Estrategia silente: anatomía de una operación política prefigurada.... No me extrañaras.

 

Estrategia silente: anatomía de una operación política prefigurada.

Por un testigo más, de los hechos

En la historia política contemporánea de España, pocos episodios han evidenciado con tanta claridad la distancia entre el discurso público y la praxis estratégica como el proceso que culmina en la Ley de Amnistía aprobada en 2025. Si bien los medios de comunicación han relatado este suceso como una maniobra coyuntural para garantizar la gobernabilidad tras unas elecciones fragmentadas, lo cierto es que esta operación fue diseñada más de una década atrás, en los años de Gobierno de Mariano Rajoy, cuando el silencio inusitado del PSOE escondía una arquitectura política de enorme envergadura. Como testigo directo de ese proceso, puedo afirmar que la estrategia fue articulada, deliberada y orientada a la transformación estructural del Estado.

El silencio que habla: PSOE en la era Rajoy

Durante décadas, el Partido Socialista Obrero Español cultivó una identidad de oposición frontal, combativa y mediatizada. Sin embargo, entre 2011 y 2018, cuando el Partido Popular gobernaba con Rajoy al frente, el PSOE adoptó una postura de oposición aséptica, casi etérea. Este silencio fue tan notorio como sospechoso. Lejos de ser un repliegue táctico, aquel silencio operaba como tapadera para un diseño que trascendía el corto plazo.

En aquel tiempo, desde sectores nucleares del socialismo español, especialmente orbitando alrededor del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se gestaba un plan a medio plazo que vinculaba a distintos actores: sectores independentistas catalanes, la izquierda aberzale, el PNV y cuadros orgánicos del propio PSOE. El objetivo último: abrir el camino hacia una España de corte federal o, si las circunstancias lo permitieran, republicana, desplazando paulatinamente los fundamentos monárquicos y centralistas de la Constitución de 1978.

La ingeniería de una tensión: el "asalto independentista" como herramienta

Aquel plan no pretendía, como muchos creen, una victoria real de la causa independentista, sino instrumentalizarla como vector de desestabilización institucional. El procés catalán, lejos de ser un fenómeno espontáneo o unilateral, fue, en parte, inducido, tolerado y finalmente capitalizado por quienes vieron en la fractura territorial una oportunidad para desarticular el orden constitucional sin disparar una sola bala.

La estrategia consistía en permitir que el independentismo tensionara las costuras del Estado hasta el punto de quiebre. Si la independencia fracasaba (como efectivamente ocurrió), sería el Estado el que debería "reconciliarse", y ese proceso de reconciliación sería conducido por quienes habían alentado el conflicto desde las sombras. La amnistía no fue una concesión; fue el paso final de una operación cuidadosamente trazada.

La reconfiguración del poder: alianzas tácticas y captura institucional

El éxito de esta maniobra requirió tres elementos clave:

1.    La cooptación de los partidos nacionalistas periféricos tales como PNV, ERC, EH Bildu, mediante la oferta de una arquitectura federal a medio plazo.

2.    La desactivación del control judicial mediante la penetración política del Tribunal Constitucional, cuya presidencia, en manos del magistrado Cándido Conde-Pumpido, ha resultado esencial para legitimar la ley de amnistía con una ajustada mayoría.

3.    La deslegitimación del adversario: la figura de Mariano Rajoy fue erosionada internamente hasta facilitar su caída a través de una moción de censura coordinada, dando paso a la ejecución formal del plan bajo el gobierno de Pedro Sánchez.

La operación institucional fue tan sofisticada como inquietante: la política sustituyendo a la justicia, el Ejecutivo interviniendo el Legislativo, y el Constitucional subordinado al relato gubernamental.

La amnistía de 2025: epílogo o prólogo

Lejos de ser un gesto de paz civil, la amnistía aprobada por el Tribunal Constitucional en junio de 2025 representa un acto de refundación institucional encubierto. Esta ley no repara; reprograma. Su función no es restaurativa, sino fundacional: inaugura un nuevo marco de convivencia basado en la negociación continua con los poderes territoriales, a expensas de la soberanía común.

El discurso oficial proclama “reconciliación”, pero en realidad consagra la victoria estratégica de quienes diseñaron, promovieron y ahora cosechan los frutos de un conflicto cuidadosamente amplificado. La renuncia al juicio penal no es solo una cesión jurídica, sino la legitimación de una lógica de poder alternativa, ajena a la tradición constitucional y profundamente pragmática en su esencia.

En definitiva

El proceso que se inició en el silencio del PSOE bajo el mandato de Rajoy no fue una pausa política, sino el sigilo propio de una operación quirúrgica. Hoy, la amnistía aparece como un acto final o quizá inicial, de una transformación profunda del sistema político español. Como testigo directo de los orígenes de esta trama, afirmo con contundencia que nada de esto ha sido improvisado.

La historia futura juzgará si esta estrategia fue un acto de lucidez política o de corrosión institucional. Pero lo cierto es que su ejecución demuestra que, en democracia, la mayor amenaza no siempre proviene del ruido, sino del silencio que conspira.

“Ciudadanía de sombras: La farsa de Pinocho y Doña Rogelia”....contrato del Alma

 

“Ciudadanía de sombras: La farsa de Pinocho y Doña Rogelia”

En el trasfondo de los despachos diplomáticos y los susurros de pasillos de mármol, se urde la fantasía de “evacuar” y nacionalizar a doña Rogelia, esposa de un mandatario envuelto en la sombra de más de 275 millones de dólares procedentes de fondos opacos. Bajo el rótulo de una supuesta “jurisprudencia evolutiva”, se promulga la vía exprés un Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible que, mediante la reinterpretación del género documental, abriría de golpe las puertas de la ciudadanía y, a continuación, la libre disposición de enormes sumas depositadas en complejos fideicomisos offshore.

El último punto culminante de la artimaña recayó en el ministerio de Exteriores, sobre el apodado “Sacarino”, en cuyo previo memorándum secreto asienta, con aire de tratado solemne, una oculta pero misteriosa y curiosa cláusula:

«Aunque la ley no prevea alterar la mención de género, se admitirá tal cambio como mero acto identitario, con el único fin de conferir a doña Rogelia la nacionalidad sin demora.»

A su sombra, emerge la figura de Pinocho, gestor audaz que se encarga de tejer, en la penumbra, certificados y dictámenes adornados con el prestigio de catedráticos prestados. Él ordena la confección de testimonios amañados y la inserción de cláusulas sin respaldo real, un verdadero ilusionista de la legalidad que sopla aire a un globo de tinta que se desvanece a la primera luz judicial.

Sin embargo, tan refinada puesta en escena choca con la letra de la ley: en la República Dominicana sólo cabe el cambio de nombre ante el Tribunal Superior Electoral, y jamás la modificación de la mención de género en los documentos civiles, salvo para corregir simples errores de transcripción. Frente a este muro legal, la implosión de la estratagema es cuestión de tiempo.

Al descorrer el telón de esta farsa, el lector advierte que, más allá de los nombres evocadores y la retórica enjundiosa, late un vacío de legitimidad. Ni memorandos secretos, ni juristas de cartón, ni gestiones clandestinas bastan para transmutar la ciudadanía en mercancía. Lo que sobrevive al análisis es el eco de una conjura bien tramada, pero sin asidero en la realidad.

Criptomonedas: horizonte crítico...La ultima canción

Criptomonedas: horizonte crítico

Una crítica estructural al auge contemporáneo de los activos digitales

   Criptomonedas: Floración estacional de un jardín especulativo

Mirando últimamente el Bitcoin se despliega una lectura técnico-financiera del comportamiento reciente del ecosistema cripto, centrando la atención en la apreciación de Bitcoin y de las altcoins tras un primer trimestre de marcada contracción. El análisis conecta dicha recuperación con eventos de orden geopolítico y monetario, como la moratoria arancelaria de EE. UU., la ralentización de la inflación y la expectativa de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Esta coyuntura, rica en estímulos para la especulación, genera una primavera financiera, en la cual diversas criptomonedas florecen con vigor efímero. Sin embargo, esta efervescencia recuerda a un jardín donde, si bien es deseable la variedad de especies, no todas poseen raíces suficientes para resistir el cambio estacional del ciclo económico.

El crecimiento de Bitcoin, superior al 40 % en un solo mes, es atribuido no tanto a factores estructurales, sino a la "esperanza" como palabra clave, de una política monetaria expansiva. Tal expectativa, unida a innovaciones técnicas como la actualización de Ethereum (Pectra), ha reforzado la narrativa del criptoactivo como vehículo de inversión. Pero esta narrativa, aunque cada vez más sofisticada, descansa sobre una lógica simbólica y autorreferencial. Como apuntan Dodd y Carruthers (2007), "el dinero, para funcionar, no requiere respaldo material sino una estructura de confianza institucionalizada", algo que las criptomonedas aún construyen a contracorriente.

El informe señala correctamente que Bitcoin, más allá de su cotización, opera como un síntoma de desconfianza hacia la arquitectura monetaria global. En efecto, se ha convertido en una expresión de reserva de valor frente al debilitamiento de las monedas fiduciarias, en especial el dólar estadounidense, cuya oferta se ha incrementado más del 40 % desde 2020 (Friedman & Wessels, 2023). No obstante, tal función simbólica no es equiparable a la solidez estructural de activos como el oro, cuyo comportamiento contracíclico ha sido históricamente validado (Baur & McDermott, 2010). La correlación creciente entre Bitcoin y activos tecnológicos de alta beta pone en entredicho su estatus de “oro digital” (Yermack, 2015).

La metáfora floral, entonces, cobra fuerza: las criptomonedas no son aún robles del sistema financiero, sino flores exóticas de difícil cultivo. A diferencia del oro, cuya historia de conservación atraviesa imperios y catástrofes, o del efectivo, aún funcional como herramienta de intercambio inmediato, o de los bonos soberanos, garantizados por el respaldo institucional de los Estados, las criptomonedas existen por su mera infraestructura, por una autorreferencialidad semiótica y la expectativa , que no significa garantía de utilidad futura. Como señala Esposito (2011), "la expectativa puede funcionar como valor económico cuando no hay objeto tangible a evaluar", fenómeno que se manifiesta con claridad en este tipo de activos.

   Horizonte crítico: ¿una moda perenne o un ciclo florido?

La historia económica ofrece múltiples ejemplos de activos cuyo valor fue inflado por el imaginario colectivo más que por sus fundamentos. Desde los bulbos de tulipán en el siglo XVII hasta las acciones tecnológicas del 2000, las modas financieras suelen tener un ciclo de vida definido: nacimiento narrativo, difusión especulativa, e inevitable ajuste a la realidad económica (Kindleberger & Aliber, 2011). El fenómeno cripto no escapa a esta lógica.

El documento resalta la adopción creciente de criptomonedas en economías donde los canales oficiales de financiamiento han sido restringidos ,como Rusia, tras el cierre del sistema SWIFT. Aquí, BTC y USDT cumplen una función instrumental: permiten transferencias, reservas y comercio transfronterizo en condiciones de asfixia institucional. Pero esta función no basta para legitimar su rol como reserva global de valor. La regulación incipiente, como la inclusión de BTC en la “Revisión de Riesgo” del Banco de Rusia, muestra que el sistema tradicional ya no puede ignorarlo, pero tampoco lo ha integrado plenamente. La "autonomía" de BTC es, en muchos casos, una autonomía vigilada (Zuboff, 2019).

Desde un horizonte crítico, la perdurabilidad del fenómeno cripto está limitada por tres vectores principales:

Volatilidad estructural: Las caídas del 50–70 % no son anomalías sino parte de la norma estadística. Esto dificulta su adopción como instrumento fiduciario de largo plazo (Baur et al., 2018).

Ausencia de respaldo material: Las criptomonedas no están ligadas a un activo subyacente o flujo de caja real. Su valor depende de la comunidad, no de la productividad económica.

Riesgo regulatorio creciente: El creciente interés de los bancos centrales puede derivar en una legalización parcial, pero también en limitaciones severas a su uso (IMF, 2021).

Bitcoin, en este sentido, es como un activador de rentabilidad (una suerte de "apalancamiento sin deuda", como lo describe el documento), pero no un ancla estable. Su eficacia depende de la disciplina del inversor, de su tolerancia al riesgo, y de un entorno tecnológico e institucional favorable. Cualquier alteración en estas condiciones podría deshojar su atractivo.

