“El virrey de la ruina económica, Escrivá también
imprime quiebras”
Durante los
últimos años, la confluencia de decisiones gubernamentales en materia de
Seguridad Social y la dirección del Banco de España ha desencadenado tensiones
profundas que erosionan la legitimidad y la viabilidad de ambas instituciones.
El nombramiento de don José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España en
septiembre de 2024, proveniente de la cartera de Inclusión y Transformación
Digital, ha provocado una cascada de renuncias en los estratos superiores del
regulador y ha comprometido su independencia técnica, dando paso a una
situación de debilitamiento financiero alarmante.
Pérdida de autonomía institucional
La llegada de
Escrivá al Banco de España ha coincidido con la dimisión de medio centenar de
altos directivos en menos de un año: desde el director general de Economía
hasta los responsables de Estabilidad Financiera y Recursos Humanos, así como
numerosos subdirectores. Esta hemorragia de talento experto, documentada en los
informes internos del organismo, ha sido calificada por analistas reputados
como una “purga” que cuestiona la autonomía del supervisor frente al poder
político.
Más grave aún
resulta el cambio de orientación en el Informe Anual 2024 del Banco de España,
donde se mitiga de forma notoria el tono crítico respecto a la insostenibilidad
del sistema público de pensiones y se omiten recomendaciones clave para
restablecer el equilibrio contributivo. Esta autocensura, denunciada por
observadores del sector, menoscaba la credibilidad del regulador y eleva la
prima de riesgo percibida por los inversores, al sugerir que los estudios del
BdE funcionan más como un instrumento político que como un diagnóstico técnico
independiente.
Deterioro de la solvencia patrimonial
Simultáneamente,
la salud financiera del Banco de España ha experimentado un derrumbe sin
precedentes. Entre 2019 y 2024, su patrimonio neto se ha desmoronado un 98,6 %,
quedando reducido a tan solo 1.023 millones de euros frente a un balance total
de 865.025 millones. Esta quiebra patrimonial obedece a minusvalías
extraordinarias en la cartera de política monetaria, derivadas de sucesivas
subidas de los tipos de interés: pérdidas de más de 112.000 millones en 2021 y
2022, amortiguadas posteriormente a costa de márgenes de interés negativos
(18.329 millones entre 2023 y 2024) y provisiones generales de riesgos.
Este episodio
evoca la insolvencia del Silicon Valley Bank en 2023 y demuestra que, de
habérsele exigido al BdE los estándares de un banco comercial, su condición de
impago habría precipitado un proceso de liquidación o rescate inmediato. No
obstante, la prerrogativa exclusiva del Banco de emitir moneda y acceder a
liquidez ilimitada ha enmascarado provisionalmente la dimensión de la
catástrofe, trasladando sus costes al Tesoro y a las entidades depositarias,
que han asumido 73.292 millones en costes financieros y remuneraciones de
depósitos al 2,5–4 % desde mediados de 2022.
Reformas previsionales y fractura social
Con anterioridad a
su incorporación al Banco de España, Escrivá promovió en 2023 una reforma de
pensiones que extendió a treinta años el periodo de cálculo y elevó las
cotizaciones mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Lejos de
atacar las causas estructurales del desequilibrio, la medida se limitó a
parchear el déficit coyuntural, provocando el rechazo unánime de sindicatos y
organizaciones empresariales, y acentuando la discriminación de género. Sin
embargo, el agujero acumulado sigue estimado en 2,49 billones de euros, según
Fedea, lo que revela la insuficiencia del planteamiento.
Aunque la llamada
“hucha de las pensiones” alcanzó los 7.000 millones en 2024, el incremento
acelerado del pasivo -que ha pasado de 55.000 a 116.000 millones de deuda en
apenas cuatro años- evidencia que los ingresos adicionales no han mitigado el
déficit estructural, socavando la confianza ciudadana y poniendo en entredicho
la sostenibilidad futura del sistema.
Amenazas del euro digital en un marco centralizado
En este contexto
de fragilidad institucional y patrimonial, la introducción del euro digital
adquiere connotaciones inquietantes. Pese a las garantías de privacidad
esgrimidas por el BCE, la concentración de datos y la programabilidad inherente
a la nueva moneda permitirán validaciones condicionadas y rastreos exhaustivos
de transacciones, erigiendo un instrumento de control fiscal y social sin
precedentes. En un escenario político donde la regeneración democrática es una
asignatura pendiente y la tolerancia a la corrupción persiste, el euro digital
podría erigirse en una palanca de vigilancia permanente y coacción financiera,
trasvasando la soberanía monetaria a un ámbito de fiscalización estatal extrema.
La realidad
El legado de José
Luis Escrivá en la Seguridad Social y en la dirección del Banco de España ha
hipotecado ambas instituciones con decisiones de corte político que han
erosionado su independencia y su solidez financiera. La creciente deuda y
déficit estructural de las pensiones, junto al derrumbe patrimonial del BdE,
han menoscabado la confianza de los mercados y de la ciudadanía. En este
escenario, el euro digital no se presenta como una mera innovación tecnológica,
sino como una palanca adicional de control que demanda un debate público amplio
y transparente sobre los límites del poder político en la economía y las
salvaguardas imprescindibles para preservar derechos y garantizar la
estabilidad democrática.
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