En el
análisis no nos hallamos ante una “ruptura de escalas” inevitable, ni ante una
“confrontación entre principios irreconciliables”, ni ante un “misterio que
trasciende la comprensión”.
Estamos ante
un acto político calculado con consecuencias perfectamente predecibles; ante
una manipulación institucional que utilizó a población vulnerable como
instrumento; y ante un crimen contra los principios democráticos que exige
identificación, denuncia y reparación.
La
contemplación filosófica de la “tragedia irresoluble” se convierte, en este
caso, en complicidad con la injusticia política, porque sabemos quién la
generó.
DIAGNÓSTICO POLÍTICO
I. La evidencia de la orquestación
La hipótesis
de que lo ocurrido en Ceuta fue deliberadamente permitido o facilitado por
actores políticos españoles se sostiene sobre tres pilares:
A) Indicadores de coordinación
Convergencia simultánea de
decenas de miles de personas en un punto geográfico concreto, hecho
altamente improbable sin organización previa.
Sincronización temporal
incompatible con cualquier espontaneidad orgánica.
Patrones de movimiento que
apuntan a facilitación logística.
Ausencia de la respuesta
estatal que hubiera sido trivial aplicar cuarenta y ocho horas antes.
B)
Beneficiarios políticos evidentes
El Gobierno
español (gestión 2023-2026) obtuvo beneficios políticos inmediatos:
Refuerzo de la narrativa de
“crisis migratoria” que legitimaba políticas restrictivas.
Fortalecimiento de la coalición
política mediante una crisis compartida.
Desviación de la atención
pública respecto de otros conflictos (crisis económica, corrupción, las
regularizaciones, la Ley de Nietos, etc.).
Legitimación de medidas
excepcionales destinadas a consolidarse como “nueva normalidad”.
C) Ausencia de consecuencias reales
Ningún funcionario fue
destituido.
Ningún control parlamentario
significativo se produjo.
Ningún procesamiento legal de
los responsables tuvo lugar.
Ninguna reforma institucional
se impulsó para impedir la repetición.
Esta tríada,
coordinación implícita, beneficio político claro y total impunidad, constituye
evidencia de una acción política intencional.
II. La naturaleza del acto político
Si el episodio fue deliberado, entonces constituyó:
1.Un acto de violencia política contra
población vulnerable
Utilizó a seres humanos en situación de extrema
precariedad como peones. Generó daño comprobable (menores traumatizados,
saturación de servicios, muertes). Se ejecutó a sabiendas de que provocaría
sufrimiento.
2.Un acto de fraude democrático
Fabricó la percepción falsa de una “crisis espontánea”
para justificar políticas. Empleó manipulación mediática para ocultar la
autoría. Transformó una catástrofe humanitaria en narrativa política útil.
3.Un acto de sabotaje institucional
Demostró que el Estado puede deliberadamente generar
su propio colapso. Expuso la capacidad de actores estatales para manipular los
sistemas de gestión de crisis. Reveló el vacío de control efectivo sobre los
actos “excepcionales”.
Esto no es
filosofía política abstracta. Es un crimen político concreto que exige una
respuesta concreta, ante un acto de Alta Traición.
O del arte de administrar lo ajeno sin
saber de qué se habla
I. Cuando el
término «economía» era algo serio
Corría el siglo
IV antes de nuestra era cuando un ateniense de nombre Jenofonte, general,
filósofo y escritor que había combatido en Persia, contemplado la decadencia de
su ciudad y meditado sobre el arte de gobernar, inventó el término oikonomikos:
la ciencia de administrar el hogar, la propiedad, los recursos escasos de la
comunidad. No era retórica vacía. Era una disciplina que exigía conocer la
tierra que se pisa, los ingresos reales que se tienen, la naturaleza de los
hombres a quienes se confía la gestión. Quien quisiera ser administrador, según
el propio Jenofonte, mediante boca de Isómaco en el Domostroy, no podía
ser ebrio, ni perezoso, ni entregado a los placeres hasta el olvido del deber.
Tampoco podía robar: «si quien recoge los frutos del campo se atreve a robar
tanto que lo que queda no justifica el costo de su trabajo, ¿de qué servirá la
agricultura bajo su administración?»
Lean ustedes con
atención esos requisitos. Y piensen luego en el gabinete económico del gobierno
del señor Sánchez. Hay algo casi obsceno en la comparación.
II. El
oikonomikos y sus aprendices de Moncloa
El ministro de
Economía, don Carlos Cuerpo, llegó al cargo con el expediente de un técnico del
Estado. Una tesis doctoral que ha generado más dudas que certezas sobre su origen
intelectual: investigaciones periodísticas han señalado en ella un grado de
coincidencia con trabajos ajenos que, en cualquier universidad anglosajona con
una política de integridad académica mínimamente en serio, habría bastado para
retirarla. En España, estas cosas se gestionan de otra manera: con silencio
institucional, con la complicidad de quien toca, con el tiempo suficiente para
que el escándalo se disuelva en la siguiente noticia.
Jenofonte, que en
su tratado anticrisis Sobre los ingresos fue capaz de diseñar el primer
plan de macroeconomía de la historia occidental, con sus errores, con su
ingenua propuesta de comprar esclavos para las minas de Laurión, pero con una
coherencia intelectual y una honradez analítica que merecen respeto, habría expulsado
sin contemplaciones al señor Cuerpo de cualquier cargo de responsabilidad. No
por sus ideas. Por la falta de carácter que implica presentar como propio lo
que no lo es.
La gestión
económica del Gobierno socialista se ha caracterizado por una retórica de la
suficiencia que choca frontalmente con los datos. Se habla de «blindar» el
Estado del bienestar mientras el déficit estructural se perpetúa; se promete
inversión pública transformadora mientras los presupuestos del Estado llevan
más de dos años prorrogados por incapacidad política de aprobar unos nuevos; se
celebran décimas de crecimiento del PIB como si fueran victorias históricas
mientras la productividad española sigue siendo una de las más bajas de la
eurozona y el mercado de trabajo es un monumento a la precariedad disfrazada de
estadística favorable.
