THE OBJECTIVE del 24 de febrero de 2026 describe con crudeza documental. La querella presentada por el abogado Rubén Gisbert, en representación de ocho familias de víctimas mortales, contra la magistrada Nuria Ruiz Tobarra y su esposo, el también magistrado Jorge Martínez Ribera, no es un incidente marginal: es la prueba fehaciente de que la instrucción penal más trascendente de la democracia española (229 fallecidos, daños incalculables, responsabilidades políticas de primer nivel) ha sido secuestrada por la más burda forma de nepotismo judicial y arbitrariedad.

1. Los hechos probados que destruyen cualquier defensa

Los audios publicados por OKDIARIO el mismo día de la querella son demoledores y no admiten interpretación alternativa. Se escucha nítidamente a Jorge Martínez Ribera:

- Interrumpiendo, preguntando y dirigiendo la testifical de una víctima.

- Interesándose por datos clave para la instrucción (horas de avisos previos a la alerta, inundaciones en Paiporta…).

- Ordenando literalmente a la funcionaria que levanta el acta: “apunta esto”, “apunta lo otro”.

El chat de WhatsApp de familiares de víctimas corrobora que esto no fue un hecho aislado, sino una práctica sistemática: el marido sustituía a la instructora “porque estaba hasta arriba de trabajo”. Manos Limpias ya lo denunció y fue archivado “por falta de pruebas”. Ahora las pruebas son auditivas, textuales e irrefutables.

La magistrada, lejos de reconocerlo, calificó la denuncia previa de “campaña difamatoria que destila un machismo atroz” y abrió pieza separada contra un abogado defensor que osó denunciarlo públicamente. Hoy, con las grabaciones en la mano, esa respuesta se revela no como error, sino como mentira procesal y abuso de poder.

2. Las violaciones constitucionales y legales: un catálogo de nulidades radicales

Este comportamiento vulnera de forma originaria y radical  los pilares del proceso penal español:

a) Principio de imparcialidad e independencia judicial  (art. 24.2 CE, art. 6 CEDH, art. 5 LOPJ). 

La presencia activa del cónyuge en la sala de declaraciones genera una apariencia objetiva de parcialidad insalvable. No se trata de que el marido “estuviera presente”: tomaba parte activa, lo que convierte a la instructora en juez y parte a través de su vínculo matrimonial más estrecho.

b) Principio de inmediación y oralidad (arts. 292, 410 y ss. LECrim). 

Las declaraciones testificales en fase de instrucción son acto personalísimo del Juez de Instrucción. No existe habilitación legal alguna para que un tercero , aunque sea magistrado,  interrogue, dirija o dicte al secretario lo que debe constar. Esto no es “ayuda conyugal”: es sustitución ilícita de la titular.

c) Delitos cometidos (tipicidad evidente): 

   - Usurpación de funciones públicas  (art. 403 CP): Martínez Ribera ejerce funciones propias del Juez instructor sin título ni nombramiento para esa causa concreta. 

   - Prevaricación judicial (art. 404 CP): la magistrada, a sabiendas, consintió y amparó resoluciones y diligencias arbitrarias. 

   - Revelación de secretos por funcionario obligado a confidencialidad, coacciones (presión sobre víctimas para que aceptaran la anomalía), encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos (arts. 441, 412, 450 CP). 

La querella acierta de pleno al pedir suspensión cautelar inmediata de ambos de la carrera judicial y evaluación psiquiátrica de la instructora: no para estigmatizar, sino para determinar si estamos ante dolo o ante una incapacidad que haga inviable su continuidad.

d) Nulidad radical y originaria de toda la instrucción (art. 11 LOPJ, art. 238 LECrim). 

 Cuando se vulneran derechos fundamentales de forma estructural desde el origen (imparcialidad, juez predeterminado por la ley), la nulidad se extiende a todas las actuaciones posteriores. Las declaraciones obtenidas bajo estas condiciones son prueba ilícita y contaminan todo lo actuado. Pedir la nulidad no es estrategia: es obligación jurídica inexcusable.

3. La dimensión política: una situación inducida y protegida desde sectores afines al Partido Socialista

El artículo menciona que la magistrada abrió pieza separada contra quien denunció públicamente la injerencia. Esa reacción, calificar de “machismo atroz” cualquier crítica, no es casual: es el manual de estilo que ciertos sectores del PSOE y su órbita mediática aplican sistemáticamente cuando un juez o una causa les incomoda. Se utiliza el género como escudo para blindar la impunidad.

En un caso donde se investigan responsabilidades del Gobierno central (PSOE) en la gestión de alertas y coordinación, y donde la instructora ha impulsado precisamente la imputación de Carlos Mazón (PP) el mismo día en que estalla el escándalo de su marido, resulta evidente que la anomalía no es fruto del azar. La injerencia conyugal, la negativa sistemática a reconocerla, la apertura de piezas separadas contra críticos y la utilización del relato victimista de género forman un patrón de protección política inducido y alentado por quienes tienen interés en que la investigación no llegue hasta el final o lo haga de forma sesgada.

El Estado de Derecho no puede permitir que una instrucción de esta magnitud se convierta en un teatro donde el marido de la jueza hace las preguntas incómodas mientras ella firma los autos. Eso no es justicia: es una parodia procesal.

4. Conclusión sin paliativos

Esta situación no admite medias tintas ni “contextos”. Exige:

1. Suspensión inmediata de Nuria Ruiz Tobarra y Jorge Martínez Ribera.

2. Traslado de la causa a la Audiencia Nacional (art. 65 LOPJ) por razones de objetividad e imparcialidad.

3. Declaración de nulidad de todas las diligencias viciadas.

4. Investigación penal y disciplinaria ejemplar por el TSJCV y, en su caso, por el Tribunal Supremo.

Cualquier otra solución sería la certificación de muerte del principio de igualdad ante la ley. Cuando un juez y su cónyuge convierten la instrucción penal en un asunto familiar, el Estado de Derecho deja de existir para las 229 familias de víctimas. Y cuando sectores políticos afines al PSOE blindan con argumentos ideológicos semejante atropello, lo que está en juego ya no es solo la DANA: es la propia credibilidad del Poder Judicial español.

