Garantías que matan... Cuban Love Songs

 

Garantías que matan: la normalización de la guerra en nombre de la diplomacia

La declaración colectiva de veintiséis Estados dispuestos a desplegar fuerzas en Ucrania, presentada bajo eufemismos como “garantías” o “fuerza de refuerzo”, constituye un momento político decisivo cuya gravedad no admite circunloquios. Este ensayo examina, desde la economía política, la teoría de la seguridad y la ética democrática, por qué esa decisión reproduce mecanismos de externalización del riesgo, erosiona prerrogativas del contrato social y abre un sendero de peligros estratégicos que Europa debe rehusar como política habitual. Se elogia la prudencia italiana como ejemplo de coherencia entre responsabilidad nacional y solidaridad internacional.

Eufemismos que producen realidad

En política, las palabras no son máscaras neutras: modelan expectativas y configuran comportamientos. Hablar de “garantías” o de “fuerza de reaseguro” no es lo mismo que invocar la palabra directa y áspera: guerra. Pero el lenguaje diplomático, lejos de ser mera estética, funciona como tecnología política que legitima acciones y diluye responsabilidades. Que veintiséis dirigentes se comprometan a "estar dispuestos" a desplegar fuerzas fuera de Europa no es una declaración inocua: es una semilla de normalización. Y las semillas, sembradas por las élites, florecen pronto en políticas públicas con costos reales, humanos, fiscales y geopolíticos, que pagan las sociedades.

Economía política del riesgo: ¿Quién asume la factura?

Toda política de seguridad exterior que implique fuerzas armadas es, en esencia, una decisión redistributiva entre generaciones y clases: traslada recursos (y vidas) desde el territorio doméstico a teatros lejanos. Desde la óptica de la economía política, la cuestión central no es meramente técnica (¿Cuánto costará?) sino distributiva y democrática: ¿Quién decide, quién paga y quién soporta el riesgo?

Las élites ejecutivas, en connivencia con diplomacias especializadas, disponen de mayor apelación al monopolio de la información estratégica. Esa asimetría facilita la externalización del riesgo: se comprometen vidas y presupuesto sin un debate público cuya profundidad y alcance sean comparables a la magnitud de la decisión. El resultado es doblemente injusto: las generaciones presentes y futuras absorben costes (reparaciones, atención a veteranos, redirección del gasto social) mientras que la legitimidad política de la medida queda débilmente sustentada.

Seguridad y escalada: la lógica perversa del despliegue

No existe una fuerza “inocente” en un entorno de conflicto; cualquier despliegue extranjero introduce dinamismo y fricción en una situación ya volátil. La afirmación política, frecuente en comunicados, de que no se pretende “librar guerra a tercera parte” entra en colisión con una realidad más tozuda: la presencia militar extranjera en zonas de conflicto funciona como catalizador de reacciones, malentendidos y ajustes adversos. Los antecedentes históricos abundan en ejemplos donde fuerzas de “contingente” o “reaseguro” se vieron involucradas en incidentes que escalaron.

La lógica de la escalada es simple y cruel: percepciones mutuas de amenaza, alimentadas por despliegues, ejercicios y retóricas, generan respuestas que se interpretan como preparación para ataque, lo que provoca nuevas medidas defensivas en cascada. Quienes ofrecen la “garantía” no pueden, por más que lo proclamen, controlar la interpretación que terceros hacen de su presencia.

Incentivos internacionales: alineamientos, presiones y autonomía perdida

Política internacional y economía de la seguridad se entrelazan en los incentivos que configuran las decisiones estatales. La presión entre aliados para “asumir más” o la expectativa de mantener buenos alineamientos externos puede empujar a gobiernos a adoptar posturas que no nacen de un cálculo autónomo de interés nacional, sino del deseo de preservar coaliciones o influencias. En tal escenario, la autonomía estratégica europea corre el riesgo de transformarse en mera delegación de responsabilidades y en un juego de espejos donde nadie admite ser el principal beneficiario o el principal pagador.

Ese fenómeno, hacer algo por necesidad de imagen o por presión externa, es especialmente pernicioso porque lo que se decide con urgencia es, precisamente, lo que exige reflexión pausada: criterios claros de entrada y salida, mandatos legales, y evaluación de costes.

