REFERENCIA APICE

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sábado, 13 de septiembre de 2025

De la Hégira al Siglo XXI: Continuidades de la Instrumentalización Religiosa.. Tems

 



"De la Hégira al Siglo XXI: Continuidades de la Instrumentalización Religiosa"

El relato que traza una línea larga desde los orígenes del islam hasta las manifestaciones políticas contemporáneas ofrece, pese a sus limitaciones, una lectura útil para quienes buscan comprender cómo elementos religiosos, militares y políticos pueden articularse y perdurar a través de los siglos. Sostener que la religión, en tanto institución y tradición interpretada por actores concretos, puede funcionar como vehículo de poder político no es una tesis extravagante: la historia global abunda en ejemplos donde convicciones religiosas se integraron a proyectos estatales y militares. Desde esa perspectiva, el texto cumple una función legítima: alerta sobre la posibilidad de instrumentalización religiosa y sobre las continuidades ideológicas que pueden trascender épocas.

En primer lugar, el relato enfatiza la conversión del movimiento protoislámico en una estructura política tras la hégira y la consolidación en Medina. Desde un punto de vista histórico y sociológico, resulta razonable señalar que cuando una comunidad religiosa adquiere control territorial y capacidad coercitiva, sus normas religiosas pasan a desempeñar también funciones administrativas, fiscales y militares. El ejemplo de la jizya como tributo o la existencia de regímenes diferenciados para comunidades no musulmanas ilustran cómo normas religiosas pueden adaptarse a la gobernanza y al mantenimiento del orden político. Señalar esto no equivale a afirmar que la religión “es” violencia en sí misma, sino que la lógica institucional puede producir desigualdades cuando se combina con el monopolio de la fuerza.

En segundo lugar, el relato identifica la persistencia de símbolos, marcos narrativos y prácticas que distintos actores han reutilizado a lo largo del tiempo para legitimar conquistas o exclusiones. El uso instrumental de mitos fundacionales, la construcción de una identidad que distingue “adentro” y “afuera”, y la legitimación de la violencia como medio político son recursos que reaparecen en múltiples tradiciones. Reconocer estos patrones permite entender, por ejemplo, cómo movimientos contemporáneos radicales apelan a una lectura selectiva del pasado para justificar ambiciones territoriales o de poder. Esa conexión, la memoria histórica convertida en maquinaria legitimadora, es una aportación interpretativa valiosa del relato.

Además, el texto subraya factores materiales que reconfiguraron el mapa geopolítico del siglo XX y que facilitaron la reemergencia de proyectos políticos basados en la religión: los recursos energéticos y los cambios políticos en la región (naciones rentistas, revoluciones, guerras coloniales y poscoloniales). Reconocer que el hallazgo de hidrocarburos o la emergencia de regímenes teocráticos pueden proporcionar a determinadas organizaciones recursos, infraestructura y legitimidad para proyectarse internacionalmente es una observación que conecta economía política con seguridad internacional. En términos prácticos, esta lectura justifica políticas públicas que no ignoren las dimensiones económicas y ideológicas de los conflictos contemporáneos.

           “El MISMO TROPEZON CON EL ISLAM”

“Así que lo que voy a hacer ahora es condensar 1.400 años de historia islámica en cinco minutos y hacerlo lo más emocionante posible, porque no entendía el valor de la historia cuando era un infante. Pero ahora, a esta edad, aprecio la historia. Ahora entiendo por qué dicen que quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla.

Para que puedas entender por qué la civilización occidental es muy diferente al mundo islámico, necesitas comprender la historia del islam: cuando el profeta Mahoma supuestamente recibió su revelación del ángel Gabriel, y que él debía ser el último de los profetas.

A principios del año 600 comenzó a predicar en su propia ciudad, La Meca. Intentó reclutar amigos y seguidores para poder difundir su religión; lo intentó durante doce años y fracasó. Después de esos doce años solo pudo reclutar a su familia inmediata y a algunos amigos, así que decidió trasladarse a Medina, que era el centro judío de Arabia, el centro de negocios donde vivían los judíos.

Si iba allí y predicaba su religión, si lo aceptaban, eso le daría respeto y estatus entre su propia gente y ellos lo reconocerían. Entonces el profeta Mahoma empezó a tomar prestado mucho del Antiguo Testamento para hacer su religión más aceptable para los judíos, para hacerla mucho más similar.

Por eso se observan muchas similitudes entre el judaísmo y el islam. Por ejemplo: los judíos no comen cerdo; los musulmanes no comen cerdo. Los judíos rezan varias veces al día; los musulmanes rezan varias veces al día. Los judíos ayunan en Yom Kipur; los musulmanes ayunan en Ramadán. Por eso empezamos a ver muchas semejanzas.

Al principio del Corán, cuando el profeta Mahoma decía todas las cosas buenas sobre la “gente del Libro”, tomó ese mensaje y fue a Medina tratando de reclutar a los judíos, hablando de cuán similares eran las dos religiones. Cuando ellos se negaron a aceptarlo y a seguirlo como el último de los profetas, fue entonces cuando se volvió contra ellos y empezó a matarlos y a expulsarlos.

Entonces el islam pasó de ser un movimiento espiritual durante los primeros doce años a convertirse en un movimiento político disfrazado de religión. Después de la hégira, cuando Mahoma fue a Medina y los judíos no lo aceptaron, se convirtió en un guerrero militar, les declaró la guerra y comenzó a expulsarlos. Judíos y cristianos se convirtieron en dhimmíes o ciudadanos de segunda clase. Solo se les permitía seguir vivos; no serían asesinados únicamente si pagaban el impuesto de protección, por lo que tenían la elección de convertirse al islam o, si querían seguir con vida, tenían que pagar la jizya o impuesto de protección, viviendo como dhimmíes en la nación islámica.

Los cristianos y judíos no podían tocar la campana de la iglesia; los judíos tampoco podían tocar el shofar; no podían rezar en público; tampoco los cristianos y los judíos podían reunirse y construir nuevas iglesias o templos. La forma en que pagaban la jizya o el impuesto de protección se realizaba en una ceremonia mensual en la que se reunían en el centro; el judío se arrodillaba y entregaba sus bienes al mulá, quien tomaba los bienes como pago por la protección, y en muchas zonas a los judíos y cristianos se les daba collares para que los usaran como recibo de que habían pagado su impuesto de protección.

Los cristianos y los judíos eran tratados como ciudadanos de segunda clase.