La querella de Rubén Gisbert no es un ataque a la judicatura. Es un acto de defensa desesperada del Estado de Derecho frente a quienes lo han secuestrado desde dentro. Y la historia, tarde o temprano, lo reconocerá como tal.

El baile de los orgullos heridos y los decálogos inofensivos...Se presta.

 

El baile de los orgullos heridos y los decálogos inofensivos

Hay momentos en la vida política española en que la solemnidad se disfraza de decálogo y la desconfianza llega con membrete oficial y todo. Estamos ante uno de esos instantes en que la coreografía del poder amenaza con degenerar en vodevil de tres al cuarto, con actores que se necesitan desesperadamente pero que no pueden evitar pisarse los talones en cada paso.

El líder de Vox se declara “molesto” ~palabra suave para lo que en realidad es un enfado de órdago~ porque el PP, con Feijóo al frente, ha tenido la osadía de redactar un documento marco antes de sentarse a negociar. Un decálogo con líneas rojas de manual: proporcionalidad en el reparto, estabilidad presupuestaria, respeto institucional, aprobar presupuestos toda la legislatura y demás obviedades que, según parece, ofenden profundamente cuando vienen escritas por otros. Desde la otra orilla, el secretario general popular insiste, con la frialdad del que ha leído demasiados manuales de protocolo, en que no se trata de un dogma inamovible, sino de un “punto de partida”. Claro, un punto de partida que ya marca el camino, el ritmo y hasta el calzado obligatorio.

La política española, si la miramos con perspectiva histórica, no es más que una larga cadena de pactos incómodos. Desde los apaños de la Restauración hasta los equilibrios autonómicos de hoy, el poder rara vez ha sido limpio y unívoco; casi siempre ha sido un regateo continuo. Lo novedoso aquí no es la negociación en sí, sino la puesta en escena: una negociación que arranca negando que sea negociación. Vox ve en el papelito del PP un intento de domesticación, como si le pusieran bozal a un león; el PP ve imprescindible poner normas para no salir escaldado ante su electorado moderado, ante Bruselas y ante sus propios barones que ya empiezan a oler la libertad de improvisar en sus feudos.

Desde la psicología social, el episodio es un manual de conflicto de estatus. Ese documento no es solo programático: es un símbolo de jerarquía. Quien escribe las reglas antes de la foto oficial se arroga el centro de la mesa. Abascal, con su habitual puntería retórica, lo convierte en “domar a Vox”, activando el clásico agravio que tan bien le funciona para cohesionar a los suyos. El agravio es un combustible político excelente: transforma un tira y afloja en resistencia moral. Mientras, el PP opera bajo la lógica del que teme la contaminación. En su ADN reciente alternan el pragmatismo absorbente y el cordón sanitario selectivo. El decálogo sirve para las dos cosas: tranquiliza al votante de centro y a los socios europeos, y pone en cintura a los presidentes autonómicos que podrían firmar cualquier cosa con tal de no repetir elecciones.

Lo deliciosamente irónico es que ambos comparten el mismo objetivo estratégico: desalojar a Sánchez del mapa. Pero la competición por la hegemonía simbólica en el bloque de la derecha los obliga a escenificar distancias siderales. Se necesitan como el aire, y al mismo tiempo compiten por el mismo nicho electoral. Es la paradoja clásica del aliado-rival: cooperación obligada bajo una desconfianza que parece estructural.

Desde la lógica fría de quien observa como un directivo de multinacional, estas fricciones generan una mezcla de inquietud y cálculo. La estabilidad presupuestaria, la previsibilidad regulatoria y los presupuestos anuales no son eslóganes ideológicos; son variables que mueven inversión. El decálogo del PP parece escrito pensando en esa audiencia: orden, seguimiento, nada de sorpresas. Vox, al exigir primero programa y luego cargos, intenta darle la vuelta a la secuencia clásica del reparto del pastel, pero no escapa a la lógica institucional si realmente quiere gobernar y no solo protestar desde la grada.

La historia española sugiere que tanto dramatismo inicial suele acabar en acuerdo pragmático. La retórica se inflama antes de enfriarse, porque el votante que ha dado mayorías combinadas en Aragón o Extremadura no premia el bloqueo eterno. Ambos lo saben. Lo más probable es un pacto con concesiones mutuas y una narrativa que permita salvar la cara a cada uno: el PP dirá que ha garantizado estabilidad y respeto institucional; Vox proclamará que ha impuesto agenda sustantiva y no se ha dejado domar.

El riesgo existe, claro. Si la cosa se enquista, el PP podría coquetear ~aunque sea de lejos~ con la abstención socialista en algún escenario, hipótesis que Abascal ya ha lanzado como amenaza velada. Sería un costurón reputacional de los gordos. Y Vox, si se siente arrinconado, podría abrazar la victimización permanente: rentable para la identidad, estéril para el poder real.

La ironía suprema es que, mientras discuten quién pone las condiciones previas, lo que realmente pelean es la primacía simbólica en el espacio conservador. No discuten tanto sobre presupuestos como sobre quién escribe el prólogo de la próxima etapa. Y en España, como saben bien los que han leído los libros de historia, quien redacta el prólogo rara vez controla del todo el epílogo.

Así, entre decálogos pomposos y susceptibilidades a flor de piel, la política vuelve a mostrar su cara más humana: cálculo racional mezclado con orgullo herido y necesidad mutua. Un baile de salón en el que nadie quiere admitir que sigue el paso del otro, aunque los dos escuchen exactamente la misma música.

