La
paradoja del fiscal general: poder, habitus institucional y crisis de
legitimidad
La permanencia en el cargo
de un fiscal general procesado por revelación de secretos constituye un
fenómeno que, más allá de su singularidad jurídica, debe interpretarse en clave
sociológica. Este episodio no puede reducirse a la trayectoria individual de Álvaro
García Ortiz, sino que debe ser leído como síntoma de una crisis estructural de
legitimidad institucional en el Estado español.
Siguiendo a Castells,
hablamos de una “crisis de credibilidad del Estado en la esfera pública”
(Castells, 2009), donde la distancia entre discurso oficial y práctica material
erosiona la confianza ciudadana en el sistema.
El
acto judicial como ritual fallido
La apertura del Año
Judicial, presidida por el Rey en el Tribunal Supremo, constituye un ritual de
reproducción simbólica del orden institucional. Según Habermas (1973), los
rituales de legitimación refuerzan la adhesión social siempre que exista
correspondencia entre normas proclamadas y normas aplicadas.
En este caso, la disonancia
es flagrante: el fiscal general, procesado y a las puertas del juicio oral, invoca
su fe en la justicia, en la verdad y en la independencia judicial. El resultado
es un ritual fallido: el intento de legitimación se convierte en confirmación
de la crisis. Como señalaría Bourdieu (1997), el capital simbólico del acto se
invierte, generando un “efecto de desautorización” que afecta tanto a la figura
del fiscal como a la institución que representa.
El
silencio como capital político
La carrera de García Ortiz
se explica menos por méritos jurídicos que por su capacidad de gestionar
silencios estratégicos. En episodios críticos, desde la gestión política del
“chapapote” hasta la filtración de información sensible, su capital político se
ha construido sobre la negativa a contradecir al poder.
En términos bourdieusianos,
su habitus institucional no se define por la autonomía profesional, sino por la
disposición a reproducir el orden jerárquico que lo nombra y protege. El
silencio se convierte así en capital político negativo, rentable en la lógica
de redes de lealtad descrita por Castells: un recurso que permite ascender en
un campo dominado por la interdependencia entre política y justicia.
Paradoja
institucional y autorreferencialidad del sistema
La Fiscalía, como
institución, se ve atrapada en una doble paradoja:
Nombramiento político vs.
autonomía judicial: la autoridad del fiscal general depende de un mecanismo de
designación gubernamental, lo que condiciona su capacidad para proyectar
imparcialidad.
Procesamiento vs. jerarquía:
el fiscal procesado mantiene superioridad jerárquica sobre quienes deberían
intervenir en su causa, generando una contradicción sistémica.
Luhmann (1984) advertía que
los sistemas sociales operan mediante autorreferencialidad: necesitan producir
sus propias condiciones de validez. Sin embargo, aquí el sistema jurídico se
sabotea a sí mismo, al permitir que el representante máximo de la legalidad sea
simultáneamente objeto de procesamiento penal. La autorreferencia se convierte
en autonegación.
Crisis
de legitimidad en la sociedad-red
En la sociedad red
(Castells, 2001), los flujos de información multiplican el escrutinio público y
erosionan las estrategias clásicas de control institucional. La visibilidad del
caso García Ortiz no se limita a los tribunales, sino que circula en medios
digitales y redes sociales, generando una narrativa de descrédito que ningún
discurso protocolario puede revertir.
La consecuencia es una crisis
de legitimidad en sentido habermasiano: el déficit de credibilidad impide que
los ciudadanos acepten como válidas las decisiones institucionales. En términos
de confianza social, se produce un déficit de reconocimiento recíproco, en el
que la ciudadanía percibe que la justicia se ejerce como extensión de la lógica
partidista y no como servicio público imparcial.
Al
final a tientas
El caso del fiscal general
procesado no es un episodio anecdótico, sino un indicador de la desarticulación
del capital simbólico del Estado de derecho en España. La coexistencia de
legalidad formal y prácticas políticas de blindaje erosiona la legitimidad de
las instituciones judiciales y alimenta la desafección democrática.
Como ya anticipara Castells,
en un contexto de crisis sistémica “la legitimidad se desplaza de las
instituciones a las redes sociales, donde la credibilidad se redefine en tiempo
real”. La paradoja española es clara: cuanto más se intenta blindar
políticamente a la Fiscalía, más se la expone a la desconfianza social.
El desenlace personal de
García Ortiz “juicio, condena o absolución”, es secundario frente al efecto
estructural: una ciudadanía cada vez más convencida de que las instituciones no
representan autoridad imparcial, sino obediencia al poder político. En este
escenario, la verdadera pregunta no es si un fiscal procesado puede seguir en
el cargo, sino cuánto más puede resistir un Estado de derecho cuyo capital
simbólico se deshace en el teatro mismo de su legitimación.
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