“El rating
cautivo: S&P descubre la España resiliente (aunque las cuentas sigan en el
armario)”
La valoración soberana
de un Estado por parte de las agencias de calificación constituye un elemento
de enorme influencia en los mercados financieros. España, inmersa en tensiones
judiciales y arbitrajes internacionales por incumplimientos en el pago a
inversores de energías renovables, sigue siendo objeto de escrutinio por parte
de S&P Global Ratings. Dos informes recientes, el de 14 de marzo de 2025,
que mantiene la calificación en A/A-1, y el del 12 de septiembre de 2025, que
eleva la nota a A+, ilustran tanto la coherencia metodológica como las
contradicciones estratégicas de esta agencia en su valoración del riesgo país.
Ambos informes
comparten una serie de diagnósticos:
Crecimiento económico
superior al promedio europeo: España se mantiene como una de las economías más
dinámicas de la eurozona, con proyecciones de crecimiento en torno al 2-2,6% anual,
frente al estancamiento de países como Francia o Alemania.
Persistencia del
elevado endeudamiento público: La deuda sigue en torno al 100% del PIB, con
trayectorias de reducción modestas hacia 2028, muy por debajo de las mejoras
logradas por Portugal o Grecia.
Resiliencia
externa: Ambos documentos destacan el desapalancamiento
privado y los superávits por cuenta corriente como factores clave de la
estabilidad financiera.
Debilidad
institucional: Se subraya la fragmentación política y
la incapacidad de aprobar presupuestos desde 2023, lo que limita las reformas
estructurales y deja a España en un marco de política fiscal reactiva, más que
planificada.
Mercado
laboral dinámico pero aún frágil: La dualidad persiste
pese a mejoras en la contratación indefinida; el desempleo sigue muy por encima
de la media de la OCDE.
Las divergencias entre
marzo y septiembre se centran en la interpretación del balance externo y sus
implicaciones crediticias:
·
Informe de marzo (A/A-1, perspectiva
estable):
Predomina
la cautela. S&P reconoce el dinamismo de las exportaciones
y la inmigración, pero insiste en que la deuda pública es un lastre.
Advierte
de los riesgos derivados del gasto en defensa, de la
volatilidad internacional y de la fragilidad institucional.
Señala
que la consolidación fiscal es insuficiente y que España no
aprovecha plenamente su ciclo expansivo para reducir deuda.
·
Informe de septiembre (A+, perspectiva
estable):
El
tono es más triunfalista: se subraya la mejora estructural
de la posición externa, con la deuda neta externa descendiendo del 150% al 130%
de los ingresos por cuenta corriente en el horizonte 2028.
La
calificación se eleva pese a que los desequilibrios fiscales permanecen
prácticamente intactos, con un déficit que apenas baja al
3,2% del PIB en 2024 y se proyecta al 2,6% en 2028, cifras muy similares a las
estimadas en marzo.
Se
enfatiza un cambio cualitativo en las exportaciones:
mayor peso de los servicios de alto valor añadido frente al turismo,
interpretado como una transformación estructural.
En suma, mientras en
marzo se pondera el riesgo fiscal y político, en septiembre se premia la
resiliencia externa, incluso sin mejoras fiscales relevantes.
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La disparidad de conclusiones en un intervalo de seis meses invita a una lectura crítica.
Sobrevaloración
del balance externo: Si bien la reducción de la deuda
externa neta es innegable, la premisa de que este proceso es irreversible
resulta optimista, sobre todo en un entorno de fragmentación parlamentaria,
tensiones arancelarias globales y litigios internacionales que pueden mermar la
balanza de pagos.
Infravaloración
del riesgo político: El reconocimiento de la parálisis
presupuestaria se mantiene en ambos informes, pero en septiembre no impide la
mejora de la nota. La contradicción es evidente: ¿cómo conciliar un
“estancamiento político” con un alza de calificación?
Déficit
de realismo fiscal: La ratio de deuda pública apenas se
mueve del 100% del PIB y la consolidación es raquítica. Otras agencias, como
Fitch, mantienen posiciones más prudentes, lo que revela que la decisión de
S&P puede estar condicionada por factores reputacionales o de mercado más
que por fundamentos fiscales.
Euforia
selectiva: El informe de septiembre interpreta el crecimiento
de los servicios no turísticos como prueba de un cambio estructural. Sin embargo,
los datos muestran que el turismo sigue siendo dominante en la balanza de
pagos. La narrativa de “diversificación” parece más aspiracional que efectiva.
Es decir la elevación
de la calificación de España en septiembre de 2025 por parte de S&P plantea
más preguntas que respuestas. En marzo, la agencia reconocía limitaciones
fiscales, riesgo político y deuda elevada. En septiembre, con indicadores
fiscales prácticamente inalterados, el énfasis cambia hacia una lectura casi
celebratoria del balance externo y de las exportaciones de servicios. Esta
volatilidad analítica mina la credibilidad de las calificaciones y puede
interpretarse como una “tomadura de pelo” para los acreedores internacionales
que litigan contra el Estado español por incumplimientos en energías
renovables.
En última instancia, el
contraste entre ambos informes muestra que las agencias no son oráculos
neutrales, sino actores con agendas y sensibilidades cambiantes, capaces de
girar el timón de su narrativa sin que los fundamentos macroeconómicos lo
justifiquen plenamente.
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