La política del engaño y la ingeniería de la confianza....La fatiga como victoria.

 

La política del engaño y la ingeniería de la confianza

La fatiga como victoria.

El poder no siempre necesita imponer silencio. A veces le basta con esperar a que el cansancio haga su trabajo. Cuando los escándalos se suceden, las crisis se acumulan y la indignación se convierte en rutina, la sociedad puede comenzar a desconectarse. Y entonces ocurre algo inquietante: nadie nos quita la libertad de preguntar, de exigir o de reaccionar; simplemente dejamos de hacerlo.

Porque cuando una sociedad se acostumbra a todo, corre el riesgo de no reaccionar ante nada. Y cuando deja de esperar respuestas, la indiferencia puede convertirse en la victoria más silenciosa de todas.

 

Hay momentos en la vida de una democracia en los que la cuestión fundamental deja de ser quién gobierna y pasa a ser otra mucho más incómoda: ¿qué mecanismos utiliza el poder para conservar la confianza de los ciudadanos cuando los hechos comienzan a contradecir el relato?

España parece haber llegado a uno de esos momentos.

Durante los últimos años, la política nacional se ha convertido en una sucesión acelerada de controversias, rectificaciones, pactos inesperados, investigaciones, enfrentamientos institucionales, acusaciones cruzadas y decisiones presentadas como imprescindibles para evitar males mayores. El ciudadano recibe una noticia, después una explicación, luego una rectificación y finalmente una nueva explicación de la anterior. Cuando esta dinámica se prolonga, la sociedad corre el riesgo de dejar de distinguir entre la gravedad de los hechos y la intensidad del ruido que los rodea. Lo extraordinario termina pareciendo cotidiano; la contradicción, normal; y el escándalo, cuando se repite demasiado, pierde incluso su capacidad de escandalizar.

El problema contemporáneo ya no es solamente la falta de información, sino su exceso. Declaraciones, entrevistas, titulares, vídeos, encuestas, filtraciones, redes sociales, desmentidos y contra-desmentidos forman una corriente prácticamente ininterrumpida. Tener más información no significa necesariamente comprender mejor. Una sociedad sometida a una permanente intoxicación informativa puede perder precisamente aquello que más necesita para juzgar al poder: serenidad, memoria y capacidad de comparación.

La propaganda moderna no necesita siempre convencer. A veces le basta con fatigar. Un ciudadano agotado contrasta menos, recuerda peor y tiende a refugiarse en el relato que confirma sus convicciones. Así aparece una paradoja inquietante: cuanto mayor es el volumen de información, mayor puede ser también la dificultad para distinguir los hechos de sus interpretaciones.

Sobre esa fatiga opera una herramienta todavía más antigua: el miedo. Una persona preocupada por su seguridad, su empleo, sus ahorros, su vivienda o el futuro de sus hijos acepta con mayor facilidad decisiones que, en circunstancias normales, sometería a discusión. La política conoce bien esta dinámica y puede utilizarla para presentar al adversario no como alguien que piensa de otra manera, sino como una amenaza.

El enemigo puede cambiar, la derecha, la izquierda, el independentismo, el centralismo, la inmigración, los poderes económicos, los jueces, los medios, Europa, Rusia, Estados Unidos o el propio adversario político, pero el mecanismo permanece: primero se construye la amenaza y después se presenta la decisión como el único remedio razonable frente a ella. De este modo se estrecha el espacio para una pregunta elemental: si existen otras soluciones.

Una democracia necesita adversarios, no enemigos. El adversario pretende gobernar de otra manera; el enemigo es presentado como alguien cuya llegada al poder justificaría cualquier sacrificio, alianza o excepción. Cuando esta lógica se impone, la discrepancia deja de ser una función normal de la vida pública y comienza a interpretarse como una forma de deslealtad.

Es entonces cuando la ciudadanía corre el riesgo de dejar de preguntar.

La urgencia y la erosión de la deliberación

La urgencia constituye una de las formas más eficaces de reducir la distancia entre la emoción y la decisión. Cuando todo debe resolverse inmediatamente, queda menos espacio para comprobar, comparar y dudar. Y cuando no hay tiempo para preguntar, la decisión queda en manos de quien controla el relato.

La Constitución reconoce el decreto-ley como instrumento legítimo en circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad. La cuestión, por tanto, no es su existencia, sino la cultura institucional que puede generarse cuando la excepcionalidad adquiere una presencia cada vez más habitual.

Una democracia parlamentaria fue diseñada precisamente para introducir controles al poder: debate, enmienda, oposición, deliberación y votación. Su aparente lentitud forma parte de las garantías del sistema. Por eso resulta políticamente relevante que decisiones de profundo alcance social puedan presentarse reiteradamente bajo el argumento de que no existe tiempo suficiente para debatirlas con normalidad.

