La inhabilitación
presupuestaria:
Hay pocos momentos en la vida de una democracia
parlamentaria tan reveladores como el debate presupuestario. No se trata
únicamente de un ejercicio contable, sino del instante en que un Gobierno pone
sobre la mesa su visión del país y pide, a cambio, la confianza de la Cámara
para ejecutarla. Cuando esa confianza falta, y los números del reciente rechazo
a la senda de estabilidad 2027-2029 así lo indican, con 178 votos en contra
frente a 167 a favor y cinco abstenciones, el ejercicio presupuestario deja de ser
un instrumento de planificación para convertirse en un símbolo de la fragilidad
institucional del momento.
Conviene preguntarse, con la serenidad que exige el
análisis económico y no la urgencia del titular, si tiene sentido insistir en
la tramitación de unos Presupuestos Generales del Estado cuando el propio
trámite previo,técnico, casi automático en legislaturas con mayorías sólidas,
ha naufragado en el Congreso.
Dos
naturalezas, un mismo documento
El presupuesto público posee, como recuerda buena parte
de la literatura de hacienda pública, una doble condición: es un documento
económico y es, simultáneamente, un contrato político. Como plan financiero,
ordena ingresos y gastos, fija prioridades y condiciona el comportamiento de
los agentes económicos durante todo el ejercicio. Como contrato político,
presupone una mayoría capaz de sostenerlo, no solo de aprobarlo.
Cuando ese contrato se rompe, el presupuesto corre el
riesgo de transformarse en un ejercicio de supervivencia parlamentaria más que
en una hoja de ruta económica. La votación conocida no es un simple tropiezo de
trámite: refleja la ausencia de una coalición capaz de respaldar, con
continuidad, la política fiscal del Ejecutivo.
Autores como Douglas North u Oliver Williamson han
insistido en que la estabilidad de las reglas, y de quienes las sostienen,
constituye uno de los activos más valiosos de una economía desarrollada. La
incertidumbre política no es neutral: encarece la inversión, retrae el consumo
y presiona al alza las primas de riesgo institucional. Prolongar una
negociación presupuestaria sin mayoría consolidada no es prudencia, es aplazar
el coste.
Una
senda fiscal generosa en optimismo
El Gobierno plantea una reducción gradual del déficit:
1,8 % del PIB en 2027, 1,6 % en 2028 y 1,5 % en 2029. Sobre el papel, una
consolidación ordenada. En la práctica, dos reservas resultan inevitables.
La primera es de volumen: España mantiene uno de los
niveles de deuda pública más elevados de la Unión Europea, y una reducción
lenta del déficit no altera sustancialmente esa carga acumulada.
La segunda es de método: toda senda fiscal descansa sobre
hipótesis de crecimiento, inflación, empleo y recaudación que rara vez se
cumplen con exactitud. La experiencia reciente de la hacienda española, con
sucesivos créditos extraordinarios corrigiendo previsiones iniciales, aconseja
cautela ante cualquier cifra que se presente como certeza.
El
espejismo del margen fiscal autonómico
Uno de los puntos más discutidos de la negociación es el
margen adicional de deuda, cercano a los 5.849 millones de euros, reconocido a
las comunidades autónomas. La crítica de la oposición, más allá de su intención
política, contiene un argumento técnico atendible: disponer de margen de
déficit no equivale a disponer de capacidad real de gasto, puesto que las
comunidades siguen sujetas a la regla europea de gasto computable.
El resultado es una flexibilidad más nominal que
efectiva: se amplía el margen de endeudamiento mientras se mantiene la
restricción sobre su ejecución. La autonomía financiera que sugiere el discurso
político resulta, en la práctica, bastante más limitada.
Gobernar
sin mayoría: el verdadero problema de fondo
La economía política enseña que un presupuesto
técnicamente impecable no basta si carece de sostén parlamentario. El dato más
elocuente de este episodio no es la cifra del déficit, sino la composición del
voto: el rechazo no proviene solo de la oposición tradicional, sino también de
antiguos socios de investidura que se abstienen o votan en contra.