A modo de síntesis, podríamos decir que las criptomonedas representan una sofisticada arquitectura de expectativas, en cuyo interior late el deseo de emancipación financiera, pero también la sombra del espejismo. El oro, el efectivo y los bonos soberanos, valores que reivindico de siempre, poseen un historial de estabilidad y legitimidad que los activos digitales aún no han construido. Así como no todas las flores sobreviven al invierno, no toda innovación financiera está llamada a florecer indefinidamente. En un mundo donde el valor se redefine a cada segundo, la prudencia es, en última instancia, el más atemporal de los activos.

   Referencias

·   Baur, D. G., & McDermott, T. K. (2010). Is gold a safe haven? International evidence. Journal of Banking & Finance, 34(8), 1886–1898.

·      Baur, D. G., Hong, K., & Lee, A. D. (2018). Bitcoin: Medium of exchange or speculative assets? Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 54, 177–189.

·    Dodd, N., & Carruthers, B. G. (2007). The sociology of money and finance. Annual Review of Sociology, 33, 411–431.

·       Esposito, E. (2011). The Future of Futures: The Time of Money in Financing and Society. Edward Elgar Publishing.

·       Friedman, M., & Wessels, A. (2023). The Decline of Dollar Credibility. Economic Perspectives Review, 11(3), 45–61.

·     IMF (2021). The Rise of Crypto Assets: Implications for Financial Stability. International Monetary Fund Policy Papers.

·       Kindleberger, C. P., & Aliber, R. Z. (2011). Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises (6th ed.). Palgrave Macmillan.

·      Yermack, D. (2015). Is Bitcoin a real currency? An economic appraisal. In D. Lee Kuo Chuen (Ed.), Handbook of Digital Currency (pp. 31–43). Elsevier.

·       Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs.

 

 

Entre la gloria y la catástrofe... Kapo.

 

Entre la gloria y la catástrofe:

Un ascenso autocrático, desataría la Tercera Guerra Mundial

El gesto humanitario revertido como símbolo de negación._

El artículo “Negociando el rigor mortis” describe en detalle la negativa de las autoridades ucranianas a recibir un primer lote de 1 212 cadáveres de sus soldados muertos en combate, entregados por Rusia en virtud de un acuerdo de repatriación alcanzado el 2 de junio en Estambul. Según el teniente general Alexander Zorin, la omisión pudo obedecer tanto a la renuencia de Ucrania a reconocer la verdadera magnitud de sus pérdidas-cercanas ya a 6 000 bajas identificadas- como al afán de evitar las indemnizaciones de 15 millones de grivnas por fallecido, un desembolso que el tesoro ucraniano no está dispuesto a afrontar ante un “agujero” presupuestario ya millonario. Esta negativa, revestida de tecnología diplomática, revela un cálculo político frío: mientras el gesto ruso se presenta como “puramente humanitario”, Kiev lo pospone indefinidamente, aferrándose a la narrativa de víctima moral que justifica la continuidad del estado de excepción.

 

Desde el inicio de la invasión, Zelenski ha invocado la ley marcial para restringir derechos básicos y proscribir partidos de oposición sin due proceso judicial. En marzo de 2022 suspendió 11 formaciones políticas aduciendo supuestos “vínculos con Moscú”, sin presentar pruebas concretas ni permitir defensa, pasaje que choca con los principios de un Estado de derecho (eldiario.es). Al mismo tiempo, impuso la prohibición de salida del país a todos los varones de 18 a 60 años, sin opción a objeción de conciencia, homogeneizando el cuerpo social en torno al reclutamiento masivo (eldiario.es). Tales medidas refuerzan un poder presidencial de tintes excepcionales, mediante el cual se configuran “enemigos internos” y se justifica la represalia contra cualquier disidencia, sea política o civil.

Para “combatir la desinformación rusa”, el Ejecutivo ucraniano centralizó desde febrero de 2022 un telediar­­io continuo de 24 horas supervisado por el Gobierno. Este “Telemaratón” -inicialmente valorado como recurso de cohesión- ha perdido credibilidad y es visto cada vez más como instrumento de propaganda: solo un 36 % de los ciudadanos lo considera fuente principal, mientras el 51 % ya no confía en su imparcialidad (elpais.com). Al monopolizar el relato de guerra, Zelenski no solo restringe la pluralidad informativa, sino que alimenta un nacionalismo exacerbado, donde la duda o el matiz crítico se equiparan a la traición.

Con la guerra en curso, las elecciones presidenciales constitucionalmente previstas para 2024 han sido condicionadas a una “victoria” sobre Rusia y a la finalización de la ley marcial, cuya vigencia y prórrogas recaen sobre el mismo poder que detenta Zelenski (es.wikipedia.org). Esta estrategia de aplazamiento, unida a la prohibición de manifestaciones públicas, impide el debate democrático, disuelve toda competencia electoral genuina y asienta un mandato indefinido que erosiona la legitimidad republicana.

En el transcurso de estos años, el presidente ha cultivado un estilo comunicacional teatral: máscaras de guerrero fatigado, discursos grabados en búnkeres y escenografías de unidad nacional. Estas minucias escenográficas, cuidadosamente orquestadas, proyectan una imagen de líder mesiánico que, lejos de contrastar con Putin, reproduce el mismo mecanismo de personalización. Al vestir la contienda de épica trágica, Zelenski refuerza la polarización y dificulta cualquier salida negociada, pues la rendición de poder implica admitir vulnerabilidad.

¿Camino a la conflagración global?_

La conjunción de estas dinámicas -negación de pérdidas, suspensión de derechos, control mediático y personalización extrema- puede actuar como combustible de una escalada irreversible. Cuando un líder acumula facultades excepcionales sin contrapesos, menosprecia la noción de paz negociada y engendra una estructura donde la “victoria total” deviene única salida aceptable. El riesgo en un conflicto de dimensiones euroasiáticas radica en que la lógica de la guerra sin restricciones acabe atrayendo a alianzas mayores, al involucrar a bloques militares rivales en una espiral de represalias.

Sin causa. Ya no debe estar en la reunión de la OTAN en la Haya.-
Los pequeños detalles -la demora en reclamar los cadáveres, la suspensión de un partido cualificado, el monopolio del discurso informativo- conforman un patrón de poder que trasciende el pragmatismo militar y toca el umbral de lo autocrático. Si a ello se suman promesas de victoria incondicional y la eliminación de modos alternativos de representación política, queda sembrado un terreno fértil para que la rivalidad fría escale a una conflagración de alcance mundial. Líderes como Zelenski, que justifican acciones extraordinarias “por el bien de la causa”, demuestran que los matices humanitarios pueden convertirse en coartadas de poder absoluto -y en última instancia, en el preludio de guerras totales.