Diez días para el abismo: el rehén invisible...Make my body move

 

Diez días para el abismo: el rehén invisible

En el umbral del 19 de febrero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió a Teherán un plazo efímero de "diez a quince días" para someterse a un pacto que disipara las sombras de la tensión en Oriente Medio. De lo contrario, vaticinó, sobrevendrían "cosas malas". Esta fórmula, velada en su ambigüedad, evoca la virtud diplomática de lo indeterminado: cada actor, en su solitud existencial, proyecta el abismo más profundo, reaccionando ante el fantasma de lo posible. Sin embargo, desde una perspectiva filosófica, esta vaguedad revela un defecto ontológico: los mercados, como extensiones del ser humano en su afán por la certeza, exigen la especificidad que el lenguaje político rehúye. En ausencia de claridad, la volatilidad irrumpe como un daimón socrático, supliendo la carencia de logos con el caos del pathos.

El escenario delineado ~despliegues aéreos de aviones cisterna y transportes pesados, preparativos del Pentágono, especulaciones sobre asaltos limitados para "persuadir" a la República Islámica, y ecos de un cambio de régimen~ nos remite a una fenomenología de la presión: un crescendo de presencias que, en su acumulación, transmutan la amenaza en una realidad inminente. Esta retórica, inevitablemente reminiscente de los preludios a la invasión de Irak en 2003 ~como lo sugiere el Financial Times~, no se reduce a una mera analogía histórica. Cualitativamente, encarna el uso maquiavélico de la amenaza creíble como instrumento de poder: no tanto para conquistar, sino para doblegar la voluntad del otro, recordándonos el príncipe de Maquiavelo, donde la apariencia de fuerza suplanta a menudo su ejercicio.

Desde la lente de la teoría de juegos, esta confrontación se asemeja a un dilema del prisionero existencial, o más precisamente, a un "juego de gallina" con audiencias múltiples, donde el ser-en-el-mundo heideggeriano de cada parte se ve condicionado por el Dasein del adversario. Washington aspira a maximizar concesiones en tres dominios: el desmantelamiento nuclear, la contención balística y la limitación regional, buscando una racionalidad instrumental que Kant criticaría como mera hipotética, carente de imperativo categórico. Teherán, en su resistencia, preserva su capacidad de enriquecimiento uranio ~aun bajo velos temporales~ y su arquitectura de influencia, afirmando una autenticidad nietzscheana ante la imposición externa. El nudo gordiano radica en la elevación pública del costo reputacional de la cesión: cuando la retórica suplanta el silencio estratégico, el margen de la libertad se contrae, evocando la alienación hegeliana donde el amo y el esclavo se enredan en una dialéctica sin síntesis.

La dimensión económica trasciende lo accesorio para convertirse en estructural, revelando una metafísica del petróleo: Irán no es mero dossier nuclear, sino un nodo onto-económico en la red global del ser. La mera posibilidad de minas en el Golfo Pérsico o incidentes en el Estrecho de Ormuz despierta primas de riesgo, ilustrando la inelasticidad del deseo humano ~baja en el corto plazo para el crudo~, donde perturbaciones mínimas generan oscilaciones titánicas. En un mundo aún frágil, la guerra se manifiesta como un impuesto inflacionario transnacional, un tributo al caos que Marx interpretaría como la fetichización de la mercancía energética, donde el valor de uso cede ante el valor de cambio, y la alienación colectiva se profundiza.

Más profunda aún es la arquitectura de alianzas emergente, que señala una transición ontológica del orden internacional. Los ejercicios navales conjuntos entre Rusia, China e Irán en el Estrecho de Ormuz, bajo el "Cinturón de Seguridad Marítima 2026", trascienden el simbolismo para convertirse en señales estratégicas en un sistema que ya no es unipolar, sino multipolar y fragmentado. El acuerdo reportado por el Financial Times para adquirir sistemas portátiles de defensa aérea rusos, con entregas entre 2027 y 2029, indica que Teherán internaliza la posibilidad de un conflicto prolongado, diversificando sus fuentes de resiliencia en una praxis foucaultiana de contrapoder: cadenas logísticas paralelas que eluden sanciones, resistiendo la biopolítica imperial.

Recordemos que el colapso del régimen iraní en 1979 se ancló en una figura cohesionadora: el ayatolá Ruhollah Jomeini, un arché platónico de unidad. Hoy, como apunta The Wall Street Journal, la oposición se presenta fragmentada, desorganizada, recordándonos la advertencia arendtiana sobre el vacío de autoridad: el "cambio de régimen" no es binario, sino un proceso con varianza infinita, donde la destrucción de un equilibrio autoritario ~como en Irak o Libia~ no garantiza la emergencia de un telos democrático. La economía política, en su sabiduría hobbesiana, enseña que el vacío institucional se llena, pero no necesariamente con las proyecciones de arquitectos externos; el Leviatán caído puede dar paso a un estado de naturaleza renovado.

El dilema estratégico de Washington, descrito por Le Figaro como la elección entre un "acuerdo barato" y la guerra, se revela más sofisticado en su esencia ética: un pacto nuclear limitado, preservando lo balístico y regional, podría ser victoria táctica pero capitulación estratégica, un compromiso utilitario que Bentham aprobaría pero Rawls rechazaría por su injusticia distributiva. Una operación militar a gran escala, en cambio, acarrearía costos fiscales, humanos y reputacionales, más la asimetría iraní: ataques a bases, represalias contra aliados, acciones mediante actores no estatales, evocando la guerra total de Clausewitz, donde la fricción disuelve los planes.

En este tapiz, la ironía se duplica en su socrática profundidad. La amenaza de un ataque "limitado" se erige como medio para evitar una guerra mayor, cuando la historia ~testigo hegeliano~ demuestra que los conflictos escapan a los confines racionales. Al tiempo, la retórica maximalista coexiste con negociaciones indirectas en Omán y consejos pragmáticos, oscilando la diplomacia entre el ultimátum espectral y la conversación discreta, un dualismo platónico entre la caverna de las sombras y la luz de la verdad.