Cuando eso ocurre, el problema deja de ser presupuestario
y pasa a ser un problema de gobernabilidad. Insistir en la tramitación en ese
contexto puede leerse, más que como una apuesta por unas cuentas viables, como
una estrategia para prolongar la legislatura ganando tiempo político.
Presión
fiscal y eficiencia del gasto
Aunque el debate público se concentra en el déficit y en
el reparto territorial, conviene no perder de vista una cuestión de fondo:
sostener el nivel de gasto previsto exigirá, previsiblemente, mantener una
presión fiscal ya elevada en términos históricos. La literatura económica
advierte de que el incremento continuado de ingresos por la vía de nuevas
figuras tributarias tiene rendimientos decrecientes: por encima de ciertos
umbrales, desincentiva la inversión, alienta la planificación fiscal de las
empresas y erosiona la competitividad. La consolidación fiscal debería
apoyarse, en primer término, en la eficiencia del gasto público, no únicamente
en la capacidad recaudatoria.
La
certidumbre como bien económico
Los mercados, las empresas y los hogares no operan en el
vacío: toman decisiones de inversión, contratación y ahorro a varios años
vista, y necesitan saber con qué reglas fiscales van a convivir. Cada mes de
incertidumbre presupuestaria tiene un coste que trasciende la aritmética
parlamentaria: afecta a la ejecución de fondos europeos, a la contratación
pública y a la política salarial del sector público. La estabilidad
institucional no es un adorno democrático; es, en sí misma, un factor
productivo.
Una
perspectiva distinta: el argumento a favor de seguir intentándolo
Sería, sin embargo, incompleto, y poco riguroso,
presentar esta lectura crítica como la única posible. Quienes defienden la
insistencia del Ejecutivo en tramitar los Presupuestos pueden argumentar, con
razones no desdeñables, que:
La alternativa, prórroga presupuestaria indefinida, tiene
también costes económicos, al congelar partidas y dificultar la adaptación del
gasto público a necesidades cambiantes.
Negociar hasta el final es parte legítima del juego
parlamentario: muchos gobiernos en minoría, en España y en otras democracias
europeas, han sacado adelante presupuestos tras meses de negociación que
parecían estancados.
El rechazo a la senda de estabilidad no equivale
automáticamente al rechazo del proyecto de presupuestos, que aún no se ha
presentado ni votado; los equilibrios parlamentarios pueden variar entre uno y
otro trámite.
Las reglas fiscales europeas, lejos de ser un obstáculo,
pueden interpretarse como una garantía de disciplina que limita el riesgo de
desviaciones excesivas, incluso en un contexto de negociación compleja.
Estas consideraciones no invalidan las dudas planteadas
en las secciones anteriores, pero recuerdan que el diagnóstico de
"improvisación institucional" es una interpretación entre varias
posibles, y que la valoración final dependerá, en gran medida, de cómo
evolucionen los apoyos parlamentarios en las próximas semanas.
Conclusión
El rechazo a la senda de estabilidad no es un simple
accidente de trámite: es una señal de debilidad política que condiciona la
credibilidad de cualquier proyecto presupuestario posterior. La incertidumbre
institucional, la fragilidad de los apoyos parlamentarios, el margen real, más
limitado de lo que sugiere el discurso oficial, y el elevado nivel de deuda
pública configuran un escenario en el que la planificación presupuestaria corre
el riesgo de convertirse en un gesto más simbólico que efectivo.
Pero también es cierto que la política presupuestaria
rara vez se decide en una sola votación, y que la capacidad de un Gobierno para
recomponer mayorías, o para gestionar sin ellas, forma parte de la normalidad
democrática en sistemas parlamentarios fragmentados como el español. El
verdadero desafío no es solo aprobar unas cuentas públicas, sino recuperar las
condiciones de estabilidad política que las hagan creíbles, ejecutables y compatibles
con una estrategia de crecimiento sostenible. Un presupuesto puede aprobarse
sin respaldo amplio; un modelo económico sólido, en cambio, exige certidumbre, disciplina
y consenso.
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