El derecho que se proclama y la vivienda que no aparece... Tu y yo

El derecho que se proclama y la vivienda que no aparece

Clave Conceptual: no negar el valor del artículo 47, sino distinguir entre derecho constitucionalmente reconocido, derecho subjetivo directamente exigible y garantía material de su ejercicio

Hay una pregunta que parece sencilla y que, sin embargo, contiene una de las contradicciones más profundas de nuestro constitucionalismo social: ¿qué significa realmente tener un derecho?

La pregunta puede formularla un niño. Puede formularla un jurista. Puede formularla una persona que duerme en la calle. Y puede formularla también cualquiera de nosotros cuando descubre que aquello que la norma proclama solemnemente no siempre encuentra en la realidad los medios necesarios para convertirse en una posibilidad efectiva.

El artículo 47 de la Constitución española afirma que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Pero una cosa es reconocer constitucionalmente una aspiración y otra muy diferente es construir el sistema jurídico, económico y material que permita hacerla efectiva.

El artículo que sirve de punto de partida para esta reflexión plantea precisamente esa paradoja a través de una conversación entre una madre, profesora de Derecho y abogada, y su hijo de diez años. El niño ha aprendido en la escuela que todos tienen derecho a una vivienda digna y, al contemplar personas que viven en la calle, formula la pregunta inevitable: si existe ese derecho, ¿por qué no se cumple? La respuesta conduce a distinguir entre los derechos fundamentales dotados de mecanismos directos de protección y aquellos principios constitucionales que necesitan desarrollo normativo para poder ser exigidos.

La inocencia infantil tiene aquí una virtud que a veces pierde el jurista: no acepta que una palabra produzca mágicamente una realidad.

El derecho no nace plenamente de la palabra

Existe una cierta tendencia contemporánea a confundir tres conceptos distintos: proclamar, reconocer y garantizar.

Proclamar significa afirmar solemnemente que algo debe existir.

Reconocer significa otorgarle consideración jurídica.

Garantizar significa establecer los instrumentos, obligaciones, procedimientos y recursos necesarios para que aquello reconocido pueda hacerse efectivo.

Entre los tres conceptos existe un abismo.

Una Constitución puede declarar que una persona tiene derecho a determinada prestación. Pero la declaración, por sí sola, no construye viviendas, no asigna recursos presupuestarios, no establece procedimientos administrativos, no determina quién tiene obligación de proporcionarla ni resuelve automáticamente los conflictos entre quienes tienen intereses jurídicos contrapuestos.

Los derechos sociales muestran especialmente bien esta diferencia.

Y aquí aparece una idea que conviene recuperar: los derechos no se obtienen por birlibirloque constitucional.

Una sociedad puede decidir que determinada realidad constituye un derecho. Eso es fundamental. Pero después tiene que conquistar las condiciones que hagan posible ese derecho. Necesita legislación, presupuesto, instituciones, suelo, políticas públicas, procedimientos, jueces, administración y, sobre todo, una determinada concepción de la responsabilidad colectiva.

El derecho escrito es el comienzo del camino; no necesariamente es el camino recorrido.

La paradoja de los dos hermanos

Imaginemos ahora una situación aparentemente distinta.

Una madre fallece y deja una única vivienda a sus dos hijos. Ambos son herederos. Ambos tienen exactamente el mismo derecho hereditario sobre el inmueble.

Pero existe un problema elemental: la vivienda es una sola.

No pueden convertirse mágicamente en dos viviendas porque la ley reconozca a ambos la condición de herederos.

Si ninguno quiere o puede quedarse con la vivienda compensando económicamente al otro, la solución puede pasar por venderla y repartir el producto de la herencia conforme a sus derechos.

Entonces sucede algo aparentemente paradójico.

Los dos hermanos tenían derecho sobre la vivienda.

Pero ninguno tenía derecho a apropiarse unilateralmente de ella excluyendo al otro.

El derecho de uno encuentra su límite en el derecho del otro.

Y ahí aparece una enseñanza constitucional de enorme importancia: reconocer un derecho no significa eliminar las condiciones materiales que lo limitan ni hacer desaparecer los derechos concurrentes de los demás.

La igualdad jurídica no consiste en que la realidad produzca automáticamente idénticos bienes para todos. Consiste en que las personas sean tratadas conforme a reglas jurídicas que reconozcan y protejan sus derechos respectivos.

