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 “impunidad simbólica”

La Corona en la ONU: el disfraz solemne de una política hipócrita

El próximo discurso de Felipe VI en la Asamblea General de Naciones Unidas ha sido presentado como un gesto de solemnidad, un homenaje al 80.º aniversario de la ONU y al compromiso de España con el multilateralismo. Pero conviene mirar más allá de la retórica oficial: no es el Rey quien habla, es el Gobierno quien habla a través del Rey. Y esa operación simbólica merece una crítica frontal.

La decisión de ceder al monarca el papel de portavoz no es neutral ni protocolaria. Es un movimiento calculado de Pedro Sánchez y su Ejecutivo para envolver en la autoridad de la Corona una política exterior profundamente ideologizada. Lo que en boca del presidente sería percibido como un discurso parcial, en boca del Rey se presenta como “altura de Estado”. La Corona se convierte así en una coartada perfecta para maquillar contradicciones.

Porque contradicciones hay, y muchas. España se ha volcado en denunciar con contundencia las acciones de Israel en Gaza, llegando incluso a calificarlas de “genocidio”. Sin embargo, el Gobierno no ha mostrado la misma claridad al condenar el 7 de octubre: el ataque de Hamás contra civiles israelíes, con masacres, violaciones y secuestros, fue terrorismo puro. Ese desequilibrio moral erosiona la credibilidad española: exigir justicia para unos mientras se silencia la barbarie cometida por otros no es política de principios, es ideología disfrazada de ética.

El recurso a la Corona como altavoz solo agrava el problema. Felipe VI se ve arrastrado a encarnar un discurso que no es el suyo, sino el de un Gobierno que pretende legitimar su relato a través de la institución monárquica. Con ello, se daña la neutralidad que la monarquía debería preservar y se reduce su papel a instrumento de propaganda progresista. Se confunde Estado con partido y se contamina un símbolo que debería estar por encima de la refriega política.

En diplomacia, la percepción es tan importante como los hechos. Y la percepción que proyecta España, con esta amalgama que forma el gobierno socialista, comunista, junto con los herederos de ETA, en la más pura manipulación de la verdad y fomentando todas las ilegalidades, es la de un país que condena con dureza selectiva, que calla donde debería hablar, como el no reconocimiento del presidente de Venezuela Edmundo González, que se preocupa en obtener dinero de esa dictadura Venezolana o bien en controlar la wiki pedía y que ahora se refugia en la solemnidad de la Corona para dar lustre a una política exterior marcada más por consignas que por estrategia. El resultado es devastador: España no aparece como mediador confiable, sino como actor parcial que intenta vestir de neutralidad lo que es pura militancia.

El 7 de octubre fue un parteaguas que ningún discurso puede ignorar. Los rehenes siguen en manos de Hamás, las familias israelíes viven con cicatrices imborrables y el terrorismo no ha desaparecido. Defender la dignidad del pueblo palestino es legítimo, necesario y justo. Pero hacerlo sin condenar con la misma fuerza el terror de Hamás convierte a España en portavoz de una narrativa coja y en cómplice moral, aunque sea por omisión, de la barbarie.

Cuando la Corona suba al podio de Naciones Unidas, no escucharemos al Rey, escucharemos al Gobierno. Y ese es el verdadero escándalo: la institución que debería unir a todos los españoles es usada como máscara para una política exterior que divide, debilita y se contradice. No es altura de Estado; es, sencillamente, hipocresía con corona.

Si la monarquía quiere seguir siendo garante de algo más que ceremonias, tendría que decir no a su uso como caja de resonancia de un partido concreto. Si el Gobierno pretende preservar su honor político, tendrá que dejar de envolver sus decisiones controvertidas en la túnica de la Corona. Y la sociedad -esa que cada vez confía menos- debería exigir que la palabra pública recupere consistencia: condena igual para el terror, defensa igual para la vida humana, y sinceridad para el uso de símbolos.

Esta es la fábula que proyecta la sombra de lo que muchos llaman “impunidad simbólica”. No afirma culpabilidades penales, ni adjudica delitos concretos. Lo que cuestiona, con rabia y desgarramiento, es la moral pública: cómo se fabrica, cómo se vende y cómo termina por devorar la credibilidad de quienes la profesan.