Desde la perspectiva económica, me inquieta menos la teatralidad política que la aritmética de sus consecuencias: una conflagración alteraría flujos comerciales, encarecería el crédito en economías emergentes, reforzando la fragmentación financiera. Las cadenas de suministro, tensas por crisis previas, enfrentarían disrupciones, elevando el costo del capital y retrayendo la inversión, en una dialéctica marxiana donde el crecimiento potencial se aliena de su esencia.

Bajo el prisma diplomático, contemplo la erosión de las normas: el recurso a la amenaza preventiva corroe el principio de seguridad colectiva en la Carta de las Naciones Unidas, un ideal kantiano de paz perpetua. Las misivas iraníes ante la ONU, advirtiendo "consecuencias catastróficas", forman parte de una lucha por la legitimidad, una hermenéutica gadameriana donde el horizonte de comprensión se disputa.

¿Es inevitable la guerra? La respuesta filosófica es negativa, pero no improbable; en sistemas de desconfianza y comunicación estridente, el error de cálculo ~esa hybris aristotélica~ eclipsa la racionalidad. La prudencia estratégica puede sucumbir ante la política doméstica, donde el ser-para-los de Sartre se impone.

La lección más incómoda, donde la ironía cede a la phronesis aristotélica, reside en que las amenazas en la economía internacional imponen costos incluso inmaterializadas: la incertidumbre es un impuesto ontológico que gravita sobre empresas, consumidores y Estados. En la contienda entre Washington y Teherán, el rehén verdadero no es solo el programa nuclear, sino la estabilidad de un sistema global que, mediante ultimátums, olvida que la disuasión es un arte delicado, no un espectáculo eterno.

En suma, el conflicto con Irán trasciende el episodio regional para encarnar un síntoma de transición sistémica: del orden liberal con reglas imperfectas pero compartidas ~un cosmopolitismo kantiano~, hacia una competencia de potencias donde economía y fuerza se entrelazan sin pudor, recordando la voluntad de poder nietzscheana. En esta metamorfosis, como en tantas epopeyas históricas, la retórica promete dominio mientras la realidad acumula abismos.

Amnistía falsa: un perdón que no perdona...War

 "Amnistía falsa: un perdón que no perdona"

Esta fotografía, capturada por Ronald Peña R. para EFE, muestra a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, sosteniendo un documento rojo con el escudo nacional, bajo el titular sensacionalista "La 'trampa' de la amnistía en Venezuela: deja a la oposición en manos de tribunales chavistas". La imagen no es un mero ilustrativo; es un artefacto simbólico que encapsula el "paripe" ~esa farsa escenificada~ del régimen chavista, un montaje protocolar que finge cambio mientras perpetúa el control autoritario. Fijémonos, como se sugiere, en las "letras del libro": unas (las del título oficial y el escudo) evocan solemnidad estatal, mientras otras (las del pie de foto y el contexto implícito) revelan la ironía y la manipulación. Esta dualidad tipográfica y visual desmonta la narrativa de reconciliación, exponiendo cómo el régimen utiliza el protocolo diplomático como herramienta geopolítica para mantener el statu quo.

Desde una perspectiva geopolítica, inspirada en pensadores como Carl Schmitt y su distinción entre amigo y enemigo, la imagen ilustra cómo el chavismo ~heredero de la "revolución bolivariana"~ escenifica una amnistía como gesto de pacificación interna, pero en realidad refuerza su soberanía absoluta frente a amenazas externas e internas. Delcy Rodríguez, figura clave en la diplomacia chavista, aparece como la guardiana de un documento que promete "convivencia democrática", pero cuyas letras ~en negrita y cursiva en el titular~ advierten de una "trampa". Las letras "grandes" del libro (el título "Ley de Amnistía" y el escudo con sus elementos heráldicos: el caballo, el trigo, las banderas) simbolizan la continuidad del poder estatal, un diseño protocolar que remite a la tradición republicana venezolana, pero pervertida por el control partidista. En contraste, las "otras" letras ~las pequeñas del pie de foto, que mencionan la aprobación en Caracas y la actualización a las 22:02~ sugieren una urgencia escenificada, un acto performativo que se actualiza en tiempo real para proyectar legitimidad. Este contraste tipográfico no es accidental; en diseño protocolar, la jerarquía visual (tamaños, colores, posiciones) sirve para jerarquizar significados. Aquí, el rojo intenso del documento evoca la sangre revolucionaria chavista, mientras que la mano que lo sostiene ~firme, central~ representa el puño cerrado del régimen, que no suelta el control. Geopolíticamente, esto manifiesta el "paripe" de un gobierno que, ante presiones internacionales (sanciones de EE.UU., críticas de la OEA), finge apertura para deslegitimar a la oposición como "traidora" ~acusada de solicitar intervenciones armadas extranjeras~, sin alterar su alianza con potencias como Rusia, China o Irán, que sostienen su resiliencia autoritaria.

En términos de diseño protocolar, la imagen es un ejemplo magistral de mise-en-scène diplomática, donde cada elemento ~desde la postura de Rodríguez hasta la composición fotográfica~ está calibrado para transmitir autoridad incontestable. Como experto en esta disciplina, recuerdo que el protocolo no es mero ceremonial; es un lenguaje visual que estructura el poder. Aquí, el libro sostenido como un trofeo (no abierto, sino cerrado, impenetrable) simboliza una amnistía opaca, cuya aplicación depende de "tribunales competentes" ~es decir, chavistas~.

Las letras del escudo, con su tipografía serif clásica, invocan la Constitución de 1999, pero las "otras" letras en el contexto (frases como "solicitud de intervención armada extranjera") introducen la exclusión, recordándonos cómo el régimen diseña protocolos para excluir a figuras como María Corina Machado o Leopoldo López, etiquetados como promotores de "acciones armadas contra la soberanía". Este dualismo tipográfico ~letras solemnes vs. letras acusatorias~ revela la farsa: el régimen no cambia; simplemente rediseña su narrativa para aparentar evolución. Filosóficamente, esto evoca a Hannah Arendt en su análisis del totalitarismo, donde el lenguaje y los símbolos se convierten en herramientas de dominación. La imagen no muestra un acto de clemencia, sino un protocolo de contención: Rodríguez, con su expresión "complacida" (como se menciona en el texto), posa como árbitro neutral, pero el diseño visual la posiciona como verdugo disfrazado de conciliadora.

