Colonización institucional, dejación
administrativa y erosión del control parlamentario: el caso Ábalos como síntoma
sistémico
El presente escrito
tiene por objeto poner en conocimiento de las autoridades de fiscalización y
control del Estado un conjunto de hechos de extraordinaria gravedad
institucional que trascienden a una persona concreta y revelan una posible
estructura de permisividad, colonización de órganos de control y neutralización
de garantías legales en el ámbito del Parlamento español. Este fenómeno,
consolidado desde el año 2018 bajo el Gobierno del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), encuentra su expresión paradigmática en el caso del exministro
y diputado José Luis Ábalos.
Hechos conocidos y reconocidos
A través de
documentación pública y reconocida formalmente por el Congreso de los
Diputados, se constata:
· Que
entre los años 2014 y 2024 se transfirieron al Sr. Ábalos más de 751.421 € en
concepto de retribuciones públicas.
· Que
el Congreso no exigió ni una sola vez certificación de titularidad bancaria,
tal como ha reconocido oficialmente en escrito remitido al Tribunal Supremo.
· Que
la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que sólo
78.841 € figuran en las cuentas atribuidas al exministro, abriendo una enorme
brecha de más de 670.000 € no localizados.
· Que
este procedimiento anómalo, contrario a cualquier estándar de buena gestión
pública, se ha mantenido durante toda la legislatura del PSOE (2018–2024), sin
que el Gobierno haya adoptado medida alguna para corregirlo.
Valoración jurídica
A. Incumplimiento flagrante de la
Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003)
El art. 11 obliga a
garantizar el control efectivo del gasto. La transferencia de fondos sin
verificar que el beneficiario es el titular de la cuenta equivale a una entrega
ciega de recursos públicos. Esta práctica no es tolerada ni en entidades
locales ni en la administración periférica, pero se ha institucionalizado en la
Cámara Baja.
B. Posible infracción penal:
malversación de caudales públicos (art. 432 CP)
La jurisprudencia
reciente del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional (STC 192/2023)
establece que la simple desviación o uso irregular del dinero público, incluso
sin ánimo de lucro, configura malversación. Si se constata que el dinero no fue
ingresado en una cuenta del propio Ábalos, podría haber:
· Un
delito de malversación por terceros (beneficiarios reales)
· Y
una coautoría por omisión de los órganos administrativos y políticos que no
controlaron el pago.
C. Posible responsabilidad contable
por alcance (Tribunal de Cuentas)
En paralelo a lo penal,
el desvío o ausencia de justificación de fondos públicos genera responsabilidad
contable, conforme a los arts. 38, 39 y 72 de la Ley Orgánica del Tribunal de
Cuentas.
D. Vulneración sistemática de la Ley
de Transparencia y Buen Gobierno
Desde la entrada en vigor de la Ley 3/2015, los
diputados y altos cargos tienen el deber legal de:
· Gestionar
los fondos con diligencia y trazabilidad (art. 26)
· Evitar
cualquier actuación que genere confusión sobre el destino del dinero público
Implicación del Gobierno del PSOE y
colonización institucional
Desde la llegada al
poder del PSOE en 2018, se ha consolidado una práctica de colonización
institucional, que se traduce en:
· Control
político de la Fiscalía General del Estado, que actualmente carece de
credibilidad para investigar a miembros del propio Ejecutivo.
· Neutralización
de órganos administrativos dependientes del Ministerio de Hacienda, incapaces o
desinteresados en aplicar controles básicos de trazabilidad.
· Pasividad
del Congreso, cuya Mesa ha actuado de forma sistemáticamente omisiva en lo que
respecta a la supervisión de pagos.
· Esta
colonización institucional ha vaciado de contenido los controles cruzados del
sistema parlamentario y ha permitido que la Cámara Baja funcione como una
"zona opaca" del Estado, donde ni se exige titularidad bancaria, ni
se fiscalizan donaciones, ni se cotejan datos fiscales reales.
No estamos ante un
fallo puntual, sino ante un modelo sistémico de impunidad administrativa.
Petición formal
A la luz de lo
expuesto, el pueblo y los ciudadanos españoles solicitan:
A) Al Tribunal de Cuentas:
· Que
practique una auditoría especial de los pagos a todos los diputados desde 2014,
con foco específico en la:
· Verificación
de la titularidad de cuentas bancarias.
· Discrepancia
entre pagos declarados y fondos bancarios ingresados.
· Que
se valore la existencia de responsabilidad contable de los órganos del Congreso
y de quienes permitieron esta práctica.
B) A la Oficina de Conflictos de
Intereses:
· Que
abra expediente sancionador al Sr. Ábalos por posible ocultación o gestión
irregular de fondos públicos.
· Que
extienda la investigación a otros diputados si se demuestra que esta omisión es
una práctica generalizada.
C) A la Comisión Mixta Congreso-Senado:
· Que
se solicite la comparecencia de:
· Miembros
de la Mesa del Congreso (2014–2024)
· Responsables
de Administración y Tesorería
· Representantes
del Ministerio de Hacienda desde 2018
· Que
se acuerde la reforma inmediata del procedimiento de pagos a representantes
públicos, con obligación de titularidad bancaria certificada.
A resueltas
El caso del Sr. Ábalos
no es una excepción: es la consecuencia de un modelo de control destruido desde
dentro, por la ocupación de los órganos institucionales clave por parte del
partido en el poder.
El Estado de derecho no
se erosiona únicamente por actos ilícitos, sino también por la sistemática
omisión de controles básicos.
Este documento se
presenta como una denuncia ciudadana fundada en el interés público, instando a
los órganos aún operativos del sistema constitucional a actuar con firmeza.
