La
Justicia y el espejo roto de la opinión
Hay épocas en las que las sociedades hablan
demasiado y piensan demasiado poco. La nuestra parece haber elevado esa
contradicción a categoría histórica. Nunca se había dispuesto de tanta
información y, sin embargo, jamás había resultado tan difícil distinguir el
conocimiento del ruido. La velocidad ha derrotado a la reflexión, y la opinión,
convertida en mercancía de consumo inmediato, se presenta con la insolencia de
quien pretende ocupar el lugar de los hechos.
Toda investigación judicial que afecta a un personaje
público deja de pertenecer exclusivamente a los tribunales para convertirse en
patrimonio del espectáculo. La toga comparte escenario con las cámaras; el
sumario, con las tertulias; la prueba, con el rumor. Y así, lo que debería
desarrollarse en la serenidad del procedimiento acaba representándose en el
gran teatro de la polarización.
El caso de Begoña Gómez constituye un ejemplo
paradigmático, no por la singularidad jurídica del procedimiento, sino porque
ha servido para revelar una enfermedad más profunda: la incapacidad creciente
de la sociedad para convivir con la incertidumbre.
El ciudadano contemporáneo parece haber perdido la
paciencia necesaria para esperar una sentencia. Necesita una respuesta
inmediata. El tiempo judicial le resulta insoportable porque contradice la
lógica acelerada de las redes sociales, donde cada minuto sin pronunciamiento
se interpreta como un vacío que alguien debe rellenar. Y ese alguien suele ser
la opinión.
Ortega y Gasset advertía que el mayor peligro para
una civilización aparece cuando el hombre deja de sentirse obligado a
comprender antes de juzgar. El hombre-masa, decía, no discute porque crea tener
razón; discute porque ignora que pudiera no tenerla. Esa observación, formulada
hace casi un siglo, parece escrita para describir el ecosistema digital del
presente.
Hoy cualquiera se siente legitimado para ejercer
simultáneamente de instructor, fiscal, magistrado y comentarista político.
Bastan unos titulares, un vídeo de treinta segundos y dos mensajes compartidos miles
de veces para construir una convicción inquebrantable. No importa que el
procedimiento apenas haya comenzado. La sentencia emocional ya ha sido dictada.
Y, sin embargo, la Justicia posee una virtud que
desespera al impaciente: duda.
Duda porque debe hacerlo.
La duda constituye el fundamento mismo del Derecho.
Allí donde la opinión exige certezas instantáneas, el juez está obligado a
exigir pruebas. Donde el ciudadano reclama castigos ejemplares, el ordenamiento
jurídico exige garantías. Esa lentitud que tantos critican no siempre es una
debilidad; con frecuencia constituye la expresión más elevada del respeto por
la libertad.
Resulta paradójico comprobar cómo quienes reclaman
independencia judicial suelen hacerlo únicamente cuando la resolución coincide
con sus expectativas. Cuando no sucede así, el juez deja de ser independiente
para convertirse, según convenga, en instrumento del poder o de la oposición.
La confianza institucional se ha vuelto condicional, subordinada al resultado y
no al procedimiento.
Es aquí donde el periodismo afronta una de sus
mayores pruebas éticas.
Informar nunca consistió en alimentar emociones,
sino en disciplinarlas mediante los hechos. El periodista no fue concebido para
fabricar culpables ni absolver inocentes, sino para explicar la realidad con la
mayor honestidad posible. Sin embargo, la lógica del mercado informativo premia
justamente lo contrario. La prudencia apenas genera audiencia; la indignación,
en cambio, produce millones de clics.
El antiguo oficio de contrastar fuentes ha sido
sustituido, con inquietante frecuencia, por el más rentable ejercicio de
confirmar prejuicios. Cada medio ofrece al lector aquello que desea escuchar,
del mismo modo que un comerciante inteligente coloca en el escaparate el
producto con mayor demanda. La consecuencia resulta devastadora: el ciudadano
deja de buscar información para buscar reafirmación.
No vivimos únicamente una crisis de confianza en las
instituciones. Vivimos, sobre todo, una crisis de confianza en la verdad
compartida.
