El socialismo de escaparate: crecimiento para las estadísticas, pobreza para los ciudadanos

 

El socialismo de escaparate: crecimiento para las estadísticas, pobreza para los ciudadanos

Hay gobiernos que confunden gobernar con administrar la propaganda, y prosperidad con acumular cifras favorables mientras el ciudadano descubre, al pasar por caja, que su dinero vale menos y su horizonte se estrecha. La España de Pedro Sánchez ofrece, según los dos textos analizados, una contradicción difícil de disimular: el crecimiento económico proclamado desde La Moncloa convive con el deterioro de la capacidad adquisitiva, el aumento de la desigualdad y las dificultades de miles de familias para cubrir necesidades tan elementales como alimentarse dignamente o disfrutar de un ocio que no sea un lujo.

Los datos recogidos en el documento dibujan una paradoja reveladora. En 2025, el 25,7 % de la población española, 12,5 millones de personas, se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social; el 5,3 % no podía permitirse consumir carne, pescado o equivalentes cada dos días, y cerca de 700.000 niños padecían carencia material severa. Mientras tanto, el país habría sumado 1,7 millones de personas pobres y 35.500 millonarios más desde 2018. No es una prueba automática de que cada una de estas situaciones tenga una única causa política, pero sí un severo interrogante sobre la eficacia social del modelo económico que el Gobierno presenta como ejemplar.

La segunda contradicción reside en la naturaleza del crecimiento. Si la expansión depende excesivamente del gasto público, la deuda y una recaudación favorecida por la inflación, mientras la productividad y la inversión privada pierden impulso, el triunfalismo se convierte en una operación de maquillaje contable. El Estado puede sostener temporalmente la demanda, pero no fabricar indefinidamente prosperidad mediante el endeudamiento. Cada euro gastado sin mejorar la productividad, la formación, las infraestructuras o la capacidad de las empresas para crear riqueza puede convertirse en una obligación trasladada al contribuyente de mañana.

Y aquí aparece la gran impostura de las políticas de pacotilla: confundir el reparto de recursos con la creación de oportunidades, la contratación formal con el empleo de calidad y la recaudación récord con el bienestar de los hogares. Cuando el trabajador soporta mayores cargas, el salario pierde poder adquisitivo y el acceso a la vivienda se convierte en una carrera de obstáculos, repetir que la economía marcha viento en popa no resuelve el problema; únicamente pretende cambiarle el nombre.

El socialismo gubernamental no puede atribuirse todos los males de España, como tampoco la oposición quedaría exenta de demostrar que sus alternativas funcionan. Pero un Ejecutivo que reivindica la justicia social debe responder por sus resultados, no refugiarse en la retórica de sus intenciones. La protección social sin una economía productiva que la sostenga corre el riesgo de degenerar en dependencia; la redistribución sin crecimiento suficiente, en disputa por una riqueza que no aumenta al ritmo de las necesidades; y el gasto sin evaluación, en clientelismo presupuestario.

La verdadera medida del progreso no es el aplauso parlamentario ni la cifra brillante de un trimestre. Es que una familia pueda llenar la cesta de la compra, que un joven acceda a una vivienda, que trabajar permita vivir con dignidad y que ningún niño vea comprometido su futuro por la pobreza de sus padres.

Un Gobierno puede maquillar los indicadores durante un tiempo, pero no puede decretar la prosperidad ni derogar las leyes de la economía. Si ocho años de promesas sociales dejan tras de sí hogares más vulnerables, una deuda creciente y una productividad insuficiente, la pregunta resulta inevitable: ¿para quién funciona realmente el modelo?

Porque cuando el poder proclama el éxito mientras el ciudadano administra sus privaciones, la política social deja de ser una garantía de emancipación y corre el riesgo de convertirse en un decorado. Y ninguna consigna, por mucho que se repita, alimenta a un niño ni paga una factura.