El "paripé" se acentúa en la ambigüedad visual de la imagen, que invita a una lectura geopolítica profunda. El fondo borroso ~posiblemente la Asamblea Nacional~ sugiere un espacio institucional desdibujado, controlado por el chavismo desde hace décadas, donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) interpreta la ley a conveniencia. Las letras "unas y otras" encapsulan esta duplicidad: las del documento prometen borrado de registros (Artículo 14), pero las implícitas en las exclusiones (Artículo 9) perpetúan inhabilitaciones políticas. Esto no es cambio; es una maniobra geopolítica para neutralizar a la oposición sin ceder terreno, manteniendo más de 600 presos políticos como rehenes simbólicos. En diseño protocolar, tal composición visual sería reprobable en un contexto democrático genuino, donde la transparencia (por ejemplo, un documento abierto al escrutinio) primaría sobre la opacidad.

En conclusión, la imagen desmonta el artículo periodístico al revelar lo que el texto solo insinúa: el régimen chavista escenifica una amnistía como protocolo de supervivencia geopolítica, fingiendo reconciliación mientras afianza su autoritarismo. Las letras del libro ~solemnes en apariencia, excluyentes en esencia~ expresan el núcleo del "paripé": un diseño visual que perpetúa la ilusión de cambio sin alterar la estructura de poder. Esta farsa no solo engaña internamente, sino que desafía a la comunidad internacional a cuestionar si intervenciones pasadas (como las ofertas de EE.UU. rechazadas por Maduro) fueron en vano. Como filósofo mundano, urjo a ver más allá de la superficie: en geopolítica, las imágenes no mienten; solo los regímenes que las manipulan lo hacen.

Critica visual

El libro rojo con la etiqueta blanca pegada ("Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática"). El título lo clava:

·      El libro cerrado = "no perdona" (opacidad, no se abre al escrutinio real).

·      El rojo bolivariano intacto = "amnistía falsa" (mismo color ideológico del régimen, no un cambio genuino).

·      La etiqueta blanca como parche improvisado, una etiqueta de quita y pon = el "perdón" superficial que tapa las trampas (exclusiones por "intervención armada extranjera" que amenazan a Machado, López, Ledezma, etc.).

·      La pose "complacida" de Delcy = finge magnanimidad ("hay que saber pedir perdón", como dijo ella al promulgarla), pero el título lo desmonta como farsa.

La bisutería del poder: cómo el PSOE sacrifica al ciudadano común...Control Yourself

 

"La bisutería del poder: cómo el PSOE sacrifica al ciudadano común"

Hay fechas que parten la historia en dos, pero en España, el 11 de marzo de 2004 ~el 11-M~ no fue solo una masacre en los trenes de cercanías de Madrid; para muchos, fue un montaje calculado, un sismo moral, político y simbólico orquestado desde las sombras del poder para alterar el destino de una nación. Casi doscientas vidas segadas, miles de heridos y un país sumido en la confusión, donde la vulnerabilidad no era solo ante el terror externo, sino ante las maquinaciones internas del PSOE, que habría instrumentalizado la tragedia para volcar las elecciones sin revisión neutral en medio del caos social. Desde entonces, cada debate sobre identidad, seguridad y convivencia lleva la sombra alargada de aquel amanecer de explosiones, pero también la sospecha persistente de que el partido socialista prioriza el poder sobre el cuidado del ciudadano común, un patrón que resuena en la actualidad con la liberación de terroristas de ETA a través de reformas pactadas con Bildu.

El atentado, según esta visión compartida por amplios sectores, no fue un acto fortuito de yihadismo, sino un golpe maestro que precipitó un vuelco electoral, permitiendo al PSOE gobernar bajo promesas de multilateralismo y derechos. Pero en 2026, esta dinámica se repite en el plano doméstico: el gobierno de Pedro Sánchez ha facilitado la excarcelación anticipada de etarras como Txapote, Anboto, Kantauri y Txeroki, mediante reformas legales que convalidan penas cumplidas en Francia, beneficiando a unos 44-52 presos, muchos condenados por delitos de sangre. Acuerdos con Bildu y el PNV han permitido salidas en régimen abierto o semilibertad, como la de Txeroki en febrero de 2026, pese a condenas de cientos de años por asesinatos, sin arrepentimiento ni colaboración con la justicia. Esta "política de puertas abiertas" ~criticada por víctimas del terrorismo y oposición como el PP~ evoca el supuesto sacrificio de vidas en el 11-M por ambición electoral, revelando un desprecio filosófico por el contrato social que debería unir al estado con sus ciudadanos.

Desde una perspectiva filosófica, inspirada en Hobbes, el Leviatán estatal existe para garantizar la seguridad básica, evitando que la vida sea "solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta". El PSOE, al liberar etarras sin cerrar heridas ~como los 379 asesinatos sin resolver~ erosiona este pacto, priorizando reconciliación política sobre la protección del ciudadano común, ese anónimo vulnerable que sufre las consecuencias del terror. Rawls, en su velo de ignorancia, demandaría una justicia que vele por los más desprotegidos: las víctimas y sus familias, no los verdugos. Moralmente, esto plantea un dilema kantiano: ¿puede el imperativo categórico ~actuar solo según máximas universales~ justificar negociar con terroristas por estabilidad gubernamental? El PSOE parece optar por un utilitarismo crudo, sacrificando el bien de unos pocos (las víctimas) por un supuesto mayor bien (paz social), pero esto ignora la deontología que exige no tratar a las personas como medios, sino como fines en sí mismos.