III. Pedro
Sánchez y el plan de Jenofonte
Jenofonte, al
menos, tuvo la honestidad de reconocer que Atenas era pobre porque no
aprovechaba bien sus ventajas. Eso supone, ante todo, una lucidez sobre la
situación real. El señor Sánchez, en cambio, ha elevado a sistema de gobierno
la negación de la realidad. En cada crisis, la energética, la inflacionaria, la
habitacional, la fiscal, ha reaccionado primero culpando a otros (la guerra,
los especuladores, Europa, la derecha), luego anunciando medidas espectaculares
que raramente se ejecutan en los plazos prometidos, y finalmente atribuyéndose
los efectos de tendencias que nada tienen que ver con su política.
El Presidente del
Gobierno se ha construido como una figura de la modernidad progresista, pero su
relación con la economía recuerda más al Eubulo de Jenofonte que al Jenofonte
mismo: Eubulo fue quien, tras la derrota de Atenas en la Guerra Social,
canalizó el presupuesto hacia el theorikon, el fondo de festivales y
subsidios para el teatro, y prohibió por ley que esos fondos se destinaran a
nada que pudiera molestar. Una forma antigua y refinada de comprar la paz
social con dinero público. Una forma, en definitiva, que los griegos ya
conocían y que no necesitaba ser reinventada veinticuatro siglos después en
Madrid.
El resultado, en
Atenas, fue la derrota de Queronea y el fin de su hegemonía. El resultado aquí
todavía no ha terminado de escribirse. Pero los síntomas son conocidos.
IV. La soberbia
del Banco de España
Hay en esta
tragicomedia un personaje que merece tratamiento aparte: el gobernador del
Banco de España, cuya característica más notable no es la agudeza de sus
diagnósticos, que a veces acierta, como reloj parado dos veces al día, sino la
altivez con que los formula. Existe en ciertos tecnócratas una variedad
peculiar de soberbia: la del hombre que ha llegado a un cargo por méritos
reales y ha concluido de ello que su autoridad es epistémica, no solo
institucional. Que sabe. Que ve. Que los demás, si le escucharan, estarían
mejor.
Jenofonte, que
también escribió sobre el liderazgo en la Ciropedia y en las Memorias
de Sócrates, entendía perfectamente este tipo humano. El administrador
eficaz, Isómaco, el gerente modélico del Domostroy, no daba órdenes
directas. Formaba, convencía, incentivaba. El gobernador del Banco de España no
convence: dictamina. Y cuando la realidad no le da la razón exactamente en los
plazos que él había calculado, el problema siempre está en otro lado: en el
Gobierno que no escucha, en los mercados que no reaccionan, en la ciudadanía
que no ahorra suficiente. Nunca en el propio modelo.
La independencia
del banco central es una conquista institucional valiosa y debe preservarse.
Pero la independencia no es sinónimo de infalibilidad, y la infalibilidad jamás
debería confundirse con la autoridad moral. España lleva años con una inflación
que el propio Banco de España erró sistemáticamente en sus previsiones, y con
un mercado de la vivienda cuya disfunción fue advertida tardíamente y con la
misma autoridad pontificia con que se anuncian los torneos de tenis.
V. El error de
Jenofonte y la trampa del Gobierno
Sería injusto
terminar sin señalar que el propio Jenofonte no era infalible. Su plan
anticrisis para Atenas contenía errores graves que los economistas modernos han
identificado con facilidad: la liberación masiva de plata habría generado
inflación; la propuesta de esclavos estatales ignoraba la ley de rendimientos
decrecientes; la idea de los «pacificadores» era una construcción institucional
sin sustento real. Y sin embargo, Jenofonte fue honesto en sus limitaciones,
puso sus ideas a disposición de la deliberación pública y terminó su tratado
pidiéndole a la ciudad que consultara a los oráculos de Dodona y Delfos antes
de ejecutar nada. Una forma antigua de decir: podría estar equivocado;
piénsenlo ustedes también.
Esa humildad es
exactamente lo que falta en el gabinete económico del señor Sánchez. No la
incertidumbre, esa la tienen de sobra y la disimulan con cifras de coyuntura,
sino la disposición a reconocerla públicamente, a someter las propias ideas al
escrutinio real, a admitir que una tesis puede estar mal hecha, que una
previsión puede ser errónea, que una política que no funciona debe cambiarse y
no renombrarse.
La economía,
desde que Jenofonte la bautizó, es el arte de administrar los recursos de la
comunidad en beneficio de quienes la integran. No el arte de administrar el
relato sobre esos recursos. No el arte de parecer que se administra mientras se
delega en la coyuntura favorable. Y desde luego no el arte de plagiar,
pontificar o gobernar desde la soberbia del que cree que el cargo le da la
razón.
VI. Conclusión:
lo que Jenofonte habría dicho
Si Jenofonte de
Atenas levantara la cabeza y contemplara el espectáculo de la economía política
española de 2026, no se sentiría ajeno a él. Reconocería los mecanismos: la
élite que confunde el cargo con el mérito, la retórica que sustituye al
análisis, la fiesta pública financiada con deuda futura, la complacencia de
quien gobierna sin oposición intelectual real dentro de su propio círculo. Los
griegos lo llamaban hybris: la soberbia del que olvida sus límites. Y
conocían bien el final de esa historia.
Isómaco, el
modelo de gestor en el Domostroy, no toleraba a quien «se excede con el
vino», ni al que «duerme en exceso», ni al «excesivamente entregado a los
placeres». Hoy diríamos: no toleraba al que ocupa el cargo sin conocer el
oficio, al que firma lo que no ha escrito, al que habla de lo que no sabe con
la convicción del que todo lo sabe.
España merece
gestores económicos que conozcan el oikonomikos en su sentido más puro:
el arte de administrar bien lo que pertenece a todos. No técnicos que medran en
el cargo, ni doctores cuestionados que pontifican sobre el déficit, ni
gobernadores que confunden la independencia institucional con la impunidad
intelectual. Merece, en definitiva, algo que en Moncloa escasea casi tanto como
en la Atenas de después de Queronea: la honradez de reconocer lo que no se sabe.
La
mayoría intelectual: hacia quién controlará la inteligencia artificial
Durante mucho tiempo, el poder internacional se ha medido
en territorios, ejércitos, recursos naturales, capacidad industrial o
influencia financiera. El siglo XXI está introduciendo una nueva unidad de
medida: la capacidad de producir, controlar y orientar inteligencia artificial.
Este cambio puede parecer, a primera vista, una cuestión
reservada a ingenieros, científicos y grandes empresas tecnológicas. No lo es.
