"El Umbral de la
Crisis: 4 patas de Pumpido, el Tribunal Constitucional y la Dimisión Inminente
del Gobierno"
Se expone este análisis jurídico, desde la óptica del
Derecho Europeo, de los planteamientos y actuaciones atribuidas al presidente
del Tribunal Constitucional, Cándido Conde‐Pumpido, según se desprende de los últimos
artículos periodísticos publicados en los diarios españoles.
Desde la perspectiva del Derecho Europeo, las
actuaciones del presidente del Tribunal Constitucional presentan serias
deficiencias. Se evidencia una extralimitación en la interpretación y
aplicación de las competencias del órgano, un intento de bloquear el acceso
efectivo al control jurisdiccional europeo y una posible injerencia en la
independencia judicial, lo que contraviene los principios de efectividad,
seguridad jurídica y división de poderes consagrados tanto en el ordenamiento
interno como en el Derecho de la Unión. Estos errores, si se consolidan, pueden
desencadenar una profunda crisis en la protección judicial y en el respeto al
Estado de Derecho, generando consecuencias que afectarían la integridad del
sistema democrático y la cohesión jurídica europea.
1ª pata. Extralimitación en el control jurisdiccional
Error identificado:
El presidente y su sector han adoptado una postura en
la que se pretende reinterpretar el alcance de la función de control del
Tribunal Constitucional, ampliando sus competencias para abarcar aspectos –como
la valoración probatoria y la revisión del juicio de subsunción– que, en
principio, recaerían en la jurisdicción ordinaria. Esto se traduce en una
“extralimitación” de la función que le confiere la Constitución, al invadir
ámbitos que, tradicionalmente, han sido reservados a otros órganos judiciales.
Fundamento
en Derecho Europeo:
El Derecho de la Unión exige la existencia de
garantías efectivas para la protección judicial y el respeto de la división de
competencias. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha
reiterado la importancia del principio de efectividad y la adecuada
distribución de competencias entre tribunales nacionales y europeos. La actitud
de intentar bloquear la revisión de determinadas decisiones ante el TJUE podría
ser interpretada como contraria al principio de primacía y eficacia de las
normas europeas, tal como se recoge en la doctrina del control judicial
efectivo (véase, por ejemplo, la resolución en el asunto CILFIT).
El asunto CILFIT se refiere a la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el caso CILFIT y Lanificio
di Gavardo SpA (Caso 283/81). Esta sentencia es fundamental por varias razones:
·
Interpretación uniforme del
Derecho de la Unión:
El TJUE estableció que las
normas comunitarias deben interpretarse de manera uniforme en todos los Estados
miembros. Esto obliga a los tribunales nacionales a tener en cuenta no sólo la
letra del Derecho de la UE, sino también su contexto y la jurisprudencia del
TJUE.
·
Obligación de remisión
prejudicial:
La sentencia CILFIT clarifica
que, en caso de dudas razonables sobre la interpretación o validez de una
disposición comunitaria, los tribunales nacionales deben plantear una cuestión
prejudicial ante el TJUE. Esto garantiza que se mantenga la coherencia en la
aplicación del Derecho de la Unión en todos los países miembros.
·
El papel de los tribunales
nacionales:
CILFIT subraya la necesidad de
que los jueces nacionales sean conscientes de la existencia y relevancia de la
jurisprudencia del TJUE, y de que no pueden aislarse en una interpretación que
pudiera contradecir el espíritu o la letra del Derecho comunitario.
En resumen, el asunto CILFIT es un referente en
el Derecho de la Unión, pues establece los principios básicos que rigen la
relación entre la legislación nacional y comunitaria, asegurando una aplicación
uniforme y coherente de las normas en toda la UE.
2ª pata. Bloqueo del acceso al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
Error
identificado:
El encargo de “estudiar si la Audiencia de Sevilla
puede elevar una cuestión prejudicial” y la intención de impedir que los
tribunales ordinarios puedan plantear al TJUE cuestiones relativas a
resoluciones del Tribunal Constitucional representan un intento de obstaculizar
un mecanismo esencial de protección de derechos, previsto para garantizar el
control de compatibilidad con el Derecho de la Unión.
Fundamento
en Derecho Europeo:
El Derecho europeo reconoce y protege el derecho de
acceso a una justicia eficaz (véase, por ejemplo, el artículo 47 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la UE y principios desarrollados por el TJUE) y
la posibilidad de remitir cuestiones prejudiciales, herramienta indispensable
para la interpretación uniforme del Derecho de la Unión. La negativa a admitir
la intervención del TJUE vulnera estos principios y podría minar la confianza
en el sistema judicial, generando un efecto cascada en la seguridad jurídica y
la cohesión del ordenamiento jurídico comunitario.
3ª pata. Injerencia en el principio
de separación de poderes y en la autonomía judicial
Error
identificado:
El proceder del presidente del Tribunal Constitucional
de consultar y movilizar a los magistrados para evitar que se cuestione su
actuación ante un tribunal europeo, denota un exceso de politización y una
posible injerencia en la independencia judicial. Tal actitud afecta la imagen
de imparcialidad y el equilibrio de poderes, pilares fundamentales tanto en el
ordenamiento constitucional español como en el Derecho europeo.
Fundamento
en Derecho Europeo:
La Unión Europea insiste en la necesidad de que los
sistemas judiciales garanticen la independencia, imparcialidad y efectividad de
la justicia (principio recogido en el preámbulo y en diversos apartados de los
tratados fundacionales, así como en la jurisprudencia del TJUE). Un exceso de
concentración o una manipulación de la agenda judicial nacional para bloquear
controles externos puede erosionar la confianza en el Estado de Derecho,
elemento esencial en el proceso de integración europea.
4ª pata. Consecuencias potenciales a
medio y largo plazo
Impacto en
el ordenamiento jurídico y en el Estado de Derecho:
La práctica de reinterpretar la
función del Tribunal Constitucional y bloquear mecanismos de control externo
podría generar un clima de impunidad y debilitamiento de la tutela judicial
efectiva. Esto podría llevar a una crisis de confianza en la administración de
justicia y, a largo plazo, contribuir a la transformación de un sistema
democrático en uno con rasgos autoritarios, en el que se privilegien intereses
particulares por sobre la legalidad.
La adopción de medidas que impidan
el acceso al TJUE vulnera los principios fundamentales sobre los que se asienta
el orden jurídico de la Unión. Si se afianza una doctrina de “inmunidad” del
Tribunal Constitucional frente a la revisión europea, se corre el riesgo de
crear un sistema judicial fragmentado, en el que las normas europeas queden, en
la práctica, sometidas a interpretaciones divergentes y a una aplicación
incoherente, afectando a la integridad del ordenamiento comunitario.
Este
razonamiento meticuloso se basa en la interrelación entre el Derecho interno y
los principios fundamentales del Derecho Europeo, destacando la importancia de
mantener la adecuada separación de competencias y el acceso irrestricto a
mecanismos de control judicial.
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