Costes económicos y sociales: la dimensión doméstica del exterior

El despliegue y mantenimiento de fuerzas en el extranjero no es un gasto técnico sino una elección que compite directamente con necesidades sociales: educación, salud, infraestructuras, políticas climáticas. Además, la militarización parcial de la política exterior entraña efectos colaterales sobre el comercio, las cadenas energéticas y la inversión, factores que inciden sobre el bienestar agregado.

Sin un análisis costo-beneficio público, transparente y sujeto a escrutinio independiente, la decisión adquiere la forma de un acto administrativo tecnocrático que elude la deliberación democrática. No puede aceptarse que el uso de recursos escasos se realice en la penumbra de gabinetes, cuando las consecuencias afectan a la totalidad del cuerpo social.

Legalidad y precedentes: frontera entre derecho y capricho

Toda intervención que implique fuerzas armadas necesita un andamiaje jurídico robusto: mandato claro, límites temporales, supervisión parlamentaria y responsabilidad judicial. La creación de coaliciones ad hoc, sostenida por fórmulas retóricas, corre el peligro de erigir precedentes jurídicos peligrosos: mañana, cualquier crisis lejana podría transformarse en una autorización tácita para enviar vidas y recursos sin el rigor del mandato democrático.

La fragilidad institucional se convierte así en un factor de inestabilidad normativa: la normalización del recurso militar como herramienta de política exterior amplía la esfera de lo posible sin pararnos a preguntar si debe serlo.

Italia: prudencia, coherencia y moderación estratégica

En este horizonte, la posición italiana, rechazo a desplegar tropas directas combinado con medidas de apoyo no combativas, se presenta como una actitud de prudencia gubernamental que conviene elogiar por su coherencia con el deber fundamental del Estado: proteger a su población. La prudencia italiana cumple al menos tres funciones valiosas: (1) preserva la deliberación democrática evitando decisiones precipitadas; (2) mantiene abierta la puerta a formas de solidaridad no escalatorias (ayuda humanitaria, sanciones, apoyo logístico y formación fuera del teatro de operaciones); (3) introduce pluralidad estratégica en un espacio político demasiado proclive a la homogeneidad acrítica.

Elogiar la prudencia no equivale a abjurar de la solidaridad: es, por el contrario, proponer una solidaridad responsable, que no se disfraza de heroísmo improvisado ni convierte a las naciones europeas en instrumentos sacrificables de disputas entre potencias.

Recomendaciones políticas: restaurar la primacía democrática

Las decisiones sobre el uso de la fuerza deben volver a su lugar natural: el escrutinio público y parlamentario. Propongo, sin retórica, cuatro medidas mínimas:

1.     Debate parlamentario obligatorio y vinculante para cualquier compromiso de fuerzas fuera del territorio nacional.

2.   Evaluación costo-beneficio independiente y pública, con revisión por pares, antes de autorizar despliegues.

3.    Preferencia por medidas no militares o no escalatorias (sanciones coordinadas, asistencia económica, fortalecimiento defensivo no invasivo).

4.     Mandatos claros y supervisión supranacional, que limiten temporalmente cualquier misión y garanticen mecanismos de rendición de cuentas.

Epílogo: la responsabilidad de las élites

El mayor pecado político sería que la retórica humanitaria se convierta en pantalla para decisiones que trasladan riesgos esenciales a ciudadanos no consultados. La legitimidad de la política de seguridad se mide por su coherencia con la protección del bienestar colectivo. Si Europa aspira a ser un actor moral y prudente, primero debe consultar, auditar y justificar ante sus pueblos las decisiones que, en su nombre, pueden costar vidas.

La verdadera valentía política consiste en negarse a normalizar la guerra con eufemismos. Italia, al apostar por la cautela, ofrece hoy un ejemplo necesario: la prudencia no es pasividad, sino la forma más honorable de la responsabilidad pública. Europa necesita, urgentemente, más prudencia y más democracia; menos teatralidad diplomática y más claridad sobre quién paga y quién vive con las consecuencias.