La urgencia puede estar justificada. Lo que merece examen es su utilización recurrente como principio de gobierno. Cuanto más frecuente es la apelación a la excepcionalidad, más necesario resulta preguntar quién determina que una situación es urgente, con qué criterios y qué espacio queda para la deliberación parlamentaria.

La pregunta no constituye una deslealtad institucional. Al contrario, forma parte del control que los ciudadanos tienen derecho a ejercer sobre quienes gobiernan.

La política de la contradicción

Los gobiernos tienen derecho a rectificar. Las circunstancias cambian y la política no puede permanecer inmóvil. Pero rectificar no significa borrar la memoria.

Una rectificación responsable reconoce el cambio, explica sus motivos y asume las consecuencias de haber defendido anteriormente otra posición. Algo diferente ocurre cuando aquello que ayer era imposible se presenta hoy como imprescindible, lo que ayer era inaceptable se convierte en responsabilidad y la posición anteriormente sostenida desaparece del discurso como si nunca hubiera existido.

Cuando esta práctica se vuelve habitual, el lenguaje político deja de describir la realidad y comienza a sustituirla. El ciudadano ya no se pregunta únicamente qué ocurrió, sino cuál de las sucesivas versiones debe aceptar.

Una democracia no puede depender exclusivamente de la capacidad narrativa de quienes gobiernan. Debe poder confrontar el relato con los hechos, las promesas con los resultados y las decisiones con sus consecuencias. De lo contrario, la explicación corre el riesgo de convertirse en una forma de aplazar indefinidamente la respuesta.

El censo y la confianza electoral

Es en este contexto donde adquiere especial relevancia la cuestión de la llamada «Ley de Nietos».

La disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática abrió determinadas vías para adquirir la nacionalidad española a descendientes de españoles, incluidos supuestos vinculados al exilio. Posteriormente, el Gobierno amplió por un año el plazo inicialmente previsto para acogerse a esta posibilidad.

El asunto podría haber permanecido circunscrito al ámbito de la nacionalidad. Sin embargo, adquirió una dimensión electoral cuando cientos de miles de personas pasaron a incorporarse al universo electoral exterior.

Según los datos comunicados durante el conflicto, más de 400.000 personas habían obtenido la nacionalidad mediante esta vía. La Abogacía del Estado cifró en 369.017 los inscritos en el CERA vinculados a la Ley de Memoria Democrática y señaló que 168.896 procedían de la controvertida interpretación administrativa que presumía la condición de exiliado para determinados españoles emigrados entre 1936 y 1955.

Entonces apareció una cuestión que ya no podía considerarse meramente administrativa: ¿quiénes tienen derecho a votar?

El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente determinadas altas en el CERA hasta que se acreditase el cumplimiento de los requisitos relacionados con la condición de exiliado. La Junta Electoral Central anunció que acataría la decisión y solicitó la información necesaria para ejecutarla.

La cuestión dejó así de ser exclusivamente jurídica y pasó a afectar directamente a la confianza electoral.

Aquí conviene establecer una distinción fundamental. Los nuevos ciudadanos españoles no constituyen, por el mero hecho de haber adquirido la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática, un electorado sospechoso. Son ciudadanos y sus derechos deben ser respetados. La cuestión relevante es la seguridad jurídica y la transparencia del procedimiento mediante el cual se determina quién figura en el censo y, por tanto, quién puede ejercer el derecho de sufragio.

El censo electoral no es un simple listado administrativo. Es la representación jurídica del cuerpo electoral. Cualquier controversia sobre su composición afecta a la confianza en el resultado de unas elecciones, especialmente cuando coincide con una convocatoria electoral.

El Gobierno convoca elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026 mientras permanece abierto este conflicto sobre determinadas inscripciones del CERA. No sería correcto afirmar, sin pruebas, que las elecciones fueron convocadas para introducir esas nuevas listas. No existen elementos suficientes para convertir esa hipótesis en un hecho.

Pero tampoco sería razonable ignorar la coincidencia temporal.

Existe, además, una precisión importante: el censo aplicable a estas elecciones se cerró el 1 de agosto de 2026. La convocatoria no crea, por tanto, ese censo de manera inmediata. Lo que hace es poner en marcha un proceso electoral cuyo universo censal ya estaba configurado cuando el conflicto judicial sobre determinadas incorporaciones había adquirido plena relevancia.

