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ESPAÑA CRECE: EL GRAN FAROL

Cuando el Gobierno anuncia 120.000 millones que el marco jurídico no le permite gastar

 

En enero de 2026, el Presidente del Gobierno anunció el Fondo «España Crece» con una dotación de 10.500 millones de euros y la promesa de movilizar hasta 120.000 millones. En abril, el Ministro de Economía afirmó que las transferencias comenzarían «en las próximas semanas». Hay un problema: España lleva años sin presupuestos aprobados. Y sin presupuestos, ese dinero no puede gastarse legalmente.

1. El presupuesto prorrogado: una jaula jurídica

España opera desde hace años con los presupuestos prorrogados automáticamente. La Constitución (art. 134.4 CE) y la Ley General Presupuestaria (art. 38 LGP) son claras: si no se aprueban nuevos presupuestos antes del 1 de enero, rigen los del año anterior. Solo los del año anterior. Solo el presupuesto inicial aprobado, no las modificaciones posteriores.

Eso significa que el Gobierno no puede crear nuevas políticas de gasto. No puede asignar partidas que no existían antes. No puede comprometer fondos para proyectos de nueva creación. La prórroga no es una palanca para gobernar con amplitud: es un corsé administrativo para mantener el Estado en funcionamiento mínimo.

El Fondo «España Crece» no es una continuación de nada anterior. Es una política nueva, con nuevas partidas, nuevos compromisos plurianuales y nuevos avales. No cabe en el presupuesto prorrogado. No hay hueco legal para él.

2. Los atajos jurídicos y por qué no funcionan

El Gobierno conoce esta restricción. Por eso sus asesores exploran vías alternativas. Hay cuatro grandes opciones, y ninguna resuelve el problema de raíz:

a) Créditos extraordinarios: el camino correcto que no quieren recorrer

La única vía jurídicamente sólida para crear gasto nuevo sin presupuestos es aprobar créditos extraordinarios mediante ley orgánica en el Congreso. Es decir: pedir permiso al Parlamento. Pero el Gobierno lleva años incapaz de obtener mayorías para aprobar unos presupuestos completos. Si no puede lo más, difícilmente puede lo menos. El instrumento correcto es políticamente inaccesible. Eso lo dice todo.

b) El Real Decreto-ley: la válvula de escape convertida en costumbre

El artículo 86 de la Constitución permite al Gobierno aprobar normas con rango de ley en situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad». En teoría, es una herramienta excepcional. En la práctica, este Gobierno la ha convertido en el método ordinario de gobierno.

El problema es doble. Primero, el Tribunal Constitucional exige que la urgencia sea real, concreta y justificada, no un comodín retórico. Segundo, el RDL no puede sustituir un debate presupuestario completo ni puede usarse para financiar una política estructural como la que pretende ser «España Crece». Usarlo así no es un atajo: es una puerta a la inconstitucionalidad.

Lo que el Gobierno ha hecho hasta ahora con los RDL, revalorizar pensiones, extender subsidios, tiene una justificación de urgencia mínimamente sostenible. Usarlo para financiar un fondo de 120.000 millones destinado a coinversión con capital privado sería otro nivel de abuso constitucional.

c) Transferencias internas: mover sillas en el Titanic

Las transferencias internas de crédito (art. 52 LGP) permiten reasignar dinero entre partidas existentes. No crean gasto nuevo; simplemente mueven lo que ya había. Para el Fondo «España Crece», esto es irrelevante: no se puede financiar una política de 10.500 millones robando dinero a otras partidas que ya tenían compromisos propios. Además, la Intervención General supervisa cada movimiento. No hay margen real.

d) Contratos menores y convenios: instrumentos de operativa, no de política macroeconómica

Un contrato menor tiene un techo de 40.000 euros. Un fondo de inversión pública de 10.500 millones no se construye con contratos menores. Esto no necesita mayor explicación.

3. El dinero de Europa: real pero no ilimitado

El Gobierno presenta los 10.500 millones iniciales como fondos Next Generation de la Unión Europea, lo que les otorga un respaldo diferente al del presupuesto nacional. Eso es cierto, pero parcialmente. Hay dos matices críticos que el anuncio oficial omite.