La inteligencia artificial está dejando de ser una herramienta para convertirse
progresivamente en una infraestructura de poder. Del mismo modo que en otras
épocas resultaron decisivos el dominio de las rutas marítimas, de la energía o
de las telecomunicaciones, comienza a ser determinante quién posee los modelos,
los datos, los procesadores, la capacidad de cálculo, los centros de datos y,
sobre todo, la facultad de establecer las reglas con las que funcionarán.
Y es precisamente ahí donde comienza una nueva disputa.
La
paradoja de la mayoría
En apariencia, el mundo dispone hoy de más participación
internacional que nunca. Cada vez son más los países que quieren intervenir en
la discusión sobre el futuro de la inteligencia artificial. Se habla de
cooperación, seguridad, igualdad de acceso, reducción de la brecha digital y
gobernanza internacional.
Sin embargo, existe una paradoja evidente: participar en
la conversación no equivale a poseer la capacidad tecnológica necesaria para
decidir su resultado.
Un Estado puede sentarse alrededor de una mesa, disponer
de un voto y participar en la aprobación de determinadas normas. Pero si no
posee capacidad de cálculo, infraestructura digital, investigadores, tecnología
de semiconductores, modelos propios o propiedad intelectual, su capacidad
efectiva de decisión será necesariamente limitada.
Aquí aparece el verdadero significado de la expresión
«mayoría intelectual».
No se trata de contar cuántos países participan. Se trata
de averiguar cuántos tienen capacidad real para pensar, producir, controlar y
transformar la tecnología que determinará el futuro.
La diferencia es extraordinariamente importante.
La democracia institucional puede establecer que cada
Estado tenga un voto. La realidad tecnológica puede establecer que algunos
Estados posean casi todos los instrumentos necesarios para hacer efectivo ese
voto.
Por eso, la futura geopolítica de la inteligencia
artificial no se decidirá únicamente en las instituciones internacionales. Se
decidirá también en los centros de datos, en los laboratorios, en las fábricas
de semiconductores, en las universidades y en las infraestructuras energéticas
que permiten funcionar a los sistemas de inteligencia artificial.
Del territorio a la infraestructura
La transformación que se aproxima tiene una
característica especialmente relevante: el poder comienza a desplazarse del
territorio hacia la infraestructura.
Un país puede conservar intactas sus fronteras, su
soberanía política y sus instituciones y, sin embargo, depender
tecnológicamente de otros para desarrollar su economía, administrar sus
servicios públicos, proteger sus infraestructuras o incluso procesar su
información.
La dependencia, por tanto, puede dejar de ser visible.
Ya no será necesariamente una dependencia basada en la
ocupación, la imposición o la presencia física. Podrá manifestarse como una
dependencia silenciosa de servidores, algoritmos, plataformas, sistemas
operativos, procesadores, modelos de lenguaje y estándares técnicos.
Esta transformación obliga a revisar incluso el concepto
tradicional de soberanía.
Durante siglos, ser soberano significó fundamentalmente
poder gobernar un territorio sin una autoridad exterior que lo sometiera.
En la era de la inteligencia artificial habrá que añadir
otra pregunta:
¿Puede considerarse plenamente soberano un país que no
puede controlar las tecnologías esenciales con las que funciona su sociedad?
La pregunta todavía no tiene una respuesta definitiva.
Pero su importancia crecerá rápidamente.
La
nueva batalla no será solamente por la tecnología
La competición tecnológica tampoco consistirá únicamente
en desarrollar el modelo de inteligencia artificial más poderoso.
Será necesario controlar toda una cadena.
Primero están los recursos materiales: energía, centros
de datos, semiconductores y capacidad de almacenamiento.
Después aparecen los recursos intelectuales: científicos,
ingenieros, universidades, investigación y conocimiento especializado.
A continuación se encuentran los datos, que constituyen
una materia prima esencial para numerosos sistemas de inteligencia artificial.
Y finalmente aparece un elemento todavía más poderoso: los
estándares.
Quien establece los estándares no necesita controlar
directamente todos los productos. Puede conseguir que los demás tengan que
adaptarse a unas reglas que ya han sido definidas.
Por eso la disputa por la inteligencia artificial es
también una disputa normativa.
Quien determine cómo debe funcionar una tecnología, qué
condiciones debe cumplir, qué niveles de seguridad se consideran aceptables,
cómo se intercambia la información o cómo se reconoce la propiedad intelectual
estará participando en la construcción del futuro incluso aunque no sea quien
haya creado cada modelo.
La batalla decisiva, por tanto, puede no consistir en
saber quién posee la mejor inteligencia artificial.
Puede consistir en saber quién consigue que los demás
utilicen la suya.
Cooperación
o dependencia
Aquí surge la cuestión más delicada.
La cooperación tecnológica puede convertirse en uno de
los instrumentos más poderosos para reducir las desigualdades entre países. Compartir
conocimiento, formar especialistas, crear centros tecnológicos y facilitar el
acceso a sistemas avanzados puede permitir que países actualmente rezagados
construyan capacidades propias.
Pero existe una frontera que no debería ignorarse.
Cooperar no es lo mismo que depender.
Si la transferencia de tecnología permite que un país
desarrolle progresivamente su propia capacidad, existe cooperación.
Si, por el contrario, la transferencia genera una
dependencia permanente del proveedor original, la desigualdad simplemente
cambia de forma.
La cuestión fundamental será, por tanto, quién controla
la infraestructura después de recibirla.
No basta con proporcionar tecnología.
Hay que preguntarse si quien la recibe podrá
comprenderla, adaptarla, modificarla, producir alternativas y, llegado el caso,
prescindir del proveedor.
Ahí se encuentra la diferencia entre acceso tecnológico y
autonomía tecnológica.
Una
nueva geografía del poder
El futuro no parece
encaminado necesariamente hacia un mundo dividido en dos bloques perfectamente
definidos.
Es posible que
aparezca algo mucho más complejo.
Algunos países
colaborarán simultáneamente con diferentes centros tecnológicos. Otros
intentarán mantener una posición intermedia. Algunos utilizarán las tecnologías
disponibles sin comprometerse plenamente con ningún ecosistema. Y otros
tratarán de desarrollar una infraestructura propia.
Esta situación dará
lugar a una nueva geografía del poder.
Los países que hoy
ocupan posiciones intermedias pueden adquirir una importancia inesperada si
poseen población, talento, recursos energéticos, capacidad industrial o
mercados suficientemente grandes para convertirse en socios tecnológicos
imprescindibles.
