El que sostiene no debe obedecer
Sobre el Pacto de Marrakech, la soberanía popular y el derecho a
disentir de quienes financian el Estado
"Un
gobierno es legítimo en la medida en que sirve a quienes lo sostienen, no en la
medida en que obedece a quienes lo presionan desde fuera."
I. El
pacto y su naturaleza
En diciembre de 2018, en Marrakech, 164 estados suscribieron el
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, impulsado por
Naciones Unidas bajo la presidencia de António Guterres. Sus promotores se
apresuraron a aclarar que no es vinculante en derecho internacional: un
compromiso político, no un tratado. Esta distinción, lejos de restar
importancia al documento, revela algo más profundo sobre cómo funcionan hoy las
presiones normativas globales.
Lo no vinculante no es lo inocuo. Los acuerdos políticos
internacionales generan lo que los juristas llaman soft law: marcos de
referencia que condicionan la legislación nacional, la jurisprudencia de los
tribunales y, sobre todo, el discurso público dentro del cual se mueven los
gobiernos. En la práctica, un estado que se desvía de sus compromisos de
Marrakech recibe presión diplomática, crítica institucional y una narrativa que
lo presenta como incivil o retrógrado. La coacción existe; simplemente no lleva
firma.
II.
¿Quién sostiene el Estado?
Existe una categoría de ciudadano que raramente aparece en los
debates sobre migración: el contribuyente neto. No en sentido exclusivamente
fiscal, aunque ese componente es real, sino en sentido más amplio: quien
trabaja, cotiza, paga impuestos, utiliza los servicios públicos de forma
moderada y, generación tras generación, ha construido y mantenido las
instituciones que hoy se ofrecen universalmente.
Esta persona, sea obrero, funcionario, autónomo, profesional. no
tiene nombre propio en el debate político. Aparece como dato estadístico en los
presupuestos, pero raramente como sujeto político con intereses legítimos que
defender. Sin embargo, es precisamente sobre sus espaldas sobre las que recae
el coste real de cualquier política pública: la sanidad que se satura, la
vivienda que escasea, la escuela que cambia de idioma sin consulta, la lista de
espera que se alarga.
III.
El problema del consentimiento
La cuestión central no es si la migración es buena o mala, puede
ser ambas cosas según el contexto, sino quién decide y bajo qué mandato. El
Pacto de Marrakech fue negociado por representantes diplomáticos ante
organismos internacionales, en procesos alejados del escrutinio electoral
ordinario. Ningún ciudadano europeo fue consultado. Ningún parlamento nacional
ratificó el texto como tratado, porque técnicamente no lo es. Y sin embargo,
sus objetivos, facilitar la movilidad, despenalizar la migración irregular como
categoría estigmatizante, comprometer recursos estatales, se han incorporado de
facto al imaginario normativo de los gobiernos occidentales.
Esto plantea un problema de legitimidad democrática elemental.
En las democracias liberales, el principio básico es que quienes soportan las
consecuencias de una política deben tener voz efectiva en su diseño. El
contribuyente que financia el sistema sanitario tiene, por ese mismo hecho, un
derecho moral a opinar sobre quién accede a él y en qué condiciones. Ese
derecho no es étnico ni excluyente; es funcional. Es el mismo principio que
justifica que los accionistas voten en las juntas de las empresas que
sostienen.
IV. La
invasión ideológica sin fronteras
Hay un fenómeno paralelo al de los flujos migratorios que merece
igual atención: la migración de marcos ideológicos. El lenguaje del Pacto de
Marrakech,"migración como derecho", "narrativas negativas que
deben combatirse", "facilitación del acceso a servicios", no es
neutral. Es una forma de estructurar el debate que convierte en ilegítima
cualquier restricción y en obligación moral cualquier apertura. Este marco se
instala en medios, universidades, organismos y tribunales antes de que ningún
ciudadano haya podido valorarlo y aceptarlo o rechazarlo.
El filósofo comunitarista Michael Walzer argumentó, en Spheres
of Justice, que cada comunidad política tiene derecho a determinar
su composición, porque sin esa capacidad no existe comunidad política real,
sino solo un territorio administrado por otros. No se trata de hostilidad al
extranjero; se trata de la condición mínima para que el autogobierno sea algo
más que una formalidad.
V. El
derecho a disentir
Quien sostiene el Estado tiene derecho a disentir de los
acuerdos que sus gobiernos firman en su nombre sin consultarle. Ese disenso no
necesita justificarse como xenofobia ni como falta de solidaridad. Puede
articularse como lo que es: una exigencia de que las políticas públicas
respondan a quien las financia, y de que los compromisos internacionales no se
utilicen para eludir el debate democrático interior.
La democracia no es un mecanismo para ratificar los consensos de
las élites globales; es un mecanismo para que los ciudadanos corrientes puedan
cambiar de rumbo cuando sienten que las cosas no funcionan. Un sistema que
blinda sus políticas migratorias detrás de acuerdos internacionales "no
vinculantes" y marcos ideológicos que criminalizan el desacuerdo no está
siendo generoso: está siendo antidemocrático.
Conclusión
El Pacto de Marrakech no es el origen de todos los problemas,
pero sí un ejemplo ilustrativo de cómo se construyen obligaciones sin mandato
popular. Quienes sostienen el Estado con su trabajo, sus impuestos y su
participación cívica, no tienen por qué aceptar sin más que su esfuerzo sea
redistribuido según parámetros decididos en negociaciones diplomáticas a las
que no fueron invitados.
Exigir
control democrático sobre la política migratoria no es negar la humanidad de
nadie. Es afirmar que la soberanía popular, incluso cuando es incómoda, incluso
cuando produce respuestas que disgustan a los organismos internacionales, sigue
siendo la única fuente de legitimidad que una democracia tiene. Y que quien
paga la factura tiene derecho, al menos, a ver el menú antes de que llegue.
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