El despotismo de la inacción, un Estado que renuncia a su pueblo
El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la gestión
de emergencias en un espectáculo de plazos imposibles y acusaciones cruzadas:
desde conceder solo 15 minutos a las comunidades para solicitar la
declaración de “emergencia de interés nacional” tras el gran apagón eléctrico,
hasta atribuir a las autonomías la responsabilidad de activar planes ante la
devastadora DANA que, seis meses después, mantiene a víctimas sin ayudas
suficientes. Esta estrategia de maquillaje político -presentar una falsa
agilidad para luego culpar a otros niveles- sirve para ocultar la falta de
previsión técnica, la carencia de protocolos eficaces y una voluntad deliberada
de fragmentar responsabilidades y contener el descontento ciudadano.
Maquillaje mediático y maniobra política
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha utilizado plazos
imposibles (15 minutos) y delegación de competencias para disfrazar su propia
inacción:
- Apagón
eléctrico: tras
un corte que afectó a más del 60 % de la demanda, el CENEM dio solo 15
minutos a las comunidades para solicitar la declaración de “emergencia de
interés nacional” .
- DANA en
Valencia: seis
meses después del desastre que causó 228 víctimas, el Estado ha abonado
solo el 14 % de sus ayudas, frente al 47 % de la Generalitat (El Periódico).
- Caída
de la propia intranet: durante el apagón, la única web que dejó de
funcionar en la intranet administrativa fue la de la Dirección General de
Protección Civil, imposibilitando aún más la coordinación (no existen
referencias públicas que expliquen esta falla, pese a búsquedas en la sede
electrónica y guías de acceso Java Protección CivilSede Administraciones Públicas).
- Nombramientos
a dedo: se
aparta a expertos de mérito y se colocan perfiles afines sin trayectoria
técnica (p. ej., Pilar Lucio o Silvia Calzón en el CSN), cuya principal
“cualidad” ha sido la lealtad política, justificando este “enchufe” con la
idea de que “tener demasiado conocimiento es contraproducente”(Libre MercadoLibre Mercado).
Esto configura un teatro de correos urgentes y
una estrategia de culpabilización cruzada, donde el Gobierno maquilla su
falta de previsión técnica y de protocolos efectivos.
El Ejecutivo ha impuesto plazos absurdamente cortos y
desplegado un relato de “respuesta ágil” que contrasta con los hechos. Pedro
Sánchez anunció la creación de una comisión para investigar el apagón, pero
simultáneamente llegó tarde a proporcionar datos claros y desmintió hipótesis
sin fundamento técnico (ElHuffPost). Este discurso
de “no descartar nada” funcionó como cortina de humo para ocultar la
descoordinación entre el Ministerio del Interior y Red Eléctrica (El País).
La insistencia en pedir “calma” y en responsabilizar a
operadores privados -mientras las infraestructuras envejecen y faltan
inspecciones- configura un relato que busca culpar a terceros de un
fallo sistémico (El País). Al mismo tiempo,
se sincroniza un despliegue mediático para repetir consignas oficiales en
cadena nacional, maquillando la ausencia de medidas preventivas reales.
El apagón eléctrico: 15 minutos de abandono
El 28 de abril de 2025, a las 12:33 h, más de 15 GW de
demanda desaparecieron en cinco segundos, dejando a hospitales, transporte y
comunicaciones a oscuras (El País). El CENEM envió un
correo a las 20:58 h pidiendo a las autonomías que confirmaran, en un plazo
de 15 minutos, si querían la declaración de emergencia de interés nacional
(nivel 3), condición necesaria para el despliegue de Ejército y recursos
estatales (okdiario.com).
Esta limitación temporal, impuesta ocho horas
después del apagón y en plena crisis de comunicaciones, evidencia no solo un
retraso gravísimo, sino una maniobra de contención: si la comunidad no
contestaba a tiempo, la responsabilidad recaía sobre ella (Diario ABC). Así, el Estado
crea un escenario donde la inacción de las autonomías legitima la suya propia.
La DANA de Valencia: dilaciones calculadas
El 29 de octubre de 2024, la DANA dejó más de 227
muertos en la provincia de Valencia y devastó barrios enteros (Cadena SER). Seis meses
después, solo el 14 % de las ayudas estatales están abonadas, frente al 47 % de
las autonómicas (Vozpópuli), y las familias
siguen presentando más de 375 nuevas solicitudes diarias para compensaciones
que llegan tarde (Levante-EMV).
El Gobierno central delegó la activación de planes de
Protección Civil a las comunidades, alegando competencialismo, pero negó
ofrecer un plan logístico centralizado que coordinara recursos y financiación (infobae). Este reparto le
permite esquivar la responsabilidad última: si la reconstrucción avanza
lento, la culpa será de la Generalitat; si acelera, se atribuirá al Estado.
Provocación de desastres como estrategia política
Más allá de la inacción, existe un elemento
perverso: la generación o amplificación de crisis para afianzar un relato
de caos que justifique la concentración de poder. Cada vez que ocurre un
desastre, el Gobierno insta a “no difundir bulos” y pide a la ciudadanía
“confiar solo en fuentes oficiales” (ElHuffPost), un discurso
que refuerza su monopolio narrativo y limita la crítica.
Al mismo tiempo, la apelación constante a posibles intrusiones
externas o “ciberataques” crea un clima de miedo que disculpa la falta de
inversión en infraestructuras y bloquea un debate técnico sobre la transición
energética y el envejecimiento de la red (El País).
Conclusión: exigir responsabilidad, desmontar el
maquillaje
La combinación de plazos imposibles (15 minutos),
acusaciones cruzadas y gestión fragmentada no es fruto de la improvisación,
sino de una estrategia de maquillaje político. Un Gobierno que recorta
las alertas, diluye su responsabilidad y criminaliza a quienes buscan
información está jugando con vidas y agotando la paciencia ciudadana. La
solución pasa por:
1. Protocolos unificados de emergencia que no permitan
plazos arbitrarios.
2. Investigaciones independientes sobre causas reales, sin filtros
políticos.
3. Nombramientos basados en mérito, con criterios claros de solvencia
y experiencia técnica.
4. Transparencia total en la gestión de ayudas y
reconstrucción.
5. Rendición de cuentas ante el Congreso y la sociedad
civil, con comparecencias regulares y acceso a registros de incidentes.
6. Participación Técnica Oficialmente Titulada
efectiva en
la planificación de riesgos.
Solo así dejaremos de ver emergencias como un teatro
de correos urgentes y empezaremos a garantizar la seguridad y el bienestar de
todos.
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