En consecuencia, el
futuro no estará determinado exclusivamente por las grandes potencias.
También dependerá de
la capacidad de los países intermedios para negociar sin quedar atrapados en
una dependencia exclusiva.
La autonomía, en este
contexto, no significa aislamiento.
Significa disponer de
alternativas.
El
verdadero peligro: cambiar de dependencia
Existe una tentación recurrente en la política
internacional: cuando una dependencia resulta incómoda, sustituirla por otra.
Pero eso no constituye soberanía.
La verdadera autonomía tecnológica exige diversificación,
capacidad propia y libertad para escoger.
Un país que dependa completamente de una única potencia
para sus sistemas de inteligencia artificial puede encontrarse en una situación
vulnerable aunque esa relación haya sido presentada bajo el lenguaje de la
cooperación.
Por ello, el criterio decisivo no debería ser quién
ofrece más tecnología, sino quién permite desarrollar más autonomía.
Esta diferencia será fundamental durante los próximos
años.
La
inteligencia artificial como nueva infraestructura civilizatoria
La cuestión adquiere todavía mayor dimensión cuando
comprendemos que la inteligencia artificial no permanecerá confinada a
determinados sectores.
Intervendrá progresivamente en la industria, la medicina,
la educación, la administración pública, la defensa, la agricultura, el
transporte, las finanzas, la investigación científica y la planificación
territorial.
Cuando una tecnología alcanza semejante grado de
penetración, deja de ser simplemente una herramienta.
Se convierte en infraestructura.
Y cuando una infraestructura se vuelve indispensable,
quien la controla adquiere una capacidad de influencia extraordinaria.
Esta es la razón por la que la actual carrera tecnológica
merece ser observada con mucha mayor atención de la que suscita una simple
competición entre empresas o países.
Lo que está en juego no es únicamente quién fabricará
mejores máquinas.
Está en juego quién establecerá las condiciones bajo las
cuales las sociedades futuras podrán utilizar la inteligencia.
El futuro que comienza a dibujarse
Es posible que dentro de algunos años la pregunta ya no
sea quién tiene la inteligencia artificial más avanzada.
Será otra:
¿Quién
controla el ecosistema que permite utilizarla?
La respuesta dependerá de muchos elementos: chips,
energía, datos, modelos, científicos, capital, propiedad intelectual,
estándares, redes de comunicación e instituciones capaces de regularlos.
La inteligencia artificial está creando, por tanto, una
nueva forma de poder que combina conocimiento, infraestructura y capacidad
normativa.
Y esa combinación puede modificar profundamente las
relaciones internacionales.
La verdadera «mayoría intelectual» no será aquella que
reúna a más países alrededor de una mesa. Será aquella que consiga distribuir
de manera efectiva el conocimiento, la capacidad tecnológica, la
infraestructura y la facultad de decidir.
Ese será el verdadero examen.
Porque la historia tecnológica demuestra que quien
controla una infraestructura esencial termina teniendo, directa o
indirectamente, capacidad para condicionar a quienes dependen de ella.
La gran cuestión que comienza ahora no es, por tanto,
quién dominará la inteligencia artificial.
Es algo más inquietante:
si la inteligencia artificial terminará distribuyendo el
poder entre más sociedades o si, bajo la apariencia de una tecnología
universal, acabará concentrándolo todavía más.
La respuesta todavía no está escrita.
Pero las decisiones que se están tomando ahora comienzan
a escribirla.
PROHIBIDO
COMPRAR: EUROPA DESCUBRE CÓMO SOLUCIONAR LA FALTA DE VIVIENDAS
El
nuevo urbanismo consiste en no construir casas y, después, decidir quién merece
comprar las que quedan
Hay que felicitar a Europa.
Después de décadas de planificación, fondos
europeos, comisiones, estrategias, agendas, observatorios, grupos de expertos y
toneladas de papel reciclado, Bruselas acaba de descubrir la solución
definitiva al problema de la vivienda:
si no hay suficientes casas, limitemos a quienes
quieran comprarlas.Genial. Newton necesitó una manzana. Europa ha necesitado
una crisis inmobiliaria.
La vicepresidenta Teresa Ribera ha planteado en
Bruselas que los ayuntamientos puedan disponer de instrumentos para restringir
la adquisición de segundas residencias en determinadas circunstancias. No se
trataría, dice la propuesta, de una prohibición automática: habría que
justificarla con datos, acreditar el impacto sobre el mercado y respetar
criterios de proporcionalidad.
Qué alivio. No estamos ante una prohibición. Estamos
ante una prohibición con expediente administrativo. La civilización ha
avanzado.
El
problema era que faltaban casas. Pero alguien tuvo una idea mejor.
Existe un
pequeño inconveniente que amenaza con arruinar esta brillante arquitectura
conceptual.
No
hay suficientes viviendas. Eso lo reconoce el propio debate
europeo. La construcción de vivienda nueva y la rehabilitación del parque
existente siguen siendo consideradas esenciales.
Es decir, hay
escasez. Y cuando hay escasez, normalmente un economista vulgar, de esos que
todavía creen en la oferta y la demanda, sugeriría aumentar la oferta.
Pero estamos en
2026. Eso sería demasiado convencional. Aquí hemos decidido sofisticar la
solución. No construiremos necesariamente más. Seleccionaremos mejor a los compradores.
La vivienda
seguirá siendo escasa, pero al menos estará correctamente administrada. Es una
diferencia fundamental. Antes teníamos un problema de vivienda. Ahora tendremos
un problema de vivienda... con sello
europeo.
Bienvenido
al fascinante mundo del propietario sospechoso
Durante siglos, comprar una casa fue una cosa
bastante sencilla. Uno trabajaba. Ahorraba. Pedía un Préstamo. Compraba. Y
pagaba impuestos hasta el último céntimo. Era propietario. No era exactamente
una categoría revolucionaria. Ahora aparece una nueva figura antropológica: el propietario de segunda residencia. Este
ser es particularmente peligroso. Puede tener una casa en la playa. O en el
pueblo. O en la montaña. Puede haberla heredado de sus padres. Puede haberla
comprado después de cuarenta años trabajando. Puede utilizarla dos meses al
año. Puede alquilarla. Puede no alquilarla. Puede mantenerla cerrada. Y aquí
está el verdadero problema: puede tener
la indecencia de poseerla. Naturalmente, hay que distinguir entre usos
legítimos y actividades que produzcan externalidades negativas. Por supuesto. El
problema aparece cuando empezamos a transformar una circunstancia patrimonial
perfectamente legal en una sospecha social. Porque entonces la pregunta ya no
es cuánto cuesta una vivienda.