Arturo Pérez-Reverte ha escrito en numerosas
ocasiones que el problema de España no reside únicamente en sus dirigentes,
sino en una vieja inclinación nacional a convertir cualquier discrepancia en
una guerra civil moral. Basta observar el debate público para advertir la
vigencia de esa intuición. Aquí rara vez existen adversarios; existen enemigos.
No se discrepa: se descalifica. No se argumenta: se etiqueta.
En semejante clima, un proceso judicial deja de ser
un procedimiento regulado por normas para transformarse en un combate simbólico
donde cada resolución alimenta un relato previo. La sentencia ya no importa por
su fundamentación jurídica, sino por la utilidad política que pueda extraerse
de ella.
Y, sin embargo, el Derecho permanece ajeno a esa
lógica tribal. El Código Penal no conoce simpatías ni antipatías. Las garantías
procesales fueron concebidas precisamente para resistir los impulsos
colectivos. La presunción de inocencia no protege únicamente al acusado;
protege a toda la sociedad frente a la arbitrariedad.
Quienes celebran la erosión de ese principio porque
afecta a un adversario político olvidan que mañana podría amparar a alguien con
quien sí compartan afinidades. Las garantías jurídicas jamás se diseñan
pensando en el caso cómodo, sino en el difícil.
Existe una tendencia inquietante a medir la calidad
de la Justicia por el número de condenas o por la dureza de las penas. Es un
error tan antiguo como la propia condición humana y, en nuestros días,
extraordinariamente rentable para quienes hacen de la política un ejercicio de
agitación permanente. La fortaleza de un Estado de Derecho no consiste en
llenar las cárceles, sino en garantizar que nadie sea condenado sin pruebas
suficientes y que nadie quede al margen de la ley por la posición que ocupa.
Pero existe un peligro aún más profundo. Cuando los
jueces, los fiscales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o cualquier
servidor público que participa en la investigación de los delitos comienzan a
ser objeto de campañas de descrédito, de presiones políticas o de intentos de
deslegitimación cada vez que sus decisiones resultan incómodas para unos u
otros, la discusión deja de ser jurídica para convertirse en institucional. En
ese momento ya no se cuestiona únicamente una resolución concreta; se erosiona
la confianza en los pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho.
Una democracia madura no necesita héroes togados ni
villanos de ocasión. Necesita instituciones suficientemente fuertes para
soportar la crítica legítima y suficientemente independientes para resistir
cualquier intento de condicionarlas. Porque la independencia judicial no se
pone a prueba cuando las resoluciones complacen al poder o a la oposición; se
pone a prueba precisamente cuando incomodan a ambos.
El verdadero problema nunca ha sido que la Justicia
avance con la lentitud que exigen las garantías procesales. El verdadero
problema aparece cuando se pretende sustituir el razonamiento jurídico por el
relato político, cuando la sentencia deja de buscarse en los autos para
buscarse en los titulares, o cuando la confianza en las instituciones depende
exclusivamente de que el fallo confirme nuestras propias convicciones.
Ese es el instante en que la Justicia comienza a
dejar de ser un poder del Estado para convertirse en un escenario donde se
representa una batalla de intereses. Y una vez que esa transformación se
consuma, ya no importa quién ocupe el banquillo, quién vista la toga o quién
dirija una investigación: todos terminan siendo sospechosos ante una parte de
la sociedad.
La Historia enseña una lección tan incómoda como
constante. Las democracias rara vez se deterioran de manera súbita; lo hacen
mediante un desgaste lento y casi imperceptible de la credibilidad de sus
instituciones. Cada ataque injustificado, cada descalificación interesada, cada
intento de sembrar la sospecha permanente sobre quienes tienen la misión de
investigar, acusar o juzgar, añade una grieta más a un edificio cuya solidez
depende, precisamente, de la confianza de los ciudadanos.
Porque las garantías procesales, la independencia
judicial y el respeto a las instituciones no fueron concebidos para proteger a
un gobierno, a una oposición o a un personaje público. Fueron concebidos para
proteger al ciudadano frente a cualquier abuso del poder. Y cuando una sociedad
olvida esa verdad elemental, descubre demasiado tarde que lo que creía estar
debilitando era la posición de sus adversarios, cuando en realidad estaba
debilitando los cimientos de su propia libertad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario