La soberanía de los pueblos frente a la utopía del poder global...el laberinto

 

La soberanía de los pueblos frente a la utopía del poder global

Cuando la cooperación internacional amenaza con convertirse en tutela burocrática, la libertad de las naciones exige recuperar los límites del poder.

Toda época engendra sus propias utopías y, con ellas, la tentación de imponer al mundo un orden concebido desde la abstracción de los despachos. Bajo la noble envoltura del progreso, la sostenibilidad y el bienestar universal, se ha ido configurando una arquitectura internacional cuya ambición consiste en armonizar los destinos de sociedades profundamente distintas. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas constituye una de las expresiones más representativas de este designio: un vasto entramado de objetivos, metas e indicadores que aspira a orientar el desarrollo económico, social y ambiental de la humanidad.

Sin embargo, detrás de la legitimidad de sus propósitos se alza una interrogante que ninguna democracia debería eludir: ¿en qué momento la cooperación deja de servir a los pueblos y comienza a condicionar su libertad de decisión?

No se trata de impugnar la necesidad de afrontar conjuntamente los grandes desafíos de nuestro tiempo, sino de advertir que ninguna causa, por encomiable que parezca, debe quedar exenta del escrutinio público. La lucha contra la pobreza, la protección del medio ambiente y la promoción de la justicia social requieren compromiso y cooperación; pero también prudencia, proporcionalidad y respeto a la diversidad política de las naciones.

El peligro surge cuando una agenda de alcance universal pretende convertirse en un paradigma omnímodo de gobierno, capaz de penetrar en prácticamente todas las esferas de la vida colectiva. Entonces, los objetivos dejan de ser referencias susceptibles de deliberación y corren el riesgo de transformarse en imperativos administrativos, mientras las decisiones políticas se presentan como exigencias técnicas aparentemente incontestables.

A esta deriva se añade el problema de la burocracia internacional. Toda institución nace para cumplir una misión; no obstante, con el transcurso del tiempo, sus estructuras pueden adquirir una dinámica de perpetuación que confunda la continuidad del organismo con la consecución de sus fines. Los procedimientos se multiplican, las competencias se superponen y la maquinaria administrativa corre el riesgo de convertirse en su propia justificación.

Ninguna institución, por prestigiosa que sea su trayectoria, posee una inmunidad moral frente a la crítica. Las Naciones Unidas, cuya contribución a la cooperación internacional y a la prevención de conflictos conserva una relevancia indiscutible, deben someter igualmente sus programas a evaluaciones independientes, auditorías transparentes y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La legitimidad histórica no constituye un salvoconducto perpetuo, ni la nobleza de una misión garantiza por sí sola la eficacia de quienes la administran.

El balance de la Agenda 2030 obliga, asimismo, a una reflexión rigurosa. Los avances insuficientes en numerosas metas de desarrollo sostenible exigen examinar las estrategias adoptadas, identificar los obstáculos y corregir las deficiencias. El incumplimiento de los objetivos no demuestra, por sí mismo, la inutilidad del proyecto; pero sí impide convertir su ambición en una excusa para sustraerlo de toda evaluación crítica. Cuando los resultados no corresponden a las promesas, la responsabilidad institucional debe prevalecer sobre la retórica de las buenas intenciones.

Frente a esta problemática, la soberanía nacional adquiere una dimensión que trasciende cualquier sentimentalismo patriótico. No constituye un privilegio exclusivo de los gobernantes ni una reliquia de épocas pretéritas, sino una expresión de la capacidad de los pueblos para deliberar sobre su futuro, elegir entre alternativas legítimas y exigir responsabilidades a quienes ejercen el poder en su nombre.

Defenderla no significa propugnar el aislamiento, justificar los abusos estatales ni desentenderse del sufrimiento ajeno. Significa sostener que la cooperación debe fundarse en acuerdos legítimos, competencias delimitadas y obligaciones jurídicamente reconocidas, sin que la coordinación internacional se transforme en una tutela indefinida sobre la voluntad democrática de las sociedades.

La respuesta, por tanto, no reside en demoler indiscriminadamente las instituciones multilaterales, sino en reformarlas con determinación: reducir duplicidades, transparentar los nombramientos, evaluar los resultados, limitar las competencias superfluas y devolver a los ciudadanos un protagonismo efectivo en las decisiones que afectan a su existencia. La subsidiariedad, entendida como el principio de resolver cada asunto en el nivel más próximo que disponga de capacidad suficiente, ofrece una brújula razonable para conjugar cooperación y autonomía.

Hay, además, una frontera intelectual que conviene preservar: la que separa una convicción legítima de un dogma administrativo. La primera acepta el contraste de pareceres; el segundo aspira a clausurarlo. Una sociedad libre necesita objetivos, pero también alternativas; necesita instituciones, pero asimismo contrapesos; necesita cooperación, pero jamás una uniformidad que pretenda reducir la pluralidad humana a un catálogo de indicadores.

La discrepancia no es una anomalía que deba corregirse, sino una garantía frente a la concentración del poder. Cuando toda objeción se interpreta como hostilidad al progreso, cuando las decisiones políticas se presentan como inevitabilidades técnicas y cuando la solemnidad de los fines pretende sustituir la comprobación de los resultados, la democracia comienza a perder uno de sus atributos esenciales: la posibilidad de cuestionar el rumbo elegido.

El verdadero progreso no consiste en someter a las naciones a una voluntad administrativa universal, sino en fortalecer su capacidad para decidir responsablemente, cooperar libremente y rectificar sin tutelas innecesarias.

La humanidad necesita instituciones internacionales capaces de afrontar los desafíos compartidos; lo que no necesita es que estas confundan su misión con un derecho ilimitado a orientar la vida de los pueblos. Ningún organismo debe erigirse en árbitro infalible del bien común, del mismo modo que ningún gobierno nacional puede invocar la soberanía para eludir sus obligaciones o vulnerar los derechos fundamentales.

El desafío de nuestro tiempo consiste, en definitiva, en encontrar el equilibrio entre la solidaridad internacional y la libertad política, entre la responsabilidad compartida y la autonomía democrática. Una cooperación digna de ese nombre no uniforma: concilia. No tutela: acompaña. No sustituye la voluntad de las sociedades: crea las condiciones para que puedan afrontar, juntas, aquello que ninguna conseguiría resolver por separado.

Porque el destino de la humanidad no puede quedar reducido a la geometría de un plan, ni la libertad de los pueblos subordinada a la perpetuación de una estructura burocrática. Las instituciones deben justificar el poder que ejercen, los gobiernos deben responder ante sus ciudadanos y los grandes proyectos internacionales deben demostrar, con hechos y no únicamente con promesas, que están al servicio de la humanidad.

Esa es la verdadera medida de una gobernanza legítima: cooperación sin sometimiento, autoridad sin impunidad y progreso sin renunciar a la libertad.