Primero: los fondos europeos no son una cheque en blanco. Están condicionados a objetivos, plazos y auditorías. Si España no los ejecuta correctamente, o los utiliza fuera de las reglas comunitarias de ayudas de Estado, la Comisión puede exigir su devolución. Sin presupuesto claro, el riesgo de incumplimiento normativo es real.

Segundo: los 120.000 millones restantes no son fondos europeos. Son préstamos del ICO y coinversión privada. El ICO puede prestar dinero, pero ese dinero tiene que devolverse. Los avales públicos son deuda contingente del Estado. Y la «coinversión privada» es una promesa, no un compromiso. Anunciar 120.000 millones como si fueran una inversión segura y disponible es, en el mejor de los casos, optimismo extremo.

4. El riesgo que nadie menciona: la opacidad estructural

El diseño del Fondo «España Crece» combina varios elementos que, por separado, son comprensibles. Juntos, crean un entorno de baja transparencia y alto riesgo de discrecionalidad.

·      Gestión a través del ICO, un instrumento financiero con menor exposición parlamentaria que un ministerio.

·      Criterios de selección de beneficiarios sin definición normativa clara.

·      Ausencia de procedimientos competitivos obligatorios y auditables.

·      Concentración de decisiones en el Ejecutivo, sin control parlamentario ex ante.

Esto no implica que el Gobierno vaya a cometer irregularidades. Pero la economía política nos enseña algo muy claro: cuando hay mucho dinero, poca transparencia y criterios discrecionales, los recursos tienden a fluir hacia quienes tienen más acceso e influencia, no necesariamente hacia quienes más los necesitan.

El Tribunal de Cuentas puede revisar después. La Intervención puede poner reparos. Pero eso es control ex post: detecta el problema cuando ya ha ocurrido. La democracia presupuestaria existe precisamente para evitar que el problema ocurra.

5. Lo que hay detrás: una mutación silenciosa del Estado

El caso «España Crece» no es una anomalía. Es el síntoma de una transformación más profunda que lleva años produciéndose. Ante la incapacidad de alcanzar mayorías parlamentarias para aprobar presupuestos, el Ejecutivo ha desarrollado una forma alternativa de gobernar la política fiscal:

Real Decreto-ley para lo urgente.

Fondos extrapresupuestarios para lo estructural.

Modificaciones presupuestarias continuas para lo ordinario.

El resultado es un modelo de «presupuesto en la sombra»: decisiones de gasto que se toman fuera del ciclo presupuestario ordinario, con menos control democrático, menos transparencia y menos rendición de cuentas.

Esto no es una acusación política. Es una descripción técnica. Y es un problema para cualquier Gobierno, de cualquier color, que funcione así.

6. Lo que debería haberse hecho

Un fondo de inversión de esta magnitud, si tiene sentido económico, merece algo más que un anuncio en un foro de inversores. Merece un debate parlamentario real. Merece una ley presupuestaria que lo respalde. Merece criterios claros, procedimientos auditables y control democrático efectivo.

Si el Gobierno no puede aprobar unos presupuestos, la solución no es gobernar sin ellos mediante instrumentos excepcionales. La solución es alcanzar los acuerdos políticos necesarios para que el Parlamento pueda ejercer su función constitucional: autorizar el gasto público.

Mientras eso no ocurra, cualquier gran anuncio de política económica debe leerse con escepticismo. No porque los objetivos sean necesariamente erróneos, sino porque los instrumentos son jurídicamente precarios.

CONCLUSIÓN: «España Crece» no es un plan económico con respaldo jurídico: es una ambición económica que choca frontalmente con el marco constitucional vigente. Sin presupuestos aprobados, sin mayoría parlamentaria y sin instrumentos legales suficientes, el Gobierno “autista” ha construido un castillo de naipes financiero. Impresionante en los titulares. Endeble en los fundamentos. El problema no es querer que España crezca. El problema es anunciar cómo se va a financiar ese crecimiento cuando la ley no lo permite.