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jueves, 5 de junio de 2025

"España: anatomía de una traición"... La matanza de Paracuellos.

 

La matanza de Paracuellos. 1951 Picasso

"España: anatomía de una traición"

Una democracia frágil ante el asalto institucional

España vive una etapa de degradación institucional tan profunda que ha hecho saltar por los aires las categorías tradicionales de análisis político. La polarización no es ya entre derecha e izquierda, sino entre legalidad constitucional y ruptura encubierta del orden democrático. Desde el año 2018, bajo una estrategia calculada por el poder gobernante, se ha promovido una reconversión del Estado hacia formas autoritarias enmascaradas de progresismo: manipulación judicial, desactivación de los cuerpos de seguridad, cesiones al independentismo que bordean la traición institucional, y una constante blanqueo de entornos vinculados al terrorismo. Frente a este escenario, VOX surge como una respuesta radical, no populista en su génesis, sino reactiva desde el trauma, la firmeza y la denuncia de un proceso que podría calificarse como de disolución del Estado.

La colonización institucional: una democracia saqueada desde dentro

Desde la moción de censura de 2018, el PSOE ha dejado atrás toda lógica de gobierno democrático en favor de una alianza progresiva con fuerzas que no solo no creen en la unidad nacional ni en la Constitución, sino que han atentado directamente contra ellas: ERC, Bildu, y otras formaciones herederas del proyecto totalitario o identitario. La amnistía al independentismo catalán -pactada tras un chantaje electoral- no ha sido un gesto de reconciliación, sino una rendición del Estado ante los enemigos del orden constitucional.

El desmantelamiento de las estructuras de vigilancia de fronteras, de lucha antidroga y de cuerpos especializados de seguridad del Estado es coherente con esta estrategia: un Estado que se disuelve en nombre de una idea falsificada de progreso. La colonización de instituciones mediante el nombramiento directo de afines al partido -incluso con perfiles sin estudios ni formación- no es una anécdota; es la destrucción del principio meritocrático que garantiza la neutralidad del Estado.

Más aún: la introducción del 25% de jueces por la vía del nombramiento político, sin oposición, representa un asalto directo al principio de separación de poderes, y una amenaza existencial para el Estado de Derecho.

De las víctimas del terrorismo a la glorificación del verdugo

Uno de los aspectos más inquietantes de la actual deriva política es la perversa relectura de la historia reciente. La izquierda ha conseguido naturalizar, con el apoyo de los medios afines, una narrativa donde los terroristas de ETA son tratados como interlocutores válidos, mientras se silencia o se margina a las víctimas. Las cesiones políticas a Bildu -que hoy tiene acceso al BOE mediante pactos parlamentarios- son un insulto a los miles de ciudadanos que sufrieron la violencia terrorista.

En este contexto, el discurso de VOX, lejos de ser un populismo oportunista, recoge un clamor de justicia silenciado: el de las víctimas, los cuerpos de seguridad humillados, y los ciudadanos que aún creen en la ley como pilar irrenunciable de la convivencia. No es extraño que haya sido fundado por víctimas directas del terrorismo, como José Antonio Ortega Lara, ni que continúe siendo un refugio político para quienes ven con horror cómo el relato institucional se invierte, convirtiendo en demócratas a quienes jamás han pedido perdón por matar.

El precio filosófico: generaciones sin referentes, Estado sin alma

La crisis que vive España no es solo política o económica: es antropológica. Las nuevas generaciones han crecido bajo un sistema educativo que ha sustituido el estudio riguroso de la historia por un relato ideológico. La moral cívica ha sido reemplazada por el relativismo cultural; la justicia, por el reparto clientelar de privilegios. Así, la juventud española es hoy una generación expuesta al adoctrinamiento, sin formación ética ni afecto por la patria. Se les ha enseñado a desconfiar del Estado, a renegar de su historia y a despreciar los valores fundacionales de la democracia constitucional.

En este vacío simbólico, VOX ha sabido posicionarse no como una fuerza tecnocrática, sino como una fuerza identitaria que articula un sentido de pertenencia, orden y justicia. Su lenguaje de defensa nacional, seguridad, propiedad, y unidad ha calado no por su agresividad, sino porque es el único que se atreve a decir lo que muchos temen reconocer: que España está siendo desmontada pieza por pieza desde dentro.

Entre la rebelión constitucional y la sumisión suicida

España vive hoy una encrucijada crítica: o recupera su arquitectura institucional, su moral pública y su memoria verdadera, o se precipita hacia un modelo de democracia simulada, donde el poder se ejerce sin control, la justicia se reparte por cuotas, y la nación se convierte en un mosaico de feudos ideológicos.

Los partidos tradicionales, especialmente el Partido Popular, han mostrado una tibieza inaceptable, más preocupados por el cálculo electoral que por el deber histórico. Han renunciado a liderar una resistencia real, permitiendo que el PSOE y sus aliados subviertan el orden sin verdadera oposición.

La ética pública ha sido sustituida por un cinismo sistémico, donde la mentira se normaliza, el adversario político se convierte en enemigo, y la justicia se degrada a un instrumento más de la batalla cultural. La oposición, encabezada por el Partido Popular, lejos de actuar como un contrapeso democrático, se limita a ejercer una resistencia simbólica, que termina siendo funcional al mantenimiento del statu quo. La reciente convocatoria de una manifestación bajo el lema “¿Mafia o Democracia?” a escasos días de una reunión con el gobierno revela un doble juego insostenible: una crítica estética sin compromiso ético.

Frente a esta parálisis, la existencia de VOX no es solo legítima, sino necesaria. Su aparición marca el fracaso de un sistema que ha traicionado a sus ciudadanos. Pero también representa una advertencia: si el sistema político no se regenera desde los principios constitucionales, si las instituciones no se liberan del secuestro partidista, el futuro no será ni democrático ni libre.

España no necesita una revolución, sino una restauración: del mérito, de la justicia, de la verdad y de la dignidad.

 


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