El caso del gobierno de
Merz representa un paradigma inquietante: el vaciamiento de la democracia en
nombre de una guerra supuestamente justa. La participación activa de Alemania
en el conflicto ucraniano, sin mandato ciudadano explícito, abre un precedente
peligrosísimo para el futuro del derecho internacional y la soberanía popular.
La paz no puede imponerse mediante misiles; y la libertad no puede defenderse
traicionando la voluntad democrática de los pueblos.
Europa necesita
urgentemente una nueva arquitectura de seguridad basada en la diplomacia
multilateral, el desarme progresivo y la consulta popular. En ausencia de ello,
la escalada promovida por Merz y sus aliados no sólo amenaza la estabilidad
geopolítica de la región, sino también los fundamentos mismos del proyecto
europeo: una comunidad de naciones fundada en el consenso, los derechos y la
paz duradera.
Europa se ve arrastrada
a la guerra con un autoritarismo democrático y militarismo bajo el gobierno de
Friedrich Merz. El ascenso del canciller alemán Friedrich Merz marca un viraje
profundo en la política exterior europea. La decisión de levantar restricciones
al suministro de armamento de largo alcance a Ucrania, incluyendo los misiles
Taurus, evidencia un giro hacia una participación militar activa sin
legitimidad popular. Este artículo analiza críticamente el carácter
antidemocrático de tales decisiones, la instrumentalización de alianzas
militares como la OTAN, y el vaciamiento de la soberanía popular en contextos
de guerra.
En abril y mayo de
2025, Europa cruzó un umbral crítico. Los gobiernos de Alemania, Estados
Unidos, Reino Unido y Francia levantaron las restricciones al suministro de
armas de largo alcance a Ucrania. Tal como lo confirmó el canciller alemán
Friedrich Merz en entrevista televisiva, esto permite por primera vez el uso de
misiles con capacidad para atacar objetivos en territorio ruso. A partir de
esta decisión, la Unión Europea ha quedado vinculada de facto a una estrategia
de escalada militar, sin consulta previa a sus ciudadanos ni un mandato claro
de los parlamentos nacionales. En esta coyuntura, se abre un profundo dilema
sobre la legitimidad política, jurídica y moral de las decisiones que implican
el uso de la fuerza armada en nombre de los pueblos europeos.
Desde el inicio del
conflicto ucraniano en 2022, las posturas dentro del gobierno alemán se
dividieron entre la moderación táctica de Olaf Scholz y el belicismo declarado
de Friedrich Merz, líder de la CDU. Con su llegada a la cancillería tras las
elecciones anticipadas de febrero de 2025, Merz ha impuesto una doctrina de
"proyección ofensiva estratégica", que considera indispensable para
reforzar la "capacidad de disuasión" de Ucrania, pero que involucra
directa e inevitablemente a Europa en un conflicto armado internacional.
La propuesta de Merz de
suministrar misiles Taurus -con un alcance de hasta 500 km- ha recibido
críticas no sólo desde Moscú, que advierte de la participación directa de
Alemania en las hostilidades, sino también desde sectores del SPD y de los
gobiernos europeos que aún sostienen un enfoque de contención. La posibilidad
técnica de operar estos misiles requiere, además, la presencia de técnicos e
ingenieros alemanes sobre el terreno, lo que añade un componente de ocupación
militar formal a la operación.
Se observa que el
principio democrático eclipsado por la geopolítica. A lo largo del proceso de
toma de decisiones, no se ha convocado referéndum alguno, ni se ha producido un
debate público real sobre el significado de esta escalada. ¿Quién autorizó a
Alemania y a sus aliados a comprometer recursos humanos, militares y financieros
para una guerra que aún no ha sido declarada formalmente? En ninguna
constitución europea, ni en los tratados de la Unión, se justifica el
desmantelamiento del principio de soberanía popular en materia de guerra y paz.
El hecho de que estas decisiones se tomen bajo la cobertura de alianzas
internacionales -como la OTAN o la llamada "coalición de los
dispuestos"- no exime a los gobiernos de su responsabilidad democrática
interna.
La consolidación de
esta estrategia bélica ocurre además en el marco de un creciente autoritarismo
democrático. Gobiernos formalmente elegidos ignoran las vías de deliberación
ciudadana, suspenden garantías fundamentales en nombre de la
"seguridad" y criminalizan el disenso pacifista. El discurso oficial
reduce la complejidad del conflicto a una lógica binaria de "defensores de
la libertad" contra "autocracias agresoras", ocultando así la
multiplicidad de factores geopolíticos, económicos y culturales en juego.
Y seguimos con una
Europa analfabeta arrastrada a la lógica imperial de los bloques. La política
de Merz no puede entenderse en clave exclusivamente nacional. Su activismo
diplomático -con visitas a Francia, Polonia, Kiev y próximamente a Estados
Unidos- responde a una estrategia más amplia de reconfiguración del liderazgo
occidental, en sintonía con sectores de poder en Washington que promueven una
confrontación directa con Rusia. En lugar de consolidar una autonomía
estratégica europea, lo que se refuerza es una dependencia vertical de los
intereses militares y económicos del complejo industrial transatlántico. Lejos
de construir paz, se reactiva la lógica imperial de los bloques: OTAN contra
Moscú, con Europa como teatro de operaciones.
La reciente crisis en
el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español, caracterizada por el
bloqueo sistemático de nombramientos judiciales, representa una grave amenaza
para los principios fundamentales del Estado de Derecho y tiene consecuencias
directas y perniciosas para los ciudadanos. El presente ensayo analiza cómo la
politización de las instituciones judiciales y la instrumentalización del CGPJ
dañan los derechos fundamentales de los ciudadanos y socavan la confianza en el
sistema de justicia.
La crisis descrita representa
una grave amenaza para los derechos fundamentales de los ciudadanos y para la
integridad del sistema democrático español. Los daños identificados son
múltiples y afectan tanto a principios constitucionales fundamentales como a
derechos específicos de los ciudadanos.
El bloqueo político de
los nombramientos judiciales no solo vulnera la independencia del poder judicial,
sino que genera consecuencias directas y tangibles para los ciudadanos:
retrasos en la administración de justicia, pérdida de confianza en las
instituciones, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y erosión
del Estado de Derecho.
La jurisprudencia tanto
nacional como europea es clara en la protección de la independencia judicial
como pilar fundamental de la democracia. La situación descrita contraviene
estos principios establecidos y requiere una respuesta institucional urgente.
Es imperativo que las
instituciones españolas encuentren mecanismos para resolver esta crisis,
garantizando que el funcionamiento del poder judicial responda exclusivamente a
criterios de legalidad, mérito y capacidad, sin interferencias políticas que
comprometan los derechos fundamentales de los ciudadanos y la integridad del
sistema democrático.
La democracia española
no puede permitirse que la justicia se convierta en rehén de intereses
políticos partidistas. Los ciudadanos merecen un sistema judicial independiente,
imparcial y eficaz, que garantice sus derechos fundamentales sin
condicionamientos políticos. Solo así se podrá restaurar la confianza
institucional y garantizar el pleno funcionamiento del Estado de Derecho.
La
crisis institucional y marco jurisprudencial
Según se desprende del
documento analizado, el Gobierno está bloqueando los nombramientos en el CGPJ a
través de vocales afines para imponer candidatas específicas en las
presidencias de la Sala Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo. Esta situación configura lo que la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló,
ha calificado como un "ataque contra el Supremo".
El Tribunal
Constitucional ha establecido en múltiples ocasiones la importancia de la
independencia judicial. En la STC 108/1986, se estableció que "la
independencia judicial es una garantía objetiva del funcionamiento de la
Administración de Justicia" y que "debe protegerse frente a toda
clase de interferencias". Asimismo, la STC 47/1987 señala que el Consejo
General del Poder Judicial debe actuar con "imparcialidad e independencia"
en sus funciones.
El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, en el caso Baka c. Hungría (2016), estableció que "la
independencia del poder judicial debe protegerse no solo frente a influencias
externas, sino también frente a presiones políticas que puedan comprometer su
funcionamiento".
Los
principales daños identificados son:
Vulneración
de derechos fundamentales: Especialmente el derecho a la
tutela judicial efectiva y al juez predeterminado por la ley. Erosión de la confianza institucional:
Los ciudadanos pierden fe en la imparcialidad del sistema judicial. Deterioro del servicio público de justicia:
Retrasos, sobrecargas y decisiones provisionales que afectan la calidad del
servicio. Ruptura del principio de
separación de poderes: Con consecuencias graves para el equilibrio
democrático.
El artículo acusa al presidente del Tribunal
Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, de:
Colaborar
secretamente con el Gobierno para avalar una ley de amnistía relacionada con
el referéndum ilegal del 1-O (1 de octubre de 2017), utilizando un
"grupo de trabajo" ideológicamente afín.
Negarse
a consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con posibles
vulneraciones del derecho europeo.
Desvirtuar
la imparcialidad del Tribunal Constitucional al rechazar sistemáticamente
las posiciones del bloque conservador.
Participar
activamente en la redacción de una ley que posteriormente debía juzgar, lo que representa un claro
conflicto de interés.
Confesar
informalmente fines políticos o ideológicos en su rol como fiscal general
y como presidente del TC, insinuando un uso del poder judicial con fines
de ingeniería política.
CIRCUNSTANCIAS
PENALES POSIBLES
1.
Prevaricación Judicial (art. 446 CP):
El delito de
prevaricación consiste en dictar una resolución injusta a sabiendas. Si el
presidente del TC estuviera actuando con conocimiento de la ilegalidad y
parcialidad de sus decisiones, podría configurarse esta figura delictiva.
2.
Colaboración con organización o grupo delictivo (art. 570 bis CP):
Si se
acreditase que ha coordinado acciones en connivencia con otros actores institucionales
para garantizar impunidad a responsables de delitos graves (ej. rebelión,
malversación, sedición, terrorismo), podría enmarcarse dentro de una dinámica
de grupo criminal.
3. Omisión
del deber de perseguir delitos (art. 408 CP):
Como alto cargo
judicial, una inacción deliberada frente a la investigación de delitos o el
encubrimiento indirecto mediante amnistías cuestionables, puede configurar
delito de omisión.
4. Alta
traición (art. 581 y ss. CP):
Aunque en el
ordenamiento español esta figura tiene un ámbito muy restringido, si se
comprobara una colaboración activa con fines de debilitamiento del Estado o se
favoreciera a agentes hostiles al orden constitucional, esta acusación
podría tener cabida.
5.
Usurpación de funciones (art. 402 CP):
Intervenir
directamente en la redacción de una norma que se someterá a su enjuiciamiento
posterior podría considerarse usurpación o abuso de funciones públicas.
6. Delitos
contra la Constitución (Título XXI CP):
Tales como atentados
contra la separación de poderes, desviación de poder con fines políticos,
o vulneración del principio de imparcialidad judicial.
7. Posible
responsabilidad penal militar (Código Penal Militar, arts. 62 y ss.):
Si en un
escenario extraordinario y constitucionalmente habilitado se entendiera que las
actuaciones constituyen un ataque a la seguridad del Estado y a la
integridad nacional, podría considerarse, en términos técnicos, un acto
de alta traición o sedición institucional, siendo competente la
jurisdicción militar (por ejemplo, en aplicación del art. 65.3 CE en caso de
emergencia constitucional).
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL (TEÓRICA Y FUNDADA)
"Vistos los hechos que se imputan al Excmo. Sr.
Presidente del Tribunal Constitucional y, de ser estos acreditados en sede
judicial con pruebas directas e indiciarias sólidas, este órgano considera que
concurren indicios suficientes para la apertura de diligencias por los
siguientes delitos: prevaricación continuada, colaboración con grupo criminal,
omisión del deber de perseguir delitos, y, de forma subsidiaria, conspiración
para atentar contra el orden constitucional.
Asimismo, ante la posible implicación del sujeto en
actuaciones que comprometen la seguridad nacional, se remite informe reservado
a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y al Consejo de Seguridad Nacional,
a los efectos de valorar una eventual competencia de la jurisdicción militar,
conforme al art. 14 del Código Penal Militar."
Se acuerda remisión inmediata de los hechos a la
Fiscalía General del Estado, y se propone la suspensión cautelar de funciones
públicas del magistrado hasta esclarecimiento judicial firme."
REFLEXIÓN FINAL (DOCTRINAL)
El caso plantea un dilema profundo sobre el uso del
Derecho como herramienta de ingeniería política. Si un magistrado
constitucional -cuya misión es salvaguardar el Estado de Derecho- se convierte
en actor ideológico o ejecutor de intereses partidistas, el sistema democrático
se ve gravemente comprometido. A la luz de la jurisprudencia del TEDH (Tribunal
Europeo de Derechos Humanos), tales acciones vulnerarían el principio de
independencia judicial (art. 6 CEDH) y el derecho a un tribunal
imparcial, lo cual podría dar lugar a responsabilidades internacionales del
Estado español.
Con dictamen técnico-político en relación con hechos
de extrema gravedad institucional
AL EXCMO.
TRIBUNAL SUPREMO – SALA DE LO PENAL O, subsidiariamente, al JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN DE LA AUDIENCIA
NACIONAL
D./D.ª [Nombre del querellante, puede ser colectivo,
partido político, asociación o ciudadano], con DNI número […], domicilio a efectos de notificaciones
en […], teléfono […], correo electrónico […], comparece y, como mejor
proceda en Derecho, interpone la siguiente:
QUERELLA CRIMINAL
contra el
Excmo. Sr. D. CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO TOURÓN, Presidente del Tribunal
Constitucional de España,
por la presunta comisión de los delitos de:
Prevaricación
judicial (art.
446 y 447 del Código Penal)
Encubrimiento
agravado (art.
451 CP)
Colaboración
con grupo criminal y/o terrorista (arts. 570 bis y 573 CP)
Usurpación
de funciones públicas (arts. 402 y 404 CP)
Delito
contra la Constitución (arts. 472 y ss. CP)
Desobediencia
al Derecho europeo (art. 410 CP y art. 4bis LOPJ)
Alta
traición (art.
581 CP), en su modalidad tentativa y mediata
Todo ello en concurso real de delitos, conforme
a lo establecido en el art. 73 CP.
I. HECHOS
Que el
Sr. Conde-Pumpido, en su condición de presidente del Tribunal
Constitucional, habría actuado en colusión con el Gobierno de la Nación, y
en concreto con el Ministerio de Justicia, participando directa y
activamente en la redacción de la Ley de Amnistía promovida por el
Ejecutivo en relación con los hechos del 1 de octubre de 2017 en
Cataluña.
Que
dicha participación se realizó antes de que el propio Tribunal Constitucional
tuviera que pronunciarse sobre la legalidad de esa misma norma,
incurriendo en un evidente conflicto de interés, violando su deber de
imparcialidad y anticipando un juicio favorable con indicios de
prevaricación.
Que el
querellado creó y dirigió un grupo ideológicamente afín compuesto por
letrados del Tribunal Constitucional, excluyendo del proceso
deliberativo a voces disidentes, con la finalidad de imponer un texto
judicial prefabricado que disfrazara de constitucional una medida
normativa de evidente contenido autoexculpatorio para implicados en
delitos graves.
Que ha obstaculizado
deliberadamente el control europeo, al negarse a elevar cuestiones
prejudiciales al TJUE a pesar de los requerimientos de varios magistrados
del TC, y que ha mostrado rechazo a que otras instancias -como el Senado o
el PP- actúen contra la Ley de Amnistía.
Que
estas actuaciones se han producido a sabiendas de que el Fiscal General
del Estado, D. Álvaro García Ortiz, se encuentra imputado por
delito de revelación de secretos y mantiene afinidad ideológica y
funcional con el querellado, lo que compromete toda posibilidad de
acción penal ordinaria, configurándose un entramado institucional de
encubrimiento y desactivación del Estado de Derecho.
