“La
verdad bajo instrucción fiscal - Crónicas jurídicas de un futuro posible”
El
siglo de las certezas improbables
Corre el año 2040. La
humanidad ha sobrevivido a tres pandemias, dos guerras de información y una
reforma judicial que convirtió al Ministerio Fiscal en una suerte de demiurgo
procesal. El viejo principio de separación de poderes, como las mascarillas del
COVID o los billetes en papel, se guarda en museos institucionales bajo la
etiqueta de “reliquia democrática”.
Las catástrofes del pasado -el
11S, el 11M, el COVID o la DANA de 2025 que arrasó media península- ya no se
estudian como hechos trágicos, sino como “sucesos gestionados”. La semántica
jurídica se depuró para no ofender al azar: nadie es culpable, todos son parte
del protocolo.
El
nacimiento del “Estado de la tutela judicial”
La llamada Ley Bolaños de
Enjuiciamiento Criminal, aprobada con solemnidad cuasi teocrática, prometía una
justicia “más ágil”, “más eficaz” y, sobre todo, “más coordinada”. En la
práctica, significó que el fiscal -nombrado por el Gobierno, pero “autónomo”-
podía instruir causas, dirigir a la UCO, y tomar decisiones que, salvo
afectaran a derechos fundamentales, no podían recurrirse
El juez de garantías,
reducido a figura decorativa, se convirtió en el nuevo notario de la sospecha.
No investigaba: ratificaba. Su función era confirmar que el procedimiento
mantenía el tono narrativo correcto para el boletín oficial.
Las
nuevas narrativas del poder y la verdad procesal
En este nuevo orden
jurídico, las investigaciones sobre tragedias globales adquirieron un matiz
casi literario. Cuando en 2035 aparecieron “nuevos testimonios” que vinculaban
ciertos atentados y pandemias con errores administrativos, la instrucción se
resolvió con un comunicado fiscal:
“No procede la persecución penal. La
verdad, como la ciencia, no admite recurso.”
La Fiscalía, fiel a su nueva
misión pastoral, no investigaba culpables sino narrativas alternativas. El
Derecho se transformó en sociología aplicada del consenso. Las víctimas fueron
reemplazadas por “afectados”; los responsables, por “agentes involuntarios del
sistema de riesgos”.
Antropología
del proceso y la burocracia moral
Desde la antropología
jurídica, este fenómeno representó el retorno del chamán institucional. El
fiscal-instructor asumió el rol de mediador simbólico entre el orden político y
el imaginario social del delito.
El proceso penal dejó de ser
un ritual de justicia y pasó a ser un acto de exorcismo social: eliminar el mal
no castigando, sino reinterpretando.
Sociológicamente, la
ciudadanía aceptó la reforma con la resignación del contribuyente digital: “si
tarda menos, será mejor”. El sistema judicial se volvió un algoritmo de
eficiencia moral, donde la verdad empírica se subordinaba a la verdad útil.
La
ironía del progreso judicial
Mirando hacia atrás, uno
comprende que la historia del Derecho no avanza en línea recta, sino en
espiral: cada giro promete modernidad, pero termina donde comenzó, solo con
mejores servidores y peor memoria.
En este futuro hipotético -aunque
demasiado verosímil-, la Ley de Enjuiciamiento Criminal del PSOE no solo reconfiguró
el proceso penal, sino también el concepto mismo de justicia. Porque cuando la
instrucción pasa a manos del poder político, la verdad deja de ser un hallazgo
para convertirse en una versión oficial.
Y como recordaba un viejo
jurista cínico de nuestro tiempo:
“Cuando el fiscal investiga al Gobierno
y el Gobierno nombra al fiscal, el proceso deja de ser penal y pasa a ser
protocolario.”
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