En este contexto, el debate sobre el burka ~símbolo de libertad religiosa para unos, opresión para otros~ se entrelaza con esta actualidad como termómetro de una espiral manipuladora. No se discute solo una prenda, sino los límites del pluralismo en una sociedad marcada por el terror, donde el PSOE usa derechos individuales para distraer de irregularidades pasadas como el 11-M y presentes como las excarcelaciones de ETA. Cada intervención parlamentaria lleva la pregunta abierta: ¿cómo conjugar seguridad y libertad sin sacrificar al ciudadano común en el altar del poder? El partido oscila entre su tradición laicista y su compromiso con minorías, pero en realidad, esto enmascara una estrategia para mantener alianzas, como las con Bildu, que exigen liberaciones antes de octubre de 2026.

La cuestión incómoda es moral: invocar derechos para cerrar debates, cuando el 11-M pudo ser un complot interno y las liberaciones de ETA una concesión política, contamina discusiones sobre islam o nacionalismo con sospecha hacia el PSOE, no hacia las comunidades. Ignorar esta dimensión emocional no es ingenuidad; es negligencia ética, priorizando el poder sobre el deber de cuidar al ciudadano común, ese que Hobbes veía como el núcleo del estado. Críticos acusan al PSOE de exceso de corrección política, manipulando ansiedad social por terrorismo para consolidar victorias, mientras defensores argumentan que evita derivas prohibitivas. Pero la perspectiva conspirativa resalta cómo el partido usa caos para imponer agendas sin escrutinio neutral.

Lo incisivo es reconocer que el 11-M y las liberaciones de ETA, los vínculos narco-venezolanos, las cesiones territoriales, las planificaciones migratorias opacas, la corrupción endémica y el control inquisitorial de noticias convierten la identidad nacional en un campo minado, donde decisiones sobre símbolos religiosos o penitenciarios se interpretan emocional y estratégicamente como distracciones. Filosóficamente, esto viola el principio rawlsiano de equidad: el estado debe priorizar a los vulnerables, no negociar con quienes los victimizaron. Moralmente, exige valentía para admitir que el cuidado del ciudadano común ~protegido por un contrato social inquebrantable~ no se negocia por escaños, ni se adorna con bisutería manipuladora

Si algo revela esta conexión entre el 11-M, el burka, las excarcelaciones de ETA y la trayectoria del PSOE es que España negocia su relato bajo sombras de manipulación. ¿Es una nación que responde al terror reafirmando libertades, aunque distraiga de verdades incómodas? ¿O prioriza homogeneidad simbólica como cohesión, mientras oculta complots? El equilibrio se construye en pedagogía diaria, pero una investigación neutral del 11-M y un freno moral a las liberaciones revelarían si el PSOE sacrifica al ciudadano por poder. Veinte años después, la tentación es simplificar, pero estos temas forman un dilema: sostener democracia abierta en miedo sin vaciarla, exigiendo menos eslóganes y más coraje para gestionar convivencia como conflicto permanente, priorizando éticamente al común sobre el poderoso.

Entre el cambio y la continuidad: el dilema político tailandés en las elecciones anticipadas...One and Only

 

Entre el cambio y la continuidad: el dilema político tailandés en las elecciones anticipadas

Reforma, estabilidad y equilibrio político en un régimen híbrido

Las elecciones parlamentarias anticipadas convocadas para el 8 de febrero en Tailandia se desarrollan en un contexto de tensión estructural entre reforma y estabilidad, una constante en la historia política contemporánea del Reino. Lejos de tratarse de una simple competencia electoral, estos comicios representan un momento crítico de definición institucional, en el que confluyen debates sobre crecimiento económico, seguridad nacional, diseño constitucional y el papel de los actores no electos dentro del sistema político.

Desde una perspectiva de sociología política comparada, Tailandia puede ser caracterizada como un régimen híbrido, donde mecanismos democráticos formales coexisten con fuertes contrapesos institucionales vinculados a élites políticas, militares y burocráticas, históricamente legitimadas como garantes de la unidad nacional y de la continuidad del Estado.

El sistema de partidos y la lógica de la competencia política

El escenario electoral descrito en estos últimos días muestra tres grandes polos políticos. En primer lugar, el Partido Orgullo de Tailandia (Bhumjaithai), actualmente en el poder bajo el liderazgo de Anuthin Chanvirakoon, ha construido su narrativa en torno a la seguridad nacional, la soberanía territorial y la continuidad de políticas económicas pragmáticas. Su discurso se fortalece en un contexto de tensiones regionales, particularmente en la frontera con Camboya, apelando a una concepción clásica del Estado como protector del orden y la integridad nacional .

En segundo lugar, el Partido Phuea Thai, heredero del legado político de Thaksin Shinawatra, mantiene su tradicional anclaje en sectores rurales y populares, recurriendo a políticas redistributivas directas y estímulos económicos de corto plazo. Esta estrategia refleja una forma de populismo programático que ha demostrado ser electoralmente eficaz en Tailandia, aunque genera debates persistentes sobre su sostenibilidad fiscal y su impacto estructural a largo plazo.

Finalmente, el Partido Popular, heredero político del disuelto Movimiento Adelante, se posiciona como la fuerza reformista por excelencia. Su agenda propone transformaciones profundas del sistema económico y político, incluyendo la lucha contra monopolios, la reforma del servicio militar y cambios constitucionales orientados a una mayor democratización institucional.

Reformismo, límites institucionales y memoria política reciente

No obstante su popularidad electoral, el Partido Popular enfrenta restricciones sistémicas significativas. La experiencia de 2023, cuando una fuerza ideológicamente afín ganó las elecciones pero fue incapaz de formar gobierno y posteriormente disuelta por vía judicial, constituye un antecedente central para comprender el presente. Desde una perspectiva sociológica, esto revela la existencia de “zonas de veto” institucional, es decir, ámbitos del sistema político donde determinadas propuestas son percibidas como incompatibles con los pilares fundamentales del orden estatal.

