EL
SINDICALISMO DE LOS PRIVILEGIOS Y LA HUELGA DEL MUNDO AL REVÉS
Cuando
los sindicatos confunden la defensa de los trabajadores con la batalla política
Hay algo profundamente desconcertante en la España
de nuestros días: quienes deberían defender a los trabajadores parecen, en
ocasiones, más preocupados por defender determinadas posiciones políticas que
por exigir responsabilidades a quienes gobiernan. Y cuando una organización que
nació para proteger al trabajador termina participando en el juego de los
partidos, conviene preguntarse si no está olvidando la razón fundamental de su
existencia.
La próxima huelga general del 11 de noviembre,
convocada por distintas organizaciones sindicales y sociales, ha puesto sobre
la mesa una cuestión que trasciende la vivienda, los salarios y el coste de la
vida: ¿a quién pretende interpelar realmente esta movilización y qué
legitimidad tiene convertir un conflicto social en una confrontación dirigida
contra la oposición política?
No se discute aquí el derecho constitucional de
huelga. Tampoco la gravedad de la crisis habitacional, la insuficiencia de
determinados salarios o las dificultades de millones de ciudadanos para llegar
a fin de mes. Son problemas reales, dolorosos y merecedores de respuestas
urgentes. Lo que merece una reflexión crítica es la instrumentalización
política de una herramienta que pertenece a los trabajadores, no a los partidos
ni a los gobiernos.
Porque una cosa es convocar una huelga para exigir
soluciones y otra muy distinta presentar como responsable de los problemas a
quien no ocupa el Gobierno.
El
extraño arte de gobernar sin asumir responsabilidades
La polémica adquirió especial dimensión cuando María
Jesús Montero afirmó que esta huelga general se convocaba «contra la
oposición», aludiendo al rechazo parlamentario de las iniciativas legislativas
sobre vivienda.
La declaración resulta reveladora, no tanto por la
convocatoria sindical en sí misma, sino por la peculiar interpretación de las
responsabilidades políticas que introduce.
En una democracia parlamentaria, la oposición tiene
el derecho, y también la obligación, de fiscalizar, discrepar, enmendar y votar
en contra de las iniciativas del Gobierno. No está obligada a proporcionar una
mayoría parlamentaria al Ejecutivo ni a respaldar automáticamente sus
propuestas para evitar una movilización social.
El Gobierno gobierna; el Parlamento legisla y
controla; la oposición fiscaliza y presenta alternativas. Cada cual debe
responder por sus decisiones.
Pretender trasladar a la oposición la
responsabilidad de los problemas que corresponden a la acción gubernamental
constituye una inversión bastante singular de las obligaciones democráticas.
Si una política de vivienda fracasa, habrá que
examinar las decisiones del Gobierno central, las comunidades autónomas, los
ayuntamientos, el marco legislativo, la oferta disponible y la evolución del
mercado. Si una iniciativa legislativa no obtiene mayoría, habrá que aceptar
que el Parlamento no es una cámara de ratificación automática.
Lo que no parece razonable es transformar el
desacuerdo parlamentario en una especie de culpabilidad política que justifique
una huelga dirigida contra quienes ejercen legítimamente su derecho a disentir.
Hay, además, una contradicción que merece señalarse:
el Gobierno puede respaldar una movilización social, pero no puede presentarse
al mismo tiempo como un espectador ajeno a las responsabilidades que esa
movilización pretende exigir.
Gobernar supone asumir tanto los aciertos como los
fracasos. Lo demás es una forma de externalizar responsabilidades.
Los
sindicatos: de la defensa del trabajador a la proximidad del poder
El episodio invita a revisar una cuestión mucho más
profunda: el papel que desempeñan actualmente las grandes centrales sindicales
en España.
UGT y CCOO tienen una trayectoria histórica
indiscutible. Su contribución a la consolidación de los derechos laborales y a
la democratización de las relaciones de trabajo forma parte de nuestra historia
contemporánea. Pero ningún mérito histórico concede inmunidad perpetua frente a
la crítica.
El sindicalismo no puede convertirse en una
institución protegida por su propio pasado.
