Cuando Zapatero coloniza Venezuela

 

Cuando Zapatero coloniza Venezuela

Lo verdaderamente inquietante del debate en torno a la supuesta “transición” venezolana no es solo lo que ocurre sobre el terreno, sino la forma en que se está construyendo el relato político que pretende explicarlo. Entre el inmovilismo interesado de unos y el catastrofismo casi litúrgico de otros, se está consolidando una narrativa que no busca comprender la realidad, sino colonizarla.

Un actor destacado en esta colonización del relato es el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Sus repetidas visitas a Caracas en 2026, sus elogios públicos a Delcy Rodríguez -quien asumió como presidenta interina tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero- y su participación en la comisión que supervisa la ley de amnistía aprobada en febrero, contribuyen a pintar un panorama de “reconciliación” y “esperanza fundada” que muchos perciben como una legitimación excesiva de la continuidad del chavismo bajo nuevo rostro.

El problema no es menor. Cuando el análisis político se sustituye por consignas, la capacidad de acción se degrada. Y eso es exactamente lo que ocurre con ciertos discursos que, al abordar el caso venezolano, insisten en una idea tan rotunda como estéril: nada ha cambiado, nada puede cambiar, todo es una farsa. Esta afirmación, aparentemente contundente, es en realidad profundamente irresponsable desde el punto de vista político.

Porque si nada cambia, entonces toda estrategia es inútil. Si todo es continuidad, cualquier intento de negociación es traición. Y si el sistema es monolítico, la única salida imaginable es la ruptura total. Este tipo de planteamientos no solo simplifican la realidad: la empujan hacia escenarios más inestables y, potencialmente, más violentos.

Sin embargo, la inversa también es peligrosa. La política -la real, no la declamada- nunca opera en términos absolutos. Las transiciones son procesos imperfectos, llenos de contradicciones, zonas grises y equilibrios incómodos. Exigir pureza en ese contexto no es rigor moral, sino inmadurez estratégica. Ningún sistema autoritario se transforma sin negociar con partes de sí mismo.

No obstante, reconocer esta realidad no equivale a aceptar cualquier acuerdo. La historia muestra que regímenes como el chavista han utilizado el diálogo repetidamente para ganar tiempo, oxígeno internacional y dividir a la oposición. La captura de Maduro y el interinato de Delcy Rodríguez abren una ventana de oportunidad real -liberación de cientos de presos políticos, levantamiento parcial de sanciones, privatizaciones en el sector petrolero-, pero también plantean riesgos serios: ¿estamos ante una transición genuina hacia la democracia o ante una reconfiguración del poder chavista con nuevos padrinos externos (Estados Unidos y mediadores como Zapatero)?

En este sentido, la insistencia en descalificar cualquier cambio por no ser total responde a menudo a una lógica de posicionamiento ideológico más que a una voluntad de solución práctica. Es un discurso que permite mantener una cómoda superioridad moral, pero que no ofrece vías operativas. Más preocupante aún es su efecto sobre la opinión pública: al instalar la idea de que todo intento de reforma es una mascarada, se erosiona la confianza en cualquier proceso político y se abona el terreno para el cinismo, la apatía o la radicalización.

A esto se suma el factor geopolítico ineludible. En el contexto actual, las transiciones ya no son asuntos exclusivamente internos. La operación estadounidense que capturó a Maduro, las negociaciones directas entre Delcy Rodríguez y la administración Trump, y el rol facilitador de Zapatero ilustran cómo los intereses externos -estabilidad energética, control migratorio, contención de influencias rivales- moldean los procesos. Pretender analizar Venezuela solo en clave doméstica es ingenuo. Las potencias actúan por cálculos estratégicos, no por principios abstractos, y los cambios suelen adoptar formas híbridas.

El recurso a comparaciones simplistas (equiparar mecánicamente este proceso con otras transiciones latinoamericanas o europeas) tampoco ayuda. Cada contexto tiene su propia lógica. Reducirlo todo a un “modelo” es pereza intelectual.

Lo que está en juego no es solo la interpretación de un proceso concreto, sino la calidad del debate público. Cuando los diagnósticos se vuelven dogmas, la política deja de ser deliberación para convertirse en un campo de afirmaciones cerradas.

Frente a ello, la posición políticamente responsable es la que reconoce la complejidad sin renunciar a la exigencia democrática. Ni la complacencia acrítica con la narrativa de “reconciliación” promovida por Zapatero y otros mediadores, ni el rechazo absoluto que ignora los cambios reales ocurridos desde enero de 2026, ofrecen soluciones viables.

Una transición creíble debería cumplir, como mínimo, estos criterios: restauración plena de la independencia de poderes (especialmente judicial y electoral), fin efectivo de la represión y libertad para todos los actores políticos (incluido el retorno sin amenazas de María Corina Machado), garantías de elecciones libres y transparentes con observación internacional, y un calendario claro para la transferencia de poder. Sin estos elementos, las “zonas grises” dejan de ser pragmáticas y se convierten en mera continuidad autoritaria bajo nuevo embalaje.

Negar esta complejidad puede servir para ganar titulares o reforzar identidades ideológicas. Pero no sirve para gobernar, ni para transformar, ni siquiera para entender. Y en el Venezuela de 2026, esa diferencia no es retórica: es decisiva.