Silencio
con dignidad: ¿neutralidad o complicidad?
El error irreversible
de legitimar lo inaceptable: sobre por qué la Jefatura del Estado debe
abstenerse de intervenir políticamente si su Gobierno pacta con actores
violentos.
Cuando una institución
cuya existencia se funda en la representación simbólica de la unidad nacional
se ve arrastrada a avalar, aun indirectamente, a actores que la comunidad
internacional considera terroristas, la consecuencia no es sólo dialéctica: es
práctica y existencial. Este ensayo examina con rigor moral y densidad política
el error que supone una intervención pública -en este caso, en la tribuna de la
Asamblea General de Naciones Unidas- que, por asociación o por timing, pueda
entenderse como legitimación de HAMAS. Tomo como marco contextual el dossier
sobre el viaje a Nueva York y la coordinación Moncloa–Casa del Rey que menciona
la crónica política de El debate
1. La legitimidad monárquica y el capital simbólico:
un bien frágil
La Corona no es un
partido; es un bien público intangible cuya eficacia depende de la percepción
de imparcialidad y de la capacidad de convocar. Ese capital simbólico, una vez
contaminado por la percepción de complicidad con actores violentos, se devalúa
de forma inmediata. Ya no actúa como puente: actúa como marca que polariza.
Confundir la tribuna moral con la tribuna política supone transformar la
institución que debe mediar en un actor más del conflicto; es el error de
trocar la linterna del faro por la señal luminosa de un barco de guerra.
2. Distinción imprescindible: legitimidad moral vs.
legitimación política
Denunciar una situación
humanitaria, exigir respeto al Derecho internacional o reclamar corredores
humanitarios es legítimo y, en muchos casos, urgente. Pero existe una línea
clara: la voz estatal que se interpreta como reconocimiento o aval de un grupo
armado no estatal -y especialmente de uno incluido en listados por varios
estados y organizaciones- cruza ese umbral. La retórica humanitaria no puede
servir de velo para la instrumentalización política; hacerlo equivale a
sacrificar la ética del auxilio en el ara del interés estratégico.
3. Si existen indicios de connivencia gubernamental:
el deber de prudencia se convierte en obligación
En contextos en los que
circulan filtraciones, alegaciones o informes que apuntan a vínculos operativos
o políticos entre un Ejecutivo y actores armados, la responsabilidad
institucional exige distancia y exigencia de pruebas, no pronunciamientos que
puedan leerse como respaldo. La Jefatura del Estado, más que juez o acusador,
debe ser garante de la institucionalidad; por ello, si media la sospecha -aunque
sea sólo en forma de filtración-, la intervención pública ha de evitar
cualquier palabra que pueda ser interpretada como reconocimiento político. Las
instituciones democráticas respaldan la presunción de inocencia, pero también
requieren la defensa intrínseca de la integridad institucional: cuando dicha
integridad es cuestionable por la acción de quien gobierna, la abstención es
moral y políticamente aconsejable.
4. Consecuencias prácticas de un aval aparente
·
Un discurso interpretado como aval a
HAMAS desencadenaría, de forma casi mecánica, una serie de efectos negativos y
previsibles:
·
Deslegitimación internacional: pérdida
de interlocutores dispuestos a confiar, mediar o cooperar con España en
iniciativas multilaterales.
·
Aislamiento operativo: restricciones en
cooperación de seguridad e inteligencia, dificultando la protección de
ciudadanos y la lucha contra redes violentas.
·
Ruptura del auxilio humanitario:
politización de la ayuda, cierre de corredores, y obstaculización del acceso
neutral de ONG.
·
Divide interna: polarización social y
debilitamiento de la cohesión cívica, ya que la ciudadanía percibe a la Corona
como parte del conflicto político en vez de árbitro de unidad.
Cada una de estas
consecuencias no es mera especulación retórica: son efectos previsibles que
derivan de la lógica de la confianza diplomática y de las sanciones
reputacionales con las que operan los sistemas políticos contemporáneos.
5. La falacia del “humanitarismo político” como
coartada
Presentar una
intervención como motivada exclusivamente por razones humanitarias cuando, por
su construcción y contexto, ofrece réditos políticos a quien pacta con actores
violentos, es una falacia instrumental. La dignidad de las víctimas no admite
que su recuerdo sirva para blanquear complicidades. La justicia de los
inocentes se corrompe cuando sus nombres son usados para legitimar a los
culpables.
6. La dimensión ética: traición a la función
representativa
Si el Gobierno -por
cálculos de corto plazo, alianzas tácticas o deseos de influencia- maniobra con
actores que emplean la violencia contra civiles, y la Jefatura del Estado
presta su tribuna sin cautela, se configura una doble traición: a la dignidad
de las víctimas y a la propia institución que debía preservarse por encima de
la contingencia política. Esa doble traición erosiona la noción misma de
representación nacional.
7. A modo de conclusión crítica (sin paternalismos):
la abstención es argumento
No se trata de pedir
condescendencia hacia el Ejecutivo; se trata de exigir firmeza institucional.
La abstención deliberada de la Jefatura del Estado, ante la posibilidad de que
su voz legitime una organización violenta o blanquee una política de pactos con
actores armados, no es señal de debilidad: es una forma contundente de protesta
institucional. Dicho de otro modo: callar en el momento oportuno puede ser más
categórico que pronunciarse con ambigüedad. La abstención, cuando se funda en
la defensa de la legalidad, de la integridad institucional y del imperativo
ético, es un réquiem para la confusión y una llamada a la responsabilidad
política.
Epílogo metafórico
Si deseamos que la
república de la opinión pública mantenga puentes en vez de murallas
incendiadas, conviene que la figura que ostenta la representación de todos
actúe como arca de salvación y no como estandarte de partido. Un rey que sube a
la tribuna para bendecir, aunque sea por omisión o por cálculo, a quien mata y
secuestra a civiles habrá cambiado el signo de la corona por el signo de la
complicidad. Y una vez impresa esa tinta en la historia, la limpieza no es sólo
institucional: es moral y, con frecuencia, irreparable.
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