Que existen declaraciones
públicas y privadas del querellado que revelan su voluntad de utilizar
su posición judicial con fines políticos, como la frase que se le
atribuye: “Fui designado fiscal general del Estado para arreglar el problema del
terrorismo y lo arreglé. Voy a ser presidente del TC para arreglar el
problema de Cataluña, y lo arreglaré.”
Que
todos estos hechos suponen una desviación de poder, posible traición
a la integridad del orden constitucional y vulneración de tratados
internacionales firmados por España, como el Tratado de la Unión
Europea (art. 2 y 19 TUE) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art.
6).
II. FUNDAMENTO JURÍDICO
A. Delitos
invocados:
Prevaricación
(art. 446 CP):
resolución injusta y deliberadamente parcial.
Encubrimiento
(art. 451 CP):
protección activa o pasiva de responsables de delitos contra el Estado.
Colaboración
con organización criminal o terrorista (arts. 570 bis y 573 CP): si se confirma cooperación con
quienes intentaron subvertir el orden constitucional.
Usurpación
de funciones (arts. 402 y 404 CP): participación en tareas normativas fuera de sus
competencias judiciales.
Alta
traición (art. 581 CP): si se demuestra cooperación activa o pasiva con
quienes vulneran la soberanía del Estado.
Desobediencia
a normas europeas obligatorias (art. 410 CP y 4 bis LOPJ): negativa a aplicar o consultar
al TJUE.
B. Doctrina
y jurisprudencia:
STC
155/2009 y jurisprudencia del TEDH: la imparcialidad judicial no es
negociable, y cualquier apariencia razonable de parcialidad destruye
la legalidad.
Dictamenes
del GRECO (Consejo de Europa): alertan sobre la politización de la
justicia y la necesidad de mecanismos independientes de control de
altos cargos judiciales.
Artículo
6 del CEDH: garantiza el derecho a un tribunal imparcial, independiente
y previamente establecido por la ley.
III. PETICIÓN
Admisión
a trámite de la querella.
Inhibición
inmediata del Fiscal General del Estado por causa sobrevenida de conflicto de interés.
Remisión
de los hechos al Parlamento Europeo y a la Comisión de Libertades Civiles
de la UE,
conforme al art. 7 del TUE, por posible infracción grave del Estado de
Derecho.
Suspensión
cautelar de funciones del querellado, al amparo del art. 384 bis de la LECrim.
Práctica
de diligencias urgentes:
Declaración
de los letrados integrantes del grupo de trabajo.
Requerimiento
de todas las comunicaciones entre el Ministerio de Justicia y el Tribunal
Constitucional en relación con la Ley de Amnistía.
Revisión
del expediente de abstención de Juan Carlos Campo y recusación del
magistrado Macías.
Actas
de deliberación interna del TC sobre la amnistía.
IV. DOCUMENTACIÓN APORTADA
Artículo periodístico “Conde-Pumpido
reta al PP y al Senado a intentar paralizar la sentencia del TC sobre la
amnistía”
Artículo
periodístico (Libertad Digital)
Copia
de declaraciones públicas y publicaciones del querellado.
Informes
jurídicos sobre el contexto legal de la Ley de Amnistía.
Extractos
doctrinales y jurisprudenciales de tribunales españoles y europeos.
V. SUPLICO AL TRIBUNAL
Que teniendo por presentado este escrito, con sus documentos,
se sirva admitir esta querella criminal y practicar las diligencias
solicitadas, adoptando las medidas cautelares solicitadas para proteger la
integridad del orden constitucional y del Estado de Derecho.
Firma del
querellante o su procurador En Ciudad, a Fecha
“El virrey de la ruina económica, Escrivá también
imprime quiebras”
Durante los
últimos años, la confluencia de decisiones gubernamentales en materia de
Seguridad Social y la dirección del Banco de España ha desencadenado tensiones
profundas que erosionan la legitimidad y la viabilidad de ambas instituciones.
El nombramiento de don José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España en
septiembre de 2024, proveniente de la cartera de Inclusión y Transformación
Digital, ha provocado una cascada de renuncias en los estratos superiores del
regulador y ha comprometido su independencia técnica, dando paso a una
situación de debilitamiento financiero alarmante.
Pérdida de autonomía institucional
La llegada de
Escrivá al Banco de España ha coincidido con la dimisión de medio centenar de
altos directivos en menos de un año: desde el director general de Economía
hasta los responsables de Estabilidad Financiera y Recursos Humanos, así como
numerosos subdirectores. Esta hemorragia de talento experto, documentada en los
informes internos del organismo, ha sido calificada por analistas reputados
como una “purga” que cuestiona la autonomía del supervisor frente al poder
político.
Más grave aún
resulta el cambio de orientación en el Informe Anual 2024 del Banco de España,
donde se mitiga de forma notoria el tono crítico respecto a la insostenibilidad
del sistema público de pensiones y se omiten recomendaciones clave para
restablecer el equilibrio contributivo. Esta autocensura, denunciada por
observadores del sector, menoscaba la credibilidad del regulador y eleva la
prima de riesgo percibida por los inversores, al sugerir que los estudios del
BdE funcionan más como un instrumento político que como un diagnóstico técnico
independiente.