El ecosistema de la corrupción verde en la Unión Europea...sin sol

 

EL ECOSISTEMA DE LA CORRUPCIÓN VERDE EN LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea ante el espejo de su decadencia moral

 

Europa, antaño faro del Estado de derecho y modelo de democracia avanzada, se encuentra en un punto crítico de su desarrollo institucional. Lejos de los valores fundacionales que inspiraron la Comunidad Económica Europea en los años de posguerra, la actual estructura administrativa de la Unión Europea parece haberse convertido en un sofisticado entramado burocrático más próximo a un mecanismo de control ideológico que a una instancia de gobernanza democrática. El artículo “Clima a petición”, publicado por Welt am Sonntag y ampliado por múltiples medios europeos, ha sacado a la luz una inquietante realidad: la Comisión Europea habría financiado en secreto a organizaciones no gubernamentales ambientales para influir, presionar y, en términos estrictamente políticos, manipular decisiones soberanas de los Estados miembro.

El escándalo revela una lógica perversa en la que se utiliza dinero público para orquestar litigios contra gobiernos democráticos, socavar sectores industriales estratégicos -como el energético en Alemania- y alterar el curso de negociaciones internacionales. Esta estrategia, camuflada bajo el noble ropaje de la “defensa del medio ambiente”, representa una forma de terrorismo económico institucionalizado. Bajo el barniz de la justicia climática, se ha tejido una red que, lejos de buscar la sostenibilidad, parece empeñada en imponer un modelo ideológico con métodos dignos de una mafia tecnocrática.

Una estrategia subversiva: el cabildeo financiado por Bruselas

Según documentos internos revelados por la prensa alemana, la Comisión Europea habría firmado contratos secretos con diversas ONG ambientales, adjudicando millones de euros provenientes del programa LIFE (dotado con 5.400 millones de euros para el periodo 2021-2027) para financiar campañas judiciales, de comunicación y lobby contra la industria del carbón, la industria química y acuerdos comerciales como el pactado entre la UE y Mercosur.

La mecánica de estos contratos raya en lo kafkiano: se especificaba cuántas cartas de lobby debían enviarse, a qué parlamentarios, y qué narrativa debía impulsarse en redes sociales. Se trata, en esencia, de una ingeniería social financiada por la propia Comisión, que, al actuar por vía indirecta, vulnera principios elementales de transparencia, neutralidad y subsidiariedad. ONG como ClientEarth y Amigos de la Tierra recibieron cientos de miles de euros para litigar contra infraestructuras estratégicas alemanas o boicotear políticas impulsadas por ciertos Estados miembros.

El resultado es una Europa donde los organismos públicos ejercen presión sobre sus propias naciones mediante peones que simulan independencia. El recurso al activismo como herramienta de dominación no sólo erosiona la credibilidad del proyecto europeo, sino que introduce una peligrosa arbitrariedad en la toma de decisiones, orientada por doctrinas ideológicas más que por principios jurídicos y económicos.

Europa como entramado parasitario: el ocaso del interés común

Uno de los aspectos más alarmantes de esta estrategia es su carácter contradictorio: mientras ciertas ramas de la Comisión promovían acuerdos comerciales vitales como el de Mercosur, otras financiaban sabotajes legales y mediáticos para impedirlos. Esta esquizofrenia institucional refleja un desorden administrativo profundamente corrosivo, donde las prioridades responden no al interés general de los ciudadanos europeos, sino a la imposición de una cosmovisión autorreferencial, muchas veces dogmática y alejada de las realidades productivas y sociales.

La falta de transparencia en la distribución de fondos, la manipulación de ONG para fines de lobby encubierto y la resistencia inicial a asumir responsabilidades ante el Parlamento Europeo han exacerbado las tensiones internas. Incluso los intentos de suspender parte del presupuesto del programa LIFE -como la congelación de 15,6 millones de euros en febrero de 2025- fracasaron por un estrechísimo margen, lo que evidencia hasta qué punto las redes de influencia están arraigadas en el corazón mismo del Parlamento.

La Unión Europea corre el riesgo de transformarse en un Leviatán verde, donde una tecnocracia opaca y autosuficiente instrumentaliza la normativa ambiental para rediseñar la economía continental al margen del consenso democrático. Lejos de ser una herramienta de progreso, la política climática europea se ha convertido, en manos de ciertos burócratas, en un caballo de Troya para socavar la soberanía de los Estados miembro y desmantelar sectores productivos enteros bajo el pretexto de una transición energética.

¿Hacia una refundación o una descomposición del proyecto europeo?

Europa se encuentra ante una encrucijada histórica. O bien se enfrenta de forma valiente a los abusos de poder y se reconfigura como una comunidad de naciones libres y soberanas, basadas en el respeto mutuo y la cooperación transparente, o bien seguirá avanzando por la senda de la decadencia institucional, la politización ideológica y la desafección ciudadana.

El caso expuesto en “Clima a petición” no debe interpretarse como un incidente aislado, sino como síntoma de un modelo que ha perdido el norte moral. El europeísmo burocrático actual, al instrumentalizar causas nobles como el ecologismo para fines de control político, no hace sino socavar la legitimidad del sistema que dice proteger.

Si Europa desea sobrevivir como proyecto histórico y político, necesita urgentemente una regeneración ética, una depuración profunda de sus estructuras de poder y una auténtica rendición de cuentas. De lo contrario, la Unión no será más que una caricatura de sí misma: una maquinaria supranacional donde la corrupción no solo se tolera, sino que se institucionaliza bajo formas cada vez más sofisticadas de manipulación social.

"España: anatomía de una traición"... La matanza de Paracuellos.

