El arte de la innanición....Sobre el sufragio como alquimia

 

EL ARTE DE LA INANICIÓN

Sobre el sufragio como alquimia y los jueces que duermen en sus estrados

«La ley es una telaraña: los insectos pequeños quedan atrapados, los más grandes la rompen.»— Honoré de Balzac

I. Del nieto como materia prima electoral

Hay en la historia de España una tradición antiquísima y profundamente española que consiste en convertir la tragedia en oportunidad y el duelo en negocio. No es un defecto del carácter nacional; es, más bien, una destreza perfeccionada durante siglos de picaresca, de inquisición selectiva y de repúblicas breves. El siglo XXI, con su tecnología, sus algoritmos y su insolente capacidad de disimulo, no ha superado a sus predecesores en imaginación política: los ha dotado, simplemente, de mejores herramientas administrativas.

La llamada ley de nietos, apéndice hábilmente camuflado en la Ley de Memoria Democrática de 2022, fue presentada al pueblo como un acto de reparación histórica, como el abrazo tardío que el Estado tendía a quienes el franquismo arrojó al exilio. Nadie, en su sano juicio, podría oponerse a semejante gesto de humanidad. Quien lo intentara quedaría, de inmediato, retratado como nostálgico del régimen, como el señor de provincias que escucha Cara al sol mientras desayuna. La inteligencia del movimiento residía en eso: en hacer de la virtud una coartada.

Lo que nadie se molestó en advertir, o quizás sí, y en voz baja, es que la norma, tal como fue interpretada mediante una instrucción administrativa firmada en octubre de 2022, abría las puertas de la nacionalidad española no ya a los nietos del exilio, sino a bisnietos, tataranietos y, en la práctica, a cualquier descendiente de cualquier ciudadano que hubiera abandonado España entre 1936 y 1955 por cualquier motivo que no fuera necesario acreditar. Un español que emigró a Argentina en 1940 buscando mejorar su vida, harto del racionamiento y de las cartillas de abastecimiento, se convertía ipso facto en exiliado político a efectos de sus descendientes. La lógica es, hay que reconocerlo, de una generosidad deslumbrante: se exilia uno, se benefician cuatro generaciones. Pocas veces la memoria democrática habrá sido tan fértil.

El resultado, a 1 de julio de 2026, es el siguiente: 2.736.522 electores inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA), el 7,11% del censo total, diez veces más que en 1986. Argentina aporta 516.185 de ellos. Buenos Aires, con 328.576 inscritos, supera en peso electoral a cualquier provincia española salvo Madrid, Barcelona y La Coruña. En 162 municipios, casi todos de menos de cinco mil electores, casi todos de Salamanca, La Rioja, Soria y Orense, hay hoy más ciudadanos habilitados para votar desde el hemisferio sur que vecinos con padrón en la calle. En Ventrosa, los votantes del exterior multiplican por 6,5 a la población residente. Ventrosa, localidad que probablemente la mayoría de sus nuevos electores nunca ha visitado ni visitará, ni siquiera en sueños.

 

II. De la instrucción y su autora, o de cómo legislar sin parlamento

En toda obra de teatro que se precie hay un personaje secundario cuya actuación resulta, con el tiempo, más determinante que la del protagonista. En este drama, ese personaje lleva el apellido Puente. Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes Óscar Puente, ocupaba en octubre de 2022 el cargo de Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia. Desde esa posición, discreta pero estratégica, firmó la instrucción que transformó una ley de reparación simbólica en un mecanismo de nacionalización masiva; Más tarde el hermano ministro, también participante de la carrera de ser narcisista, se proclamaba el próximo presidente del partido, sin elecciones internas, orinando en las urnas electorales que su hermana les había preparado.

La elegancia del procedimiento merece detenimiento. El Parlamento había debatido y aprobado la Ley de Memoria Democrática con unos requisitos determinados: los beneficiarios debían ser nietos de exiliados, y debían acreditarse las razones políticas del exilio. Días después de la promulgación, con la tinta parlamentaria aún fresca, la señora Puente firmó una instrucción que establecía la presunción automática de exilio para todo español que hubiera abandonado el país entre 1936 y 1955, sin necesidad de acreditar nada. Lo que el Congreso había discutido durante meses, lo deshizo una funcionaria con una firma. El Parlamento propone; Seguridad Jurídica dispone.

Cabe señalar, con la solemnidad que el asunto merece, que el Parlamento había rechazado expresamente incluir en la ley exactamente aquello que la instrucción introdujo después. La querellante Hazte Oír lo formuló con una claridad brutal: la acusada era plenamente consciente de que el Congreso acababa de rechazar lo que ella estableció pocos días después por la sola virtud de su firma. En la historia del derecho español, será difícil encontrar un ejemplo tan limpio de legislar al margen del legislativo.

