La nueva inquisición sanitaria... Chao Cheo

 

La nueva inquisición sanitaria

o cómo el Estado decidió registrar las conciencias

No hay nada más moderno, ni más progresista, que confeccionar listas. La Historia lo demuestra: los regímenes más eficientes han sido siempre aquellos que supieron ordenar con pulcritud los nombres de los disidentes. Ahora, con la misma elegancia burocrática con que se inventaron los censos de brujas, el Estado español pretende registrar las almas díscolas del siglo XXI: los médicos objetores de conciencia frente al aborto.

El Gobierno, en su infinita benevolencia ilustrada, ha recordado a las comunidades autónomas que deben entregar, en el plazo de tres meses, el inventario de estos herejes contemporáneos -los que osan sostener que el primer principio hipocrático, primum non nocere, tiene aún vigencia-. No se trata, según nos dicen, de una persecución; es solo un “instrumento técnico de transparencia”, una suerte de catálogo del espíritu, un inventario moral a disposición del poder político.

La ironía jurídica de la libertad vigilada

La Constitución Española, en su artículo 16, reconoce la libertad ideológica y de conciencia, sin más límite que el orden público. Sin embargo, el nuevo orden público parece consistir en registrar precisamente esa libertad. Se diría que la objeción de conciencia se ha transformado, en manos del legislador contemporáneo, en un delito administrativo de sospecha.

El Gobierno, amparado en una concepción expansiva del “derecho” al aborto -que ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han reconocido jamás como tal-, decide subordinar la conciencia individual al interés político del momento. Y lo hace con la solemne retórica de la igualdad y la justicia, mientras establece un mecanismo de vigilancia que haría sonrojar al mismísimo Bentham con su panóptico.

Ética médica y teología de Estado

El juramento hipocrático, piedra angular de la deontología médica, comienza con una afirmación tajante: “Aplicaré los regímenes para el bien de los enfermos, según mi capacidad y mi juicio, y nunca para causar daño o mal a nadie”. Pero la filosofía sanitaria de nuestros tiempos ha decidido reinterpretar el bien y el mal según decreto ministerial.

El médico, otrora sujeto moral autónomo, se convierte ahora en un funcionario del dogma biomédico estatal, cuya ética se mide en términos de obediencia reglamentaria. Si objeta, será inscrito; si duda, será vigilado; si calla, quizá le concedan la indulgencia temporal de ejercer.

El principio de beneficencia -una de las cuatro columnas de la bioética contemporánea junto con la autonomía, la justicia y la no maleficencia- se ve sustituido por el principio de conveniencia política: el bien del paciente coincide exactamente con el relato del poder.

Filosofía grotesca del Estado redentor

El discurso que acompaña a este registro de conciencias es de una ironía involuntaria digna de Swift: “El respeto a la objeción de conciencia no puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres”, reza la nota gubernamental. Traducido al lenguaje llano: la libertad de conciencia será respetada, siempre que no interfiera con la obligación de traicionarla.

Nos hallamos, pues, ante una suerte de inversión semántica: el Estado ya no se limita a garantizar derechos, sino que los administra, los dosifica, los condiciona. La libertad ya no consiste en poder decir “no”, sino en aprender a decir “sí” con convicción reglamentaria.

Kant, en su Crítica de la razón práctica, recordaba que la dignidad moral radica en la capacidad de obrar según el deber que la razón dicta, no según las órdenes del poder. Pero en nuestra modernidad terapéutica, el deber moral se subcontrata al Ministerio de Sanidad. Y si algún médico osa pensar por sí mismo, se le invita amablemente a figurar en un registro público, no sea que su conciencia contagie a otros.

De la razón de Estado a la sinrazón moral

No se trata de un debate sobre el aborto, sino sobre algo más profundo: la soberanía de la conciencia frente al aparato político. Cuando el Estado reclama el derecho de registrar las convicciones morales de sus ciudadanos, cruza el umbral del constitucionalismo liberal y entra en el terreno resbaladizo del totalitarismo administrativo.

Lo grotesco del asunto no reside solo en la medida, sino en su envoltorio moralista: el poder que dice “defender derechos” al mismo tiempo que exige saber quién podría ejercer los suyos.

Así, el médico objetor, ese relicto ético que aún cree que la vida merece un respeto incondicional, se convierte en sospechoso; y el poder que lo señala se erige, irónicamente, en juez de la conciencia.

Quizá, dentro de unos años, cuando se revisen los archivos de esta nueva inquisición sanitaria, alguien lea los nombres de aquellos médicos y recuerde que, incluso bajo decreto, hubo quienes siguieron pensando por sí mismos.

Porque, al final, ninguna lista negra ha logrado nunca lo que la libertad de conciencia logra en silencio: resistir.