 

La matanza de Paracuellos. 1951 Picasso

"España: anatomía de una traición"

Una democracia frágil ante el asalto institucional

España vive una etapa de degradación institucional tan profunda que ha hecho saltar por los aires las categorías tradicionales de análisis político. La polarización no es ya entre derecha e izquierda, sino entre legalidad constitucional y ruptura encubierta del orden democrático. Desde el año 2018, bajo una estrategia calculada por el poder gobernante, se ha promovido una reconversión del Estado hacia formas autoritarias enmascaradas de progresismo: manipulación judicial, desactivación de los cuerpos de seguridad, cesiones al independentismo que bordean la traición institucional, y una constante blanqueo de entornos vinculados al terrorismo. Frente a este escenario, VOX surge como una respuesta radical, no populista en su génesis, sino reactiva desde el trauma, la firmeza y la denuncia de un proceso que podría calificarse como de disolución del Estado.

La colonización institucional: una democracia saqueada desde dentro

Desde la moción de censura de 2018, el PSOE ha dejado atrás toda lógica de gobierno democrático en favor de una alianza progresiva con fuerzas que no solo no creen en la unidad nacional ni en la Constitución, sino que han atentado directamente contra ellas: ERC, Bildu, y otras formaciones herederas del proyecto totalitario o identitario. La amnistía al independentismo catalán -pactada tras un chantaje electoral- no ha sido un gesto de reconciliación, sino una rendición del Estado ante los enemigos del orden constitucional.

El desmantelamiento de las estructuras de vigilancia de fronteras, de lucha antidroga y de cuerpos especializados de seguridad del Estado es coherente con esta estrategia: un Estado que se disuelve en nombre de una idea falsificada de progreso. La colonización de instituciones mediante el nombramiento directo de afines al partido -incluso con perfiles sin estudios ni formación- no es una anécdota; es la destrucción del principio meritocrático que garantiza la neutralidad del Estado.

Más aún: la introducción del 25% de jueces por la vía del nombramiento político, sin oposición, representa un asalto directo al principio de separación de poderes, y una amenaza existencial para el Estado de Derecho.

De las víctimas del terrorismo a la glorificación del verdugo

Uno de los aspectos más inquietantes de la actual deriva política es la perversa relectura de la historia reciente. La izquierda ha conseguido naturalizar, con el apoyo de los medios afines, una narrativa donde los terroristas de ETA son tratados como interlocutores válidos, mientras se silencia o se margina a las víctimas. Las cesiones políticas a Bildu -que hoy tiene acceso al BOE mediante pactos parlamentarios- son un insulto a los miles de ciudadanos que sufrieron la violencia terrorista.

En este contexto, el discurso de VOX, lejos de ser un populismo oportunista, recoge un clamor de justicia silenciado: el de las víctimas, los cuerpos de seguridad humillados, y los ciudadanos que aún creen en la ley como pilar irrenunciable de la convivencia. No es extraño que haya sido fundado por víctimas directas del terrorismo, como José Antonio Ortega Lara, ni que continúe siendo un refugio político para quienes ven con horror cómo el relato institucional se invierte, convirtiendo en demócratas a quienes jamás han pedido perdón por matar.

El precio filosófico: generaciones sin referentes, Estado sin alma

La crisis que vive España no es solo política o económica: es antropológica. Las nuevas generaciones han crecido bajo un sistema educativo que ha sustituido el estudio riguroso de la historia por un relato ideológico. La moral cívica ha sido reemplazada por el relativismo cultural; la justicia, por el reparto clientelar de privilegios. Así, la juventud española es hoy una generación expuesta al adoctrinamiento, sin formación ética ni afecto por la patria. Se les ha enseñado a desconfiar del Estado, a renegar de su historia y a despreciar los valores fundacionales de la democracia constitucional.

En este vacío simbólico, VOX ha sabido posicionarse no como una fuerza tecnocrática, sino como una fuerza identitaria que articula un sentido de pertenencia, orden y justicia. Su lenguaje de defensa nacional, seguridad, propiedad, y unidad ha calado no por su agresividad, sino porque es el único que se atreve a decir lo que muchos temen reconocer: que España está siendo desmontada pieza por pieza desde dentro.

Entre la rebelión constitucional y la sumisión suicida

España vive hoy una encrucijada crítica: o recupera su arquitectura institucional, su moral pública y su memoria verdadera, o se precipita hacia un modelo de democracia simulada, donde el poder se ejerce sin control, la justicia se reparte por cuotas, y la nación se convierte en un mosaico de feudos ideológicos.

Los partidos tradicionales, especialmente el Partido Popular, han mostrado una tibieza inaceptable, más preocupados por el cálculo electoral que por el deber histórico. Han renunciado a liderar una resistencia real, permitiendo que el PSOE y sus aliados subviertan el orden sin verdadera oposición.

La ética pública ha sido sustituida por un cinismo sistémico, donde la mentira se normaliza, el adversario político se convierte en enemigo, y la justicia se degrada a un instrumento más de la batalla cultural. La oposición, encabezada por el Partido Popular, lejos de actuar como un contrapeso democrático, se limita a ejercer una resistencia simbólica, que termina siendo funcional al mantenimiento del statu quo. La reciente convocatoria de una manifestación bajo el lema “¿Mafia o Democracia?” a escasos días de una reunión con el gobierno revela un doble juego insostenible: una crítica estética sin compromiso ético.

Frente a esta parálisis, la existencia de VOX no es solo legítima, sino necesaria. Su aparición marca el fracaso de un sistema que ha traicionado a sus ciudadanos. Pero también representa una advertencia: si el sistema político no se regenera desde los principios constitucionales, si las instituciones no se liberan del secuestro partidista, el futuro no será ni democrático ni libre.

España no necesita una revolución, sino una restauración: del mérito, de la justicia, de la verdad y de la dignidad.

 

Exhibicionismo anticonstitucional....La última canción.

 No más exhibicionismo o  “culos” anticonstitucionales:

Lo que defiende el “Socialismo de Pumpido” ahora sobre la Constitución:

 “..  Es que el objetivo político de una ley, aunque sea perverso y opuesto a los principios constitucionales, no afecta al examen sobre la constitucionalidad de la misma.”

Pero esta cuestión es «exactamente lo contrario», apunta el magistrado Fernando Portillo, 

«En un Estado de Derecho son los ciudadanos los que pueden hacer todo lo que no esté prohibido (según el principio de libertado o autonomía individual), pero los poderes públicos sólo pueden hacer aquello que la Constitución les permite».

De lo contrario se está «arrojando la democracia liberal al barro».

Democracia vaciada, paz secuestrada.. todos tenemos cicatrices.