La juez Inmaculada Lova, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, ha abierto diligencias preliminares por presunta prevaricación administrativa. La Fiscalía ha recibido el traslado y deberá pronunciarse. El procedimiento avanza con la cadencia característica de la justicia española: solemne, pausada, con el aplomo de quien sabe que el tiempo corre a favor de los hechos consumados. Mientras tanto, 545.000 expedientes ya han sido resueltos favorablemente, y más de un millón siguen en tramitación. Cuando la Justicia llegue a sus conclusiones, el nuevo electorado ya estará censado, ya habrá votado, ya habrá, eventualmente, cambiado la composición de un Congreso.

 

III. De la geografía electoral, o del arte de colocar votos

La consultora De Madrid a Europa ha publicado un informe que debería provocar, en cualquier democracia con instintos de autocuidado, algo parecido a la alarma institucional. Sus conclusiones son aritméticas, no ideológicas, lo que las hace tanto más inquietantes: con la participación máxima registrada históricamente en cada provincia, los votos exteriores adicionales serían suficientes para superar el margen que decidió el último escaño en 23 de las 52 circunscripciones. Con la participación media desde 1986, en 16.

El informe no especula sobre el sentido del voto. Es escrupuloso en ese punto. Pero otros no lo son tanto. El perito informático Gabriel Araújo, cuya investigación ha cruzado los 8.132 municipios españoles con los datos del censo exterior, sí aventura una tesis: la intención, afirma, es captar ese voto en favor del PSOE. Y cita, como evidencia, declaraciones de la Secretaria de Estado de Migraciones y de la entonces secretaria del PSOE en Argentina realizando campaña de captación durante el período electoral, actividad que la LOREG prohíbe fuera de España sin que la Junta Electoral Central tenga competencias para perseguirla. El insólito privilegio de delinquir en jurisdicción inalcanzable.

Lo que sí es constatable, sin necesidad de especulación, es la curiosa geografía de los nuevos empadronamientos. Los residentes en Cuba y Venezuela se inscriben preferentemente en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Asturias y Galicia. Los de Argentina, en La Coruña, Pontevedra, Asturias y Lugo. Si se busca en el mapa electoral cuáles son las circunscripciones donde el último escaño se ha decidido históricamente por márgenes estrechos, la coincidencia con estas provincias resulta de una puntualidad que desafía la casualidad. En Orense, el voto exterior podría superar el 14% del total. En Gerona, el último escaño de 2023 se decidió por 285 votos; los votos exteriores adicionales podrían ser entre 3.808 y 10.592. Las matemáticas, en su frialdad, no necesitan comentario.

Resulta igualmente ilustrativo el episodio de Madarcos, pequeño municipio madrileño de 69 habitantes: 52 en edad de votar, pero 110 habilitados para hacerlo, 58 de ellos inscritos en el CERA desde el extranjero. Un caso paradigmático. Entre ellos figura el hijo de un ciudadano residente en Suiza que nunca pisó España y que, según el perito Araújo, debería estar adscrito a Pozuelo de Alarcón, no a Madarcos. La adscripción, aparentemente, se realizó por defecto o mediante la famosa casilla de otros motivos. La trazabilidad del proceso brilla, como tantas cosas en esta historia, por su ausencia.

 

IV. De la Junta Electoral Central, o del arte de la incompetencia declarada

Hay instituciones cuya grandeza consiste en actuar cuando nadie más lo hace. La Junta Electoral Central, órgano que debería ser el guardián del sufragio, ha optado por una estrategia diferente: declararse incompetente. Ante las denuncias presentadas por Iustitia Europa y Vox sobre la falta de trazabilidad del censo, la JEC respondió que no tiene atribuciones para intervenir en los procedimientos de adquisición de nacionalidad. Es un argumento técnicamente atendible y moralmente desolador: el órgano que vela por la limpieza del voto no puede actuar sobre el censo que determina quién vota.

Cuatro de sus trece vocales discreparon mediante voto particular, advirtiendo de que se ha producido un «incremento irregular» del censo electoral. Es decir, cuatro de sus propios miembros ven el problema. Los nueve restantes ven sus competencias. Esta distinción, tan española, entre ver el problema y tener la competencia de resolverlo merece figurar en cualquier tratado de derecho constitucional comparado como ejemplo de parálisis institucional elegante.

El Tribunal Supremo, a quien han acudido Hazte Oír, Iustitia Europa y Vox con recursos sucesivos, ha admitido los casos, ha reclamado expedientes, ha convocado vista oral para el 7 de septiembre de 2026 y ha estudiado medidas cautelares. Todo ello mientras el censo crece, los expedientes se resuelven y los nuevos ciudadanos reciben sus tarjetas electorales. La justicia cautelar española tiene la peculiaridad de actuar con la urgencia de un proceso geológico: transcurren eras entre la denuncia y la resolución, y cuando el tribunal por fin habla, la roca ya ha adquirido su forma definitiva.