El islam siguió creciendo. A medida que el islam se expandía, más personas se convertían en dhimmíes. A los judíos y cristianos se les dio ropa identificable: la estrella amarilla que muchos piensan que es una invención alemana en el siglo XX fue, según algunas fuentes, una medida de identificación en el siglo IX en Irak bajo el califa al-Mutawakkil. Se la hizo llevar para identificar a los judíos al caminar por la calle; se les consideraba impuros, y si un hombre musulmán y un judío caminaban por el mismo lado de la calle, el judío debía cruzar al otro lado para que el musulmán no se ensuciara con la supuesta inmundicia del judío.

A los cristianos se les impuso otro distintivo, una cinta o cinturón, que a muchos hombres les resulta familiar hoy en día. El islam continuó creciendo. Llegaron hasta Jerusalén y la conquistaron. A los cristianos no se les permitía tocar las campanas de sus iglesias en Jerusalén.

El Papa en Roma, en 1090, preguntó a los cristianos cómo podían quedarse de brazos cruzados y permitir que sus hermanos sufrieran; por eso se lanzaron las Cruzadas. Las Cruzadas no se lanzaron simplemente porque los cruzados quisieran levantarse una mañana e ir a convertir a un montón de musulmanes o decapitarlos.

Las Cruzadas se lanzaron para liberar Jerusalén; lograron liberarla durante menos de cien años, antes de que Saladino la recuperara y Jerusalén quedara bajo control islámico.

Hasta 1967, cuando el Estado de Israel liberó Jerusalén, cristianos, judíos y musulmanes podían rezar bajo el mismo cielo. Los cruzados continuaron luchando contra el islam durante 300 años y fracasaron.

Para el año 1300 los cruzados habían desaparecido porque no pudieron vencer al islam. El islam continuó expandiéndose. Llegó hasta Europa Central; llegó hasta China; fue a la India; conquistó España, cambiando el nombre de España a al-Ándalus. A medida que conquistaban más naciones, más personas pagaban la jizya o impuesto de protección, y así fue como creció el imperio islámico. Llegaron hasta que fueron detenidos en las puertas de Viena el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, no es una fecha que Osama Bin Laden eligió al azar. El 11 de septiembre es una fecha simbólica en el calendario islámico

Para el año 1600, el islam había cubierto más superficie terrestre que el Imperio Romano en su apogeo. Entre 1600 y 1800, los europeos experimentaron la revolución industrial, que les permitió inventar productos en líneas de fábrica, obtener ingresos y vender productos; esto a su vez les dio los recursos para construir ejércitos fuertes y luchar contra los musulmanes, lo que les permitió detenerlos en las puertas de Viena.

El imperio islámico terminó en 1924: el califato islámico terminó en Turquía por iniciativa de Mustafa Kemal Atatürk, quien era secularista. Él disolvió el imperio islámico y otorgó a las mujeres el derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho a trabajar y a elegir marido. Prohibió que las mujeres usaran el hiyab; prohibió que los hombres llevaran barba. Muchos musulmanes lo odiaron y lo consideraron influido por otras religiones; circularon rumores sobre su origen y linaje.

El Califato Islámico había existido durante 1400 años y terminó hace menos de 100 años para cuando el Califato Islámico terminó en 1924. Con estimaciones de varios millones de personas en todo el mundo habían sido asesinadas por el Islam. Increíblemente y no tenían armas de destrucción masiva ni había armas nucleares. Todas estas personas fueron asesinadas masacradas a espada. La gente en el mundo desde hace menos de cien años: ¿cuántas personas conocían esta historia?

Nosotros, en los países occidentales, hemos fallado en educar a nuestros hijos sobre la historia. En la secundaria, si preguntas a un joven de 16,17 o 18 años sobre la Segunda Guerra Mundial, muchos ni siquiera pueden decirte qué pasó en ella. Para ellos es historia antigua, y aún tenemos veteranos de la Segunda Guerra Mundial caminando entre nosotros. Así de poco sabemos de historia.

El islam terminó en 1924 con el califato. La gente pensaba que el islam o el califato nunca serían resucitados; que el califato nunca volvería. Pero ocurrieron dos hechos en Oriente Medio en el siglo pasado que permitieron a los islamistas resucitar la idea del califato. La primera fue el descubrimiento de petróleo en Arabia Saudita, que, una vez descubierto, permitió a ciertos grupos controlar recursos energéticos y utilizar esos recursos políticamente. Y la segunda fue la llegada al poder del ayatolá Jomeini en 1979. Eso le dio a los islamistas dinero y cobertura espiritual para proyectarse en el escenario mundial. La gente dice que algunos países exportaron una forma radical de religión; sin embargo, los grupos salafistas u otros no son necesariamente una secta distinta del islam; ellos proclaman seguir la predicación que, según su interpretación, es la auténtica del profeta Mahoma, la forma en que él vivió y practicó su religión. Por eso, según su punto de vista, ni tú ni yo ni ningún “infiel” podemos poner un pie en La Meca, porque para ellos nosotros somos impuros y, como infieles, no se nos permite entrar; ni al presidente Obama ni a nadie más.

De hecho, Al Qaeda solía usar a Arabia Saudita y su éxito como excusa para reclutar miembros, mostrando cómo, según ellos, Alá había bendecido a Arabia Saudita por adherirse a los principios del islam. Hoy hablamos de ISIS. ISIS no es una invención nueva: resucitó la noción del califato que terminó hace menos de cien años. Sin embargo, somos demasiado ignorantes y desinformados para comprender por qué ISIS hace lo que hace y por qué tiene éxito.

Hay dos cosas que necesitas entender sobre el islam y los principios de la guerra en el islam. Una es la táctica de engaño, que describe la posibilidad, según algunas interpretaciones, de utilizar la astucia en la guerra o en la diplomacia. La segunda cosa es lo que el texto llama el principio del tratado de paz como estrategia de guerra, tomando como ejemplo un episodio en la vida del profeta Mahoma: el texto relata que Mahoma atacaba a los mequíes y sus caravanas cuando vivía en Medina; en una ocasión firmó un tratado de diez años con ellos, lo usó durante dos años para fortalecer su ejército y, cuando creyó estar lo suficientemente fuerte, rompió el tratado y atacó, conquistando La Meca en un corto plazo. Según el texto, esto se convirtió en un principio de guerra en el islam.

Para ejemplificar cómo se aplican estos principios hoy, el texto afirma que cualquier tratado firmado con Irán no significaría nada para ellos, y pone como ejemplo a Yasser Arafat, quien, siendo musulmán pero no islamista, se reunió con los israelíes y firmó los Acuerdos de Oslo en 1993. Según el texto, Arafat utilizó el tratado para lograr que Israel le devolviera territorio, financiara su ejército, entrenara su policía y le entregara armas; ocho años después rompió el acuerdo y declaró la segunda Intifada en el año 2000. El texto relata que Arafat se refería con “la judería” a una táctica de engaño que, según el autor original, resultó comprensible para el mundo musulmán pero no para Occidente ni para muchos israelíes.

