El
fiscal general y la tragicomedia del “mandado”
En España, país donde los
toros embisten pero la justicia se arrastra, tenemos el dudoso honor de estrenar
al primer fiscal general procesado de la historia. Álvaro García Ortiz, hombre
de fe (en la toga propia, no en la justicia ajena), acudió al solemne acto de
apertura del Año Judicial con la dignidad del alumno que llega a clase sabiendo
que lo van a pillar copiando.
Su discurso fue una pieza
maestra del género “yo no soy yo, y mucho menos mi circunstancia”: afirmó creer
en la justicia, en la verdad y hasta en la independencia judicial, todo
mientras carga con un procesamiento por revelación de secretos. El resultado fue
un espectáculo digno del Berlanga más inspirado: un rey que no puede negarle la
mano, una sala de jueces que apenas aplaude y un fiscal que se defiende a sí
mismo con la solemnidad del que lee un salmo.
García Ortiz pretende
convencernos de que no es una “caricatura sumisa” al poder. Pero la realidad es
más cruel: la caricatura lo supera. ¿Qué mejor prueba de independencia que ser
nombrado a dedo por el Gobierno y blindado por él cuando la toga se mancha? Su
destino no se escribe en los tribunales, sino en el BOE. La Fiscalía, dice, es
“sólida y confiable”. Sólida, sí: como el cemento armado de la obediencia.
Confiable, desde luego: siempre para el presidente que lo sostiene.
La paradoja es grotesca. Un
fiscal general procesado debe entregar la memoria anual al Rey, que lo recibe
con gesto imperturbable mientras todos saben que en unos meses podría estar
sentado en el banquillo. Los jueces, por su parte, contemplan la escena como
quien asiste a un sainete: indignados, pero atrapados en el protocolo que les
impide hacer algo más que mirar hacia otro lado y ajustar la toga.
El caso recuerda a aquel
“chapapote” político que en su día manchó las costas pero, paradójicamente,
limpió la carrera de algunos silenciosos. García Ortiz aprendió entonces que el
silencio es más eficaz que la oratoria. Callar cuando conviene te sube
escalones; hablar de justicia cuando estás procesado te mantiene en el cargo.
Al final, lo que queda no es
un defensor de la legalidad, sino un “mandado del presidente”, útil por dócil y
dañino por duradero. Más que fiscal, es un notario de la decadencia
institucional: la demostración de que en este país la ley se proclama en los
discursos, pero se negocia en los pasillos.
Y mientras tanto, nosotros,
ciudadanos, seguimos confiando en que el chapapote no alcance del todo la
orilla de lo que aún llamamos Estado de derecho.
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