 

Democracia vaciada, paz secuestrada

El caso del gobierno de Merz representa un paradigma inquietante: el vaciamiento de la democracia en nombre de una guerra supuestamente justa. La participación activa de Alemania en el conflicto ucraniano, sin mandato ciudadano explícito, abre un precedente peligrosísimo para el futuro del derecho internacional y la soberanía popular. La paz no puede imponerse mediante misiles; y la libertad no puede defenderse traicionando la voluntad democrática de los pueblos.

Europa necesita urgentemente una nueva arquitectura de seguridad basada en la diplomacia multilateral, el desarme progresivo y la consulta popular. En ausencia de ello, la escalada promovida por Merz y sus aliados no sólo amenaza la estabilidad geopolítica de la región, sino también los fundamentos mismos del proyecto europeo: una comunidad de naciones fundada en el consenso, los derechos y la paz duradera.

Europa se ve arrastrada a la guerra con un autoritarismo democrático y militarismo bajo el gobierno de Friedrich Merz. El ascenso del canciller alemán Friedrich Merz marca un viraje profundo en la política exterior europea. La decisión de levantar restricciones al suministro de armamento de largo alcance a Ucrania, incluyendo los misiles Taurus, evidencia un giro hacia una participación militar activa sin legitimidad popular. Este artículo analiza críticamente el carácter antidemocrático de tales decisiones, la instrumentalización de alianzas militares como la OTAN, y el vaciamiento de la soberanía popular en contextos de guerra.

En abril y mayo de 2025, Europa cruzó un umbral crítico. Los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Francia levantaron las restricciones al suministro de armas de largo alcance a Ucrania. Tal como lo confirmó el canciller alemán Friedrich Merz en entrevista televisiva, esto permite por primera vez el uso de misiles con capacidad para atacar objetivos en territorio ruso. A partir de esta decisión, la Unión Europea ha quedado vinculada de facto a una estrategia de escalada militar, sin consulta previa a sus ciudadanos ni un mandato claro de los parlamentos nacionales. En esta coyuntura, se abre un profundo dilema sobre la legitimidad política, jurídica y moral de las decisiones que implican el uso de la fuerza armada en nombre de los pueblos europeos.

Desde el inicio del conflicto ucraniano en 2022, las posturas dentro del gobierno alemán se dividieron entre la moderación táctica de Olaf Scholz y el belicismo declarado de Friedrich Merz, líder de la CDU. Con su llegada a la cancillería tras las elecciones anticipadas de febrero de 2025, Merz ha impuesto una doctrina de "proyección ofensiva estratégica", que considera indispensable para reforzar la "capacidad de disuasión" de Ucrania, pero que involucra directa e inevitablemente a Europa en un conflicto armado internacional.

La propuesta de Merz de suministrar misiles Taurus -con un alcance de hasta 500 km- ha recibido críticas no sólo desde Moscú, que advierte de la participación directa de Alemania en las hostilidades, sino también desde sectores del SPD y de los gobiernos europeos que aún sostienen un enfoque de contención. La posibilidad técnica de operar estos misiles requiere, además, la presencia de técnicos e ingenieros alemanes sobre el terreno, lo que añade un componente de ocupación militar formal a la operación.

Se observa que el principio democrático eclipsado por la geopolítica. A lo largo del proceso de toma de decisiones, no se ha convocado referéndum alguno, ni se ha producido un debate público real sobre el significado de esta escalada. ¿Quién autorizó a Alemania y a sus aliados a comprometer recursos humanos, militares y financieros para una guerra que aún no ha sido declarada formalmente? En ninguna constitución europea, ni en los tratados de la Unión, se justifica el desmantelamiento del principio de soberanía popular en materia de guerra y paz. El hecho de que estas decisiones se tomen bajo la cobertura de alianzas internacionales -como la OTAN o la llamada "coalición de los dispuestos"- no exime a los gobiernos de su responsabilidad democrática interna.

La consolidación de esta estrategia bélica ocurre además en el marco de un creciente autoritarismo democrático. Gobiernos formalmente elegidos ignoran las vías de deliberación ciudadana, suspenden garantías fundamentales en nombre de la "seguridad" y criminalizan el disenso pacifista. El discurso oficial reduce la complejidad del conflicto a una lógica binaria de "defensores de la libertad" contra "autocracias agresoras", ocultando así la multiplicidad de factores geopolíticos, económicos y culturales en juego.

Y seguimos con una Europa analfabeta arrastrada a la lógica imperial de los bloques. La política de Merz no puede entenderse en clave exclusivamente nacional. Su activismo diplomático -con visitas a Francia, Polonia, Kiev y próximamente a Estados Unidos- responde a una estrategia más amplia de reconfiguración del liderazgo occidental, en sintonía con sectores de poder en Washington que promueven una confrontación directa con Rusia. En lugar de consolidar una autonomía estratégica europea, lo que se refuerza es una dependencia vertical de los intereses militares y económicos del complejo industrial transatlántico. Lejos de construir paz, se reactiva la lógica imperial de los bloques: OTAN contra Moscú, con Europa como teatro de operaciones.

 

El bloqueo a la ciudadanía. ... quizás mañana

El bloqueo a la ciudadanía. 

La reciente crisis en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español, caracterizada por el bloqueo sistemático de nombramientos judiciales, representa una grave amenaza para los principios fundamentales del Estado de Derecho y tiene consecuencias directas y perniciosas para los ciudadanos. El presente ensayo analiza cómo la politización de las instituciones judiciales y la instrumentalización del CGPJ dañan los derechos fundamentales de los ciudadanos y socavan la confianza en el sistema de justicia.

La crisis descrita representa una grave amenaza para los derechos fundamentales de los ciudadanos y para la integridad del sistema democrático español. Los daños identificados son múltiples y afectan tanto a principios constitucionales fundamentales como a derechos específicos de los ciudadanos.

El bloqueo político de los nombramientos judiciales no solo vulnera la independencia del poder judicial, sino que genera consecuencias directas y tangibles para los ciudadanos: retrasos en la administración de justicia, pérdida de confianza en las instituciones, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y erosión del Estado de Derecho.

La jurisprudencia tanto nacional como europea es clara en la protección de la independencia judicial como pilar fundamental de la democracia. La situación descrita contraviene estos principios establecidos y requiere una respuesta institucional urgente.