La pregunta empieza a ser: ¿cuánta vivienda considera conveniente que posea usted? Y eso,
queridos lectores, ya es otra conversación.
El
ayuntamiento: de ordenar la ciudad a decidir quién puede comprarla
El urbanismo siempre ha tenido poder. Muchísimo. El
planeamiento determina usos. Densidades. Alturas. Edificabilidades. Equipamientos.
Infraestructuras. Protecciones. Suelo urbano. Suelo urbanizable. Suelo no urbanizable.
Puede decidir, en definitiva, qué se puede hacer con el territorio.
Ahora se abre otra puerta: decidir quién puede
adquirir determinadas viviendas.
El urbanista debería empezar a preocuparse. Porque
el planeamiento nació para ordenar el espacio. No para fabricar ciudadanos
inmobiliariamente autorizados. Si mañana un ayuntamiento determina que en una
determinada zona solo pueden comprar determinados residentes, habrá nacido algo
muy peculiar: la frontera municipal del
derecho de propiedad.
No habrá aduanas. No habrá policía. No habrá
barreras. Habrá algo mucho más elegante: una ordenanza. Y contra una ordenanza
siempre queda el recurso administrativo. Qué tranquilizador.
La
libertad seguirá siendo libre, pero con condiciones
Aquí está la parte verdaderamente exquisita. Nadie
quiere prohibir la propiedad privada. ¡Por supuesto que no! Simplemente se
establecen condiciones. Nadie quiere acabar con el mercado. ¡Faltaría más! Simplemente
se limita. Nadie quiere impedir que usted compre. Simplemente quizá no pueda
comprar allí.Nadie quiere intervenir arbitrariamente. Simplemente habrá que
demostrar ue la zona está tensionada. Nadie quiere restringir sus derechos.Simplemente habrá que establecer unas cuantas
salvaguardas.
Y así, poco a poco, la libertad queda convertida en
una cosa extraordinariamente interesante: un
derecho cuyo ejercicio depende de que la Administración considere que puede
usted .Es la versión administrativa de la libertad. Usted es libre. Hasta
que pregunta dónde.
La palabra mágica: “proporcionalidad”
Hay una palabra que aparece con frecuencia en estos
debates: proporcionalidad. Magnífica palabra. Tiene aspecto jurídico,
democrático y razonable. La propuesta europea exige precisamente que las
medidas estén justificadas y sean proporcionales, con análisis caso por caso.
Pero la pregunta interesante es otra: ¿quién
determina cuándo una restricción es proporcional? ¿Y con qué datos? ¿Y durante
cuánto tiempo? ¿Y qué ocurre cuando cambia el mercado? ¿Y quién indemniza al
propietario que compró legalmente una vivienda y descubre después que su
municipio ha decidido restringir determinadas operaciones? ¿Y qué sucede con la
inversión futura? ¿Y con la seguridad jurídica?
Porque el mercado inmobiliario tiene una
peculiaridad: las casas duran mucho más
que los gobiernos. Una familia compra pensando en veinte, treinta o
cuarenta años. La Administración legisla pensando en la próxima legislatura. Quizá
ahí exista un pequeño desfase.
La vivienda
asequible que aparece por decreto
La
experiencia europea ya ha dejado algunas advertencias sobre los controles
directos.
El propio
documento recuerda que la discusión sobre precios ha suscitado críticas por sus
potenciales efectos sobre la inversión, el stock disponible y la aparición de
mercados paralelos.
Pero parece
que no aprendemos. Cuando controlar el precio resulta problemático, controlamos
el alquiler. Cuando controlar el alquiler resulta problemático, controlamos el
uso. Cuando controlar el uso resulta problemático, controlamos la compra. Y
cuando todo eso termine afectando a la oferta... probablemente controlaremos
la explicación. Así funciona la nueva economía de la escasez: Primero
desaparece la vivienda. Después aparece el regulador. Finalmente desaparece la
culpa.
Hay una cosa
extraordinariamente incómoda llamada “oferta”
La palabra
que menos gusta en determinados discursos inmobiliarios es probablemente esta: oferta.
Porque la oferta obliga a
hablar de cosas bastante poco poéticas. Suelo. Construcción. Licencias. Financiación.
Costes. Fiscalidad. Productividad. Infraestructuras. Densidad urbana. Rehabilitación.
Seguridad jurídica. Promoción pública. Promoción privada. Plazos. Y, sobre
todo, de una cuestión terrible: construir.
Construir
viviendas. Muchas. Donde tenga sentido. Con criterios urbanísticos. Con
servicios. Con transporte. Con equipamientos. Con calidad arquitectónica. Eso
exige trabajo.
La
prohibición, en cambio, cabe en un párrafo.
El gran
experimento de robar: administrar la escasez
Hay una
expresión particularmente reveladora en el debate recogido por el documento: “distribución
de la escasez”. Ahí está todo. Porque quizá el problema ya no sea resolver
la escasez.
Quizá el
objetivo político se haya desplazado hacia algo bastante distinto: administrarla.
Y administrar la escasez tiene una ventaja formidable. No obliga a crear
abundancia. Solo obliga a decidir quién recibe lo escaso.
Eso sí: quien
decide necesita poder. Y el poder necesita argumentos. Y los argumentos
necesitan informes. Y los informes necesitan indicadores. Y los indicadores
necesitan observatorios. Y los observatorios necesitan presupuesto. Y el
presupuesto necesita funcionarios. Y los funcionarios necesitan formularios. Y,
finalmente, usted necesita una vivienda.
Pero para
entonces probablemente ya hemos gastado una fortuna en explicar por qué no
puede comprarla.
¿Y el
extranjero?
Aquí
conviene tener cuidado. Porque el debate puede deslizarse con enorme facilidad
desde la regulación urbanística hacia una cuestión mucho más peligrosa: la
nacionalidad del comprador.