Yasser Arafat, según el documento, utilizó el tratado de paz para ganar y engañar a su enemigo; el texto explica que cuando la prensa jordana o egipcia preguntaba a Arafat cómo pudo firmar un tratado con “los judíos”, la respuesta fue “recuerda la judería”, y el autor sostiene que el mundo musulmán entendía a qué se refería.

Así que, según el documento, cuando Irán firma un tratado de diez años con Estados Unidos, los estaría usando como tontos útiles; como personas crédulas e ignorantes, firmamos tratados de paz pensando que solucionamos problemas cuando, según esta visión, los firmantes persiguen otros fines. Por eso, se concluye que es muy importante ser prudente sobre a quién vamos a elegir como líderes en los países occidentales en los próximos años”.

Finalmente, desde una perspectiva pedagógica y de opinión pública, el relato funciona como un llamado a la educación y la formación crítica. Si la afirmación central es que el desconocimiento de la historia contribuye a repetir errores, entonces fomentar alfabetización histórica y geopolítica se convierte en una prioridad. Advertir de amenazas potenciales, exponer episodios de violencia del pasado y analizar estrategias de movilización ideológica no constituyen per se actos de hostigamiento: pueden ser elementos necesarios para diseñar respuestas de seguridad y políticas de integración que sean informadas y realistas.

En resumen, apoyar el relato desde un punto de vista analítico no equivale a validar afirmaciones groseras o deshumanizadoras, sino a reconocer que existe un núcleo problemático en su tesis: la posibilidad real de que religiones organizadas, en contextos de poder y escasez, sean utilizadas para fines políticos y militares. Comprender esa posibilidad ayuda a desarrollar políticas preventivas, herramientas educativas y análisis estratégicos más sólidos

El rating cautivo: S&P descubre la España resiliente (aunque las cuentas sigan en el armario)… Ocean drive

 


 “El rating cautivo: S&P descubre la España resiliente (aunque las cuentas sigan en el armario)”

La valoración soberana de un Estado por parte de las agencias de calificación constituye un elemento de enorme influencia en los mercados financieros. España, inmersa en tensiones judiciales y arbitrajes internacionales por incumplimientos en el pago a inversores de energías renovables, sigue siendo objeto de escrutinio por parte de S&P Global Ratings. Dos informes recientes, el de 14 de marzo de 2025, que mantiene la calificación en A/A-1, y el del 12 de septiembre de 2025, que eleva la nota a A+, ilustran tanto la coherencia metodológica como las contradicciones estratégicas de esta agencia en su valoración del riesgo país.

Ambos informes comparten una serie de diagnósticos:

Crecimiento económico superior al promedio europeo: España se mantiene como una de las economías más dinámicas de la eurozona, con proyecciones de crecimiento en torno al 2-2,6% anual, frente al estancamiento de países como Francia o Alemania.

Persistencia del elevado endeudamiento público: La deuda sigue en torno al 100% del PIB, con trayectorias de reducción modestas hacia 2028, muy por debajo de las mejoras logradas por Portugal o Grecia.

Resiliencia externa: Ambos documentos destacan el desapalancamiento privado y los superávits por cuenta corriente como factores clave de la estabilidad financiera.

Debilidad institucional: Se subraya la fragmentación política y la incapacidad de aprobar presupuestos desde 2023, lo que limita las reformas estructurales y deja a España en un marco de política fiscal reactiva, más que planificada.

Mercado laboral dinámico pero aún frágil: La dualidad persiste pese a mejoras en la contratación indefinida; el desempleo sigue muy por encima de la media de la OCDE.

Las divergencias entre marzo y septiembre se centran en la interpretación del balance externo y sus implicaciones crediticias:

·      Informe de marzo (A/A-1, perspectiva estable):

Predomina la cautela. S&P reconoce el dinamismo de las exportaciones y la inmigración, pero insiste en que la deuda pública es un lastre.

Advierte de los riesgos derivados del gasto en defensa, de la volatilidad internacional y de la fragilidad institucional.

Señala que la consolidación fiscal es insuficiente y que España no aprovecha plenamente su ciclo expansivo para reducir deuda.

·      Informe de septiembre (A+, perspectiva estable):

El tono es más triunfalista: se subraya la mejora estructural de la posición externa, con la deuda neta externa descendiendo del 150% al 130% de los ingresos por cuenta corriente en el horizonte 2028.

La calificación se eleva pese a que los desequilibrios fiscales permanecen prácticamente intactos, con un déficit que apenas baja al 3,2% del PIB en 2024 y se proyecta al 2,6% en 2028, cifras muy similares a las estimadas en marzo.

Se enfatiza un cambio cualitativo en las exportaciones: mayor peso de los servicios de alto valor añadido frente al turismo, interpretado como una transformación estructural.

En suma, mientras en marzo se pondera el riesgo fiscal y político, en septiembre se premia la resiliencia externa, incluso sin mejoras fiscales relevantes.


La disparidad de conclusiones en un intervalo de seis meses invita a una lectura crítica.

Sobrevaloración del balance externo: Si bien la reducción de la deuda externa neta es innegable, la premisa de que este proceso es irreversible resulta optimista, sobre todo en un entorno de fragmentación parlamentaria, tensiones arancelarias globales y litigios internacionales que pueden mermar la balanza de pagos.

Infravaloración del riesgo político: El reconocimiento de la parálisis presupuestaria se mantiene en ambos informes, pero en septiembre no impide la mejora de la nota. La contradicción es evidente: ¿cómo conciliar un “estancamiento político” con un alza de calificación?

Déficit de realismo fiscal: La ratio de deuda pública apenas se mueve del 100% del PIB y la consolidación es raquítica. Otras agencias, como Fitch, mantienen posiciones más prudentes, lo que revela que la decisión de S&P puede estar condicionada por factores reputacionales o de mercado más que por fundamentos fiscales.

Euforia selectiva: El informe de septiembre interpreta el crecimiento de los servicios no turísticos como prueba de un cambio estructural. Sin embargo, los datos muestran que el turismo sigue siendo dominante en la balanza de pagos. La narrativa de “diversificación” parece más aspiracional que efectiva.