La vivienda heredada constituye, en este sentido, una magnífica metáfora.

Los hermanos pueden tener el mismo derecho a heredar; pero no pueden convertir un único bien físico en dos bienes independientes mediante una declaración jurídica.

La ley puede reconocer la igualdad.

La realidad obliga a resolver cómo se materializa.

La vivienda: derecho y bien material

Esta distinción resulta particularmente importante cuando hablamos de vivienda.

Una vivienda no es únicamente una categoría jurídica.

Es también un inmueble.

Tiene suelo, estructura, superficie, ubicación, precio, costes de construcción, mantenimiento, disponibilidad y unas determinadas condiciones de mercado.

Por eso existe una diferencia sustancial entre afirmar que una persona tiene reconocido el derecho a disfrutar de una vivienda digna y afirmar que el Estado está obligado a entregarle gratuitamente una vivienda determinada.

Entre ambas proposiciones existe todo un universo jurídico.

El propio artículo analizado apunta precisamente a esta dificultad cuando señala que el derecho a la vivienda no posee, en los mismos términos que los derechos fundamentales, un mecanismo directo de exigibilidad constitucional, sino que requiere desarrollo normativo.

Esto no significa que el artículo 47 carezca de valor jurídico. Todo lo contrario.

Significa que su naturaleza exige comprenderlo dentro del sistema constitucional: como mandato dirigido a los poderes públicos, como principio rector de su actuación y como fundamento para desarrollar políticas que permitan avanzar hacia su efectividad.

La propia autora llega a plantear la necesidad de definir el contenido del derecho y establecer las bases que permitan que aquello que constitucionalmente se proclama pueda ser verdaderamente reconocido como derecho en la experiencia cotidiana.

Cuando dos derechos chocan

El ejemplo de los hermanos permite ir todavía más lejos.

Supongamos que uno de ellos afirma:

—«Tengo derecho a una vivienda».

Y el otro responde:

—«Yo también».

La primera afirmación puede ser jurídicamente legítima.

La segunda también.

Pero la vivienda heredada continúa siendo una sola.

Ninguna declaración jurídica puede resolver el conflicto mediante una suerte de alquimia normativa.

Será necesario establecer una solución: división material cuando sea posible, adjudicación a uno con compensación al otro, venta y reparto, acuerdo entre las partes o, en último extremo, la intervención de los mecanismos jurídicos correspondientes.

La enseñanza es evidente.

Los derechos necesitan reglas de convivencia entre derechos.

Y esto es especialmente importante cuando el discurso político transforma un derecho social en una afirmación absoluta.

Porque afirmar que alguien tiene derecho a una vivienda no responde todavía a preguntas esenciales:

¿Quién debe proporcionarla?

¿Con qué recursos?

¿En qué condiciones?

¿Quién determina qué es una vivienda digna?

¿Dónde debe estar?

¿Debe ser propiedad o puede ser alquiler?

¿Qué ocurre cuando no existe vivienda disponible?

¿Qué sucede cuando existen otras personas con idéntico derecho?

¿Puede el Estado obligar a un tercero privado a proporcionar esa vivienda?

¿Hasta dónde llega la obligación pública?

Sin responder a estas preguntas, la palabra «derecho» puede convertirse en una hermosa promesa carente de instrumentos suficientes para su realización.

La justicia no consiste en repartir lo que no existe

Aquí aparece otra cuestión filosófica.

La justicia distributiva no consiste simplemente en declarar que todos recibirán lo mismo.

Consiste en establecer criterios legítimos para distribuir bienes que son necesariamente limitados.

Si existen diez viviendas disponibles y cien personas necesitadas, proclamar que las cien tienen derecho a una vivienda no crea noventa viviendas adicionales.

Hace falta construirlas, adquirirlas, rehabilitarlas o encontrar mecanismos alternativos de acceso.

Y para hacerlo serán necesarios recursos.

La política pública comienza precisamente donde termina la declaración.

Por eso una sociedad verdaderamente comprometida con el derecho a la vivienda no debería conformarse con repetir indefinidamente que «la vivienda es un derecho». Debería preguntarse qué condiciones concretas permiten que ese derecho deje de ser una formulación normativa y se convierta en una experiencia real.

La diferencia no es menor.

Es la diferencia entre tener razón jurídica y tener capacidad material para ejercerla.

La lección del niño y la lección de los hermanos

El niño del artículo formula, sin saberlo, una pregunta filosófica fundamental: ¿qué valor tiene un derecho que no puedo exigir?