Un territorio
puede necesitar proteger su mercado residencial. Perfectamente legítimo. Puede
establecer políticas de vivienda pública. Por supuesto. Puede ordenar los usos
turísticos. Naturalmente. Puede gravar determinadas actividades. También. Pero
una cosa es regular externalidades objetivas y otra construir un relato según
el cual determinados ciudadanos son intrínsecamente más legítimos que otros
para adquirir un inmueble.
Entonces
dejamos el urbanismo. Y entramos en la política de pertenencia. ¿Quién es suficientemente
vecino? ¿Quién lleva suficientes años aquí? ¿Quién puede comprar? ¿Quién no? ¿Quién
tiene derecho a segunda residencia? ¿Quién debe marcharse?
La ciudad
comienza entonces a parecerse peligrosamente a un club privado. Y el
planeamiento, a su portero.
El
propietario que mañana necesitará permiso para ser propietario
Quizá
exagero. Eso es lo que probablemente dirá alguien. Y ojalá tenga razón.
Porque
todavía estamos ante una propuesta que debe recorrer el procedimiento
legislativo europeo y cuyo contenido puede modificarse durante su negociación.
El propio documento señala que no existe una prohibición general y que las
medidas deben justificarse y ser proporcionales.
Pero
precisamente por eso conviene discutir ahora. No cuando el mecanismo esté aprobado.
No cuando las ordenanzas estén redactadas. No cuando el propietario descubra
que su segunda vivienda pertenece a una categoría urbanísticamente incómoda.
Ahora. Porque las libertades rara vez
desaparecen con una gran explosión. Normalmente se van marchando educadamente. Una
excepción. Una condición. Una autorización. Una limitación. Una zona. Un
periodo transitorio. Un informe. Un requisito.
Y cuando
alguien pregunta dónde quedó el derecho original, aparece la respuesta
burocrática perfecta: “Nunca se prohibió.” Naturalmente. Solo se hizo
prácticamente imposible.
La solución
era construir
Hay una
conclusión extraordinariamente poco revolucionaria: si faltan viviendas, hay
que aumentar la oferta de viviendas. No hay magia. Más vivienda pública
donde sea necesaria. Más rehabilitación. Más suelo apto. Más densidad urbana
inteligente. Más rapidez administrativa. Más seguridad jurídica. Menores costes
de producción. Mejor planificación. Infraestructuras. Transporte.
Colaboración
público-privada. Y, especialmente, una política que no trate al constructor, al
propietario y al inversor como sospechosos hasta que demuestren su inocencia. Porque
nadie construye veinte años de ciudad si no sabe qué reglas existirán dentro de
cinco.
Y nadie
invierte alegremente donde cada nueva legislatura puede convertir su propiedad
en el siguiente experimento político.
Y llegamos
al gran descubrimiento europeo
Europa ha
descubierto finalmente cómo solucionar la crisis inmobiliaria. Es sencillo. No
hace falta construir más. No hace falta multiplicar la oferta. No hace falta
abaratar el suelo. No hace falta acelerar las licencias. No hace falta reducir
costes. No hace falta garantizar seguridad jurídica.
No hace
falta movilizar capital. No. Es mucho más sencillo. Hay que reducir el
número de personas que pueden comprar. Problema resuelto. Habrá menos
compradores.
Por tanto,
habrá menos competencia. Y si mañana todavía siguen siendo caras las
viviendas... bueno... siempre podremos prohibir que las compren otros. Hasta
que llegue el momento sublime en que Europa consiga algo que ningún plan
urbanístico había conseguido jamás: una vivienda asequible porque
prácticamente nadie puede acceder a ella.
Y entonces
podremos anunciarlo con solemnidad: “La crisis de vivienda está controlada.”
¿Que siguen faltando casas? Detalles.
¿Que no se construye? Detalles. ¿Que se restringe la propiedad? Una
salvaguarda. ¿Que el mercado se distorsiona? Una externalidad. ¿Que disminuye
la inversión? Un efecto colateral. ¿Que el ciudadano ya no sabe si puede
comprar la casa que quiere con el dinero que ha ganado? No se preocupe. La
libertad sigue intacta.
Sobre el sufragio como alquimia y los jueces que
duermen en sus estrados
«La ley es una telaraña: los insectos pequeños quedan
atrapados, los más grandes la rompen.»— Honoré de Balzac
I. Del nieto como materia prima electoral
Hay
en la historia de España una tradición antiquísima y profundamente española que
consiste en convertir la tragedia en oportunidad y el duelo en negocio. No es
un defecto del carácter nacional; es, más bien, una destreza perfeccionada
durante siglos de picaresca, de inquisición selectiva y de repúblicas breves.
El siglo XXI, con su tecnología, sus algoritmos y su insolente capacidad de
disimulo, no ha superado a sus predecesores en imaginación política: los ha dotado,
simplemente, de mejores herramientas administrativas.
La
llamada ley de nietos, apéndice hábilmente camuflado en la Ley de
Memoria Democrática de 2022, fue presentada al pueblo como un acto de
reparación histórica, como el abrazo tardío que el Estado tendía a quienes el
franquismo arrojó al exilio. Nadie, en su sano juicio, podría oponerse a
semejante gesto de humanidad. Quien lo intentara quedaría, de inmediato,
retratado como nostálgico del régimen, como el señor de provincias que escucha Cara
al sol mientras desayuna. La inteligencia del movimiento residía en eso: en
hacer de la virtud una coartada.
Lo
que nadie se molestó en advertir, o quizás sí, y en voz baja, es que la norma,
tal como fue interpretada mediante una instrucción administrativa firmada
en octubre de 2022, abría las puertas de la nacionalidad española no ya a los
nietos del exilio, sino a bisnietos, tataranietos y, en la práctica, a
cualquier descendiente de cualquier ciudadano que hubiera abandonado España
entre 1936 y 1955 por cualquier motivo que no fuera necesario acreditar. Un
español que emigró a Argentina en 1940 buscando mejorar su vida, harto del
racionamiento y de las cartillas de abastecimiento, se convertía ipso facto
en exiliado político a efectos de sus descendientes. La lógica es, hay que
reconocerlo, de una generosidad deslumbrante: se exilia uno, se benefician
cuatro generaciones. Pocas veces la memoria democrática habrá sido tan fértil.