Es decir la elevación de la calificación de España en septiembre de 2025 por parte de S&P plantea más preguntas que respuestas. En marzo, la agencia reconocía limitaciones fiscales, riesgo político y deuda elevada. En septiembre, con indicadores fiscales prácticamente inalterados, el énfasis cambia hacia una lectura casi celebratoria del balance externo y de las exportaciones de servicios. Esta volatilidad analítica mina la credibilidad de las calificaciones y puede interpretarse como una “tomadura de pelo” para los acreedores internacionales que litigan contra el Estado español por incumplimientos en energías renovables.

En última instancia, el contraste entre ambos informes muestra que las agencias no son oráculos neutrales, sino actores con agendas y sensibilidades cambiantes, capaces de girar el timón de su narrativa sin que los fundamentos macroeconómicos lo justifiquen plenamente.


lunes, 8 de septiembre de 2025

China y el imperio del lenguaje.......I Wasn't Enough


 “China y el imperio del lenguaje”

Este artículo analiza la transición hacia un orden mundial multipolar y la forma en que la iniciativa de gobernanza global de China se erige como una narrativa estratégica en dicho proceso. Se examinan las interpretaciones sobre la propuesta de Xi Jinping, la reacción europea, así como la posición del mundo árabe y de América del Sur. Se sostiene que China busca crear un lenguaje político propio, destinado a legitimar su liderazgo en el Sur Global, del mismo modo que Occidente impuso conceptos como “democracia liberal” o, más recientemente, discursos culturales como el “woke”. El estudio concluye que la disputa no es meramente geopolítica, sino fundamentalmente económica y normativa: quién define las categorías, las instituciones y los marcos de legitimidad en el siglo XXI.

La noción de multipolaridad ha adquirido un lugar central en el análisis de las relaciones internacionales contemporáneas. El progresivo desgaste de la hegemonía estadounidense y la emergencia de polos alternativos, China, Rusia, India, el mundo árabe y, en menor medida, América del Sur, han configurado un escenario de competencia multidireccional. En este marco, el texto “Trump multipolar” ofrece una doble clave de lectura: por un lado, el estilo unilateral y transaccional de Donald Trump como expresión de una multipolaridad sin normas; por otro, la iniciativa de Xi Jinping de una “gobernanza global más justa e igualitaria”, interpretada por diversos expertos rusos.

El presente artículo examina este debate desde una perspectiva crítica. Se argumenta que la gobernanza global china constituye menos un programa institucional concreto que una narrativa política cuyo objetivo es construir legitimidad en el Sur Global, deslegitimar el orden liberal occidental y proyectar un lenguaje propio en las relaciones internacionales.

La multipolaridad como fragmentación

La multipolaridad no debe entenderse como un “orden” estable, sino como un sistema fluido de polos de diverso tamaño que interactúan en función de intereses coyunturales. En este contexto, el estilo político de Trump representa la versión más coherente de esta lógica: desprecio hacia las instituciones multilaterales y preferencia por negociaciones bilaterales en las que Estados Unidos sigue considerándose invencible.

Sin embargo, esta estrategia, aunque eficaz en el corto plazo, genera un vacío normativo que abre la puerta a otros discursos de organización internacional. Es aquí donde se inserta la iniciativa china.

La gobernanza global de China: entre la narrativa y la estrategia

Continuidad histórica_ Se puede sostener que la propuesta de Xi Jinping constituye una actualización de los “Cinco principios de coexistencia pacífica”, formulados en los años cincuenta: soberanía, no agresión, no injerencia, beneficio mutuo y coexistencia pacífica. De este modo, China apela a la tradición para legitimar su aspiración de liderazgo.

Construcción de bloques en el Sur Global_ La iniciativa no es un plan concreto de reforma institucional, sino un marco discursivo alrededor del cual Beijing busca articular un bloque de apoyo compuesto principalmente por países del Sur Global. Su finalidad última es la transformación gradual de las normas internacionales en función de intereses chinos.

Aceptación de la realidad_ Se podría interpretar la propuesta como un “manifiesto de aceptación de la realidad”: China habría comprendido que Occidente no reformará las instituciones heredadas del siglo XX (FMI, Banco Mundial, OMC) y, por tanto, apuesta por la creación de estructuras paralelas y regionales (BRICS+, OCS+).

Autoposicionamiento global_ Por primera vez en décadas China formula un concepto holístico de gobernanza global, elevando su discurso a la categoría de narrativa universal. Lo decisivo aquí es el lenguaje político: Pekín evita términos occidentales como “multilateralismo” o “globalismo” y busca imponer su propia terminología, replicando la estrategia cultural con que Occidente introdujo categorías como “democracia liberal” o el discurso “woke” en el debate global.

Dimensión de seguridad_  Se destaca la inclusión de la seguridad global como pilar de la propuesta: rechazo de sanciones unilaterales, oposición a la ideologización económica y apuesta por la indivisibilidad de la seguridad. Este enfoque multidimensional refuerza el atractivo de la narrativa china en regiones inestables.

Europa, mundo árabe y América del Sur

La reacción europea se caracteriza por la ambivalencia: subordinación militar a la OTAN y a EE. UU., pero dependencia económica de China y energética del mundo árabe. La autonomía estratégica europea, aunque deseada, parece inalcanzable.

El mundo árabe, en cambio, percibe en la iniciativa china una oportunidad para escapar de la tutela occidental. Los países del Golfo explotan su poder energético en clave de equilibrio, mientras que el Magreb y Oriente Medio valoran el principio de no injerencia. El rechazo a sanciones unilaterales y la causa palestina fortalecen el acercamiento a Moscú y Pekín.

América del Sur enfrenta la multipolaridad desde una posición periférica: China es ya socio comercial dominante en varios países, Rusia ofrece apoyo político selectivo, y Estados Unidos mantiene su influencia financiera y seguritaria. Sin embargo, la falta de integración regional limita la capacidad sudamericana de constituirse en polo autónomo.

Dimensión filosófica: el lenguaje, la hegemonía y el autoritarismo

En la tradición filosófica clásica, Platón advertía en el Gorgias sobre la capacidad del discurso (logos) para modelar las conciencias y legitimar el poder. En la misma línea, Aristóteles distinguía entre el logos como instrumento de deliberación política y el uso sofístico del lenguaje para manipular a las masas.

Aplicado al caso chino, la iniciativa de gobernanza global puede interpretarse como un intento de apropiarse del logos internacional, creando categorías nuevas para reordenar el mundo según sus intereses. Al evitar conceptos de raigambre occidental como “multilateralismo” o “globalización”, China persigue lo que los estoicos habrían llamado hegemonikon: el centro rector que orienta no solo las acciones, sino también las percepciones y valores.

