Leyes que no defienden la propiedad privada y acarician el delito... pa quererte

 

Leyes que no defienden la propiedad privada y acarician el delito.

En España, el marco legal actual sobre vivienda y okupación es el resultado de diferentes leyes aprobadas por distintos bloques políticos, con visiones contrapuestas sobre la protección de la propiedad y los derechos sociales:

1. Ley de Vivienda (Ley 12/2023)

Esta es la norma más señalada por los críticos de la actual política de vivienda. Introduce mayores requisitos para los desahucios, especialmente cuando el ocupante se encuentra en situación de vulnerabilidad. 

Grupos políticos que la aprobaron: Fue impulsada por el Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) y contó con los apoyos clave de ERC y EH Bildu.

Controversia: Sus críticos sostienen que dificulta el desalojo de "inquiokupas" (inquilinos que dejan de pagar) al exigir trámites previos de mediación y acreditación de vulnerabilidad antes de iniciar el desahucio. 

 

2. Prórroga de la suspensión de desahucios (2025)

Mediante decretos-ley, el Gobierno ha prorrogado de forma sistemática la suspensión de desahucios y lanzamientos para personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta finales de 2025. 

Impulsores: El actual Gobierno (PSOE y Sumar). Aunque originalmente era una medida temporal por la pandemia, se ha mantenido vigente a través de sucesivos acuerdos parlamentarios con socios habituales (ERC, Bildu).

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3. Reformas para endurecer la ley (Ley 1/2025)

Por el contrario, a lo largo de 2025 se han aprobado o tramitado reformas para revertir situaciones de impunidad, especialmente frente a la multirreincidencia y el allanamiento. 

Ley "Antiokupa" (Ley Orgánica 1/2025): Establece el sistema de juicios rápidos para desalojar en un máximo de 15 días y endurece las penas para grupos organizados y reincidentes.

Grupos políticos: Esta reforma ha sido impulsada principalmente por el PP, logrando en ocasiones el apoyo de grupos como PNV, Vox o Junts para forzar su tramitación.

 

Acuerdo contra la multirreincidencia (Diciembre 2025): 

Recientemente, PP, PSOE y Junts alcanzaron un acuerdo para endurecer el Código Penal, permitiendo que los antecedentes por delitos leves (como hurtos o usurpaciones leves reiteradas) computen para imponer penas de prisión. 

Resumen de posturas

Bloque	Partidos	Visión principal
Gubernamental / Izquierda	PSOE, Sumar, ERC, Bildu	Priorizan la protección del derecho a la vivienda y la vulnerabilidad social sobre la celeridad del desalojo.
Oposición / Centroderecha	PP, Vox, Junts, PNV	Defienden el endurecimiento penal, el desalojo exprés y la protección reforzada de la propiedad privada.

 

El acuerdo más reciente y relevante entre EH Bildu y el Gobierno del PSOE (Pedro Sánchez), anunciado el 22 de diciembre de 2025, consiste en la prórroga por un año más del denominado "escudo social" para el ejercicio 2026. 

Los puntos clave de este pacto son:

·      Veto a los desahucios: Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la prohibición de desahuciar a familias en situación de vulnerabilidad económica que no tengan una alternativa habitacional.

·      Cortes de suministros: Se mantiene la prohibición de interrumpir el suministro de agua, gas y electricidad a los consumidores vulnerables durante todo el próximo año.

·      Alquileres: El acuerdo incluye medidas para evitar subidas abusivas y proteger los contratos de alquiler vigentes para este colectivo.

·      Impacto económico: Se estima que el mantenimiento de estas medidas sociales tendrá un coste aproximado de 7.900 millones de euros, lo que afectará a las previsiones de déficit para 2026. 

Otros acuerdos relevantes en 2025

Además de esta prórroga social, a lo largo de 2025 y finales de 2024 se han consolidado otros pactos estratégicos:

·      Reforma de la "Ley Mordaza": En octubre de 2024 (con desarrollo parlamentario en 2025), pactaron sustituir la actual Ley de Seguridad Ciudadana por una nueva norma que elimina el uso de pelotas de goma, reduce las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y modifica las devoluciones en frontera.

·      Presupuestos de Pamplona: EH Bildu logró sacar adelante las cuentas municipales de 2025 con el apoyo del PSN-PSOE, consolidando la colaboración iniciada tras la moción de censura en la ciudad.

·      Política Penitenciaria: Aunque el Gobierno lo enmarca en la gestión ordinaria, se han hecho públicos informes que vinculan el apoyo parlamentario de Bildu con el acercamiento y traslado de presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra. 

Este bloque de acuerdos permite al Gobierno de Sánchez PSOE/SUMAR asegurar la estabilidad parlamentaria necesaria para agotar la legislatura, mientras que Bildu logra influir directamente en la agenda social y territorial del Estado.