Las organizaciones que exigen transparencia a las
empresas, responsabilidad a las administraciones y justicia distributiva a los
poderes económicos deben aceptar idénticas exigencias respecto de sus propias
estructuras.
El artículo de Diego Barceló Larran, titulado «El
chollo de los sindicatos en España», plantea una cuestión incómoda mediante
estimaciones sobre el coste de la representación sindical. El autor calcula más
de 73 millones de horas anuales de representación en el sector privado,
equivalentes a unos 40.300 puestos de trabajo a jornada completa, y estima la
existencia de 4.200 liberados sindicales plenos.
Son cálculos del autor, no resultados de una
auditoría oficial, pero apuntan a una cuestión que no debería despacharse con
descalificaciones: ¿conocemos realmente
el coste total de las estructuras de representación sindical y podemos evaluar
con suficiente precisión los resultados que producen?
Los representantes necesitan tiempo remunerado para
defender a sus compañeros. Eso es indiscutible. Lo que no resulta igualmente
indiscutible es que la dimensión de las estructuras, las liberaciones, las
subvenciones y los recursos empleados deban quedar al margen de una
fiscalización rigurosa.
La financiación pública tampoco es, por sí misma,
ilegítima. Pero quien recibe dinero de los contribuyentes debe explicar con
claridad cuánto recibe, de dónde procede, en qué lo emplea y qué resultados
obtiene.
No basta con exhibir memorias de actividades. Hace
falta transparencia económica, auditorías independientes y una evaluación
pública de la eficacia.
Y aquí aparece otra pregunta incómoda: ¿por qué una organización que exige
responsabilidades a los demás no habría de aceptar que se le exijan a ella?
Una
huelga no puede ser una campaña electoral encubierta
El derecho de huelga es una conquista de la democracia
social. Precisamente por eso debe preservarse de su utilización partidista.
Una huelga general tiene una extraordinaria
capacidad de presión. Paraliza actividades, altera la vida cotidiana y traslada
a la sociedad un mensaje de descontento colectivo. Su fuerza procede de la
legitimidad de las reivindicaciones y de la participación voluntaria de los
trabajadores.
Pero esa fuerza pierde claridad cuando los mensajes
políticos que la acompañan resultan contradictorios.
En esta convocatoria, los sindicatos sostienen que
se movilizan por la vivienda, los salarios, los precios y los servicios
públicos. El Sindicato de Inquilinas, que impulsó inicialmente la movilización,
afirma que interpela a todos los gobiernos, independientemente de su color
político. Los responsables de UGT y CCOO también han señalado que las
administraciones públicas, incluido el Gobierno central, deben asumir su parte
de responsabilidad.
Conviene reconocerlo: no sería riguroso afirmar que
la convocatoria nació exclusivamente para atacar al Partido Popular o que sus
promotores la presentan formalmente como una huelga contra la oposición.
Sin embargo, la desafortunada interpretación de una
dirigente gubernamental, al describirla precisamente en esos términos, ha
introducido una confusión política que los convocantes deberían despejar con
absoluta claridad.
Porque
los trabajadores no pueden convertirse en figurantes de una representación
partidista.
Si la vivienda es el problema, la reivindicación
debe dirigirse contra las políticas ineficaces, las administraciones
responsables y los obstáculos que impiden el acceso a ella. Si los salarios son
insuficientes, habrá que exigir mejoras a los empresarios y a quienes tienen
competencias para legislar y negociar. Si los servicios públicos se deterioran,
habrá que reclamar responsabilidades a quienes los gestionan.
Pero si el verdadero objetivo termina siendo
erosionar a una determinada oposición política, entonces ya no estaremos
hablando únicamente de reivindicación laboral: estaremos entrando en el terreno
de la movilización partidista.
Y esa distinción no es menor.
La
tragedia también exige responsabilidad, no oportunismo
La convocatoria del 11 de noviembre llega, además,
en un momento de especial sensibilidad nacional, tras el gravísimo accidente
ferroviario de Urda, en Toledo, que ha dejado 69 víctimas mortales.
No sería justo afirmar que una tragedia de esta
magnitud anula automáticamente el derecho de huelga ni que los trabajadores
deban renunciar a sus reivindicaciones por encontrarse el país de luto.