Consideraciones sobre la responsabilidad del actual Presidente del Gobierno
No puede completarse
este análisis sin referirse al principal responsable político de la situación
institucional actual: el presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Desde su llegada al
poder en junio de 2018, Sánchez ha edificado un modelo de Gobierno basado no en
la regeneración democrática prometida, sino en la colonización sistemática de
las instituciones, la erosión de contrapesos y la impunidad de sus círculos de
confianza.
Hoy por hoy, más de
veinte personas cercanas a su Ejecutivo, entre exministros, asesores, altos
cargos y dirigentes del PSOE, están imputadas por delitos vinculados a la
corrupción, el tráfico de influencias o la malversación. El “caso Koldo”, que
afecta directamente a su exministro Ábalos, no es un episodio aislado, sino una
manifestación más de una maquinaria clientelar operativa dentro del Estado.
Lejos de asumir
responsabilidades, el presidente ha optado por:
· Normalizar
la corrupción sistémica como si fuera un peaje inevitable.
·
Blindar a sus afines mediante cargos,
aforamientos y pactos de silencio institucional.
·
Silenciar a los órganos de control,
promoviendo nombramientos claramente partidistas en la Fiscalía, el CIS, el
INE, el Tribunal Constitucional e incluso en la Abogacía del Estado.
El modelo de poder
construido por Sánchez convierte al Estado en una herramienta de defensa
personal y partidista, antes que en un garante del interés general. Ha hecho
del uso del BOE y del presupuesto público un instrumento de supervivencia política.
La descomposición
institucional ya no es un riesgo: es una realidad diaria, visible en los
tribunales, en los medios y en la calle. Los casos de corrupción ya no se
enumeran, porque han superado el umbral de lo cuantificable. Vivimos una
situación de inmunidad estructural, donde los delitos se gestionan
políticamente, y donde el poder ya no responde ante el derecho, sino que lo
manipula.
En ese marco, no es
exagerado afirmar que el presidente Sánchez ha pasado de ser un jefe del
Ejecutivo a un facilitador del deterioro institucional, y su figura quedará,
sin duda, marcada en la historia de España como la de quien permitió y en gran
medida orquestó la degradación del sistema constitucional por dentro.
Pedro Sánchez no es
simplemente un jefe del Ejecutivo que gobierna mal: es el artífice y
beneficiario de una estructura de poder que ha sustituido el orden
constitucional por una arquitectura de impunidad, opacidad y sumisión a
intereses contrarios a la legalidad y a la soberanía nacional.
La corrupción como sistema y el
desprecio por la legalidad
El entorno del
presidente está marcado por más de veinte casos abiertos por corrupción,
algunos tan graves como el caso Koldo, que compromete directamente al
exministro Ábalos y salpica al núcleo de Moncloa. Cada nuevo escándalo es
presentado como un caso aislado o una anécdota: una “bikoka” más, en el
lenguaje de quienes han normalizado la podredumbre del aparato del Estado.
Esta banalización de la
corrupción descansa en la convicción política de que el ciudadano medio no
conoce ni las leyes ni el funcionamiento institucional, y por tanto es
fácilmente manipulable o desmovilizable. Esa ignorancia, en lugar de corregirse
mediante pedagogía democrática, es utilizada como arma de control.
Alianzas con enemigos de la
legalidad democrática
Pedro Sánchez no sólo
ha demolido los controles internos del Estado, sino que ha construido alianzas
políticas y diplomáticas con grupos e individuos que representan abiertamente
intereses contrarios a los principios constitucionales y a la legalidad
internacional.
·
Ha pactado con formaciones políticas que
no condenan, y en algunos casos glorifican, la violencia terrorista de ETA,
como EH Bildu, a quienes ha cedido cuotas de poder municipal, parlamentario y
presupuestario.
·
Ha mostrado simpatía o neutralidad
activa hacia grupos islamistas radicales como Hamas, evitando su condena
directa incluso cuando la Unión Europea o el Parlamento Europeo han reiterado
su consideración como grupo terrorista.
·
Ha sostenido relaciones diplomáticas con
regímenes dictatoriales como el de Nicolás Maduro en Venezuela, tolerando el
quebranto sistemático de derechos humanos y la usurpación del orden
constitucional venezolano, incluso permitiendo que la embajada española fuera
utilizada para proteger a prófugos de la justicia chavista. Y ya por ultimo
autorizar y posiblemente intervenir en negocios de Hidrocarburos prohibidos por
las autoridades europeas..
La diplomacia paralela y el “trabajo
sucio” de Zapatero
La situación alcanza
niveles de distorsión institucional cuando un expresidente como José Luis
Rodríguez Zapatero actúa como emisario oficioso en países como Venezuela, sin
encargo jurídico del Estado, negociando, opinando y operando al margen del
derecho internacional.
Esta diplomacia
paralela que ni el Gobierno condena ni los ciudadanos comprenden en su gravedad
jurídica, constituye una cesión de soberanía, una suplantación del rol
institucional del Ministerio de Asuntos Exteriores, y un claro acto de
manipulación internacional sin legitimidad democrática.
Zapatero no representa
al Estado español, pero sí actúa con la cobertura oficiosa de su partido y del
Gobierno, convirtiéndose en una suerte de emisario ideológico al servicio de
regímenes autoritarios.
Conclusión
En definitiva, Pedro
Sánchez no ha sido simplemente un gestor autoritario o un político poco
escrupuloso. Su legado será recordado como el de quien institucionalizó la
corrupción, rompió los puentes entre los poderes del Estado, y entregó partes
del Estado a actores ilegítimos, violentos o antidemocráticos, tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras.
Es hora de dejar de
tratar esto como una sucesión de anécdotas o chascarrillos
("bikokas") y empezar a nombrar con precisión lo que ocurre: una
demolición institucional calculada, sostenida y ejecutada desde el poder.
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