Deterioro de la solvencia patrimonial
Simultáneamente,
la salud financiera del Banco de España ha experimentado un derrumbe sin
precedentes. Entre 2019 y 2024, su patrimonio neto se ha desmoronado un 98,6 %,
quedando reducido a tan solo 1.023 millones de euros frente a un balance total
de 865.025 millones. Esta quiebra patrimonial obedece a minusvalías
extraordinarias en la cartera de política monetaria, derivadas de sucesivas
subidas de los tipos de interés: pérdidas de más de 112.000 millones en 2021 y
2022, amortiguadas posteriormente a costa de márgenes de interés negativos
(18.329 millones entre 2023 y 2024) y provisiones generales de riesgos.
Este episodio
evoca la insolvencia del Silicon Valley Bank en 2023 y demuestra que, de
habérsele exigido al BdE los estándares de un banco comercial, su condición de
impago habría precipitado un proceso de liquidación o rescate inmediato. No
obstante, la prerrogativa exclusiva del Banco de emitir moneda y acceder a
liquidez ilimitada ha enmascarado provisionalmente la dimensión de la
catástrofe, trasladando sus costes al Tesoro y a las entidades depositarias,
que han asumido 73.292 millones en costes financieros y remuneraciones de
depósitos al 2,5–4 % desde mediados de 2022.
Reformas previsionales y fractura social
Con anterioridad a
su incorporación al Banco de España, Escrivá promovió en 2023 una reforma de
pensiones que extendió a treinta años el periodo de cálculo y elevó las
cotizaciones mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Lejos de
atacar las causas estructurales del desequilibrio, la medida se limitó a
parchear el déficit coyuntural, provocando el rechazo unánime de sindicatos y
organizaciones empresariales, y acentuando la discriminación de género. Sin
embargo, el agujero acumulado sigue estimado en 2,49 billones de euros, según
Fedea, lo que revela la insuficiencia del planteamiento.
Aunque la llamada
“hucha de las pensiones” alcanzó los 7.000 millones en 2024, el incremento
acelerado del pasivo -que ha pasado de 55.000 a 116.000 millones de deuda en
apenas cuatro años- evidencia que los ingresos adicionales no han mitigado el
déficit estructural, socavando la confianza ciudadana y poniendo en entredicho
la sostenibilidad futura del sistema.
Amenazas del euro digital en un marco centralizado
En este contexto
de fragilidad institucional y patrimonial, la introducción del euro digital
adquiere connotaciones inquietantes. Pese a las garantías de privacidad
esgrimidas por el BCE, la concentración de datos y la programabilidad inherente
a la nueva moneda permitirán validaciones condicionadas y rastreos exhaustivos
de transacciones, erigiendo un instrumento de control fiscal y social sin
precedentes. En un escenario político donde la regeneración democrática es una
asignatura pendiente y la tolerancia a la corrupción persiste, el euro digital
podría erigirse en una palanca de vigilancia permanente y coacción financiera,
trasvasando la soberanía monetaria a un ámbito de fiscalización estatal extrema.
La realidad
El legado de José
Luis Escrivá en la Seguridad Social y en la dirección del Banco de España ha
hipotecado ambas instituciones con decisiones de corte político que han
erosionado su independencia y su solidez financiera. La creciente deuda y
déficit estructural de las pensiones, junto al derrumbe patrimonial del BdE,
han menoscabado la confianza de los mercados y de la ciudadanía. En este
escenario, el euro digital no se presenta como una mera innovación tecnológica,
sino como una palanca adicional de control que demanda un debate público amplio
y transparente sobre los límites del poder político en la economía y las
salvaguardas imprescindibles para preservar derechos y garantizar la
estabilidad democrática.
José Luis Escrivá, economista de
formación, saltó del Gabinete de Pedro Sánchez al sillón más poderoso del
sistema financiero español cuando fue nombrado gobernador del Banco de España
en septiembre de 2024. Su doble paso por las carteras de Inclusión (Seguridad
Social) y Transformación Digital lo convirtió en protagonista de reformas muy
polémicas, especialmente la reforma de las pensiones. Esta proeza técnica ha
despertado fuertes recelos en el sector financiero: la prensa económica y
ciertos funcionarios alertan de una injerencia política sin precedentes en la
independencia del regulador bancario. En el presente ensayo analizamos en
profundidad cómo estas intervenciones han afectado negativamente las finanzas y
la estructura institucional de la Seguridad Social y el Banco de España. Para
ello, examinamos la cadena de dimisiones en el regulador (seis bajas en menos
de nueve meses, según medios especializados) y el legado de Escrivá como
ministro de Seguridad Social. A la vez, evaluamos los riesgos que el proyecto
del euro digital implicaría bajo un escenario político señalado por críticos
como centralizador y permisivo con la corrupción. Nuestro análisis se apoya en
las investigaciones de medios económicos españoles (p. ej. El Economista,
Expansión, Cinco Días, El Confidencial, Invertia, Economía Digital, El Mundo
Financiero, Intereconomía, Bolsamanía, Libre Mercado) que han documentado
el declive de la institucionalidad financiera y la percepción de los mercados
sobre España.