Por eso la pregunta rigurosa no es si el Gobierno ha fabricado un censo electoral para ganar las elecciones. Esa sería una acusación que necesitaría pruebas. La cuestión que sí puede y debe formularse es por qué se llega a una convocatoria electoral cuando existe una controversia judicial de semejante magnitud sobre la composición y el derecho de sufragio de una parte significativa del electorado exterior.

La primera formulación acusa; la segunda exige explicaciones. Y en una democracia madura esa diferencia resulta esencial.

La confianza como condición del resultado

Las elecciones no necesitan solamente legalidad; necesitan también credibilidad. Un resultado puede ser jurídicamente válido y, sin embargo, quedar políticamente debilitado si una parte significativa de la ciudadanía considera que las reglas no han sido suficientemente claras o que no se han aplicado de forma imparcial.

Por ello, en materia electoral, la transparencia no es un elemento accesorio. Las reglas deben ser suficientemente claras para que incluso quien pierda pueda reconocer que fueron respetadas.

Aquí aparece una tentación que ningún poder debería tener: contemplar el cuerpo electoral exclusivamente como una suma de cifras. Trescientos mil, cuatrocientos mil o quinientos mil votos pueden adquirir un enorme valor en términos de aritmética electoral, pero detrás de cada inscripción existe una persona con una historia, una nacionalidad y unos derechos.

Precisamente por eso sería injusto convertir a todos los nacionalizados mediante la Ley de Nietos en un supuesto «electorado manipulado». No lo son. La cuestión no es quiénes son esas personas, sino si el procedimiento mediante el cual se determina su derecho al sufragio es transparente, uniforme y jurídicamente seguro.

Una democracia no puede convertir a una categoría de ciudadanos en sospechosos por su origen, pero tampoco puede permitir que el censo se transforme en un instrumento de ingeniería electoral. La confianza exige que las reglas sean suficientemente claras como para que ambas posibilidades queden descartadas.

La fatiga y la responsabilidad ciudadana

Quizá el elemento que termina uniendo todas estas cuestiones sea la fatiga. Un escándalo desplaza a otro, una investigación sustituye a la anterior, un decreto ocupa el lugar de otro, una acusación responde a otra y una rectificación genera una nueva rectificación. Hasta que el ciudadano, exhausto, termina diciendo: “Ya no sé qué creer”.

Existe una consecuencia todavía más grave: “Ya me da igual”.

Cuando se alcanza ese punto, el poder obtiene una victoria silenciosa. No necesita censurar al ciudadano ni impedirle votar. Basta con que consiga que deje de considerar importante hacerlo.

La respuesta no puede consistir en confiar ciegamente en un partido ni en desconfiar de todos. Consiste en conservar una cierta disciplina intelectual: separar hechos de opiniones, sospechas de pruebas, responsabilidades políticas de responsabilidades penales, nacionalidad de derecho electoral y legalidad formal de valoración política.

También exige recordar que preguntar no es una forma de traición. Quien pregunta no necesariamente pretende derribar al Gobierno; puede simplemente exigir saber qué está haciendo y por qué.

España se aproxima a unas elecciones generales en una atmósfera especialmente cargada. Existe una acumulación de controversias políticas, una ciudadanía cansada de explicaciones, una controversia judicial sobre determinadas inscripciones del CERA y un calendario electoral que obliga a resolver en un plazo reducido un problema de considerable dimensión administrativa y jurídica.

En estas circunstancias, la respuesta no debería ser la fe, sino la transparencia; no la obediencia, sino la capacidad de vigilancia; no el miedo, sino la libertad de juicio.

La cuestión última no es saber de antemano a quién beneficia electoralmente la Ley de Nietos. Eso debe demostrarse con datos y no mediante conjeturas. La cuestión previa es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, más importante:

¿Puede cualquier ciudadano confiar en que el censo electoral representa exactamente a quienes tienen derecho a votar y que las reglas han sido aplicadas de manera transparente e imparcial?

Si la respuesta es afirmativa, la controversia podrá resolverse dentro de las instituciones. Si existen dudas razonables, deberán investigarse con datos, procedimientos y resoluciones públicas, no mediante consignas.

Porque la confianza electoral no pertenece a un Gobierno, a una oposición ni a un partido. Pertenece al conjunto de los ciudadanos.

Y quizá por eso, antes de mirar la papeleta, convenga mirar las reglas que determinan quién puede depositarla.

La democracia comienza mucho antes del momento de votar: comienza cuando el ciudadano conserva la libertad de preguntar, de contrastar y de decidir sin miedo.

La pregunta no es quién tiene razón antes de las elecciones. La pregunta es si, después de ellas, todos podremos confiar en las reglas que han determinado el resultado.