Ahora bien, este esfuerzo discursivo se enmarca en un sistema de naturaleza autoritario. A diferencia del ideal clásico de la isonomía (igualdad ante la ley) o de la polis como espacio de deliberación, el modelo chino se sustenta en un control interno férreo sobre la sociedad, la censura de disidencias y la subordinación del individuo al Estado. En términos de filosofía política, la trayectoria de China recuerda más al despotismo oriental descrito por Montesquieu que a una república aristotélica o a una politeia equilibrada.

En este sentido, la gobernanza global propuesta por Pekín no debe confundirse con un universalismo democrático, sino que constituye una proyección externa de su propio autoritarismo adaptativo: flexibilidad narrativa hacia fuera, rigidez normativa hacia dentro. Se trata de un “imperio del lenguaje” donde el poder blando se conjuga con un proyecto de supremacía normativa.

Resumiendo: “El logos autoritario: China y la nueva gobernanza global”

La gobernanza global china, más que un plan de acción, constituye una estrategia discursiva. Busca legitimar el ascenso de China, erosionar el orden liberal occidental y seducir al Sur Global mediante un lenguaje político propio. Este esfuerzo debe entenderse como parte de la lucha por el control de los significados: así como Occidente introdujo conceptos como “democracia liberal” o “woke”, China pretende construir un vocabulario internacional que naturalice su hegemonía emergente.

El debate sobre multipolaridad y gobernanza global no es, pues, meramente geopolítico. Se trata de una disputa por la redistribución del poder económico y normativo mundial, en la que cada polo compite no solo por recursos, sino también por el derecho a definir las palabras y categorías con que se nombra y ordena la realidad internacional.



domingo, 7 de septiembre de 2025

El efecto bumerán de las sanciones... Llamas del alma.

 


El efecto bumerán de las sanciones:

¿Empobrecimiento de Europa en nombre de Ucrania?

 

La Unión Europea (UE) atraviesa desde 2022 un periodo de estancamiento económico que ha abierto un intenso debate sobre las verdaderas causas de la pérdida de dinamismo en la eurozona. Si bien diversos factores estructurales influyen en esta ralentización, desde la transición demográfica hasta la rigidez de los mercados laborales, un elemento ha cobrado un protagonismo indiscutible: las sanciones económicas contra la Federación Rusa, adoptadas como respuesta a la invasión de Ucrania. Dichas medidas, lejos de debilitar de manera determinante a Rusia, han provocado un “efecto bumerán” que golpea con especial dureza a los países europeos. En este contexto surge una pregunta incómoda: ¿apoyar militar y económicamente a Ucrania con recursos europeos significa, en realidad, sacrificar la estabilidad y el bienestar de las sociedades del continente?

El corazón de la crisis europea se encuentra en el precio de la energía. Tras la imposición de sanciones a Rusia en 2022, el gas natural en Europa multiplicó su precio por 2,35 respecto al promedio del trienio anterior a la pandemia. Dado que gran parte de la industria europea, metalurgia, siderurgia, química, depende intensamente de esta fuente energética, el impacto fue inmediato: caída de la competitividad, cierre de plantas, reducción del consumo y disminución de la capacidad adquisitiva de los hogares.

A este daño directo se suman efectos indirectos de segundo y tercer orden: la contracción del consumo privado en bienes manufacturados y la transmisión de la recesión industrial de países como Alemania e Italia al resto de la eurozona, altamente integrada. Así, el “efecto bumerán” de las sanciones no es un concepto abstracto, sino un fenómeno verificable en indicadores de crecimiento, inversión y empleo.

Paradójicamente, Rusia, blanco de las sanciones, experimentó una recesión inicial en 2022, pero logró recuperar niveles de crecimiento en 2023-2024 mediante la diversificación de sus mercados hacia Asia y la sustitución de importaciones. En cambio, la UE se adentró en un ciclo de estancamiento prolongado: cinco trimestres consecutivos sin crecimiento en la eurozona entre 2023 y 2024.

Este contraste evidencia una falla estratégica: Europa castigó severamente su propio tejido productivo sin lograr un debilitamiento proporcional del adversario. La dependencia estructural de los recursos energéticos rusos era conocida de antemano, lo que plantea interrogantes sobre la racionalidad de la decisión política adoptada en Bruselas y en las principales capitales europeas.

Los países europeos muestran variaciones en la magnitud de los daños, pero todos comparten la misma tendencia. Alemania, motor industrial de Europa, entró en recesión a finales de 2022; Italia evidenció un estancamiento prolongado; y Francia, aunque más resiliente por su menor dependencia de combustibles fósiles, apenas logró sostener un crecimiento marginal del 0,5 % en 2025, tras haber agotado gran parte de sus recursos fiscales en medidas como el “escudo tarifario”.

El denominador común es claro: la política de sanciones ha generado costos fiscales, industriales y sociales que recaen directamente sobre los ciudadanos europeos, reduciendo su nivel de vida y comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas.

¿A quién beneficia el sacrificio europeo?

La cuestión crucial trasciende los datos económicos: ¿por qué los dirigentes europeos insisten en mantener y ampliar un esquema de sanciones que empobrece a sus propios pueblos? La retórica oficial alude a la defensa de valores democráticos y al apoyo solidario a Ucrania. Sin embargo, esta narrativa deja sin respuesta interrogantes fundamentales.

En primer lugar, ¿se justifica prolongar una política que compromete la competitividad industrial europea frente a Estados Unidos y Asia, cuyos mercados emergen fortalecidos de la coyuntura? En segundo lugar, ¿qué intereses ocultos, geopolíticos, financieros o estratégicos, motivan a los responsables políticos a persistir en un camino que la evidencia empírica demuestra contraproducente?

Cabe preguntarse, además, si los gobiernos europeos priorizan verdaderamente la soberanía económica del continente o si, por el contrario, aceptan un rol subordinado en una estrategia diseñada en Washington, donde la industria estadounidense se beneficia del encarecimiento energético en Europa y del debilitamiento de su competencia transatlántica.

El estancamiento económico de la Unión Europea desde 2022 no puede entenderse sin atender al efecto devastador de las sanciones contra Rusia. Lejos de constituir un instrumento de presión eficaz, estas medidas se han convertido en un factor central del empobrecimiento europeo, debilitando a sus industrias, erosionando el poder adquisitivo de los hogares y tensionando los presupuestos estatales.