Crisis en la cúpula del Banco de
España
La llegada de Escrivá al Banco de España provocó una
sacudida interna: en menos de nueve meses se han registrado múltiples bajas en
la alta dirección. La más reciente es la dimisión del director general de
Economía, Ángel Gavilán. Gavilán anunció su salida justo después de presentar
el Informe Anual 2024 –el primero bajo el mandato de Escrivá– cuyo contenido
alterado suscitó polémica. El Confidencial destaca que Gavilán deja el
cargo «un día después de haber presentado el ‘Informe Anual’ del Banco de
España correspondiente a 2024, el primero que se publica bajo el mandato del
gobernador José Luis Escrivá» elconfidencial.com. Esta
partida se enmarca en una cadena de renuncias: según El Economista, la
salida de Gavilán supone «la quinta renuncia que sufre el Banco de España desde
el relevo de Hernández de Cos», ya que antes habían dimitido el director
general de Personal y Contratación (Alejandro Álvarez) y el director general de
Estabilidad Financiera (Ángel Estrada), y este mismo año también dejaron su
puesto los subdirectores Ignacio Marín e Isabel Bueno eleconomista.es. En suma,
los medios confirman al menos media docena de vacantes directivas en la cúpula
del Banco desde la llegada de Escrivá.
Este éxodo masivo ha sido calificado en la prensa como
casi una «purga» interna. Bolsamanía subraya que la renuncia de Gavilán
«se suma a la presentada el pasado noviembre por el director de Estabilidad
Financiera, Ángel Estrada» bolsamania.com. Por su
parte, Intereconomía explicita que «antes, y tras la llegada de José
Luis Escrivá, había dimitido el jefe de Personal del supervisor bancario» intereconomia.com (en
alusión a Álvarez) y luego lo hizo Estrada «por motivos de salud» intereconomia.com. Estos
reportes coinciden en que el Banco vivió seis bajas de relevancia en nueve
meses. Lo llamativo es que todas estas renuncias coinciden con la llegada de
Escrivá al Consejo, lo que ha generado especulaciones sobre la motivación
política tras cada salida. En definitiva, la institución perdió de golpe parte
de su equipo técnico más experimentado en un período muy corto, un hecho
inédito que ya asombró a los analistas.
Polémicas en la Seguridad Social y
reforma de pensiones
Antes de recalar en el Banco de España, Escrivá fue
artífice de la última gran reforma de pensiones en España, una reforma «cargada
de polémica» según Economía Digital economiadigital.es. Su
Gobierno impulsó en 2023 un paquete de medidas para apuntalar la hucha y
postergar gastos futuros: se incrementó gradualmente la cotización por
contingencias comunes (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) y se amplió de
25 a 30 años el periodo de cálculo de la jubilación eleconomista.eseconomiadigital.es. Sin
embargo, esta reforma –que los medios califican de “subir impuestos sin reducir
ni un euro del gasto”libremercado.com– no hizo
sino cubrir coyunturalmente los déficits, sin atacar los problemas
estructurales. De hecho, Economía Digital informa que esta propuesta
encontró «rechazo frontal de sindicatos y patronales» economiadigital.es y fue
tildada por expertos de discriminatoria (por género) y de contribuir en muy
poca medida a sanear las cuentas: apenas «influye en la equidad contributiva»
del sistema economiadigital.es. En
síntesis, la reforma de Escrivá fue muy controvertida, generó alta
conflictividad social y su efectividad real ha sido puesta en duda.
Los datos macroeconómicos posteriores ilustran el deterioro
financiero: aunque los ingresos adicionales elevaron momentáneamente la cifra
de la hucha (el Fondo de Reserva superó por primera vez los 7.000 millones de
euros en 2024 gracias al MEI eleconomista.es), los
gastos no han dejado de crecer. El Banco de España mismo reconoce que
«el acelerado ritmo de gasto ha llevado a que la deuda de la Seguridad Social
se duplique en cuatro años, pasando de 55.000 millones en 2020 a 116.000
millones en el último ejercicio» eleconomista.es. En
paralelo, el think-tank Fedea calcula que el «agujero del sistema de pensiones
ha aumentado hasta los 2,49 billones de euros», advirtiendo de la «grave
situación» de las cuentas públicas y señalando que la última reforma no ha
reducido sustancialmente el déficit contributivo eleconomista.es. En suma,
las estrategias de ingresos (subir cotizaciones) asumidas por Escrivá no han
compensado el crecimiento del pasivo: la deuda de la Seguridad Social se ha
disparado y el sistema sigue acumulando déficit, lo que compromete la
sostenibilidad y ha erosionado la confianza en la gestión financiera del
régimen de pensiones.
Deterioro de la independencia
institucional
La suma de estas crisis genera un clima de profunda
inquietud en la comunidad económica. Funcionarios del Banco de España y
observadores externos advierten que la independencia institucional ha salido
seriamente dañada. Informes de Economía Digital recogen que algunos
empleados del BdE consideran que la llegada de Escrivá (procedente del Consejo
de Ministros) «podría comprometer la integridad y la independencia de la
institución» economiadigital.es. En sus
palabras, la mera presencia de un ex ministro en el cargo hace que «la opinión
del Banco de España sobre los temas económicos carecería de relevancia porque
ya se sabría que no es imparcial» economiadigital.es, es
decir, que las conclusiones del supervisor acabarían percibiéndose como un aval
gubernamental. La inquietud va más allá de los rumores: fuentes internas se
preguntan retóricamente «¿Si los resultados salen cosas del Gobierno que no se
están haciendo bien, qué hacen? ¿Lo censuran? ¿No salen?»economiadigital.es,
sugiriendo un autocontrol de los estudios críticos. Efectivamente, la redacción
del Informe Anual 2024 del BdE evidencia esta renuncia tácita a la crítica
rigurosa: como destaca Libre Mercado, el documento «ya no presta la
misma importancia al problema de insostenibilidad de las pensiones» que años
anteriores libremercado.com. En
definitiva, los titulares conservadores ya hablan abiertamente de “autocensura”
en el Banco de España: fuentes internas relatan que investigadores cercanos al
gobernador han desactivado capítulos de recomendaciones clave eleconomista.es y hasta el
propio Escrivá llegó a desacreditar estudios previos de la institución
tildándolos de «falta de sofisticación» economiadigital.es. Este
cúmulo de señales sitúa en cuestión la credibilidad del supervisor bancario. La
creciente percepción de parcialidad y debilidad institucional amenaza la
confianza de los inversores: en el contexto europeo, la fragilidad de la
independencia del BdE puede traducirse en un aumento de primas de riesgo y una
penalización indirecta sobre la economía española.