El
resultado, a 1 de julio de 2026, es el siguiente: 2.736.522 electores inscritos
en el Censo de Residentes Ausentes (CERA), el 7,11% del censo total, diez veces
más que en 1986. Argentina aporta 516.185 de ellos. Buenos Aires, con 328.576
inscritos, supera en peso electoral a cualquier provincia española salvo
Madrid, Barcelona y La Coruña. En 162 municipios, casi todos de menos de cinco
mil electores, casi todos de Salamanca, La Rioja, Soria y Orense, hay hoy más
ciudadanos habilitados para votar desde el hemisferio sur que vecinos con
padrón en la calle. En Ventrosa, los votantes del exterior multiplican por 6,5
a la población residente. Ventrosa, localidad que probablemente la mayoría de
sus nuevos electores nunca ha visitado ni visitará, ni siquiera en sueños.
II. De la instrucción y su autora, o de cómo legislar
sin parlamento
En
toda obra de teatro que se precie hay un personaje secundario cuya actuación
resulta, con el tiempo, más determinante que la del protagonista. En este
drama, ese personaje lleva el apellido Puente. Sofía Puente, hermana del
ministro de Transportes Óscar Puente, ocupaba en octubre de 2022 el cargo de
Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de
Justicia. Desde esa posición, discreta pero estratégica, firmó la instrucción
que transformó una ley de reparación simbólica en un mecanismo de
nacionalización masiva; Más tarde el hermano ministro, también participante de
la carrera de ser narcisista, se proclamaba el próximo presidente del partido,
sin elecciones internas, orinando en las urnas electorales que su hermana les
había preparado.
La
elegancia del procedimiento merece detenimiento. El Parlamento había debatido y
aprobado la Ley de Memoria Democrática con unos requisitos determinados: los
beneficiarios debían ser nietos de exiliados, y debían acreditarse las razones
políticas del exilio. Días después de la promulgación, con la tinta
parlamentaria aún fresca, la señora Puente firmó una instrucción que establecía
la presunción automática de exilio para todo español que hubiera abandonado el
país entre 1936 y 1955, sin necesidad de acreditar nada. Lo que el Congreso
había discutido durante meses, lo deshizo una funcionaria con una firma. El
Parlamento propone; Seguridad Jurídica dispone.
Cabe
señalar, con la solemnidad que el asunto merece, que el Parlamento había
rechazado expresamente incluir en la ley exactamente aquello que la instrucción
introdujo después. La querellante Hazte Oír lo formuló con una claridad brutal:
la acusada era plenamente consciente de que el Congreso acababa de rechazar lo
que ella estableció pocos días después por la sola virtud de su firma. En la
historia del derecho español, será difícil encontrar un ejemplo tan limpio de legislar
al margen del legislativo.
La
juez Inmaculada Lova, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid,
ha abierto diligencias preliminares por presunta prevaricación administrativa.
La Fiscalía ha recibido el traslado y deberá pronunciarse. El procedimiento
avanza con la cadencia característica de la justicia española: solemne,
pausada, con el aplomo de quien sabe que el tiempo corre a favor de los hechos
consumados. Mientras tanto, 545.000 expedientes ya han sido resueltos
favorablemente, y más de un millón siguen en tramitación. Cuando la Justicia
llegue a sus conclusiones, el nuevo electorado ya estará censado, ya habrá
votado, ya habrá, eventualmente, cambiado la composición de un Congreso.
III. De la geografía electoral, o del arte de colocar
votos
La
consultora De Madrid a Europa ha publicado un informe que debería provocar, en
cualquier democracia con instintos de autocuidado, algo parecido a la alarma
institucional. Sus conclusiones son aritméticas, no ideológicas, lo que las
hace tanto más inquietantes: con la participación máxima registrada
históricamente en cada provincia, los votos exteriores adicionales serían
suficientes para superar el margen que decidió el último escaño en 23 de las 52
circunscripciones. Con la participación media desde 1986, en 16.
El
informe no especula sobre el sentido del voto. Es escrupuloso en ese punto.
Pero otros no lo son tanto. El perito informático Gabriel Araújo, cuya
investigación ha cruzado los 8.132 municipios españoles con los datos del censo
exterior, sí aventura una tesis: la intención, afirma, es captar ese voto en
favor del PSOE. Y cita, como evidencia, declaraciones de la Secretaria de
Estado de Migraciones y de la entonces secretaria del PSOE en Argentina
realizando campaña de captación durante el período electoral, actividad que la
LOREG prohíbe fuera de España sin que la Junta Electoral Central tenga competencias
para perseguirla. El insólito privilegio de delinquir en jurisdicción
inalcanzable.
Lo
que sí es constatable, sin necesidad de especulación, es la curiosa geografía
de los nuevos empadronamientos. Los residentes en Cuba y Venezuela se inscriben
preferentemente en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Asturias y Galicia. Los
de Argentina, en La Coruña, Pontevedra, Asturias y Lugo. Si se busca en el mapa
electoral cuáles son las circunscripciones donde el último escaño se ha
decidido históricamente por márgenes estrechos, la coincidencia con estas
provincias resulta de una puntualidad que desafía la casualidad. En Orense, el
voto exterior podría superar el 14% del total. En Gerona, el último escaño de
2023 se decidió por 285 votos; los votos exteriores adicionales podrían ser
entre 3.808 y 10.592. Las matemáticas, en su frialdad, no necesitan comentario.
Resulta
igualmente ilustrativo el episodio de Madarcos, pequeño municipio madrileño de
69 habitantes: 52 en edad de votar, pero 110 habilitados para hacerlo, 58 de
ellos inscritos en el CERA desde el extranjero. Un caso paradigmático. Entre
ellos figura el hijo de un ciudadano residente en Suiza que nunca pisó España y
que, según el perito Araújo, debería estar adscrito a Pozuelo de Alarcón, no a
Madarcos. La adscripción, aparentemente, se realizó por defecto o mediante la
famosa casilla de otros motivos. La trazabilidad del proceso brilla,
como tantas cosas en esta historia, por su ausencia.
IV. De la Junta Electoral Central, o del arte de la
incompetencia declarada
Hay
instituciones cuya grandeza consiste en actuar cuando nadie más lo hace. La
Junta Electoral Central, órgano que debería ser el guardián del sufragio, ha
optado por una estrategia diferente: declararse incompetente. Ante las
denuncias presentadas por Iustitia Europa y Vox sobre la falta de trazabilidad
del censo, la JEC respondió que no tiene atribuciones para intervenir en los
procedimientos de adquisición de nacionalidad. Es un argumento técnicamente
atendible y moralmente desolador: el órgano que vela por la limpieza del voto
no puede actuar sobre el censo que determina quién vota.
