Energía secuestrada
y justicia cautiva: El pacto oculto que silencia al poder
La
coincidencia de dos sucesos inquietantes -la inexplicable desaparición de
conversaciones de WhatsApp que podrían comprometer al Gobierno y, de manera
simultánea, el nombramiento del hijo de un magistrado del Tribunal
Constitucional en un puesto clave de Telefónica- apunta a una hoja de ruta de
manipulaciones perfectamente orquestada. Bajo esta hipótesis, el Ejecutivo no
solo habría intervenido en el suministro eléctrico para beneficiar a ciertos
gigantes tecnológicos, sino que también habría diseñado un intercambio de favores:
ocultar información comprometida y recompensar con cargos estratégicos a
familiares cercanos.
Control
directo de REE: la palanca energética
Red Eléctrica Española (REE), presidida directamente
por un alto cargo designado por el Gobierno en cuestión, gestiona la totalidad
de la red de transporte eléctrico. Este control político permite:
1. Priorización de suministro a
“clientes estratégicos”: mediante cláusulas contractuales clasificadas como “servicios
protegidos”, se asegura que grandes centros de datos —de Meta, Amazon o
Microsoft— mantengan el flujo eléctrico aunque el sistema esté tensionado,
dejando en la estacada a industrias y hogares.
2. Uso discrecional de reservas y
generadores: en
episodios de déficit, las baterías de respaldo y plantas auxiliares se activan
únicamente para estos centros, garantizando su operatividad continua.
Estas maniobras no son simples “ajustes de mercado”,
sino maniobras deliberadas de un órgano regulador bajo influencia
gubernamental, capaces de desviar -en la práctica- cientos de megavatios en
beneficio de unos pocos.
Manipulación de comunicaciones: el silenciamiento de
WhatsApp
En paralelo, se produjo la supresión sistemática de
pruebas digitales en grupos de WhatsApp oficiales:
- Desactivación
selectiva de copias de seguridad: pese a la obligatoriedad interna de archivado
automático, los historiales de los grupos más sensibles fueron “olvidados”
conscientemente.
- Acceso
forzado a dispositivos: varios funcionarios relataron haber recibido
“visitas” de técnicos con instrucciones de limpiar los terminales antes de
auditorías parlamentarias.
- Momento
estratégico: la
depuración coincidió IMPECABLEMENTE con el debate de iniciativas críticas
en el Congreso, eliminando así cualquier filtración comprometedora.
Lejos de ser fallos administrativos, estos actos
configuran un plan sistemático de censura digital, dirigido desde la cúspide.
Recompensa y diseño del “encaje perfecto” en
Telefónica
Casi al unísono con el silenciamiento de datos,
Telefónica incorpora como “tercero de abordo” al hijo de un magistrado del
Tribunal Constitucional:
1. Currículum inflado: el nombramiento se justificó con
méritos que no se corresponden con la trayectoria real del candidato, lo que
sugiere un ascenso impuesto más que ganado.
2. Relación de intercambio: dicho magistrado estaba llamado a
decidir sobre recursos cruciales para la industria de telecomunicaciones; la
presencia de su hijo en Telefónica se antoja una jugada para garantizar buena
voluntad en futuras resoluciones.
Este encaje no es casualidad, sino la culminación de
un trueque: eliminación de pruebas a cambio de influencia regulatoria.
Conexión de las piezas: un verdadero “pacto de
manipulación”
En conjunto, los eventos describen un entramado de
manipulaciones:
- Energía
condicionada: REE,
bajo mando político, prioriza a ciertos actores tecnológicos para asegurar
su lealtad.
- Información
silenciada: borrado
ad hoc y selectivo de WhatsApp para impedir que verdades incómodas vean la
luz.
- Influencia
asegurada:
inserción familiar en empresa regulada para vigilar y moldear decisiones
judiciales.
Se trata de un pacto de Estado con tintes mafiosos,
donde la energía, la justicia y la transparencia se convierten en moneda de
cambio.
Conclusión y
llamado a la acción
Esta
hipótesis, de confirmarse, reclama:
- Investigación
independiente de la
presidencia y los contratos de REE, con auditorías públicas que detallen
flujos energéticos y cláusulas preferentes.
- Garantías
de custodia de comunicaciones oficiales, estableciendo servidores centralizados e
inmutables que imposibiliten borrados selectivos.
- Proceso
de nombramientos transparentes en grandes corporaciones, con tribunales de
selección ajenos a intereses políticos y vinculados a méritos objetivos.
Solo con
estas medidas podremos rescatar el principio de legalidad y evitar que el poder
se convierta en un instrumento de manipulación al servicio de intereses
ocultos.
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