Es imperativo que las instituciones españolas encuentren mecanismos para resolver esta crisis, garantizando que el funcionamiento del poder judicial responda exclusivamente a criterios de legalidad, mérito y capacidad, sin interferencias políticas que comprometan los derechos fundamentales de los ciudadanos y la integridad del sistema democrático.

La democracia española no puede permitirse que la justicia se convierta en rehén de intereses políticos partidistas. Los ciudadanos merecen un sistema judicial independiente, imparcial y eficaz, que garantice sus derechos fundamentales sin condicionamientos políticos. Solo así se podrá restaurar la confianza institucional y garantizar el pleno funcionamiento del Estado de Derecho.

La crisis institucional y marco jurisprudencial

Según se desprende del documento analizado, el Gobierno está bloqueando los nombramientos en el CGPJ a través de vocales afines para imponer candidatas específicas en las presidencias de la Sala Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Esta situación configura lo que la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha calificado como un "ataque contra el Supremo".

El Tribunal Constitucional ha establecido en múltiples ocasiones la importancia de la independencia judicial. En la STC 108/1986, se estableció que "la independencia judicial es una garantía objetiva del funcionamiento de la Administración de Justicia" y que "debe protegerse frente a toda clase de interferencias". Asimismo, la STC 47/1987 señala que el Consejo General del Poder Judicial debe actuar con "imparcialidad e independencia" en sus funciones.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Baka c. Hungría (2016), estableció que "la independencia del poder judicial debe protegerse no solo frente a influencias externas, sino también frente a presiones políticas que puedan comprometer su funcionamiento".

Los principales daños identificados son:

Vulneración de derechos fundamentales: Especialmente el derecho a la tutela judicial efectiva y al juez predeterminado por la ley. Erosión de la confianza institucional: Los ciudadanos pierden fe en la imparcialidad del sistema judicial. Deterioro del servicio público de justicia: Retrasos, sobrecargas y decisiones provisionales que afectan la calidad del servicio. Ruptura del principio de separación de poderes: Con consecuencias graves para el equilibrio democrático.

 

Querella criminal.... La muerte no es el final.

 

QUERELLA CRIMINAL**

SINOPSIS DE LA CONDUCTA IMPUTADA

El artículo acusa al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, de:

1. Colaborar secretamente con el Gobierno para avalar una ley de amnistía relacionada con el referéndum ilegal del 1-O (1 de octubre de 2017), utilizando un "grupo de trabajo" ideológicamente afín.
2. Negarse a consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con posibles vulneraciones del derecho europeo.
3. Desvirtuar la imparcialidad del Tribunal Constitucional al rechazar sistemáticamente las posiciones del bloque conservador.
4. Participar activamente en la redacción de una ley que posteriormente debía juzgar, lo que representa un claro conflicto de interés.
5. Confesar informalmente fines políticos o ideológicos en su rol como fiscal general y como presidente del TC, insinuando un uso del poder judicial con fines de ingeniería política.

CIRCUNSTANCIAS PENALES POSIBLES

1. Prevaricación Judicial (art. 446 CP):

El delito de prevaricación consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas. Si el presidente del TC estuviera actuando con conocimiento de la ilegalidad y parcialidad de sus decisiones, podría configurarse esta figura delictiva.

2. Colaboración con organización o grupo delictivo (art. 570 bis CP):

Si se acreditase que ha coordinado acciones en connivencia con otros actores institucionales para garantizar impunidad a responsables de delitos graves (ej. rebelión, malversación, sedición, terrorismo), podría enmarcarse dentro de una dinámica de grupo criminal.

3. Omisión del deber de perseguir delitos (art. 408 CP):

Como alto cargo judicial, una inacción deliberada frente a la investigación de delitos o el encubrimiento indirecto mediante amnistías cuestionables, puede configurar delito de omisión.

4. Alta traición (art. 581 y ss. CP):

Aunque en el ordenamiento español esta figura tiene un ámbito muy restringido, si se comprobara una colaboración activa con fines de debilitamiento del Estado o se favoreciera a agentes hostiles al orden constitucional, esta acusación podría tener cabida.

5. Usurpación de funciones (art. 402 CP):

Intervenir directamente en la redacción de una norma que se someterá a su enjuiciamiento posterior podría considerarse usurpación o abuso de funciones públicas.

6. Delitos contra la Constitución (Título XXI CP):

Tales como atentados contra la separación de poderes, desviación de poder con fines políticos, o vulneración del principio de imparcialidad judicial.

7. Posible responsabilidad penal militar (Código Penal Militar, arts. 62 y ss.):

Si en un escenario extraordinario y constitucionalmente habilitado se entendiera que las actuaciones constituyen un ataque a la seguridad del Estado y a la integridad nacional, podría considerarse, en términos técnicos, un acto de alta traición o sedición institucional, siendo competente la jurisdicción militar (por ejemplo, en aplicación del art. 65.3 CE en caso de emergencia constitucional).

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL (TEÓRICA Y FUNDADA)

"Vistos los hechos que se imputan al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Constitucional y, de ser estos acreditados en sede judicial con pruebas directas e indiciarias sólidas, este órgano considera que concurren indicios suficientes para la apertura de diligencias por los siguientes delitos: prevaricación continuada, colaboración con grupo criminal, omisión del deber de perseguir delitos, y, de forma subsidiaria, conspiración para atentar contra el orden constitucional.

Asimismo, ante la posible implicación del sujeto en actuaciones que comprometen la seguridad nacional, se remite informe reservado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y al Consejo de Seguridad Nacional, a los efectos de valorar una eventual competencia de la jurisdicción militar, conforme al art. 14 del Código Penal Militar."

Se acuerda remisión inmediata de los hechos a la Fiscalía General del Estado, y se propone la suspensión cautelar de funciones públicas del magistrado hasta esclarecimiento judicial firme."

REFLEXIÓN FINAL (DOCTRINAL)

El caso plantea un dilema profundo sobre el uso del Derecho como herramienta de ingeniería política. Si un magistrado constitucional -cuya misión es salvaguardar el Estado de Derecho- se convierte en actor ideológico o ejecutor de intereses partidistas, el sistema democrático se ve gravemente comprometido. A la luz de la jurisprudencia del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos), tales acciones vulnerarían el principio de independencia judicial (art. 6 CEDH) y el derecho a un tribunal imparcial, lo cual podría dar lugar a responsabilidades internacionales del Estado español.