Cuatro
de sus trece vocales discreparon mediante voto particular, advirtiendo de que
se ha producido un «incremento irregular» del censo electoral. Es decir,
cuatro de sus propios miembros ven el problema. Los nueve restantes ven sus
competencias. Esta distinción, tan española, entre ver el problema y tener la
competencia de resolverlo merece figurar en cualquier tratado de derecho
constitucional comparado como ejemplo de parálisis institucional elegante.
El
Tribunal Supremo, a quien han acudido Hazte Oír, Iustitia Europa y Vox con
recursos sucesivos, ha admitido los casos, ha reclamado expedientes, ha
convocado vista oral para el 7 de septiembre de 2026 y ha estudiado medidas
cautelares. Todo ello mientras el censo crece, los expedientes se resuelven y
los nuevos ciudadanos reciben sus tarjetas electorales. La justicia cautelar
española tiene la peculiaridad de actuar con la urgencia de un proceso
geológico: transcurren eras entre la denuncia y la resolución, y cuando el
tribunal por fin habla, la roca ya ha adquirido su forma definitiva.
V. Del consultor en Buenos Aires, o de las
coincidencias que no lo son
En
el teatro del absurdo político, hay escenas que el dramaturgo más audaz habría
descartado por inverosímiles. Una de ellas: Paco Salazar, ex Director de
Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno, figura clave en la
controvertida reconquista de Ferraz en las primarias socialistas de 2017, y
hombre cuya salida del PSOE estuvo rodeada de escándalos variados, reside hoy
en Buenos Aires dedicado a la consultoría electoral.
Buenos
Aires. La ciudad donde se concentra el mayor volumen de expedientes de la ley
de nietos en el mundo. La ciudad donde el consulado español ha tramitado
645.052 identificadores únicos para solicitar la nacionalidad. La ciudad donde
el PSOE ha desplegado una actividad de captación que incluye visitas de
presidentes autonómicos, subvenciones millonarias a centros regionales y actos
de campaña durante período electoral. El señor Salazar, que ha cortado vínculos
con el PSOE según fuentes de su entorno, trabaja allí en consultoría electoral.
La coincidencia es, hay que decirlo, de una oportunidad extraordinaria.
En
cualquier república bananera, expresión que los demócratas europeos emplean con
condescendencia para referirse a los vicios ajenos, semejante acumulación de
circunstancias habría generado una comisión parlamentaria de investigación, una
fiscalía anticorrupción en estado de alerta y una prensa en ebullición. En
España, el asunto ocupa algunas páginas de los medios de la llamada derecha
mediática, es ignorado por los de la izquierda institucional, y la fiscalía aguarda
instrucciones. El reparto de papeles está perfectamente ensayado.
VI. De la inanición como sistema de gobierno
La
inanición no es, conviene aclararlo, la ausencia de movimiento. La inanición es
una forma de acción: la acción de no actuar para que otro actúe; de declararse
incompetente para que la incompetencia sea el resultado; de pedir expedientes
con plazos que expiran mientras los hechos se consolidan. Es, en definitiva,
una estrategia de Estado que encontraría en Maquiavelo a un admirador respetuoso,
aunque quizás desconcertado por su escala.
El
padrón de Madarcos seguirá creciendo. Los expedientes de Buenos Aires seguirán
resolviéndose. El Tribunal Supremo celebrará su vista oral del 7 de septiembre,
deliberará, emitirá providencias y autos con la gravedad que el cargo requiere,
y mientras tanto los 2.736.522 electores del CERA, diez veces más que en 1986,
esperarán el día en que sus papeletas crucen el Atlántico, parcheen los sobres
de vuelta a sus circunscripciones de adscripción, y decidan, en Orense, en
Lugo, en Pontevedra, en Cantabria, en Girona, si alguien obtiene o pierde el
último escaño.
Lo
que resulta admirable, en un sentido perverso, es la coherencia del sistema.
Ningún engranaje falla porque todos hacen exactamente lo que el diseño les
permite: el Ministerio de Justicia aplica la ley; la Directora General firma la
instrucción; los consulados tramitan los expedientes; la Junta Electoral
Central se declara incompetente; los tribunales admiten recursos y convocan
vistas; los partidos recurren y contra-recurren; los medios informan según su
afinidad; y el censo crece. El proceso es impecable. Solo el resultado, para
quien crea que el sufragio universal debe reflejar la voluntad de los
ciudadanos y no la pericia de sus ingenieros, resulta perturbador.
Coda: del nieto como metáfora
El
nieto, en la tradición cultural hispana, es la esperanza del linaje, el
portador del apellido hacia el futuro, la prueba de que la familia continúa. La
ley de nietos ha convertido esta figura entrañable en una categoría
jurídico-electoral de una productividad formidable. El nieto del exiliado , o
del emigrante, que para estos efectos es lo mismo, tiene ahora el derecho y el
deber de participar en las decisiones políticas de un país que quizás nunca
pisó, en una lengua que quizás no habla con fluidez, sobre problemas que conoce
a través de relatos familiares y de las redes sociales que el PSOE,
diligentemente, no ha dejado de cultivar desde Buenos Aires.
No
es que esto sea ilegal por principio. El voto exterior existe en muchas
democracias y tiene defensores razonables. El problema es otro: cuando el censo
exterior se multiplica por diez en cuatro décadas; cuando una instrucción
administrativa amplía la ley más allá de lo que el Parlamento aprobó; cuando
los nuevos electores se adscriben a provincias con márgenes estrechos por
criterios de mayor arraigo que nadie verifica; cuando el arquitecto de
las estrategias electorales del partido gobernante aparece en el epicentro
geográfico de las nuevas nacionalizaciones; cuando la institución llamada a
custodiar el censo se declara incompetente; y cuando los tribunales actúan con
la urgencia de un sedimento fluvial... entonces el asunto deja de ser una
cuestión de principios para convertirse en una pregunta empírica: ¿es esto un
sistema electoral o es una obra de ingeniería?
La
respuesta, como suele ocurrir en los ensayos que aspiran a ser honestos, no es
sencilla. Pero la pregunta, esa sí, merece formularse en voz alta. Aunque sea
con sorna. Precisamente porque la sorna, en ocasiones, es la única forma de
decir la verdad sin que te cierren la boca.
