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El Tiempo como poder

En toda organización política existe una diferencia esencial entre gobernar y administrar el tiempo. Gobernar implica decidir; administrar el tiempo consiste, con frecuencia, en decidir que nadie más decida. Es una vieja tentación del poder: si el debate resulta incómodo, basta con posponerlo hasta que la realidad cambie, los afectados se cansen o la memoria pública haga el resto. La innovación institucional consiste en revestir esa dilación de impecable formalidad reglamentaria.

La presidencia de una cámara parlamentaria debería encarnar la neutralidad procedimental. Su legitimidad no deriva solo del respaldo de una mayoría, sino de la confianza de todos los representantes en que las reglas se aplicarán con imparcialidad. Cuando esa expectativa se erosiona, la institución deja de ser árbitro para convertirse en un jugador ventajista.

La Mesa del Congreso acumula una parálisis legislativa histórica con 438 prórrogas que mantienen bloqueadas diversas proposiciones de ley hasta el 2 de septiembre de 2026. Los casos más destacados incluyen la bajada del IVA a la imagen personal (2 años y 9 meses), leyes contra la okupación ilegal (2 años y 6 meses) y la modificación de la Ley de Costas (2 años y 5 meses), entre otros proyectos inmovilizados.

En la actual legislatura española, este fenómeno se ha manifestado con claridad. Numerosas proposiciones de ley registradas por la oposición, en materias tan diversas como la ocupación ilegal de viviendas, la protección de víctimas, el régimen fiscal de determinados sectores profesionales o la ordenación territorial, llevan meses, en algunos casos más de un año, sin avanzar de forma significativa. No se rechazan, porque ello exigiría un debate abierto y asumir el coste político de la decisión. Tampoco se aprueban. Permanecen suspendidas en un limbo administrativo donde el calendario pesa más que los diputados.

La paradoja es sociológicamente exquisita: se invoca sin descanso la defensa de la democracia mientras se perfeccionan mecanismos que la reducen a un elegante ejercicio de espera. El procedimiento ya no facilita la deliberación, sino que la sustituye. El reglamento deja de ser autopista de la representación política para convertirse en una rotonda infinita de la que ninguna iniciativa consigue salir.

El fenómeno recuerda menos a un Parlamento vivo que a una sofisticada cámara criogénica. Las proposiciones de ley entran en hibernación normativa. La biología conoce la hibernación; la política española parece haber perfeccionado la congelación selectiva.

Lo extraordinario ha pasado a ser rutinario. La excepción se ha institucionalizado como método. La burocracia consigue así una hazaña notable: impedir que ocurra nada sin prohibir formalmente nada. Kafka habría reclamado derechos de autor.

Desde la sociología institucional sabemos que las organizaciones rara vez necesitan vulnerar abiertamente las normas para alterar su funcionamiento. Basta con reinterpretarlas, estirarlas hasta sus límites o convertir instrumentos excepcionales en práctica ordinaria. El poder contemporáneo ya no necesita cerrar la puerta; le basta con prometer que la abrirá la semana próxima… y repetir la promesa durante meses o años.

Resulta especialmente revelador que las iniciativas afectadas abarquen ámbitos tan distintos. No se trata de un bloqueo puntual sobre una materia concreta, sino de una percepción creciente: el tiempo parlamentario ha dejado de responder primordialmente a criterios institucionales para obedecer a cálculos políticos coyunturales. Cuando la agenda legislativa se convierte en instrumento táctico más que en espacio deliberativo, la confianza pública se deteriora de forma difícilmente reversible.

Toda democracia vive de una ficción útil: la convicción de que las reglas están por encima de quienes las administran. Cuando los ciudadanos sospechan que el procedimiento depende del interés inmediato de la Presidencia, esa ficción se agrieta. La legalidad formal permanece, pero se erosiona la autoridad moral de la institución.

En esta legislatura, la figura de Francina Armengol ha terminado simbolizando esta forma de ejercer el poder: no tanto la dirigente que persuade mediante el debate, cuanto la administradora estratégica del calendario legislativo. Una presidencia que prioriza el control del tiempo sobre el impulso normal de la actividad parlamentaria. Es una transformación silenciosa pero enormemente eficaz: la política ya no necesita convencer al adversario cuando puede agotarlo mediante sucesivas prórrogas.

Existe además un refinamiento casi estético en este modo de proceder. La negativa explícita es áspera y genera titulares; el retraso administrativo ofrece la elegancia burocrática de quien nunca dice “no”, sino “todavía no”. Es el equivalente institucional del clásico “ya te llamaré”, elevado a técnica de gobierno.

Las instituciones democráticas no mueren solo con golpes espectaculares o rupturas constitucionales. También se debilitan lentamente, por acumulación de pequeñas renuncias, debates aplazados y procedimientos convertidos en refugio frente a la deliberación. La erosión es menos dramática que el derrumbe, pero mucho más difícil de revertir.

Porque, al final, el problema nunca fue el calendario. El problema comienza cuando el calendario sustituye a la política, cuando el reloj adquiere más autoridad que el debate y cuando la representación parlamentaria se convierte en un ejercicio de administración del tiempo muerto. Entonces el Parlamento deja de legislar para especializarse en aplazar, y la democracia acaba pareciéndose menos a un espacio de deliberación que a una sala de espera donde las leyes envejecen sin haber nacido. Quizá, cuando algún ciudadano pregunte por ellas, no reciba una explicación constitucional ni una justificación reglamentaria. Bastará una respuesta, tan familiar como reveladora, que resume con inquietante precisión toda una forma de entender el poder: «Vale, cariño, te mantengo informada de todo». Mientras tanto, las leyes seguirán esperando la llamada.