En este sentido, el debate en torno a la legislación que protege a la monarquía no puede analizarse únicamente como una controversia jurídica, sino como un elemento simbólico clave de cohesión nacional. Para amplios sectores del Estado y de la sociedad tailandesa, la monarquía representa un factor de continuidad histórica y estabilidad política, particularmente en contextos de polarización. Cualquier propuesta percibida como desestabilizadora tiende, por tanto, a generar reacciones defensivas dentro del aparato institucional.

La cuestión constitucional y el equilibrio de poder

Un eje central de las elecciones es el futuro de la Constitución de 2017. Las críticas señaladas recientemente ~limitada descentralización, debilidad de los contrapesos y amplios poderes de órganos no electos como el Senado~ reflejan una tensión clásica entre gobernabilidad y representación. Desde la óptica de las élites conservadoras, estas disposiciones han contribuido a evitar ciclos de inestabilidad crónica; desde la perspectiva reformista, en cambio, constituyen un freno a la plena expresión de la voluntad popular.

El Senado, con su capacidad de supervisión legislativa y de intervención en la arquitectura judicial y partidaria, se erige como un actor estructural clave, diseñado precisamente para moderar cambios abruptos y preservar un equilibrio gradualista del sistema político.

Epilogo

Las elecciones anticipadas en Tailandia no deben interpretarse como un plebiscito simple entre “cambio” y “continuidad”, sino como un proceso de negociación compleja dentro de un orden político históricamente condicionado. El desafío central para el Reino consiste en armonizar las demandas legítimas de reforma socioeconómica con la preservación de la estabilidad institucional y los valores fundamentales del Estado.

Desde una perspectiva instruida, el caso tailandés ilustra cómo los procesos democráticos en Asia no siguen necesariamente trayectorias lineales occidentales, sino que responden a lógicas propias, profundamente arraigadas en su historia, cultura política y estructuras de poder. El resultado del 8 de febrero no solo definirá la composición del próximo gobierno, sino también el ritmo y los límites del cambio político en el Reino de Tailandia.

Del silicio a la vela con el socialismo español....La promesa.

 

Del silicio a la vela: el experimento energético español a la luz de la electricidad que exige la inteligencia artificial

Cuando la física no vota

Existe una peculiaridad fascinante en la política energética contemporánea española: la convicción tácita de que la termodinámica es una construcción ideológica y que, con suficiente entusiasmo normativo, el viento soplará cuando lo ordene el BOE y el sol brillará de noche si así lo requiere el mix eléctrico.

Bajo esta premisa se han ido demonizando los embalses, extirpando la nuclear y convirtiendo la generación despachable en una reliquia fósil, todo ello mientras se proclama solemnemente la llegada de la electrificación total y la economía digital.

Recientemente se ha analizado un documento ~centrado en Rusia, país poco sospechoso de lirismo ecologista~ ofrece un contraste brutalmente pedagógico: allí donde la demanda eléctrica crece de forma rígida, concentrada y no negociable, la política energética se ve obligada a obedecer a la ingeniería y no al relato.

I. La electricidad como bien físico (no como metáfora moral)

El texto subraya un hecho elemental: los centros de datos para IA consumen entre 50 y 150 kW por rack, con previsiones de llegar a 300 kW, frente a los 7-15 kW de un centro convencional .

Esta no es una demanda “flexible”, “gestionable” ni “desplazable al fin de semana”. Es potencia firme, continua y cercana al consumo.

Aquí emerge la primera ironía española: se impulsa la digitalización, la IA, el vehículo eléctrico y la bomba de calor mientras se destruye sistemáticamente la base de generación firme. Rusia, en cambio, reconoce sin rubor que sin 7 GW adicionales de generación despachable antes de 2030, el sistema simplemente colapsa .

España, más audaz, ha decidido experimentar con algo conceptualmente más avanzado:

“un sistema eléctrico posmaterial, donde la oferta se adapta mediante esperanza”.

El apagón como mecanismo pedagógico

El documento ruso identifica claramente los cuellos de botella:

·      déficit regional de capacidad,

·      dificultad de conexión a red,

·      necesidad de redes de alta tensión,

·      y plazos de planificación de hasta diez años .

En España, en cambio, hemos optado por una solución más económica: no planificar, cerrar centrales que funcionan y confiar en que la intermitencia será compensada por comunicados institucionales.

El resultado es un fenómeno novedoso: el apagón didáctico, útil para recordar a la población que la electricidad no se almacena en discursos y que la frecuencia de red no entiende de eslóganes.

Nuclear, pantanos y el arte de destruir capital productivo

Mientras Rusia discute cómo facilitar el acceso directo de los centros de datos a la red troncal de alta tensión para garantizar suministro competitivo , España se distingue por:

·      cerrar nucleares amortizadas y estables,

·      infrautilizar embalses por razones simbólicas,

·      penalizar la hidráulica de regulación,

·      y convertir la generación firme en pecado climático.

Desde un punto de vista económico, esto equivale a destruir capital productivo ya pagado para sustituirlo por activos intermitentes que requieren respaldo fósil… que también se quiere cerrar.
Una estrategia tan elegante como quemar el puente antes de cruzar el río, confiando en que el río se solidarice.

La paradoja de la IA verde sin electricidad firme

El texto ruso es explícito: sin electricidad barata, estable y cercana, la IA no es competitiva y los precios se trasladan íntegramente al cliente .

Por eso allí el debate no es “verde vs. no verde”, sino suficiente vs. insuficiente.

España, por el contrario, aspira a liderar la economía digital europea con un sistema eléctrico diseñado para molinos medievales con Wi-Fi. La idea implícita parece ser que los centros de datos funcionarán:

·      cuando haya sol,

·      si hay viento,

·      y siempre que no sea invierno, verano, de noche o anticiclón.

Conclusión: del realismo energético al romanticismo eléctrico

El documento analizado muestra un enfoque incómodo pero adulto:

la electricidad es infraestructura estratégica, no un instrumento narrativo .