Los dos hermanos plantean otra: ¿cómo se hace compatible mi derecho con el derecho del otro?

Ambas preguntas conducen al mismo lugar.

El Derecho no vive solamente en las normas. Vive en la relación entre la norma y la realidad.

Una Constitución puede señalar el horizonte. Pero para llegar hasta él hacen falta caminos.

Puede reconocer dignidad. Pero habrá que crear instituciones que la protejan.

Puede reconocer igualdad. Pero habrá que establecer mecanismos que impidan la discriminación.

Puede proclamar el derecho a la vivienda. Pero habrá que crear las condiciones urbanísticas, económicas, financieras y sociales que hagan posible su ejercicio.

Y cuando los recursos sean limitados, habrá que decidir conforme a reglas generales, transparentes y jurídicamente controlables.

Eso no disminuye el valor del derecho.

Al contrario: lo convierte en algo serio.

Porque un derecho verdaderamente serio no necesita del birlibirloque jurídico. Necesita garantías.

El peligro de confundir deseo, derecho y garantía

Quizá una de las mayores confusiones de nuestro tiempo consista en pensar que basta con convertir una aspiración social en una declaración jurídica para haber resuelto el problema.

No es así.

Una sociedad puede desear que todos tengan vivienda.

Puede considerar que la vivienda digna constituye una exigencia de justicia.

Puede incluso convertir esa aspiración en un principio constitucional.

Pero entre el deseo y la garantía existe el territorio entero de la política pública.

Y ese territorio está compuesto de decisiones concretas: suelo, vivienda pública, financiación, fiscalidad, alquiler, construcción, rehabilitación, planificación urbana, protección de colectivos vulnerables y coordinación entre administraciones.

La autora del artículo termina precisamente reclamando que se sienten las bases para que el derecho a la vivienda pueda ser realmente reconocido como tal y nadie quede excluido.

Esa conclusión merece ser tomada en serio.

Porque el verdadero fracaso no consiste en que un derecho necesite desarrollo.

El verdadero fracaso sería acostumbrarnos a llamar derecho a aquello que no hemos querido dotar de garantías suficientes.

Epílogo: el derecho comienza cuando termina el birlibirloque

Quizá podríamos explicárselo así al niño.

«Hijo, que la Constitución diga que tienes derecho a una vivienda significa que nuestra sociedad considera que nadie debería quedar abandonado sin un lugar digno donde vivir. Pero para que ese derecho pueda cumplirse necesitamos leyes, recursos, viviendas, instituciones y personas que hagan posible aquello que la Constitución promete».

Y si el niño preguntara:

«¿Entonces no basta con escribirlo?».

La respuesta tendría que ser:

«No. Escribirlo es importante. Pero conseguir que exista de verdad es mucho más difícil».

Y si después aparecieran los dos hermanos ante aquella misma puerta, cada uno reclamando su derecho sobre la vivienda heredada, habría que explicarles algo parecido:

«Los dos tenéis derecho. Precisamente por eso hay que encontrar una solución que respete a los dos».

Porque ahí reside una de las grandes verdades del Derecho: los derechos no viven aislados; conviven, se limitan, se protegen y se hacen efectivos mediante garantías.

La Constitución puede encender la luz.

Pero alguien tiene que construir la casa.

Trasluz

La mera proclamación de un derecho no garantiza por sí misma su ejercicio efectivo. El reconocimiento constitucional de la vivienda digna expresa un compromiso jurídico y social, pero necesita normas de desarrollo, recursos, políticas públicas y mecanismos de exigibilidad para convertirse en una realidad.

La cuestión puede entenderse mediante el ejemplo de dos hermanos que heredan una única vivienda: ambos tienen el mismo derecho sobre ella, pero ese reconocimiento no permite que cada uno disponga de una vivienda distinta. Será necesario establecer una solución que haga compatibles sus respectivos derechos, como la adjudicación con compensación o la venta y reparto de la herencia.

Por tanto, reconocer un derecho y garantizarlo son cuestiones diferentes. Los derechos no se materializan por la simple fuerza de las palabras jurídicas; necesitan condiciones concretas que permitan ejercerlos y mecanismos que protejan a sus titulares. En definitiva, la norma puede reconocer el derecho, pero son las garantías jurídicas y materiales las que hacen que ese derecho exista verdaderamente en la vida de las personas.