Pero tampoco debería utilizarse el dolor colectivo
como argumento para reforzar artificialmente una convocatoria que necesita
explicar con claridad sus objetivos.
Los responsables públicos y sindicales deberían
comprender que existen momentos en los que la prudencia, la responsabilidad
institucional y el respeto a las víctimas deben prevalecer sobre la
confrontación retórica.
La defensa de los servicios públicos exige
investigar los fallos, determinar responsabilidades y corregir las
deficiencias. No convertir cada tragedia en un recurso para alimentar una
disputa partidista.
La ciudadanía merece respuestas, no una competición
por apropiarse de su indignación.
¿Quién
defiende realmente al trabajador?
Quizá la cuestión más importante no sea la fecha de
la huelga ni las declaraciones de unos y otros, sino el estado del sindicalismo
español.
Una organización sindical debería ser capaz de
enfrentarse al Gobierno cuando sus políticas perjudican a los trabajadores, a
la oposición cuando sus propuestas resultan insuficientes, a los empresarios
cuando vulneran derechos y a sus propios dirigentes cuando anteponen intereses
organizativos a la finalidad de la institución.
Esa es la verdadera independencia sindical.
No se puede reclamar autonomía frente al poder
económico y aceptar una proximidad complaciente frente al poder político.
Tampoco se puede exigir sacrificios a los trabajadores mientras las propias
estructuras representativas permanecen insuficientemente sometidas al
escrutinio público.
Los sindicatos no están para hacerle la campaña a
ningún Gobierno, pero tampoco para convertirse en una plataforma electoral
contra la oposición.
Están para defender a los trabajadores, afiliados o
no, con independencia de su ideología, de su voto y de sus preferencias
políticas.
Y si esa función exige convocar una huelga, que se
convoque. Pero que se explique con precisión contra qué decisiones se protesta,
quién tiene competencias para corregirlas y qué resultados concretos se
pretende conseguir.
Porque la huelga es un derecho, no una patente de
legitimidad política.
El
sindicalismo necesita recuperar su razón de ser
España no necesita sindicatos debilitados,
domesticados ni sometidos a los intereses empresariales. Necesita sindicatos
independientes, representativos, transparentes y capaces de demostrar su
utilidad.
Necesita organizaciones que se preocupen por los
trabajadores que no pueden pagar un alquiler, por los jóvenes condenados a prolongar
su emancipación, por quienes encadenan contratos, por los salarios que pierden
capacidad adquisitiva y por los empleados que carecen de fuerza para defender
individualmente sus derechos.
Y necesita, sobre todo, que sus dirigentes recuerden
que representar a los trabajadores no significa apropiarse de su voz.
La democracia no consiste en que todos pensemos
igual, ni en que una mayoría parlamentaria tenga que aceptar las propuestas del
Gobierno para evitar la protesta social. Consiste precisamente en aceptar la
discrepancia, respetar las reglas y exigir responsabilidades a quienes tienen
atribuidas las competencias para actuar.
Por eso, la cuestión no es si los sindicatos pueden
convocar una huelga. Naturalmente que pueden hacerlo dentro del marco legal. La
cuestión es si están dispuestos a explicar con absoluta honestidad qué
persiguen, a quién exigen responsabilidades y qué compromisos asumirán después
de la movilización.
Una huelga no debería ser un acto de adhesión
política, ni un mecanismo de intimidación parlamentaria, ni una ceremonia de
reafirmación de las estructuras sindicales.
Debería ser una expresión legítima de la fuerza
colectiva de quienes trabajan y reclaman condiciones de vida dignas.
Porque los sindicatos no son propiedad del Gobierno,
ni de la oposición, ni de sus dirigentes. Son instrumentos de los trabajadores.
Y cuando olvidan esa verdad elemental, dejan de representar una causa colectiva
para empezar a defender sus propios intereses.
El sindicalismo no necesita más privilegios ni más
proximidad a los despachos. Necesita más credibilidad, más independencia y
menos política de partido.
Y si pretende convocar a los trabajadores a una
huelga general, debería empezar por responder a una pregunta tan sencilla como
ineludible:
¿Vamos
a la huelga para defender a los trabajadores o para defender a quienes
gobiernan?