España, en cambio, ha elevado el romanticismo energético a política de Estado: se legisla como si la potencia firme fuera opcional y la seguridad de suministro un concepto del siglo XX.

Desde la sabiduría de las tecnologías energéticas, el diagnóstico es claro.
Desde la sabiduría de la economía, el veredicto es devastador.
Y desde la ironía de la experiencia, solo cabe concluir:

Nunca fue tan sofisticado apagar un país para demostrar que se estaba iluminado.

Digitalizar sin soberanía por Indra Group...Los goteros de miel

 

Digitalizar sin soberanía: poder tecnológico y tutela institucional en América Latina

Cuando la innovación se convierte en discurso por Indra Group

En las últimas dos décadas, la publicidad corporativa de las grandes tecnológicas europeas con fuerte dependencia del sector público ha mutado desde la exaltación de la eficiencia técnica hacia un relato moral del progreso. La tecnología ya no se vende como herramienta, sino como destino histórico inevitable. En este marco se inscribe el reciente acuerdo entre Indra Group y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), presentado como una alianza estratégica para la modernización del Estado latinoamericano, tal como lo presenta Gabriel Morales en un artículo en Invertia del periódico El Español.

Sin embargo, un análisis crítico del recorrido publicitario, político y corporativo de Indra ~especialmente bajo su actual configuración accionarial y directiva~ revela una disonancia estructural entre el discurso de innovación, la praxis empresarial y el contexto geopolítico regional.

El recorrido publicitario de Indra: del ingeniero al salvador institucional

Históricamente, Indra construyó su marca sobre tres pilares:

·      Capacidad tecnológica nacional,

·      Proximidad al Estado,

·      Neutralidad técnica.

No obstante, desde su progresiva captura por intereses político-partidarios en España, particularmente bajo gobiernos socialistas, la comunicación corporativa ha abandonado la ingeniería para abrazar la retórica del “bien público digital”. El acuerdo con CAF es paradigmático: no se publicita un contrato, sino una misión civilizatoria, donde Indra aparece como garante del futuro institucional de más de veinte países.

Este desplazamiento no es inocente. En geotecnologías sociales, este fenómeno se conoce como “tecnosolucionismo legitimador”: la tecnología se presenta como neutral mientras reconfigura relaciones de poder, dependencias técnicas y flujos de soberanía.

CAF + Indra: ¿cooperación para el desarrollo o externalización del Estado?

El artículo describe una alianza centrada en:

·      Gobierno digital

·      Ciberseguridad

·      Infraestructuras críticas

·      Gestión del tráfico aéreo

·      Inteligencia artificial

Desde una perspectiva técnica, estas áreas constituyen el núcleo duro de la soberanía estatal. Externalizarlas ~aunque sea bajo marcos de cooperación multilateral~ implica transferir:

·      Modelos de datos

·      Arquitecturas de decisión

·      Dependencia tecnológica

·      Estándares normativos

El problema no es la cooperación en sí, sino quién coopera y desde qué posición ética e institucional. Indra no es una startup innovadora ni una universidad pública: es una empresa con fuerte historial de contratos opacos, puertas giratorias y dependencia del BOE español. En este sentido, el acuerdo con CAF parece menos una apuesta por el desarrollo endógeno y más una exportación del modelo europeo de captura público-privada, ahora proyectado sobre América Latina.

La paradoja Telefónica: retirada estratégica y desmantelamiento del ecosistema

La falta de oportunidad del acuerdo se hace evidente al analizar el contexto paralelo:
Telefónica, el histórico vector español de telecomunicaciones en América Latina, ha abandonado progresivamente la región, vendiendo activos estratégicos que podrían haber servido como:

·      Soporte de infraestructura

·      Anclaje industrial

·      Ecosistema de innovación local

La paradoja es profunda:

·      El anterior presidente de Indra pasa a liderar Telefónica

·      Telefónica se retira

·      Indra se expande en áreas aún más sensibles

Desde economía política, esto sugiere una reconfiguración del poder tecnológico español, donde ya no se busca competir en mercados abiertos, sino gestionar Estados desde capas invisibles de software, datos y seguridad.

Gobierno corporativo y legitimidad: el elefante en la sala

El discurso del artículo omite deliberadamente los problemas de gobernanza interna de Indra, entre ellos:

·      La politización del consejo

·      La percepción pública de corrupción estructural

·      Y especialmente, el hecho de que el actual presidente ejecutivo haya recomprado su propia empresa desde Indra con una sobrevaloración denunciada de altísimo %

Aunque este punto deba dirimirse en sedes judiciales y no académicas, la percepción es clave. En cooperación internacional, la legitimidad es tan importante como la capacidad técnica. Exportar “gobierno digital” desde una empresa cuya gobernanza es cuestionada erosiona la credibilidad del propio proyecto de modernización.

Geotecnologías sociales: el riesgo latinoamericano

Desde reconocidas y prestigiosas universidades se ha estudiado ampliamente cómo las tecnologías de gobierno digital pueden derivar en:

·      Tecnocracias opacas

·      Vigilancia estructural

·      Dependencia algorítmica

·      Reducción de la deliberación democrática

Cuando estas tecnologías son diseñadas, financiadas y operadas por un mismo eje banco multilateral–corporación extranjera, el riesgo no es técnico, sino político: América Latina puede modernizarse sin desarrollar soberanía digital real.

Conclusión: innovación sin ética es colonialismo digital

El acuerdo Indra–CAF, tal como se presenta, es retóricamente impecable y estratégicamente preocupante. Llega tarde, llega mal y llega sin autocrítica. Mientras Telefónica abandona el terreno productivo, Indra ocupa el terreno institucional. Mientras se habla de bienestar, se silencian conflictos de interés. Mientras se promete futuro, se repite un pasado de dependencia.

La transformación digital no fracasa por falta de tecnología, sino por exceso de poder concentrado sin control democrático. Y en ese sentido, este acuerdo no representa una oportunidad histórica para América Latina, sino una advertencia.