Con dictamen técnico-político en relación con hechos de extrema gravedad institucional

AL EXCMO. TRIBUNAL SUPREMO – SALA DE LO PENAL
O, subsidiariamente, al JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL

D./D.ª [Nombre del querellante, puede ser colectivo, partido político, asociación o ciudadano], con DNI número […], domicilio a efectos de notificaciones en […], teléfono […], correo electrónico […], comparece y, como mejor proceda en Derecho, interpone la siguiente:

QUERELLA CRIMINAL

contra el Excmo. Sr. D. CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO TOURÓN, Presidente del Tribunal Constitucional de España,
por la presunta comisión de los delitos de:

• Prevaricación judicial (art. 446 y 447 del Código Penal)
• Encubrimiento agravado (art. 451 CP)
• Colaboración con grupo criminal y/o terrorista (arts. 570 bis y 573 CP)
• Usurpación de funciones públicas (arts. 402 y 404 CP)
• Delito contra la Constitución (arts. 472 y ss. CP)
• Desobediencia al Derecho europeo (art. 410 CP y art. 4bis LOPJ)
• Alta traición (art. 581 CP), en su modalidad tentativa y mediata

Todo ello en concurso real de delitos, conforme a lo establecido en el art. 73 CP.

I. HECHOS

1. Que el Sr. Conde-Pumpido, en su condición de presidente del Tribunal Constitucional, habría actuado en colusión con el Gobierno de la Nación, y en concreto con el Ministerio de Justicia, participando directa y activamente en la redacción de la Ley de Amnistía promovida por el Ejecutivo en relación con los hechos del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
2. Que dicha participación se realizó antes de que el propio Tribunal Constitucional tuviera que pronunciarse sobre la legalidad de esa misma norma, incurriendo en un evidente conflicto de interés, violando su deber de imparcialidad y anticipando un juicio favorable con indicios de prevaricación.
3. Que el querellado creó y dirigió un grupo ideológicamente afín compuesto por letrados del Tribunal Constitucional, excluyendo del proceso deliberativo a voces disidentes, con la finalidad de imponer un texto judicial prefabricado que disfrazara de constitucional una medida normativa de evidente contenido autoexculpatorio para implicados en delitos graves.
4. Que ha obstaculizado deliberadamente el control europeo, al negarse a elevar cuestiones prejudiciales al TJUE a pesar de los requerimientos de varios magistrados del TC, y que ha mostrado rechazo a que otras instancias -como el Senado o el PP- actúen contra la Ley de Amnistía.
5. Que estas actuaciones se han producido a sabiendas de que el Fiscal General del Estado, D. Álvaro García Ortiz, se encuentra imputado por delito de revelación de secretos y mantiene afinidad ideológica y funcional con el querellado, lo que compromete toda posibilidad de acción penal ordinaria, configurándose un entramado institucional de encubrimiento y desactivación del Estado de Derecho.
6. Que existen declaraciones públicas y privadas del querellado que revelan su voluntad de utilizar su posición judicial con fines políticos, como la frase que se le atribuye:
   “Fui designado fiscal general del Estado para arreglar el problema del terrorismo y lo arreglé. Voy a ser presidente del TC para arreglar el problema de Cataluña, y lo arreglaré.”
7. Que todos estos hechos suponen una desviación de poder, posible traición a la integridad del orden constitucional y vulneración de tratados internacionales firmados por España, como el Tratado de la Unión Europea (art. 2 y 19 TUE) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 6).

II. FUNDAMENTO JURÍDICO

A. Delitos invocados:

• Prevaricación (art. 446 CP): resolución injusta y deliberadamente parcial.
• Encubrimiento (art. 451 CP): protección activa o pasiva de responsables de delitos contra el Estado.
• Colaboración con organización criminal o terrorista (arts. 570 bis y 573 CP): si se confirma cooperación con quienes intentaron subvertir el orden constitucional.
• Usurpación de funciones (arts. 402 y 404 CP): participación en tareas normativas fuera de sus competencias judiciales.
• Alta traición (art. 581 CP): si se demuestra cooperación activa o pasiva con quienes vulneran la soberanía del Estado.
• Desobediencia a normas europeas obligatorias (art. 410 CP y 4 bis LOPJ): negativa a aplicar o consultar al TJUE.

B. Doctrina y jurisprudencia:

• STC 155/2009 y jurisprudencia del TEDH: la imparcialidad judicial no es negociable, y cualquier apariencia razonable de parcialidad destruye la legalidad.
• Dictamenes del GRECO (Consejo de Europa): alertan sobre la politización de la justicia y la necesidad de mecanismos independientes de control de altos cargos judiciales.
• Artículo 6 del CEDH: garantiza el derecho a un tribunal imparcial, independiente y previamente establecido por la ley.

III. PETICIÓN

1. Admisión a trámite de la querella.
2. Inhibición inmediata del Fiscal General del Estado por causa sobrevenida de conflicto de interés.
3. Remisión de los hechos al Parlamento Europeo y a la Comisión de Libertades Civiles de la UE, conforme al art. 7 del TUE, por posible infracción grave del Estado de Derecho.
4. Suspensión cautelar de funciones del querellado, al amparo del art. 384 bis de la LECrim.
5. Práctica de diligencias urgentes:
• Declaración de los letrados integrantes del grupo de trabajo.
• Requerimiento de todas las comunicaciones entre el Ministerio de Justicia y el Tribunal Constitucional en relación con la Ley de Amnistía.
• Revisión del expediente de abstención de Juan Carlos Campo y recusación del magistrado Macías.
• Actas de deliberación interna del TC sobre la amnistía.

IV. DOCUMENTACIÓN APORTADA

Artículo periodístico “Conde-Pumpido reta al PP y al Senado a intentar paralizar la sentencia del TC sobre la amnistía”

• Artículo periodístico (Libertad Digital)
• Copia de declaraciones públicas y publicaciones del querellado.
• Informes jurídicos sobre el contexto legal de la Ley de Amnistía.
• Extractos doctrinales y jurisprudenciales de tribunales españoles y europeos.

V. SUPLICO AL TRIBUNAL

Que teniendo por presentado este escrito, con sus documentos, se sirva admitir esta querella criminal y practicar las diligencias solicitadas, adoptando las medidas cautelares solicitadas para proteger la integridad del orden constitucional y del Estado de Derecho.

 

Firma del querellante o su procurador
En Ciudad, a Fecha