 

V. Del consultor en Buenos Aires, o de las coincidencias que no lo son

En el teatro del absurdo político, hay escenas que el dramaturgo más audaz habría descartado por inverosímiles. Una de ellas: Paco Salazar, ex Director de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno, figura clave en la controvertida reconquista de Ferraz en las primarias socialistas de 2017, y hombre cuya salida del PSOE estuvo rodeada de escándalos variados, reside hoy en Buenos Aires dedicado a la consultoría electoral.

Buenos Aires. La ciudad donde se concentra el mayor volumen de expedientes de la ley de nietos en el mundo. La ciudad donde el consulado español ha tramitado 645.052 identificadores únicos para solicitar la nacionalidad. La ciudad donde el PSOE ha desplegado una actividad de captación que incluye visitas de presidentes autonómicos, subvenciones millonarias a centros regionales y actos de campaña durante período electoral. El señor Salazar, que ha cortado vínculos con el PSOE según fuentes de su entorno, trabaja allí en consultoría electoral. La coincidencia es, hay que decirlo, de una oportunidad extraordinaria.

En cualquier república bananera, expresión que los demócratas europeos emplean con condescendencia para referirse a los vicios ajenos, semejante acumulación de circunstancias habría generado una comisión parlamentaria de investigación, una fiscalía anticorrupción en estado de alerta y una prensa en ebullición. En España, el asunto ocupa algunas páginas de los medios de la llamada derecha mediática, es ignorado por los de la izquierda institucional, y la fiscalía aguarda instrucciones. El reparto de papeles está perfectamente ensayado.

 

VI. De la inanición como sistema de gobierno

La inanición no es, conviene aclararlo, la ausencia de movimiento. La inanición es una forma de acción: la acción de no actuar para que otro actúe; de declararse incompetente para que la incompetencia sea el resultado; de pedir expedientes con plazos que expiran mientras los hechos se consolidan. Es, en definitiva, una estrategia de Estado que encontraría en Maquiavelo a un admirador respetuoso, aunque quizás desconcertado por su escala.

El padrón de Madarcos seguirá creciendo. Los expedientes de Buenos Aires seguirán resolviéndose. El Tribunal Supremo celebrará su vista oral del 7 de septiembre, deliberará, emitirá providencias y autos con la gravedad que el cargo requiere, y mientras tanto los 2.736.522 electores del CERA, diez veces más que en 1986, esperarán el día en que sus papeletas crucen el Atlántico, parcheen los sobres de vuelta a sus circunscripciones de adscripción, y decidan, en Orense, en Lugo, en Pontevedra, en Cantabria, en Girona, si alguien obtiene o pierde el último escaño.

Lo que resulta admirable, en un sentido perverso, es la coherencia del sistema. Ningún engranaje falla porque todos hacen exactamente lo que el diseño les permite: el Ministerio de Justicia aplica la ley; la Directora General firma la instrucción; los consulados tramitan los expedientes; la Junta Electoral Central se declara incompetente; los tribunales admiten recursos y convocan vistas; los partidos recurren y contra-recurren; los medios informan según su afinidad; y el censo crece. El proceso es impecable. Solo el resultado, para quien crea que el sufragio universal debe reflejar la voluntad de los ciudadanos y no la pericia de sus ingenieros, resulta perturbador.

 

Coda: del nieto como metáfora

El nieto, en la tradición cultural hispana, es la esperanza del linaje, el portador del apellido hacia el futuro, la prueba de que la familia continúa. La ley de nietos ha convertido esta figura entrañable en una categoría jurídico-electoral de una productividad formidable. El nieto del exiliado , o del emigrante, que para estos efectos es lo mismo, tiene ahora el derecho y el deber de participar en las decisiones políticas de un país que quizás nunca pisó, en una lengua que quizás no habla con fluidez, sobre problemas que conoce a través de relatos familiares y de las redes sociales que el PSOE, diligentemente, no ha dejado de cultivar desde Buenos Aires.

No es que esto sea ilegal por principio. El voto exterior existe en muchas democracias y tiene defensores razonables. El problema es otro: cuando el censo exterior se multiplica por diez en cuatro décadas; cuando una instrucción administrativa amplía la ley más allá de lo que el Parlamento aprobó; cuando los nuevos electores se adscriben a provincias con márgenes estrechos por criterios de mayor arraigo que nadie verifica; cuando el arquitecto de las estrategias electorales del partido gobernante aparece en el epicentro geográfico de las nuevas nacionalizaciones; cuando la institución llamada a custodiar el censo se declara incompetente; y cuando los tribunales actúan con la urgencia de un sedimento fluvial... entonces el asunto deja de ser una cuestión de principios para convertirse en una pregunta empírica: ¿es esto un sistema electoral o es una obra de ingeniería?

La respuesta, como suele ocurrir en los ensayos que aspiran a ser honestos, no es sencilla. Pero la pregunta, esa sí, merece formularse en voz alta. Aunque sea con sorna. Precisamente porque la sorna, en ocasiones, es la única forma de decir la verdad sin que te cierren la boca.