El bloqueo a la ciudadanía.
La reciente crisis en
el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español, caracterizada por el
bloqueo sistemático de nombramientos judiciales, representa una grave amenaza
para los principios fundamentales del Estado de Derecho y tiene consecuencias
directas y perniciosas para los ciudadanos. El presente ensayo analiza cómo la
politización de las instituciones judiciales y la instrumentalización del CGPJ
dañan los derechos fundamentales de los ciudadanos y socavan la confianza en el
sistema de justicia.
La crisis descrita representa
una grave amenaza para los derechos fundamentales de los ciudadanos y para la
integridad del sistema democrático español. Los daños identificados son
múltiples y afectan tanto a principios constitucionales fundamentales como a
derechos específicos de los ciudadanos.
El bloqueo político de
los nombramientos judiciales no solo vulnera la independencia del poder judicial,
sino que genera consecuencias directas y tangibles para los ciudadanos:
retrasos en la administración de justicia, pérdida de confianza en las
instituciones, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y erosión
del Estado de Derecho.
La jurisprudencia tanto
nacional como europea es clara en la protección de la independencia judicial
como pilar fundamental de la democracia. La situación descrita contraviene
estos principios establecidos y requiere una respuesta institucional urgente.
Es imperativo que las
instituciones españolas encuentren mecanismos para resolver esta crisis,
garantizando que el funcionamiento del poder judicial responda exclusivamente a
criterios de legalidad, mérito y capacidad, sin interferencias políticas que
comprometan los derechos fundamentales de los ciudadanos y la integridad del
sistema democrático.
La democracia española
no puede permitirse que la justicia se convierta en rehén de intereses
políticos partidistas. Los ciudadanos merecen un sistema judicial independiente,
imparcial y eficaz, que garantice sus derechos fundamentales sin
condicionamientos políticos. Solo así se podrá restaurar la confianza
institucional y garantizar el pleno funcionamiento del Estado de Derecho.
La
crisis institucional y marco jurisprudencial
Según se desprende del
documento analizado, el Gobierno está bloqueando los nombramientos en el CGPJ a
través de vocales afines para imponer candidatas específicas en las
presidencias de la Sala Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo. Esta situación configura lo que la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló,
ha calificado como un "ataque contra el Supremo".
El Tribunal
Constitucional ha establecido en múltiples ocasiones la importancia de la
independencia judicial. En la STC 108/1986, se estableció que "la
independencia judicial es una garantía objetiva del funcionamiento de la
Administración de Justicia" y que "debe protegerse frente a toda
clase de interferencias". Asimismo, la STC 47/1987 señala que el Consejo
General del Poder Judicial debe actuar con "imparcialidad e independencia"
en sus funciones.
El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, en el caso Baka c. Hungría (2016), estableció que "la
independencia del poder judicial debe protegerse no solo frente a influencias
externas, sino también frente a presiones políticas que puedan comprometer su
funcionamiento".
Los
principales daños identificados son:
Vulneración
de derechos fundamentales: Especialmente el derecho a la
tutela judicial efectiva y al juez predeterminado por la ley. Erosión de la confianza institucional:
Los ciudadanos pierden fe en la imparcialidad del sistema judicial. Deterioro del servicio público de justicia:
Retrasos, sobrecargas y decisiones provisionales que afectan la calidad del
servicio. Ruptura del principio de
separación de poderes: Con consecuencias graves para el equilibrio
democrático.
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