Lula
da Silva: De salvador popular a arquitecto de una nueva represión
Luiz Inácio Lula da
Silva, figura emblemática de la izquierda latinoamericana, vuelve al poder en
Brasil en un contexto de polarización política profunda. Su retorno, sin
embargo, lejos de significar una renovación democrática, ha evidenciado
patrones de autoritarismo, manipulación institucional y venganza política.
Apoyado por redes ideológicas como el Grupo de Puebla y figuras como Cristina
Kirchner, Lula ha convertido la persecución de sus adversarios, en especial
Jair Bolsonaro, en el eje central de su estrategia de poder.
El
primer mandato de Lula: ¿verdadera transformación o espejismo progresista?
Aunque en su primer
mandato Lula fue celebrado por sus políticas sociales y crecimiento económico,
estos logros fueron opacados por escándalos de corrupción como el “Mensalão” y
más tarde el “Lava Jato”, que revelaron una estructura institucional penetrada
por redes de soborno y clientelismo. Fuentes extraoficiales provenientes del
mismo entorno del Grupo de Puebla apuntan que Lula habría instrumentalizado
casos de corrupción en Perú, como el de Odebrecht, para desviar el foco de
atención de los escándalos que asolaban a su gobierno, protegiendo así su
figura ante la opinión pública regional.
La
mano del Grupo de Puebla: cooptación judicial y venganza política
Actualmente, Lula
lidera un gobierno alineado ideológicamente con el Grupo de Puebla, un
colectivo que ha mostrado una peligrosa tendencia a influir en los sistemas
judiciales de varios países para neutralizar a opositores. En el caso de
Brasil, la ofensiva contra Bolsonaro, quien ahora se encuentra en arresto
domiciliario por órdenes del juez Alexandre de Morais, parece menos un acto de
justicia que una vendetta cuidadosamente orquestada. Como indica el documento
compartido, Bolsonaro fue silenciado por una supuesta violación de redes
sociales en un contexto de protestas masivas a su favor. ¿No se trata acaso de
una peligrosa represión del disenso político?
El
autoritarismo judicial: el nuevo rostro del progresismo brasileño
El caso de Bolsonaro ha
puesto en evidencia el uso discrecional de la Corte Suprema bajo el gobierno de
Lula. El juez Morais, sancionado incluso por el gobierno estadounidense por
“violaciones de derechos humanos”, ha actuado como brazo judicial del
Ejecutivo. Se ha llegado al extremo de prohibirle a Bolsonaro el uso de
celular, la recepción de visitas, e incluso la expresión pública, todo ello en
un país que presume de ser una democracia vibrante. Esto no es justicia; es una
purga política disfrazada de legalidad.
Un
gobierno al servicio de la ideología, no del pueblo
Lejos de resolver los
problemas estructurales del país, Lula ha centrado su energía en consolidar su
control político e ideológico. Brasil experimenta hoy una inflación creciente,
deterioro de servicios públicos y crisis institucional. Las decisiones
económicas parecen responder más a compromisos ideológicos que a un plan
técnico sustentable. Mientras tanto, el encarcelamiento selectivo de
adversarios, el debilitamiento del Estado de Derecho y el uso de la narrativa
antifascista como coartada para la represión son señales claras de que el país
va camino a una nueva ruina política.
Lula,
el retorno de un caudillismo reciclado
Lula no debería
presidir nuevamente Brasil. Su retorno ha significado la reinstauración de una
lógica de poder que usa la justicia como arma, el discurso de inclusión como
tapadera y la represión como método. El país necesita una refundación
democrática, no el reciclaje de liderazgos que, bajo el pretexto de combatir a
la extrema derecha, han terminado socavando las libertades fundamentales. El
caso Bolsonaro, más allá de su figura, simboliza la fragilidad del sistema
frente a un proyecto autoritario disfrazado de progresismo.
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