Apoyar a Ucrania mediante la prolongación de un conflicto y el sacrificio económico de millones de ciudadanos europeos plantea un dilema ético y político de primer orden. La verdadera pregunta que debe formularse la sociedad europea es clara: ¿Quién gana realmente con este sacrificio y por qué los líderes políticos ocultan las motivaciones últimas de una estrategia que mina el futuro económico de Europa?




viernes, 5 de septiembre de 2025

La paradoja del fiscal general.... Los ojos no mienten

 


La paradoja del fiscal general: poder, habitus institucional y crisis de legitimidad

La permanencia en el cargo de un fiscal general procesado por revelación de secretos constituye un fenómeno que, más allá de su singularidad jurídica, debe interpretarse en clave sociológica. Este episodio no puede reducirse a la trayectoria individual de Álvaro García Ortiz, sino que debe ser leído como síntoma de una crisis estructural de legitimidad institucional en el Estado español.

Siguiendo a Castells, hablamos de una “crisis de credibilidad del Estado en la esfera pública” (Castells, 2009), donde la distancia entre discurso oficial y práctica material erosiona la confianza ciudadana en el sistema.

El acto judicial como ritual fallido

La apertura del Año Judicial, presidida por el Rey en el Tribunal Supremo, constituye un ritual de reproducción simbólica del orden institucional. Según Habermas (1973), los rituales de legitimación refuerzan la adhesión social siempre que exista correspondencia entre normas proclamadas y normas aplicadas.

En este caso, la disonancia es flagrante: el fiscal general, procesado y a las puertas del juicio oral, invoca su fe en la justicia, en la verdad y en la independencia judicial. El resultado es un ritual fallido: el intento de legitimación se convierte en confirmación de la crisis. Como señalaría Bourdieu (1997), el capital simbólico del acto se invierte, generando un “efecto de desautorización” que afecta tanto a la figura del fiscal como a la institución que representa.

El silencio como capital político

La carrera de García Ortiz se explica menos por méritos jurídicos que por su capacidad de gestionar silencios estratégicos. En episodios críticos, desde la gestión política del “chapapote” hasta la filtración de información sensible, su capital político se ha construido sobre la negativa a contradecir al poder.

En términos bourdieusianos, su habitus institucional no se define por la autonomía profesional, sino por la disposición a reproducir el orden jerárquico que lo nombra y protege. El silencio se convierte así en capital político negativo, rentable en la lógica de redes de lealtad descrita por Castells: un recurso que permite ascender en un campo dominado por la interdependencia entre política y justicia.

Paradoja institucional y autorreferencialidad del sistema

La Fiscalía, como institución, se ve atrapada en una doble paradoja:

Nombramiento político vs. autonomía judicial: la autoridad del fiscal general depende de un mecanismo de designación gubernamental, lo que condiciona su capacidad para proyectar imparcialidad.

Procesamiento vs. jerarquía: el fiscal procesado mantiene superioridad jerárquica sobre quienes deberían intervenir en su causa, generando una contradicción sistémica.

Luhmann (1984) advertía que los sistemas sociales operan mediante autorreferencialidad: necesitan producir sus propias condiciones de validez. Sin embargo, aquí el sistema jurídico se sabotea a sí mismo, al permitir que el representante máximo de la legalidad sea simultáneamente objeto de procesamiento penal. La autorreferencia se convierte en autonegación.

Crisis de legitimidad en la sociedad-red

En la sociedad red (Castells, 2001), los flujos de información multiplican el escrutinio público y erosionan las estrategias clásicas de control institucional. La visibilidad del caso García Ortiz no se limita a los tribunales, sino que circula en medios digitales y redes sociales, generando una narrativa de descrédito que ningún discurso protocolario puede revertir.

La consecuencia es una crisis de legitimidad en sentido habermasiano: el déficit de credibilidad impide que los ciudadanos acepten como válidas las decisiones institucionales. En términos de confianza social, se produce un déficit de reconocimiento recíproco, en el que la ciudadanía percibe que la justicia se ejerce como extensión de la lógica partidista y no como servicio público imparcial.

Al final a tientas

El caso del fiscal general procesado no es un episodio anecdótico, sino un indicador de la desarticulación del capital simbólico del Estado de derecho en España. La coexistencia de legalidad formal y prácticas políticas de blindaje erosiona la legitimidad de las instituciones judiciales y alimenta la desafección democrática.

Como ya anticipara Castells, en un contexto de crisis sistémica “la legitimidad se desplaza de las instituciones a las redes sociales, donde la credibilidad se redefine en tiempo real”. La paradoja española es clara: cuanto más se intenta blindar políticamente a la Fiscalía, más se la expone a la desconfianza social.

El desenlace personal de García Ortiz “juicio, condena o absolución”, es secundario frente al efecto estructural: una ciudadanía cada vez más convencida de que las instituciones no representan autoridad imparcial, sino obediencia al poder político. En este escenario, la verdadera pregunta no es si un fiscal procesado puede seguir en el cargo, sino cuánto más puede resistir un Estado de derecho cuyo capital simbólico se deshace en el teatro mismo de su legitimación.


El fiscal general y la tragicomedia del “mandado”... Lujuria serena.

 


El fiscal general y la tragicomedia del “mandado”

En España, país donde los toros embisten pero la justicia se arrastra, tenemos el dudoso honor de estrenar al primer fiscal general procesado de la historia. Álvaro García Ortiz, hombre de fe (en la toga propia, no en la justicia ajena), acudió al solemne acto de apertura del Año Judicial con la dignidad del alumno que llega a clase sabiendo que lo van a pillar copiando.

Su discurso fue una pieza maestra del género “yo no soy yo, y mucho menos mi circunstancia”: afirmó creer en la justicia, en la verdad y hasta en la independencia judicial, todo mientras carga con un procesamiento por revelación de secretos. El resultado fue un espectáculo digno del Berlanga más inspirado: un rey que no puede negarle la mano, una sala de jueces que apenas aplaude y un fiscal que se defiende a sí mismo con la solemnidad del que lee un salmo.

García Ortiz pretende convencernos de que no es una “caricatura sumisa” al poder. Pero la realidad es más cruel: la caricatura lo supera. ¿Qué mejor prueba de independencia que ser nombrado a dedo por el Gobierno y blindado por él cuando la toga se mancha? Su destino no se escribe en los tribunales, sino en el BOE. La Fiscalía, dice, es “sólida y confiable”. Sólida, sí: como el cemento armado de la obediencia. Confiable, desde luego: siempre para el presidente que lo sostiene.

La paradoja es grotesca. Un fiscal general procesado debe entregar la memoria anual al Rey, que lo recibe con gesto imperturbable mientras todos saben que en unos meses podría estar sentado en el banquillo. Los jueces, por su parte, contemplan la escena como quien asiste a un sainete: indignados, pero atrapados en el protocolo que les impide hacer algo más que mirar hacia otro lado y ajustar la toga.