Riesgos del euro digital en un
entorno centralizador
La implantación del euro digital asoma sobre este
escenario convulso como una potencial trampa. Sectores críticos, especialmente
de corte liberal, advierten que la moneda electrónica del BCE podría suponer un
salto cualitativo en el control estatal de la economía. El economista Daniel
Lacalle, por ejemplo, sostiene que los proyectos de monedas digitales de bancos
centrales «dan un poder desproporcionado al banco central y sin control» intereconomia.com, avisando
del peligro de concentrar en una sola institución un conocimiento total de las
finanzas privadas. Desde la prensa económica se subraya que el BCE justifica el
euro digital con retórica de «empoderamiento estratégico», pero que en la
práctica «lo que hoy llaman una ‘opción’ –refiriéndose al euro digital–...
mañana puede convertirse en la única forma de pago aceptada» libremercado.com. En un
país en el que la clase política es juzgada por críticos como centralizadora y
con escasa regeneración, estas palabras son alarmantes. Los riesgos concretos
son múltiples: aunque el Banco Central Europeo insiste en que la nueva divisa
preservará la «privacidad» de los usuarios, sus detractores recuerdan que, al
emplear una base de datos centralizada, el euro digital «acabaría con el
anonimato que aún garantiza el efectivo» libremercado.com. Peor aún,
se estudia permitir «pagos condicionales» o un dinero «programable»: el propio
informe del BCE discute lógicas de transacción que «solo se ejecutan si el
servicio se ha prestado», lo que equivale a que cada transacción podría quedar
«sujeta a validación, condiciones o incluso restricciones futuras» libremercado.com. En suma,
se dibuja un esquema donde el Estado podría limitar usos y programar
comportamientos económicos de los ciudadanos.
Bajo un Gobierno tachado de permisivo con la
corrupción y ansioso de control, la amenaza de un euro digital al estilo
orwelliano es real. Medios como Libre Mercado han advertido que la narrativa
del BCE presenta el «control centralizado del dinero» como si fuera soberanía y
libertad libremercado.com, pero en
la práctica esto podría significar un poder fiscal directo sobre todos los
pagos de los ciudadanos. Si estas tecnologías llegan a cristalizar de forma
obligatoria, cobraría cuerpo la crítica de que se refuerza el control
gubernamental a costa de la autonomía económica: potencialmente se abriría la
puerta a vigilancias financieras inéditas y sanciones económicas automáticas.
En definitiva, el euro digital bajo este clima político incrementaría
seriamente los riesgos de pérdida de libertad financiera y una merma de la
credibilidad del sistema económico en su conjunto.
A finales
La huella de José Luis Escrivá al frente de la
Seguridad Social y del Banco de España deja un panorama sombrío para la
institucionalidad española. Las reformas controversiales en pensiones han
inyectado liquidez temporal a cambio de disparar la deuda y el déficit
estructural del sistema de pensiones. Paralelamente, el Banco de España ha
visto cómo expertos respetados dejan sus cargos y el rigor de sus informes se
desdibuja para congraciarse con el poder político. Esta concatenación de
acontecimientos —documentada profusamente por la prensa económica nacional elconfidencial.comeleconomista.eseleconomista.es— socava la
confianza de los mercados. En tal contexto, la implantación del euro digital se
convierte en una suerte de candil maldito: una tecnología concebida para
modernizar pagos, pero que, en estas circunstancias, podría acabar reforzando
el poder del gobierno sobre la economía privada. Si bien el euro digital se
vende oficialmente como una extensión de la soberanía monetaria, sus críticos
advierten que amenaza con situar a los ciudadanos bajo una vigilancia
financiera continua ntereconomia.comlibremercado.com. El
resultado global de estas políticas ha sido, por tanto, un deterioro
significativo de las finanzas públicas y de la credibilidad institucional. Este
balance estremecedor exige un urgente debate público sobre la independencia de
las instituciones y sobre hasta dónde puede llegar el poder político en asuntos
económicos sin quebrar las garantías que sustentan la confianza de los
ciudadanos y de los mercados.
Fuentes: Informes y artículos de El Economista, Expansión,
Cinco Días, El Confidencial, Invertia, Economía Digital,
El Mundo Financiero, Intereconomía, Bolsamanía y Libre
Mercado, cuyos análisis detallados subrayan el declive de la independencia
financiera, la inquietud del mercado y el daño potencial a la credibilidad
económica de España España
En la vasta carpa
geopolítica que se ha instalado sobre Europa desde el estallido de la guerra
entre Ucrania y Rusia, los dirigentes europeos se han vestido con trajes de
prestidigitadores, payasos y domadores que más evocan a un circo mediático que
a una diplomacia seria. Lo que comenzó como un conflicto local -aunque con
profundas raíces históricas- se ha convertido en un escenario donde los líderes
del viejo continente compiten por los focos, por el eco de los micrófonos y las
portadas, sin una verdadera intención de sentarse a construir la paz.