El caso recuerda a aquel “chapapote” político que en su día manchó las costas pero, paradójicamente, limpió la carrera de algunos silenciosos. García Ortiz aprendió entonces que el silencio es más eficaz que la oratoria. Callar cuando conviene te sube escalones; hablar de justicia cuando estás procesado te mantiene en el cargo.

Al final, lo que queda no es un defensor de la legalidad, sino un “mandado del presidente”, útil por dócil y dañino por duradero. Más que fiscal, es un notario de la decadencia institucional: la demostración de que en este país la ley se proclama en los discursos, pero se negocia en los pasillos.

Y mientras tanto, nosotros, ciudadanos, seguimos confiando en que el chapapote no alcance del todo la orilla de lo que aún llamamos Estado de derecho.


 


jueves, 4 de septiembre de 2025

Albares, el bufón en bicicleta. .....Bless Me Today

 


Albares, el bufón en Bicicleta

En el teatro de lo político, hay actores que aspiran a estadistas y otros que parecen contentarse con ser figurantes de opereta. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha decidido ensayar el papel de justiciero global, montado en bicicleta diplomática, pedaleando furiosamente contra Israel mientras finge que su manillar está conectado al eje del mundo. Sus declaraciones recientes, en las que se mostró partidario de expulsar al equipo ciclista israelí de La Vuelta, no solo delatan una preocupante confusión entre el deporte y la geopolítica, sino que además rozan terrenos pantanosos de hipocresía jurídica y cinismo moral.

Hablando sobre la politización del deporte al expulsar a un equipo de ciclismo porque su pasaporte resulta incómodo es una reinterpretación muy creativa del derecho internacional. El ministro invoca la “analogía rusa”, recordando la exclusión de Rusia de competiciones deportivas, pero olvida un detalle fundamental: Rusia invadió un Estado soberano, mientras que Israel se defiende de ataques terroristas. Pretender equiparar ambos escenarios es jurídicamente disparatado, aunque literariamente brillante: un sofisma digno de manual de retórica para aprendices de demagogos.

Más grave aún: al declarar que “no podemos seguir teniendo una relación de normalidad con Israel como si nada pasara”, el ministro roza la incitación discriminatoria, pues en la práctica traslada la culpabilidad colectiva a toda la sociedad israelí, incluyendo ciclistas cuya mayor arma es una bicicleta de carbono.

La hipocresía del “humanitarismo selectivo”

Albares presume de que España “es el país que más está haciendo por Gaza” y de haber mantenido la financiación a la UNRWA, una agencia envuelta en escándalos por vínculos con grupos radicales. Resulta pintoresco que mientras tanto se silencien las atrocidades de Hamás, un grupo terrorista reconocido por la Unión Europea, y se aplauda a quienes sabotean pacíficamente (o violentamente) competiciones deportivas en territorio español.

Aquí se incurre en una doble inmoralidad:

1.    Relativismo jurídico, pues se mide con reglas distintas a Israel y a los grupos que lo atacan.

2.  Complicidad indirecta, ya que mantener financiación sin filtros a estructuras contaminadas por Hamás puede interpretarse como un auxilio económico al terrorismo, contrario al artículo 576 del Código Penal español (colaboración con organización terrorista).

La estrategia del “Estado payaso”: símbolos sin consecuencias

El ministro se cuida de decir que la decisión final “no corresponde al Gobierno, sino a la Unión Ciclista Internacional”. He aquí el golpe maestro: pronunciarse con tono heroico sabiendo que no tiene capacidad de ejecutar lo que dice. Es la diplomacia del postureo: declarar guerras simbólicas, sabiendo que el balón (o la bicicleta) está en otra cancha. Jurídicamente, esto es irrelevante; políticamente, es irresponsable; éticamente, es puro escapismo de bufón.

Posibles delitos y extravíos jurídicos

Si se examinan las declaraciones desde un prisma legalista, podrían encajar en:

·      Delito de odio (art. 510 CP): al fomentar hostilidad contra un colectivo por su origen nacional.

·  Colaboración indirecta con terrorismo (art. 576 CP): vía apoyo a entidades contaminadas por Hamás.

·   Prevaricación internacional simbólica: figura aún no tipificada, pero que Albares cultiva con ahínco: dictar resoluciones verbales contrarias a derecho solo para complacer a su parroquia ideológica.

Diplomacia de circo con bicicleta estática

El ministro Albares nos ofrece la imagen del funambulista, que pedalea sobre una cuerda floja diplomática: mucho espectáculo, poco avance real. Su retórica contra Israel no busca soluciones, sino titulares. Mientras tanto, se banaliza el derecho internacional, se instrumentaliza el deporte y se flirtea con la complicidad hacia organizaciones terroristas.

En resumen, estamos ante un caso de hipocresía ciclista-diplomática: se pedalea mucho, pero siempre en bicicleta estática, sin llegar jamás a la meta de la justicia ni de la coherencia moral.



Garantías que matan... Cuban Love Songs

 


Garantías que matan: la normalización de la guerra en nombre de la diplomacia

La declaración colectiva de veintiséis Estados dispuestos a desplegar fuerzas en Ucrania, presentada bajo eufemismos como “garantías” o “fuerza de refuerzo”, constituye un momento político decisivo cuya gravedad no admite circunloquios. Este ensayo examina, desde la economía política, la teoría de la seguridad y la ética democrática, por qué esa decisión reproduce mecanismos de externalización del riesgo, erosiona prerrogativas del contrato social y abre un sendero de peligros estratégicos que Europa debe rehusar como política habitual. Se elogia la prudencia italiana como ejemplo de coherencia entre responsabilidad nacional y solidaridad internacional.

Eufemismos que producen realidad

En política, las palabras no son máscaras neutras: modelan expectativas y configuran comportamientos. Hablar de “garantías” o de “fuerza de reaseguro” no es lo mismo que invocar la palabra directa y áspera: guerra. Pero el lenguaje diplomático, lejos de ser mera estética, funciona como tecnología política que legitima acciones y diluye responsabilidades. Que veintiséis dirigentes se comprometan a "estar dispuestos" a desplegar fuerzas fuera de Europa no es una declaración inocua: es una semilla de normalización. Y las semillas, sembradas por las élites, florecen pronto en políticas públicas con costos reales, humanos, fiscales y geopolíticos, que pagan las sociedades.

Economía política del riesgo: ¿Quién asume la factura?

Toda política de seguridad exterior que implique fuerzas armadas es, en esencia, una decisión redistributiva entre generaciones y clases: traslada recursos (y vidas) desde el territorio doméstico a teatros lejanos. Desde la óptica de la economía política, la cuestión central no es meramente técnica (¿Cuánto costará?) sino distributiva y democrática: ¿Quién decide, quién paga y quién soporta el riesgo?

Las élites ejecutivas, en connivencia con diplomacias especializadas, disponen de mayor apelación al monopolio de la información estratégica. Esa asimetría facilita la externalización del riesgo: se comprometen vidas y presupuesto sin un debate público cuya profundidad y alcance sean comparables a la magnitud de la decisión. El resultado es doblemente injusto: las generaciones presentes y futuras absorben costes (reparaciones, atención a veteranos, redirección del gasto social) mientras que la legitimidad política de la medida queda débilmente sustentada.

Seguridad y escalada: la lógica perversa del despliegue

No existe una fuerza “inocente” en un entorno de conflicto; cualquier despliegue extranjero introduce dinamismo y fricción en una situación ya volátil. La afirmación política, frecuente en comunicados, de que no se pretende “librar guerra a tercera parte” entra en colisión con una realidad más tozuda: la presencia militar extranjera en zonas de conflicto funciona como catalizador de reacciones, malentendidos y ajustes adversos. Los antecedentes históricos abundan en ejemplos donde fuerzas de “contingente” o “reaseguro” se vieron involucradas en incidentes que escalaron.

La lógica de la escalada es simple y cruel: percepciones mutuas de amenaza, alimentadas por despliegues, ejercicios y retóricas, generan respuestas que se interpretan como preparación para ataque, lo que provoca nuevas medidas defensivas en cascada. Quienes ofrecen la “garantía” no pueden, por más que lo proclamen, controlar la interpretación que terceros hacen de su presencia.

Incentivos internacionales: alineamientos, presiones y autonomía perdida

Política internacional y economía de la seguridad se entrelazan en los incentivos que configuran las decisiones estatales. La presión entre aliados para “asumir más” o la expectativa de mantener buenos alineamientos externos puede empujar a gobiernos a adoptar posturas que no nacen de un cálculo autónomo de interés nacional, sino del deseo de preservar coaliciones o influencias. En tal escenario, la autonomía estratégica europea corre el riesgo de transformarse en mera delegación de responsabilidades y en un juego de espejos donde nadie admite ser el principal beneficiario o el principal pagador.

Ese fenómeno, hacer algo por necesidad de imagen o por presión externa, es especialmente pernicioso porque lo que se decide con urgencia es, precisamente, lo que exige reflexión pausada: criterios claros de entrada y salida, mandatos legales, y evaluación de costes.

Costes económicos y sociales: la dimensión doméstica del exterior

El despliegue y mantenimiento de fuerzas en el extranjero no es un gasto técnico sino una elección que compite directamente con necesidades sociales: educación, salud, infraestructuras, políticas climáticas. Además, la militarización parcial de la política exterior entraña efectos colaterales sobre el comercio, las cadenas energéticas y la inversión, factores que inciden sobre el bienestar agregado.

Sin un análisis costo-beneficio público, transparente y sujeto a escrutinio independiente, la decisión adquiere la forma de un acto administrativo tecnocrático que elude la deliberación democrática. No puede aceptarse que el uso de recursos escasos se realice en la penumbra de gabinetes, cuando las consecuencias afectan a la totalidad del cuerpo social.

Legalidad y precedentes: frontera entre derecho y capricho

Toda intervención que implique fuerzas armadas necesita un andamiaje jurídico robusto: mandato claro, límites temporales, supervisión parlamentaria y responsabilidad judicial. La creación de coaliciones ad hoc, sostenida por fórmulas retóricas, corre el peligro de erigir precedentes jurídicos peligrosos: mañana, cualquier crisis lejana podría transformarse en una autorización tácita para enviar vidas y recursos sin el rigor del mandato democrático.

La fragilidad institucional se convierte así en un factor de inestabilidad normativa: la normalización del recurso militar como herramienta de política exterior amplía la esfera de lo posible sin pararnos a preguntar si debe serlo.

Italia: prudencia, coherencia y moderación estratégica

En este horizonte, la posición italiana, rechazo a desplegar tropas directas combinado con medidas de apoyo no combativas, se presenta como una actitud de prudencia gubernamental que conviene elogiar por su coherencia con el deber fundamental del Estado: proteger a su población. La prudencia italiana cumple al menos tres funciones valiosas: (1) preserva la deliberación democrática evitando decisiones precipitadas; (2) mantiene abierta la puerta a formas de solidaridad no escalatorias (ayuda humanitaria, sanciones, apoyo logístico y formación fuera del teatro de operaciones); (3) introduce pluralidad estratégica en un espacio político demasiado proclive a la homogeneidad acrítica.

Elogiar la prudencia no equivale a abjurar de la solidaridad: es, por el contrario, proponer una solidaridad responsable, que no se disfraza de heroísmo improvisado ni convierte a las naciones europeas en instrumentos sacrificables de disputas entre potencias.

Recomendaciones políticas: restaurar la primacía democrática

Las decisiones sobre el uso de la fuerza deben volver a su lugar natural: el escrutinio público y parlamentario. Propongo, sin retórica, cuatro medidas mínimas:

1.     Debate parlamentario obligatorio y vinculante para cualquier compromiso de fuerzas fuera del territorio nacional.

2.   Evaluación costo-beneficio independiente y pública, con revisión por pares, antes de autorizar despliegues.

3.    Preferencia por medidas no militares o no escalatorias (sanciones coordinadas, asistencia económica, fortalecimiento defensivo no invasivo).

4.     Mandatos claros y supervisión supranacional, que limiten temporalmente cualquier misión y garanticen mecanismos de rendición de cuentas.

Epílogo: la responsabilidad de las élites

El mayor pecado político sería que la retórica humanitaria se convierta en pantalla para decisiones que trasladan riesgos esenciales a ciudadanos no consultados. La legitimidad de la política de seguridad se mide por su coherencia con la protección del bienestar colectivo. Si Europa aspira a ser un actor moral y prudente, primero debe consultar, auditar y justificar ante sus pueblos las decisiones que, en su nombre, pueden costar vidas.

La verdadera valentía política consiste en negarse a normalizar la guerra con eufemismos. Italia, al apostar por la cautela, ofrece hoy un ejemplo necesario: la prudencia no es pasividad, sino la forma más honorable de la responsabilidad pública. Europa necesita, urgentemente, más prudencia y más democracia; menos teatralidad diplomática y más claridad sobre quién paga y quién vive con las consecuencias.