Este ensayo, inspirado en las
noticias del canal 360, se adentra en los entretelones de esa diplomacia
performativa, contrastándola con la visión sobria y estratégica de asesores
diplomáticos que -lejos del griterío de Bruselas- proponen memorándums con
espíritu de reconciliación y análisis realista.
Europa,
la pista principal del espectáculo
El texto describe con lúcida
crudeza cómo ciertos líderes europeos han convertido la guerra en una pasarela
de declaraciones huecas. Desde Emmanuel Macron, siempre dispuesto a la foto con
gesto grave, hasta Olaf Scholz, atrapado entre las expectativas atlantistas y
la memoria histórica alemana, los dirigentes parecen más preocupados por el
relato que por los hechos.
La diplomacia europea ha
sido reemplazada por una hiperactividad de gestos: reuniones sin contenido,
cumbres sin resoluciones y comunicados inflados de moralismo pero vacíos de
estrategia. El documento subraya que mientras la sangre ucraniana corre, los
funcionarios europeos se preocupan más por mantener su relato pro-Kiev que por
proponer una vía de salida efectiva, estable y realista.
La
invisibilidad de la diplomacia seria
Frente a este “circo
europeo”, surgen voces que proponen reconstruir la arquitectura diplomática con
herramientas tradicionales: el diálogo discreto, el reconocimiento de los
intereses vitales de las partes, la neutralidad activa, la cesión negociada.
Estas voces, provenientes de diplomáticos retirados, académicos especializados
y asesores internacionales, no tienen espacio en la prensa sensacionalista ni
en los parlamentos inflamados por el populismo de guerra.
Se menciona en el documento
la posibilidad de un memorándum de
entendimiento, basado en principios como la no ampliación de la OTAN a
nuevas fronteras rusas, la autonomía negociada para Donbás, y una neutralidad
armada para Ucrania similar a la de Finlandia durante la Guerra Fría. Tales
propuestas han sido tildadas de apaciguamiento por la opinión pública,
ignorando que son en realidad las únicas con potencial de frenar la escalada
bélica.
Occidente
como espectáculo, Rusia como excusa
El ensayo también recoge un
aspecto central: el protagonismo europeo ha desdibujado el centro del
conflicto. En vez de explorar los motivos rusos-desde la seguridad fronteriza
hasta la lucha por influencia regional- se ha creado un relato binario, donde Moscú
es el villano absoluto y Kiev, el mártir inocente. Esta narrativa, útil para
mantener la cohesión occidental, ha impedido cualquier intento serio de
negociación.
Detrás de este enfoque
binario, el texto sugiere un interés económico y estratégico por parte de
ciertos actores: el complejo militar-industrial reactivado, las energías
alternativas promovidas por la ruptura con el gas ruso, y el liderazgo moral
que Bruselas intenta erigir como una nueva identidad post-Brexit.
El
periodismo como cómplice involuntario
El ensayo acusa también al
periodismo europeo -y en especial al español- de ser un cómplice involuntario
(o a veces voluntario) de este circo. En lugar de investigar, contrastar o
contextualizar, repiten consignas, glorifican a personajes y silencia cualquier
voz crítica que se atreva a cuestionar el consenso occidental.
Los medios se han convertido
en amplificadores del espectáculo, no en intermediarios de la verdad. Esto ha
desplazado al ciudadano europeo de una comprensión matizada del conflicto,
empujándolo a tomar partido sin entender las raíces ni los posibles desenlaces.
Lo
apropiado: la necesidad de desmontar la carpa
Los artículos leídos nos
interpela con una conclusión clara: la paz no emergerá del ruido ni del
espectáculo. La verdadera diplomacia debe reaprender a escuchar, a ceder, a
construir equilibrios duraderos. Europa tiene el deber moral e histórico de no
repetir los errores de 1914 o 1939, donde la arrogancia y el nacionalismo
disfrazado de principios arrastraron al continente al abismo.
Es momento de desmontar la
carpa del circo europeo, apagar los reflectores y permitir que los verdaderos
diplomáticos tomen la palabra. Solo desde el silencio estratégico, la renuncia
al protagonismo y el regreso al realismo, podrá nacer un verdadero memorándum
de paz.
“El
economista y politólogo Alexander Dudchak, en una conversación con, Regina
Orekhova, señaló que la situación habla en gran medida de “hasta qué punto ha
llegado la degradación de la clase política en Europa”.
El
politólogo también llamó la atención sobre la similitud de las expresiones
faciales de Macron y Zelensky, en aquellos momentos en que este último está en
buena forma y aparece en público con un "humor misteriosamente
alegre".
“Parece
que Ucrania y Francia están gobernadas por dos drogadictos, dos payasos, que
están llevando los territorios bajo su control al colapso. En Francia todavía
existe un Estado, pero en Ucrania ya no existe. Simplemente existe un
territorio bajo control externo, donde se representa una administración
colonial de estilo nazi”, explicó el politólogo Dudchak.”
